Campo Los Andes y su historia socio-ambiental

Como advertimos, Campo Los Andes forma parte de la cabecera de la cuenca del río Tunuyán, la cual, históricamente, ha sido parte de un corredor meridional trasandino por el cual han circulado bienes y poblaciones indígenas precoloniales, coloniales y postcoloniales (Ots, Cahiza y Gascón 2015). Una vez diezmado todo control indígena en el territorio mendocino y en un contexto de posible guerra con Chile, en 1901, bajo la presidencia del General Julio A. Roca, se sanciona la Ley 4031.3 En su artículo 130 se autoriza la compra de tierras para el ejército, entre ellas Campo Los Andes. Conocido también como estancia El Melocotón, Campo Los Andes abarcó 104 804 hectáreas y se convirtió en área de entrenamiento militar, de producción agropecuaria y de cría y reproducción de mulares.

Administrativamente, dicho predio se dividió en dos áreas, una denominada La Remonta y otra, Haras General Las Heras (mapa 1). La primera abarcó unas 7216 ha y estuvo habitada desde principios del siglo XX hasta finales de la década de 1980, tanto por militares como por pequeños y precarios productores agrícolas. En su apogeo, llegó a albergar a unas 200 familias que tenían a su cargo la producción de no más de 10 ha c/u. En su mayoría, estos agricultores de papa, tomate y poroto pallar eran trabajadores rurales pobres que, por medio de un alquiler informal de tierra, podían subsistir a la vez que presentar las áreas agrícolas de La Remonta como un próspero espacio productivo. Por lo tanto, mientras el Valle de Uco se dedicaba a la producción de frutales en terrenos privados con derechos de riego, en La Remonta se presentaba una producción agrícola alternativa de cultivos de altura (papa y poroto pallar principalmente) y bajo una tenencia que, a pesar de su precariedad, permitía el acceso a la tierra de poblaciones agrícolas precarizadas.

Junto con el proceso de ingreso al mercado internacional y de políticas neoliberales a nivel provincial, su condición de terrenos cultivados por pequeños productores se modificó, y se permitió que productores agrícolas locales con mayor capacidad adquisitiva tuvieran acceso a las tierras de La Remonta. Estos grandes productores podían trabajar terrenos de más de 10 ha, lo que implicó el desplazamiento de los pequeños productores. Hacia la década de 1990, alrededor de 10 arrendatarios trabajaban las tierras de La Remonta con frutales, vides y viveros en parcelas de alrededor de 20 ha c/u, y cerca de seis productores quedaron con pequeñas parcelas de no más de 5 ha, quienes actualmente continúan viviendo en el lugar. Por lo tanto, de ser un terreno que albergaba a unas 200 familias pasó a alojar a escasas familias en casas militares, distribuidas a lo largo de los caminos centrales del predio, y a alrededor de 10 arrendatarios que no vivían en el lugar, pero que tenían su producción en La Remonta.

Por su parte, el predio que comprendía al Haras Gral. Las Heras tuvo un régimen distinto y paralelo al que funcionaba en La Remonta. Por un lado, se mantuvo como centro de cría de mulares, el cual hacia finales de la década de 1990 se convirtió también en centro de reproducción mular. Por el otro, sus tierras también estuvieron cultivadas por militares a la vez que por civiles, aunque con un régimen distinto y paralelo al que funcionaba en La Remonta. Al comprender el área cordillerana, sus tierras fueron habitadas tanto por pequeños productores de poroto pallar, como por arrieros de ganado caprino. Hoy son unas tres familias con animales pastando en la zona baja del cordón montañoso El Portillo. Asimismo, cabe destacar que este predio, que comprende sitios arqueológicos y distintas infraestructuras edilicias militares (plaza de armas, casino, silo, guarda de caballos y mulas), ha pasado por diversos usos; inclusive, fue uno de los centros clandestinos de detención antes y durante la última dictadura militar (1976-1983).4

Hacia principios de la década de 1990, en un contexto de reconversión vitivinícola provincial, se llevó a cabo una importante puja por las tierras en Campo Los Andes. A mediados de dicha década, un emprendimiento turístico-vitivinícola de capitales mayormente franceses logró, por un lado, adquirir una porción de Campo Los Andes y, por el otro, abrir la posibilidad de que gran parte de este territorio militar se conciba como un espacio vacío a ocupar, desarrollar, explotar, ya no por los pequeños ni medianos productores locales sino por empresarios de mayor poder adquisitivo, básicamente internacionales.

