Fortalecer los colectivos campesinos en los Andes ecuatorianos. Análisis desde las provincias de Chimborazo y Cotopaxi

Fortalecer los colectivos campesinos en los Andes ecuatorianos. Análisis desde las provincias de Chimborazo y Cotopaxi

Strengthen the peasant collectives in the Ecuadorian Andes. Analysis from the provinces of Chimborazo and Cotopaxi

Geógrafo. Doctor de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Investigador asociado del laboratorio PRODIG (París). Correo: nass.reb@hotmail.fr

Desde hace 30 años, los territorios rurales de los Andes ecuatorianos han sido afectados por un proceso de “modernización” agrícola. Mientras que las especializaciones productivas y el uso masivo de pesticidas químicos tuvieron efectos nefastos en el medioambiente, el declive de las prácticas colectivas y la desestructuración de los grupos campesinos reforzaron la vulnerabilidad social y económica de la agricultura familiar. En este artículo, se pretende ilustrar esta situación crítica a partir de los resultados de trabajos de campo llevados en las provincias de Chimborazo y de Cotopaxi. Un análisis específico permitirá mostrar en qué medida la generalización del uso de plaguicidas constituye un factor clave de la vulnerabilidad de los territorios rurales en la sierra ecuatoriana. Luego, se abrirá una discusión acerca de la necesidad de promover o de fortalecer los colectivos campesinos a fin de poner en marcha proyectos de territorios sostenibles.

For thirty years, the rural territories of the Ecuadorian Andes have been affected by a process of agricultural “modernization”. While the productive specializations and the massive use of chemical pesticides had disastrous effects on the environment, the decline of collective practices and the disorganization of peasant groups reinforced the social and economic vulnerability of family farming. This article aims to illustrate this critical situation by basing on the results of fieldworks carried out in the provinces of Chimborazo and Cotopaxi. A specific analysis will show to what extent the generalization of the use of pesticides is a key factor of the vulnerability of the rural territories in the Ecuadorian highlands. Then, a discussion will be opened about the need to promote or strengthen the peasant collectives in order to bring out projects of sustainable territories.

En las últimas décadas, varios estudios señalaron que las relaciones de solidaridad y de reciprocidad constituían históricamente la base del funcionamiento social de las comunidades campesinas andinas (Alberti y Mayer 1974; Mayer 2002; Ferraro, 2004; Lyle 2017). Otros trabajos indicaron, además, que la colaboración entre agricultores, por el medio de intercambios de trabajo o de tareas colectivas, tenía efectos positivos sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria de los hogares rurales (Martínez 2002; Lyle y Smith 2014; Walsh-Dilley 2017). No obstante, en lo que concierne los Andes ecuatorianos, desde hace 30 años, políticas liberales de “modernización” del sector agrícola que valorizan un modelo de producción capitalista y el crecimiento de los cultivos intensivos afectaron las prácticas campesinas.

Así, diferentes trabajos pusieron de relieve que el auge agro-industrial había provocado la proletarización de los agricultores familiares y, entonces, una desestructuración de las comunidades campesinas (Korovkin 2005; Martínez 2015). Pero, además, otros autores señalaron que la promoción por los poderes públicos de sistemas productivos caracterizados por un uso masivo de pesticidas químicos había llevado a niveles de contaminación ambiental muy altos con consecuencias graves para la salud de los agricultores (Sherwood y Paredes 2014). Sin embargo, una investigación reciente, llevada en la sierra ecuatoriana señaló que el control de plagas estaba relacionado con las dinámicas sociales de las comunidades campesinas y que una coordinación entre agricultores permitiría reducir el uso de químicos y alcanzar al mismo tiempo niveles de producción agrícola, que podrían satisfacer las necesidades alimentarias de las poblaciones campesinas (Rebaudo y Dangles, 2011).

Entonces, en este artículo nos proponemos analizar los factores que limitan la cooperación entre agricultores y el Manejo Integrado de Plagas (MIP) – entendido como “la integración coordinada de métodos múltiples y complementarios para eliminar las plagas de manera segura, rentable y respetuosa del medioambiente1” (Parsa et al. 2014, 3889) – y ver, en retorno, en qué medida esta situación agrava su inseguridad económica y alimentaria. Desde nuestro punto de vista, este análisis se justifica aun más que la tendencia “modernizadora” del sector agrícola nacional se ha mantenido durante los últimos años (Martínez Godoy 2015; Clark, 2017). En efecto, a pesar de un discurso que pone de relieve el “Buen Vivir”,2 y de una nueva constitución que concede gran importancia a la soberanía alimentaria nacional y a los Derechos de la Naturaleza, el ex mandatario Rafael Correa (2007-2017) no ha logrado poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo rural en el país. Por eso, en la segunda parte del artículo, se propone abrir la reflexión hacia la necesidad de promover o de fortalecer los colectivos campesinos a fin de poner en marcha proyectos de territorios sostenibles.

En el marco del programa MAN-PEST (2012-2015), del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), nos interesamos en la vulnerabilidad de los agricultores familiares inducida por las plagas y por el uso masivo de pesticidas químicos. Nuestro análisis se centró en la parroquia San Luis, altamente especializada en la producción de frutas y hortalizas, y caracterizada por la micro-propiedad. Ubicada a siete kilómetros de Riobamba (150.000 habitantes), en la provincia de Chimborazo, tenía 12.002 habitantes al momento del último censo de población (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INEC 2010). Además, llevamos un trabajo de campo en el cantón Salcedo, ubicado a 15 kilómetros al sur de Latacunga (10.000 habitantes) en la provincia de Cotopaxi (mapa 1). Para ser más precisos, llevamos nuestra investigación en la parte oriental del cantón Salcedo, en la denominada parroquia San Miguel de Salcedo, que tenía 31.315 habitantes al momento del último censo de población (INEC 2010) y que constituye una de las cuencas de producción de papa más importantes de la sierra ecuatoriana (Rebaï et al. 2016).

Concretamente, realizamos 13 entrevistas con líderes campesinos, representantes políticos locales y funcionarios del Ministerio de Agricultura (MAGAP), para discutir de manera general sobre las prácticas agrícolas y sobre las estrategias campesinas de control de plagas en estas dos zonas. Luego, con el apoyo de las autoridades locales, llevamos 12 encuestas con agricultores – 6 en San Luis y 6 en Salcedo – con quienes discutimos sobre las características de sus explotaciones, de la diversidad de sus ingresos y de sus estrategias para luchar contra las plagas. Finalmente, realizamos preguntas más abiertas acerca de la evolución reciente de las prácticas agrícolas en sus localidades y sus relaciones con los otros actores (sus vecinos, las instituciones públicas, los vendedores de insumos químicos) que permitieron ampliar las discusiones que tuvimos con los agricultores de San Luis y de la parte oriental del cantón Salcedo.

Así, nuestro trabajo de campo nos ha permitido integrar dos niveles de análisis de las dinámicas sociales y agrícolas de nuestras dos zonas de estudios. Desde un punto de vista cualitativo, las entrevistas y las preguntas abiertas que hicimos a los diferentes actores encontrados nos han permitido entender sus diferentes percepciones de los cambios recientes de sus territorios. En cuanto a la dimensión más cuantitativa de nuestra investigación, las encuestas realizadas con los agricultores familiares en San Luis y Salcedo nos han permitido conseguir informaciones precisas acerca de su situación económica y alimentaria actual. Obviamente, cabe precisar, que por el número reducido de explotaciones que estudiamos, los datos económicos presentados en este artículo no pueden pretender servir a la construcción de una base de informaciones estadísticas generales sobre nuestras dos zonas de estudio. Sin embargo, se debe subrayar también que los resultados de las encuestas que llevamos en San Luis y Salcedo completan una suma ya importante de informaciones producidas en los últimos años acerca de las características económicas de las unidades de producción familiar en la sierra ecuatoriana (Rebaï 2014; 2017). Por eso, consideramos que los datos presentados en este texto ayudan a ilustrar aún mejor la situación actual del campesinado en esta región.