A partir del Decreto 225/17, ambos predios pasaron a ser administrados, ya no por el Ejército Nacional sino por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo cual le dejó al primero un rol pasivo de cuidador, en un contexto donde Campo Los Andes se volvió centro de disputas territoriales. La movilización generada para impedir la venta del predio por decreto llevó a que el hermetismo sobre el área se resquebrajara. Comenzó a adquirir relevancia las experiencias de sus moradores y ex moradores, rastros de relaciones humanas pretéritas y el conocimiento social, político, ambiental e histórico en torno al área. Por lo tanto, con la publicación del decreto que impulsaba su venta, las piezas de la historia, la revalorización y las memorias sociales comenzaron a reunirse y reconstruirse.

El espacio concebido: el proyecto productivo y el decreto del Estado Nacional

El viernes 3 de marzo de 2017, ocasión de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la celebración provincial más importante del lugar, coincidió con la realización del Primer Foro de Inversiones, organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM). Frente a dirigentes políticos provinciales y nacionales y a empresarios locales y extranjeros, un funcionario provincial oficialista presentó el proyecto ideado para Campo Los Andes. Este promovía la conformación de parcelas de entre 50 a 250 ha, con un precio mínimo estipulado de 15 000 a 30 000 dólares la hectárea. Entre las principales condiciones, la venta de parcelas se proyectaba realizar en forma de subasta pública, donde quienes compraran las parcelas además debían hacer una inversión próxima a los 15 000 dólares por cada hectárea, para la ejecución de sistemas de riego presurizado. Además, el gobierno provincial debía, por medio de créditos internacionales, construir infraestructura hidráulica en dos represas, para la generación de energía, tendido de electrificación y obras viales.

Para concretar este proyecto y una serie de proyectos de venta de inmuebles estatales, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto 225/07. En su artículo 1, autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), según los términos del artículo 20 - Anexo al Decreto Nº 2.670,5 a disponer y enajenar los inmuebles detallados.

Entre los considerandos del decreto, un aspecto importante es que las tierras a vender por medio de la AABE eran consideradas explícitamente como “desaprovechadas”, “innecesarias”, “sin destino”, “antieconómicas” en su estado actual, “subutilizadas”, “desocupadas o abandonadas”. Desde un enfoque de mercantilización de las tierras, se propone reducir costos para su mantenimiento, maximizar los recursos, además de evitar focos de inseguridad, a la vez que aumentar el potencial económico de las tierras urbanas y agrícolas, por lo tanto, su enajenación y posterior venta serían un paso indispensable para tales fines.

Otro aspecto legal a observar de los considerandos es que este decreto se basa en la Ley 22.423. De acuerdo con nuestro análisis, dicha ley fue sancionada en el año 19816 por la Dictadura Militar. Sin embargo, esta ley no tendría vigencia ni validez al no haber sido ratificada ni por el Congreso Nacional, en el marco de la Reforma Constitucional de 1994, ni por la comisión que, en 2009, se conformó para la revisión de las leyes sancionadas por la dictadura militar. Es por ello que el decreto que dispone que la AABE pueda vender bienes del Estado se basa en una ley que estaría caduca en sus efectos. Al entender como obsoleta dicha ley, solo sería el Congreso de la Nación el que podría disponer a la venta dichas tierras, conforme lo establece el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional.

A este decreto lo acompaña un anexo en donde se presentan datos de los 39 inmuebles a ser vendidos por la AABE. En el caso específico de nuestro análisis, en la página 3 del anexo, se establece el inmueble n°. 37 Campo Los Andes, no mencionado en los considerandos del decreto. De este inmueble se detallan las nomenclaturas catastrales de lo que sería el terreno a subastar y de, como se lee, “partes sin nomenclar”, dejando sentada la posibilidad de vender mayores extensiones.

Además, en la novena y última página del anexo se halla el “Croquis correspondiente al inmueble 37”, en donde se representa la superficie correspondiente a Campo Los Andes. En esta superficie se distinguen tres sectores: uno en blanco que abarca las tres cuartas partes de la superficie total, otro señalado con líneas paralelas correspondientes a “la superficie aproximada sujeta a mensura”, de la cual se lee “10 000 hectáreas”, y el último, una pequeña superficie cuadriculada ubicada dentro de este último cuarto con la indicación textual “Unidad militar (no integra la autorización)”. Con ello se permite considerar que la primera y más amplia superficie en blanco también podría estar integrada a lo que se propone vender. Cabe señalar que a este croquis no le acompañan elementos indispensables para comprender la superficie y ubicación de Campo Los Andes y del terreno a vender, como la escala, la posición relativa, las referencias de relieve, los límites político-administrativos y las referencias de infraestructura, por ejemplo.