Las consecuencias de la “modernización” de los sistemas de producción en las provincias de Chimborazo y de Cotopaxi

Si la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) (2001 y 2016) recuerda frecuentemente que la lucha contra las plagas es una prioridad para reducir la inseguridad alimentaria de las poblaciones rurales en los países del Sur, en la región andina, estudios recientes señalaron que el uso masivo de pesticidas químicos tenía una eficiencia limitada y un costo ambiental muy elevado (Sherwood 2009; Kroschel et al. 2012). En este contexto, tratamos de entender porque los agricultores de San Luis y de la parte oriental del cantón Salcedo no desarrollaban estrategias de MIP.

Tanto en San Luis como en Salcedo, los dirigentes que encontramos nos explicaron que, aunque los agricultores discutían de plagas, no solían colaborar para luchar en contra de ellas. En los últimos años, en el contexto liberal “modernizador”, mientras que los servicios públicos de apoyo a la agricultura reducían y que los pequeños comercios de insumos agrícolas llegaban al campo, las prácticas de los agricultores de nuestras dos zonas de estudio evolucionaron poco a poco. En la provincia de Chimborazo, el cambio ha sido incluso más radical. Mientras que hace 40 años el campo riobambeño era todavía uno de los principales graneros de la sierra ecuatoriana (Huttel, Zebrowski y Gondard 1999), a fines de la década de 1980, la renovación por parte del Estado del sistema de riego de Chambo-Guano, con el apoyo de la FAO y la Unión Europea, para promover el desarrollo de cultivos de hortalizas, transformó la periferia rural de Riobamba en una cuenca hortícola de casi 6.000 hectáreas.3 Por eso, hoy, miles de invernaderos de tomates y parcelas de coles, de zanahorias y de lechugas estructuran el paisaje agrario (imagen 1).

Imagen 1. Entre invernaderos y huertos: visión del paisaje agrario en San Luis en 2016.

Así, y aunque en el pasado, los agricultores de San Luis y de Salcedo realizaban rotaciones de cultivos y dejaban descansar sus parcelas de manera alternada para limitar el crecimiento y la diseminación de plagas, como se lo hacía en toda la región andina (Morlon 1992; Poinsot 1999; 2006), los dirigentes entrevistados nos indicaron que, durante los últimos 30 años, el uso masivo de pesticidas se había generalizado en las fincas familiares. Mientras avanzamos en nuestro trabajo de campo, constatamos que los agricultores de San Luis y de Salcedo disponían de ingresos importantes para comprar regularmente insumos químicos. En el Chimborazo, aunque las fincas que estudiamos solo tenían una extensión promedio de 1,1 hectáreas, la producción intensiva de diferentes variedades de hortalizas y de frutas permitía a las familias campesinas sacar ingresos suficientes para poder invertir un promedio de 368 dólares mensuales en pesticidas químicos, o sea, el equivalente del salario mínimo legal en Ecuador en esta época. En la parte oriental del cantón Salcedo, la superficie promedio de las fincas, de 4,5 hectáreas, permitía a los agricultores tener parcelas de papas de 0,5 a 1 hectárea (imagen 2), mientras en la mayoría de las localidades rurales de la sierra ecuatoriana las extensiones dedicadas a los tubérculos en las unidades de producción campesinas quedan frecuentemente marginales (Huttel, Zebrowski y Gondard 1999; Rebaï 2012).

Imagen 2. Importancia de la papa: visión del paisaje agrario en la parte oriental del cantón Salcedo en 2015.