Más allá de que los inmuebles a vender puedan estar en estado de abandono o deterioro, el área de Campo los Andes, así como de los 38 inmuebles restantes, están presentados (no casualmente) en su máxima abstracción, descontextualizados. Lo único que consta es el nombre de identificación de los inmuebles, la provincia, distrito o departamento y su nomenclatura catastral, algunos de ellos acompañados por un croquis que carece de elementos básicos de contextualización.

La socialización del proyecto entre funcionarios y empresarios en una reunión festiva, la efectiva puesta a la venta del predio por decreto nacional y las irregularidades expresadas sobre el mismo generaron incertidumbre, dudas y preocupaciones. Nos referimos no solo a los afectados directos, sino a toda una serie de colectivos: instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales, e interesados en general. Los fundamentos de esta oposición no eran unívocos y se iban construyendo con el transcurrir de encuentros, diálogos y publicaciones mediáticas. En dicho proceso, pasado, presente y futuro del territorio en cuestión se convirtieron en una preocupación pública central.

Diversidad de actores sociales en defensa de Campo Los Andes

Los procesos de extranjerización de la tierra y de orientación hacia economías a gran escala se presentaron en la zona a partir de la década de 1990 en adelante. Con el gobierno que asumió el poder en 2015, explícitamente neoliberal, estos procesos se renovaron con la fuerte creencia en el crecimiento a partir de la apertura al mercado internacional, la reducción de gastos fiscales y el achicamiento del Estado. Asimismo, 2017 fue año de elecciones legislativas en todo el país. En el mes de octubre se eligieron concejales municipales, diputados y senadores provinciales y nacionales.

El panorama electoral, así como las medidas nacionales llevadas a cabo para agilizar las ventas inmobiliarias, entre otras, influyeron de gran manera sobre el Valle de Uco. Al publicarse el proyecto productivo en Campo Los Andes durante el Primer Foro de Inversiones, en el contexto de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y, posteriormente, el decreto 225/17 en el Boletín Oficial, comenzó a visibilizarse un grupo de pobladores civiles de Campo Los Andes, sobre todo del área conocida como La Remonta.

El detonante de la movilización fue generado por los medios de comunicación. El artículo del 7 de marzo de 2017, publicado en el Diario Los Andes, fue el primero y más detallado sobre la venta de terrenos en Campo Los Andes,7 al que le siguieron notas periodísticas de los demás diarios provinciales. De ahí en más, entre los meses de marzo y junio, se publicó un gran caudal de noticias relativas a La Remonta.8 Estas informaban sobre las novedades respecto al proyecto oficial, al decreto 225/17, a las acciones que se realizaban en el Valle de Uco (asambleas, foros, cortes de ruta), a las charlas y exposiciones que daban profesionales desde distintas disciplinas y otras de periodismo de investigación para dar cuenta del conflicto, de los habitantes de Campo Los Andes y de la historia del lugar. Asimismo, y sobre todo en el mes de agosto de 2017, se publicaron artículos que vinculaban la historia de Campo Los Andes con centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar (1976-1982).

La cantidad de artículos publicados, tanto en diarios locales como provinciales, exponía, por un lado, la fuerte repercusión que tuvo la publicación del Decreto 225/17 entre los lugareños. En efecto, estas noticias eran comentadas y reenviadas por internet entre los pobladores. Por el otro, a través de una lectura exhaustiva de sus artículos, fue posible identificar a los actores sociales intervinientes, principalmente a los del colectivo Vecinos Autoconvocados (VVAC) por “La Remonta no se vende”. A partir de este análisis periodístico y de las observaciones realizadas, con distinto grado de participación en las actividades concretadas, fue posible ponderar posiciones, intervenciones, medidas tomadas y representaciones sobre Campo Los Andes.

Al reflexionar, una de las vecinas autoconvocadas nos decía que, a un año después de las primeros artículos periodísticos, sin saber cómo llevar a cabo acciones colectivas y de visibilización pública, comenzaron a reunirse, impulsados por estas notas periodísticas y acompañados por pobladores del Valle de Uco, quienes años atrás habían participado en las acciones colectivas en contra de los proyectos de minería a cielo abierto, reunidos en Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) (Wagner 2014). De esta manera, vecinos de Campo Los Andes realizaron sus primeros encuentros en paralelo a las actividades que se realizaban entre funcionarios del Estado nacional y provincial, intendentes y arrendatarios en Campo Los Andes y los empresarios locales del Valle de Uco, organizados en la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Ganadera del Valle de Uco y la Sociedad Rural de Valle de Uco.

Mientras se realizaban reuniones y encuentros entre los sectores con mayor poder local y los enviados de la AABE y el Foro de Inversión, pobladores de Campo Los Andes, en su mayoría no propietarios de tierras, pequeños productores, pero con una importante trayectoria generacional en el área, comenzaron a establecer contactos y alianzas con diversos grados de compromiso. Entre los partidos políticos que se acercaron y apoyaron de diverso modo a los VVAC destacan los de la oposición a los gobiernos provincial y nacional. Por ejemplo, entre los sectores asociados al peronismo, se encontraban tanto kirchneristas9 como no kirchneristas. Los sectores de izquierda aglutinados en el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) también mostraron un importante compromiso y acompañamiento.

Con distintos grados de participación, un sector del mismo oficialismo, pero con fuertes diferencias con el bloque que aprobó e incentivó la alianza con el partido oficialista nacional, apoyó a los VVAC. Aquí se destacó la labor de un abogado de importante trayectoria constitucional, quien llevó a cabo el primer recurso de amparo presentado a la Justicia Federal. También presentaron su apoyo sindicatos unidos en la Central de Trabajadores de la Argentina, delegación Mendoza.

Organizaciones que apuntan al cambio rural, así como a generar o impulsar desarrollos agrícolas de pequeños productores y trabajadores rurales, dieron su apoyo: la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), por un lado, y la agrupación Crece desde el Pie, por el otro. La primera con una organización provincial, nacional e internacional vinculada al Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y la segunda, de carácter mayormente local y de menor trayectoria, pero con lazos constituidos en San Carlos y Tunuyán. También destacaron otros grupos vinculados a sectores ambientalistas y defensores de los territorios, uno de los cuales, como veremos, presentó el segundo recurso de amparo.

Sectores profesionales también expresaron su apoyo, por ejemplo, Abogados y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social, y el área de Hábitat, Urbanismo y Movilidad de la Fundación El Aleph, ambos cercanos al kirchnerismo. También se presentaron intelectuales que tuvieron importante protagonismo al apoyar y asesorar sobre cuestiones legales, económicas y catastrales, entre los principales aportes.

En suma, se encontraban en el centro de la discusión sectores muy variados, desde empresarios, militantes de partidos políticos y organizaciones sociales, intelectuales de diversas disciplinas e ideologías, pobladores precarizados, medianos productores (arrendatarios) y vecinos de Valle de Uco, en general. Todos ellos se fueron presentando y articulando a lo largo de las cuantiosas actividades que se realizaron para frenar o rever la venta de Campo de Los Andes. Entre estas actividades, fue central la de conocer el área y comprender su importancia socio-ambiental e histórica, así como la de pensar cómo y para quienes generar proyectos de desarrollo.

Actividades y dinámica de la participación

Como mencionamos, las actividades realizadas fueron diversas, especialmente concentradas entre los meses de marzo y noviembre de 2017 y más espaciadas a lo largo del 2018. El caudal de actividades relativas al conflicto por la venta del predio de Campo Los Andes implicó ciertos impactos. En primer lugar, el espacio, que ostentaba una dinámica propia en cuanto al arrendamiento de tierras y organización productiva, se convirtió en el centro de discusiones políticas. En segundo lugar, cada nuevo evento implicaba una dinamización de los actores sociales y de sus medidas a seguir.

Cuando aún no se publicaba el decreto, pero sí se especulaba su anuncio, una de las primeras actividades públicas se llevó a cabo en la ruta provincial que conduce a Campo Los Andes. Mientras funcionarios nacionales de la AABE se reunían con los sectores empresariales de Tunuyán y San Carlos, sobre el asfalto varias familias se presentaban para solicitar información, contradiciendo los fundamentos de la venta del Poder Ejecutivo Nacional, a saber, la representación de que se trataba de un espacio deshabitado, abandonado y generador de gastos al Estado. Con el pasacalle “En Campo Los Andes hay GENTE” (se respetó el uso de mayúsculas), los vecinos lograron una primera visibilidad pública. La actividad fue divulgada en diarios y radios locales, sumó a referentes políticos y generó alerta en los distintos espacios públicos locales, provinciales y nacionales, tanto disidentes como simpatizantes del gobierno provincial y nacional.