Además, las explotaciones de Salcedo dedicaban el 60% de sus tierras a los pastos y forrajes que les permitían criar vacas y sacar ingresos lecheros relativamente importantes, sin contar los salarios extra-agrícolas y las ventas de animales menores (cerdos, borregos, cuyes), que terminaban de complementar los ingresos familiares globales. Así, en 2014, mientras que el precio promedio de la papa era de 17,3 dólares en la feria de Salcedo (MAGAP 2015), las explotaciones estudiadas pudieron sacar un ingreso promedio de 622,4 dólares mensuales. Es en este contexto que podían gastar entonces, según nuestros cálculos, un promedio de 470,5 dólares en pesticidas químicos para el cultivo de una hectárea de tubérculos.

Entonces, cuando preguntamos a los agricultores de San Luis y de Salcedo porque no colaboraban para poner en marcha una estrategia de MIP con el fin de reducir sus costos de producción, varios de ellos nos contestaron que, ante todo, no sabrían cómo hacer, porque nunca los técnicos del MAGAP les habían capacitado para ello. Luego, la mayoría de ellos admitieron que de todas maneras les parecía “más fácil” comprar pesticidas químicos, aunque los vendedores les orientaban frecuentemente hacia productos inadaptados a sus necesidades por un desconocimiento compartido de las plagas. 4 Los agricultores de San Luis y de Salcedo insistieron también sobre el hecho de que “no [había] interés” en reducir el uso de insumos químicos porque, en los mercados, los intermediaros no privilegiaban los productos agroecológicos y que querían, al contrario, vegetales “bien calibrados y sin defectos”. Por su lado, los actores institucionales que entrevistamos nos explicaron que les parecía difícil que los agricultores cambien sus prácticas porque “[tenían] fe en los químicos”. A continuación, cuando abordamos con ellos la cuestión de la influencia de los intermediarios, quienes obligaban a los pequeños productores a usar pesticidas químicos, estos mismos actores nos respondieron que lo que importaba en prioridad a los campesinos era acceder al mercado para “sacar ingresos rápidamente”. Entonces, para ellos, la reducción del uso de insumos químicos o la valorización de producciones agro-ecológicas no era una prioridad, ya que el acceso libre de los agricultores familiares al mercado de Riobamba y a la feria de Salcedo constituía ya una forma de apoyo a las explotaciones campesinas. Así, constatamos que más allá de la falta de presencia de poderes públicos en el campo, la ausencia de intervención institucional en los mercados urbanos, en particular para limitar la influencia de los intermediarios sobre los campesinos, contribuía también al mantenimiento de sistemas productivos costosos y contaminantes en San Luis y en la parte oriental de Salcedo.

En definitiva, la investigación que llevamos en San Luis y en la parte oriental de Salcedo indica que diferentes factores contribuyen a limitar la colaboración entre agricultores para el MIP. Pero, además, cabe precisar que los territorios que estudiamos se encuentran verdaderamente atrapados en “círculos viciosos de vulnerabilidad” (Becerra 2012, 4). En efecto, tanto en Chimborazo como en Cotopaxi, las compras de arroz, de fideos y de materias grasas (aceites y mantecas), pero además de maíz, de leguminosas y de tubérculos (en San Luis), de hortalizas y de frutas (en Salcedo), sobrepasan, según nuestras encuestas con los agricultores, 250 dólares mensuales por familia. Aunque la situación económica de las explotaciones parecía menos crítica que familias anteriormente estudiadas en la provincia del Azuay, en donde las remesas representaban la mayor parte de los ingresos regulares de los hogares rurales (Rebaï 2014; 2017), este dato indica sin embargo una vulnerabilidad alimentaria bastante grande.

En Salcedo, los años en que el precio de la papa está bajo, la cobertura de las necesidades alimentarias de las familias campesinas, obligadas de mantener sus gastos elevados en pesticidas químicos, puede ser gravemente afectada. En San Luis, mientras que los agricultores sacan regularmente créditos para construir nuevos invernaderos, o para comprar muy pequeñas parcelas,5 el reembolso de sus deudas, además de sus compras de insumos químicos, puede afectar también su seguridad alimentaria y eso mientras que sus ingresos agrícolas pueden estar muy bajos si los intermediarios de Riobamba no les compran sus producciones. En resumen, se puede notar que en el contexto actual, una gran parte del esfuerzo producido por los agricultores que estudiamos en Chimborazo sirve para “alimentar” a los bancos privados y a los vendedores de insumos químicos.

Además, los dirigentes campesinos que entrevistamos en San Luis nos indicaron que a pesar del uso de pesticidas químicos, las plagas no habían parado de aumentar mientras que crecían también las superficies dedicadas a la horticultura en la zona. En este contexto, los agricultores familiares solo aumentaron la frecuencia de sus tratamientos químicos y la toxicidad de sus productos, empeorando constantemente la contaminación su territorio. En Salcedo, la gente que entrevistamos nos confirmó que el uso de plaguicidas era de la misma manera muy importante, pero además, en ambas zonas los, los agricultores nos señalaron que no tomaban precauciones particulares para protegerse al momento de manipular los pesticidas, lo que nos permitió acordar de los estudios llevados en la sierra ecuatoriana que señalaban los problemas de salud de los campesinos debidos a los contactos repetidos con los insumos químicos (Yanggen, Crissman y Espinosa 2003; Cole et al. 2007).

Una población campesina desunida lleva a perspectivas de cooperación muy limitadas

Entonces, si se observa tanto en San Luis como en Salcedo, el deterioro del medioambiente y de la salud de los agricultores, en estas mismas zonas, la “modernización” de los sistemas productivos llevó al hecho de que se imponga el carácter individual de les practicas campesinas. Así, constatamos que si los intermediarios mantenían los agricultores familiares en una situación de subordinación, ninguna iniciativa colectiva parecía surgir para cambiar eso. Al tratar de entender porque los campesinos no se organizaban para vender colectivamente sus producciones y para pedir a los poderes públicos intervenciones a su favor, los agricultores de San Luis y de Salcedo nos contestaron que la unión para la comercialización de los productos no presentaba una ventaja real porque, con el acceso libre al mercado de Riobamba y a la feria de Salcedo, no eran obligados a entrar en una dinámica colectiva que tendría sus limitaciones (reuniones, negociaciones, pérdida de capacidad de iniciativa colectiva, etc.). Sin embargo, y es una paradoja, ellos nos señalaron también que sus ingresos agrícolas eran insuficientes porque los intermediarios, además de imponer el uso de pesticidas, fijaban precios muy bajos, lo que no les permitía sacar grandes beneficios.

Desde entonces, nos parece importante subrayar que la ausencia de apoyos públicos en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo ha sido determinante porque, además de favorecer la generalización de prácticas agrícolas costosas y contaminantes, por ella, la población campesina de estas zonas no se ha beneficiado de intervenciones que le hubieran permitido fortalecer sus capacidades de organización y de acción colectiva. Eso hubiera permitido, por ejemplo, que los agricultores se movilicen para no sufrir de la ley de los intermediarios, que se asocien para el transporte de sus producciones y así reducir sus costos6 y, sobre todo, para que adquieran y compartan conocimientos técnicos para desarrollar sistemas de producción menos costosos y contaminantes. Pero, al final, el hecho de que las elecciones individuales se hayan impuesto en las prácticas agrícolas en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo, deja pensar que la resolución de problemas para la cual la cooperación entre agricultores sería indispensable podría ser muy difícil a medio plazo.

Promover y fortalecer los colectivos campesinos para el desarrollo sostenible de los territorios rurales

Dada la situación económica y alimentaria crítica de los agricultores familiares de San Luis y de la parte oriental del cantón Salcedo, y debido a los altos costos ambientales que resultan de la existencia de sistemas productivos “modernos”, pensamos que el estabelecimiento de nuevas relaciones de solidaridad entre agricultores familiares podría tener efectos positivos y ser la base de nuevos proyectos de territorios rurales sostenibles. Por eso, consideramos que para cambiar la situación de los territorios estudiados y de muchos otros en la sierra ecuatoriana, se debería hacer la promoción de los colectivos campesinos, lo que permitiría reubicar a los agricultores familiares en el centro de las dinámicas que atraviesan el campo, en una verdadera perspectiva de “nueva ruralidad” (Rosas-Baños 2013).