A partir de esta primera exposición, comenzaron a realizarse asambleas de vecinos durante al menos los seis meses siguientes, la mayoría de ellas en paralelo o como respuesta a las reuniones entre funcionarios del oficialismo provincial y nacional y sectores empresariales locales, las cuales se difundían en los diarios locales. De dichas asambleas, es destacable el encuentro entre funcionarios oficialistas, opositores y vecinos de Campo Los Andes del 17 de marzo de 2017. Considerando la presencia de concejales locales, esta asamblea fue, por un lado, una demostración de fuerzas entre oficialistas y opositores y, por el otro, una demostración de la disconformidad por parte de estos últimos ante el proyecto y su manera de ser presentado, sin consulta ni a los municipios, ni a los vecinos y lugareños en general. La repercusión de esta reunión fue alta: a la vez que dejó una gran disconformidad y desconfianza, también generó distanciamiento entre los funcionarios oficialistas y los VVAC. De hecho, esta reunión fue la única de encuentro entre ambos sectores. Posteriormente a ella, los sectores del oficialismo, aun siendo invitados por los VVAC, no volvieron a participar.

El primero de abril de 2017 fue emblemático. VVAC y diversas agrupaciones sociales, asesores de referentes políticos, así como pobladores en general, interceptaron la Ruta Nacional n°. 40, una de las más importantes del país, pues atraviesa de norte a sur todas sus provincias cordilleranas. Realizando cortes intermitentes a la altura del río Tunuyán, los principales referentes y colaboradores de las agrupaciones repartían folletos explicativos bajo el título “No se compra una patria que no se vende” a los conductores de autos y camiones que se veían afectados por el corte de ruta, y continuaban el viaje luego de su distribución.

En este folleto, en cuyo título se reemplazó el nombre del área en venta por uno que apelara a sentimientos nacionalistas, se explicaba en qué consistía el proyecto oficial y se daba cuenta de los fundamentos para oponerse. Esto implicó demostrar la importancia del espacio, no solo en términos económico-financieros, sino también en términos sociales, históricos y ambientales. Asimismo, se proclamaba la participación del “pueblo”, en directa oposición a cómo fue gestado el proyecto oficial. Dos días después aparecería publicado en el Boletín Oficial el decreto 225/17, que permitía la venta, ya no de unas 7000 ha, como se hablaba hasta ese entonces, sino de más de 10 000 ha.

Así, a los pocos días de iniciado el conflicto, y lo que los vecinos planteaban con preocupación por el futuro de sus vidas, comenzó a adquirir una perspectiva más integral. Como a comienzos del nuevo milenio, en el contexto de proyectos mineros multinacionales, el agua se volvía actante, aglutinando y sumando a diversos actores sociales, quienes esta vez simpatizaban con la causa por “La Remonta no se vende”. Como veremos, a medida que se realizaban las intervenciones, también comenzaba a ser revalorizada la historia del lugar, la gesta del Gral. José de San Martín, las producciones alternativas a la vid, sobre todo la del poroto pallar, y la acción de pequeños productores que habían producido en la zona, de la que luego fueron desplazados. De esta manera, cada nueva asamblea, con la intervención de moradores locales y de profesionales, invitaba a revalorizar la historia política, social, cultural y ambiental del lugar, articulándola a la lucha por la soberanía nacional. La memoria colectiva sobre el área se iba reconfigurando en el contexto del conflicto para adquirir un carácter nacional y de confluencia de sectores que no necesariamente pertenecían ni a Campo Los Andes ni al Valle de Uco.

Los foros

De los tres foros realizados por la venta de una porción de Campo Los Andes, dos fueron organizados por VVAC en la escuela más cercana a La Remonta. El otro se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, coordinado por la Fundación El Aleph, de orientación kirchnerista. En todos los foros se plantearon tres temas interrelacionados: información relativa a la historia de Campo Los Andes, medidas para frenar su venta y distintos tipos de proyectos de desarrollo realizables en el área.

El primer foro tuvo lugar a unos pocos días de haberse publicado el decreto y se destacó por la presencia de diversos diputados y senadores provinciales y nacionales, así como de asesores de los mismos, todos ellos referentes de grupos políticos opositores al gobierno provincial y nacional. De esta manera, y para la situación que los convocaba, referentes del peronismo y de las agrupaciones de izquierda tenían opiniones que, si bien variaban, se organizaban sobre dos ejes: por un lado, presentar la problemática a la legislatura nacional y, por el otro, continuar con las acciones de visibilización que estaban llevando a cabo los VVAC. También sumaron su apoyo diversos profesionales y la Central de Trabajadores de Argentina, vinculando el tema de la venta del predio a una problemática de geopolítica internacional. A partir de cada intervención se reconstruía la historia y el contexto actual ambiental y jurídico de Campo Los Andes, a la vez que se formulaban los fundamentos y las opciones posibles para frenar la venta del predio. También cobraba un fuerte protagonismo el análisis sobre el decreto, del que se subrayaban sus contradicciones e irregularidades.