Colectivos campesinos para reforzar las capacidades de los agricultores familiares

En los últimos años, la noción de empoderamiento – entendida como el aumento del poder y de la autonomía de las personas y de los grupos sociales que se encuentran en situación de discriminación y de dominación (Friedman 1992; Bacqué y Biewener 2013) – ha sido el objeto de un uso muy importante en el marco de planes y de políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión, en particular en los países en desarrollo (Bebbington et al. 2007; Calvès 2009). Ante todo, el empoderamientoimplica que los grupos sociales adquieran habilidades para organizarse mejor a fin de innovar y de participar a las tomas de decisión que les conciernen. Así, la idea de empoderamiento sostiene implícitamente la construcción de un capital social – definido como la “red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos institucionalizados7” (Bourdieu 1980, 2) – que permita a los grupos adquirir capacidades de poner en marcha iniciativas a fin de mejorar la situación en la cual se encuentran (Sen 1999).

Volviendo a nuestro estudio de caso, pensamos que la formación o que el reforzamiento de colectivos – entendidos como una noción genérica que hace referencia a un grupo de individuos quienes cooperan a fin de llevar una acción común para defender, organizar o valorizar su territorio (Raimbert y Rebaï 2017) – permitiría consolidar el capital social de los grupos campesinos y contribuir así a su empoderamiento y al mejoramiento de sus prácticas agrícolas. De hecho, varios estudios llevados en América Latina (Tonneau et al. 2009; Raimbert y Rebaï 2017), mostraron que los campesinos que participaban a un mismo proyecto y que integraban estructuras colectivas, formales o informales, y de tamaños variables, tenían más facilidades para intercambiar y tomar decisiones a favor de la evolución de sus prácticas agrícolas y de sus territorios.

En lo que concierna la sierra ecuatoriana, y más precisamente la provincia del Azuay, la formación de asociaciones de productores agroecológicos a partir del inicio de los años 2000 facilitó la integración comercial de centenas de agricultores (Rebaï 2010). Pero, más allá de compartir gastos de transporte para ir al mercado, lo original fue que, en el campo, los agricultores tomaron la iniciativa de organizarse en pequeños grupos informales de 6 o 10 personas a fin de realizar tareas colectivas en sus fincas y de compartir informaciones acerca de sus cultivos o de técnicas originales de trabajo que les garantizaban producciones e ingresos regulares (Rebaï 2014).

Estrategias para reforzar los colectivos campesinos y favorecer cambios de prácticas en el campo

Así, lo interesante en el caso del Azuay fue constatar que la intervención de instituciones públicas a favor de la construcción de colectivos formales fue un elemento clave para que los agricultores familiares adquieran conocimientos acerca de la agroecología. Pero, además, fue un factor decisivo para que construyan un capital social que les llevó a organizarse informalmente con el fin de aplicar estos nuevos conocimientos y de cambiar colectivamente sus prácticas agrícolas mediante la realización de trabajos comunes. Entonces, mientras que los dirigentes y que los campesinos que encontramos en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo deploraban globalmente la ausencia de relación con los servicios del Estado, intervenciones más frecuentes en estas dos zonas permitirían reforzar la aptitud de los agricultores a colaborar entre ellos. Eso podría llevar a la formación de colectivos de trabajo para implementar estrategias de MIP, sin que la propiedad de los medios de producción, en particular la de la tierra, sea un límite para la coordinación de los agricultores y la innovación colectiva. En este contexto, la presencia de investigadores, en una lógica de “investigación-acción”, permitiría apoyar a las instituciones públicas y a los agricultores a definir mejor los problemas de las unidades de producción y las estrategias más pertinentes que se podrían utilizar para resolverlos, como se lo ha visto en diferentes países en desarrollo (Tonneau, Piraux y Coudel 2011; d’Aquino y Bah 2014; Perroton et al. 2017). Así, se podría redefinir la relación entre el campesinado y los poderes públicos que ha desaparecido durante las últimas décadas de políticas de “modernización” del sector agrícola nacional y crear las condiciones de una verdadera democracia participativa en el campo.