El segundo foro se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y contó con una programación variada. Participaron funcionarios del Instituto Nacional de Agricultura, con sede en Valle de Uco, referente en materia ambiental provincial y que había presentado uno de los dos recursos de amparo ante la Justicia Federal. También se contó con la presencia de un referente provincial y nacional de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, geógrafo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y especialista en agronegocios; una integrante de la Asamblea de VVAC; una abogada que asesoró la presentación del segundo recurso de amparo; y una senadora nacional por Mendoza, del Partido Justicialista.

Si bien este foro fue más bien expositivo, cada uno de los oradores dio cuenta de los fundamentos sobre la importancia del predio y cómo, a pesar de ser un caso puntual y con una población más bien reducida, estaba relacionado con grandes intereses nacionales e internacionales. Asimismo, se debatió sobre cómo podía tratarse política y legalmente el problema. Nuevamente, en este foro, la problemática local adquirió un trasfondo nacional e internacional.

En el tercer foro, realizado por la Asamblea de VVAC, hubo una importante participación de referentes de la AMPAP de diversas partes de la provincia y, en cambio, disminuyó notoriamente la cantidad de referentes políticos, locales, provinciales y nacionales. Este se caracterizó por oradores que presentaban a Campo Los Andes ya no desde sus aspectos jurídicos, sino más bien en cuanto a su importancia ambiental, en donde el agua, presente en los arroyos y glaciares, y la flora autóctona, cobraron centralidad. En este contexto, residentes y ex residentes de Campo Los Andes relacionaban sus experiencias y recuerdos con diversas materialidades geológicas, hidrológicas y de flora y fauna; así, el espacio adquirió otra significación más allá de la puramente ambiental. También cobró importancia la socialización de experiencias organizativas y emocionales de los propios participantes, a raíz de su participación activa. Entonces, se podría concluir que este foro se caracterizó por reconstruir el conocimiento socio-ambiental y por compartir emociones y estados de ánimo que se vivieron desde las primeras reuniones, pasando por los momentos de mayor visibilidad hasta los momentos de crisis o de disminución de la participación.

Recursos de amparo

En Argentina, la acción o recurso de amparo es una herramienta procesal para recurrir a los tribunales para la defensa de algún derecho vulnerado, o con riesgo de serlo, por alguna disposición fundamentalmente del Estado, cuando no existe otra vía procesal más idónea para su reparación o para evitar dicha lesión. En este caso, por ser tierras del Estado Nacional, se presentaron dos recursos de amparo ante el Juzgado Federal, con asiento en la ciudad de Mendoza, por quienes entendían que con el decreto 225/17 y el accionar de la AABE se lesionaban derechos protegidos por la Constitución Nacional. Asimismo, consideramos en el estudio un tercer recurso de amparo, el cual no se llegó a presentar.10

Sin bien en los tres documentos se solicitaba la medida cautelar de no innovar 11 hasta que se resuelva la constitucionalidad del decreto, las formas y sus fundamentos diferían entre sí. Las divergencias implicaban distintas concepciones y lecturas respecto a por qué oponerse, a la vez que mostraban distintas interpretaciones del pasado y el presente.

El primer recurso de amparo, presentado por un abogado de amplia trayectoria constitucionalista, patrocinaba a un grupo de pobladores de Campo Los Andes, por lo que la acción de amparo se vinculaba al hecho de que el decreto afectaba a sus representados, es decir, a un colectivo puntual y reducido a los nativos del lugar. A ellos les correspondería una tenencia legítima de la tierra. Esto, en cierta medida, protegía de toda expulsión a los precarizados trabajadores rurales, permitiéndose, en un futuro, la regularización de su situación patrimonial en Campo Los Andes.

El segundo recuro de amparo fue realizado por una fundación orientada a la protección ambiental de las áreas precordilleranas y advierte la necesidad de protección de un bien colectivo común a todos los ciudadanos argentinos. En este contexto, se reafirmaba y reforzaba la ocupación militar y la declaración del área como “área de seguridad y frontera”, así como se destacaba su patrimonio histórico y de cría de mulares, los cuales fueron clave en el cruce de Los Andes durante la gesta libertadora, a principios del siglo XIX. Bajo esta fundamentación, se planteaba que Campo Los Andes no podía ser enajenado ni ocupado para ningún uso extramilitar.

El tercer recurso de amparo, el cual no se llegó a presentar, apuntaba a concebir al predio como parte fundamental del desarrollo de la cuenca del río Tunuyán, así como también a entender al área como parte del patrimonio natural y cultural. En este sentido, la colectividad no se refería necesariamente a la de todos los argentinos, ni a los habitantes del predio, sino a los pobladores del Valle de Uco en general, ya que el decreto permitía la venta de áreas que albergaban las nacientes del río Tunuyán, desde sus afluentes superficiales y subterráneos hasta los situados en estado sólido, en referencia a los glaciares. Bajo estas consideraciones, se promulgaba la alternativa de señalar en el predio distintas áreas de revalorización cultural y ambiental que involucrasen y garantizasen la permanencia de sus actuales pobladores.
Así como los foros, consideramos que los fundamentos, por los cuales cada recurso de amparo se oponía a la venta del predio, apelaban a la defensa del territorio en cuanto a la presencia de pobladores locales, a su importancia ambiental, social, paisajística, histórica y finalmente nacional.

Conclusiones

Las acciones colectivas generadas para frenar la venta de parcelas en Campo Los Andes disminuyeron considerablemente a fines del 2017, mientras la AABE continúa interactuando con arrendatarios de La Remonta y sectores empresariales locales para administrar las distintas parcelas del predio. Por su parte, la Justicia Federal, luego de dictaminar la figura de “no innovar”, no se ha expresado sobre la viabilidad del decreto 225/17. Aun así, podemos decir que el proyecto oficial presentado ante empresarios nacionales e internacionales, así como el citado decreto 225/17, fueron importantes disparadores para contrarrestar lo que estos mismos proponían, a saber, un área inhóspita, deshabitada, ociosa y dispuesta al capital financiero.

En este contexto de inminente liberación de espacios, hasta entonces mayormente vedados al mercado inmobiliario y extractivo, Campo Los Andes recobraba significación. Sus arroyos y demás cauces de agua, las distintas instalaciones edilicias, sus picos nevados y sus glaciares, comenzaron a ser concebidos en relación con sus moradores directos, así como también a los habitantes del valle de Uco y de la nación argentina en su conjunto. El espacio concebido, representado en el decreto por un croquis y una designación numérica (inmueble 37), comenzaba a contextualizarse y a representarse como el espacio de prácticas cotidianas, en donde sus moradores presentes y pasados interactuaban entre sí y con su entorno, y como espacio de lo simbólico, de la identidad local, provincial e, incluso, nacional.
Como analizamos a lo largo del artículo, en esta reconstrucción de la vida social, política y económica del predio y de su importancia simbólica, intervenían muy diversos actores sociales, a saber: moradores de Campo Los Andes así como del Valle de Uco en general; funcionarios departamentales, provinciales y nacionales; medios de comunicación locales, provinciales y nacionales; profesionales e intelectuales como abogados, agrimensores y geógrafos; integrantes de asambleas ciudadanas, de fundaciones y organizaciones rurales, entre los más destacados.

A partir de las actividades realizadas, especialmente en los foros, se iba construyendo la memoria social de Campo Los Andes, lo cual implicaba la revalorización de muy diversas materialidades y de actores sociales prácticamente invisibilizados. En este sentido, cobraron protagonismo productores rurales precarizados, cultivos alternativos a la vid, como el poroto pallar, y el propio entorno o paisaje que, compuesto por zigzagueantes arroyos, relieves irregulares, enmarañada flora y fauna nativas, contrasta con los paisajes ejecutados en los emprendimientos vitivinícolas aledaños. En cada actividad de encuentro entre los diversos actores se articulaban las experiencias en el área, los sentimientos de pertenencia y el reconocimiento de su importancia ambiental, de su trayectoria y legados históricos y su valor paisajístico. Es decir, se ponían en tensión los espacios concebidos, percibidos y vividos.