Desde un punto de vista más técnico, la organización de talleres parecidos a los farmers field schools (Van den Berg y Jiggins 2007) podría llevar al hecho de que la ayuda mutua y la coordinación entre agricultores se vuelvan sistemáticas y, entonces, que la formación de colectivos de trabajos se concretice más frecuentemente en el campo. En este punto, la realización en los Andes ecuatorianos de escuelas de campo focalizadas en el aprendizaje del MIP tuvieron resultados muy interesantes y señalaron así que el desarrollo de nuevos sistemas agrícolas sostenibles debía pasar en prioridad por la movilización de los grupos campesinos (Sherwood, Shut y Leeuwis 2012).

El análisis en este texto ilustra hasta qué punto el proyecto “modernizador” del sector agrícola en Ecuador afectó y sigue afectando los territorios rurales en la región andina. Si al llegar en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo, los invernaderos o las parcelas de tubérculos que observamos dejaban imaginar territorios rurales dinámicos, en realidad, por el medio de las entrevistas y de las encuestas que llevamos, pudimos caracterizar la situación de vulnerabilidad económica, alimentaria y ambiental de los agricultores familiares en estas mismas zonas. Observamos que si los agricultores de San Luis y de la parte oriental del cantón Salcedo pudieron desarrollar y mantener cultivos comerciales a lo largo de las últimas décadas, tuvieron que recurrir a compras masivas y costosas de insumos químicos para eso.

Nuestro estudio señala que desde hace 30 años, la falta de intervención pública en el medio rural ha llevado al hecho de que los agricultores desarrollen estrategias individuales y que se vuelvan dependientes de comerciantes de insumos químicos para tratar del problema de las plagas en sus explotaciones. De la misma manera, nos dimos cuenta de que en los mercados urbanos el carácter limitado de la acción política había contribuido al hecho de que los intermediarios puedan obligar a los agricultores familiares a usar pesticidas químicos. Así, desde San Luis y la parte oriental del Cantón Salcedo, constatamos que la ideología liberal se había materializado al provocar la dominación de los campesinos por actores privados poco concernidos por la cuestión ambiental. En realidad, observamos en estas zonas lo que Chonchol (1996) definió como la “modernización conservadora” del campo latinoamericano, caracterizado desde la época colonial por la explotación capitalista de los recursos naturales y la subyugación del campesinado. Otra ilustración de la situación crítica de los territorios en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo es que en la actualidad los agricultores deben aprovisionarse en el mercado para alimentarse, pero con el riesgo de disponer de pocos recursos económicos debido al hecho de que sacan frecuentemente beneficios reducidos por tener costos de producción elevados.

Entonces, si las plagas constituyen un problema importante para los agricultores que estudiamos, constatamos que por las características actuales de sus territorios no parecía posible que desarrollen estrategias de MIP a medio plazo. De hecho, nuestro estudio puso de relieve la necesidad de repensar el marco de la acción pública y las estrategias de desarrollo rural en las provincias andinas del Ecuador. Así, desde nuestro punto de vista, promover o fortalecer los colectivos campesinos debería ser una prioridad. En efecto, con los apoyos de instituciones públicas y de investigadores, los colectivos campesinos podrían contribuir a la adopción de prácticas innovadoras para el mejoramiento de los sistemas productivos y la protección del medio ambiente, además de facilitar la participación de los agricultores familiares en la gobernanza de sus territorios.

Obviamente, todo eso podría tomar bastante tiempo. Se sabe que muchos factores como las migraciones campesinas (Rebaï 2014; 2017), la proletarización de la población rural (Martínez 2015; 2017), o los conflictos entre campesinos, debido a la coexistencia a nivel local de grupos políticos o religiosos distintos, podrían alterar el capital social de los colectivos y limitar entonces la colaboración entre agricultores. Sin embargo, promover nuevos sistemas de cultivos diversificados que limitarían naturalmente el crecimiento y la diseminación de plagas y proporcionarían mayores niveles de seguridad alimentaria para los agricultores (Lewis et al. 1997; Oyarzun et al. 2013), es una prioridad para los Andes ecuatorianos, y aun más, en un contexto de cambio global (Perez et al., 2010; Rebaudo y Dangles 2015).

Por eso, creemos que las autoridades públicas deberían favorecer el empoderamiento de los colectivos campesinos en esta región – y en el resto del Ecuador – con el fin de poner en marcha proyectos de territorios rurales sostenibles, que permitirían satisfacer las necesidades de las poblaciones rurales y de valorizar sus prácticas socio-culturales sin afectar el medioambiente (Raimbert y Rebaï 2017). De hecho, pensamos que se podría alcanzar este objetivo mientras que en las tres últimas décadas, en los Andes ecuatorianos, las movilizaciones campesinas a favor de un cambio de modelo de desarrollo rural indicaron la capacidad de organización de los agricultores familiares (Giunta 2014). Así, al apoyar a los colectivos campesinos, se podría poner en marcha un verdadero modelo revolucionario para el campo y acercarse más de los objetivos del “Buen Vivir”.

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1 “[…] the coordinated integration of multiple complementary methods to suppress pests in a safe, cost-effective, and environmentally friendly manner”.

2 O Sumak Kawsay en kichwa. Este concepto, que encuentra sus raíces en la cosmovisión andina, ha sido el pilar principal de la “Revolución Ciudadana” llevada por Rafael Correa durante sus años de Gobierno. Se utilizó en el discurso oficial como una herramienta retórica importante para expresar una voluntad de romper con la ideología capitalista y de dar mayor importancia al bienestar social y ambiental de la población.

3 En realidad, el proceso de cambio se inició antes. Entre 1955 y 1980, la implementación en Ecuador de un modelo “desarrollista” (Deler 2007) favoreció la construcción de diferentes sistemas de riego bajo la autoridad de la Caja Nacional de Riego. Así, el sistema Chambo-Guano contribuyó a cambiar la dinámica productiva en el campo riobambeño en donde, durante los años 1960 y 1970, las hortalizas remplazaron los cereales poco a poco (Gondard 1976). Así, fue solamente a partir de la década de los 1980, cuando se realizó la renovación del Chambo-Guano, como lo precisamos en el texto, que los cambios agrarios en la periferia rural de Riobamba fueron más importantes y más rápidos.

4 En efecto, como lo observamos, y como lo ha mostrado un estudio reciente sobre productores de chocho en las provincias de Chimborazo y de Cotopaxi (Mina et al. 2017), es muy frecuente que los agricultores no conozcan las plagas que afectan sus cultivos. Por consecuencia, eso lleva a los vendedores de insumos químicos, quienes son ante todo comerciantes y no expertos en plagas, a orientarles hacia la compra de cualquier pesticida.

5 Cabe subrayar que cinco de los seis agricultores que estudiamos habían comprado al menos un terreno entre 2002 y 2013 y que habían gastado, por ello, 14.500 dólares para lotes cuya extensión promedia era de 2.122 m². Además, cuatro de ellos debían rembolsar entre 700 y 1.550 dólares sobre periodos que iban de 10 a 15 meses.

6 En San Luis, entre los seis agricultores que encuestamos, solo uno tenía su propio vehículo. Los otros solían gastar un promedio de 125 dólares mensuales para llevar sus productos a Riobamba mediante la contratación de transportistas. Si las entrevistas que realizamos confirmaron que esta situación correspondía a la tendencia general en la localidad, el tema del transporte nos confirmó así que las estrategias individuales que se desarrollaron en nuestra zona de estudio implicaban costos financieros muy elevados.

7 “[…] réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance”.