Por lo tanto, más allá de que este proceso continúe sin resolverse, la expresión del conflicto mostró, por un lado, que estos espacios de cordillera no están ni vacíos ni deshabitados, que su pasado tiene una trayectoria de larga data que atraviesa distintas temporalidades de ocupación y relacionamiento humanos, que su ubicación y todo lo que lo conforma están conectados con el resto de la cuenca. Este artículo es parte de una investigación que se dirige en esta dirección, es decir, en contribuir a la reconstrucción de su memoria y revalorización colectivas, en donde las diversas materialidades han interactuado con actores sociales y han formas de producción del espacio que difieren de la de considerar a la cordillera y precordillera como un espacio inhóspito y natural.

Agradecimientos

A los VVAC por su afectuoso recibimiento y su buena predisposición a que nosotros presenciáramos y registráramos las distintas actividades que llevaban a cabo. También a los pobladores y expobladores de Campo Los Andes, quienes nos abrieron sus puertas para ser entrevistados.

Bibliografía

Alonso, Ana María. 1994. “The Politics of the Space, Time, and Substance: State Formation, Nationalism, and Ethnicity”. Annual Review of Anthropology 23 (1): 379- 405.

Boelens, Rutgerd, y Margreet Zwarteveen. 2011. “La investigación interdisciplinaria referente a la temática de ‘Justica Hídrica’: unas aproximaciones conceptuales”. En Justicia hídrica. Acumulación, conflicto y acción social, editado por Rutgerd Boelens, Leontien Cremers y Margreet Zwarteveen, 29-58. Lima: Justicia Hídrica / Instituto de Estudios Peruanos / Fondo Editorial, PUCP.

Fidel, Gabriel. 2016. Turismo del vino. La experiencia argentina. Mendoza: EDIUNC.

Gordillo, Gastón. 2006. En el gran Chaco. Antropologías e historias. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Guber, Rosana. 2001. La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Norma.

Haesbaert da Costa, Rogério. 2007. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Río de Janeiro: Bertrand Brasil.

Instituto Geográfico Nacional. 2017. “Capas SIG, límites interdepartamentales, límites interprovinciales y límites internacionales”, http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG

Laplantine, François. 2008. “La antropología de género mestizo”. En De la etnografía a la antropología reflexiva. Nuevos campos, nuevas prácticas, nuevas apuestas, dirigido por Adolfo Colombes, 133-143. Buenos Aires: Ediciones del Sol.

Larsimont, Robin. 2016. “Hacía una ecología política de los negocios agroturísticos en Mendoza, Argentina”. Ecología política. Cuadernos de debate internacional 52: 74-77.
Lefebvre, Henri. 2013 [1974]. La producción social del espacio. Madrid: Capitán Swing.

Little, Paul Elliot. 2006. “Ecologia política como etnografia: um guia teórico e metodológico”. Horizontes antropológicos 12 (25): 85-103.

Logan, Joy. 2011. Aconcagua. The Invention of Mountaineering on America’s Highest Peak. Tucson: University of Arizona Press.

Machado Aráoz, Horacio. 2013. “Orden neocolonial, extractivismo y ecología política de las emociones”. RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção 12 (34): 11-43.

Martín, Facundo. 2007. “Agua y modelo productivo. Las transformaciones del sistema de riego en Mendoza y la reestructuración capitalista-exportadora del circuito vitivinícola regional”. Jornadas de investigación Recursos Hídricos, Instituto Multidisciplinario, UNCuyo, Mendoza. http://imd.uncuyo.edu.ar/jornadas-hidricas-2007

Martín, Facundo, y Lucrecia Wagner. 2013. “Agua o minería. Determinaciones y movilizaciones en la construcción pública del conflicto ambiental en Mendoza”. En Cartografías del conflicto ambiental en Argentina, compilado por Gabriela Merlinsky, 287–320. Buenos Aires: CLACSO / Ediciones CICCUS.

Méndez, Eduardo. 2011. “La vegetación de los Altos Andes. El flanco oriental del Cordón El Portillo (Tunuyán, Mendoza, Argentina)”. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 46 (3-4): 317-353.

Montaña, Elma. 2006. “Agua y equidad territorial en Mendoza, Argentina”. Congreso Internacional GECOREV, Gestion concertée des ressources naturelles et de l’environnement: du local au mondial: por um dialogue entre chercheurs, société civile e décideurs, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 26-28 de junio. http://www.c3ed.uvsq.fr/cdgecorev/fr/pdf/t5/Montana.pdf. Extraído el 15/05/2008

Ots, María José, Pablo Cahiza y Margarita Gascón. 2015. “Articulaciones del corredor trasandino meridional. El Río Tunuyán en el Valle de Uco. Mendoza, Argentina”. Revista de historia americana y argentina 50 (1): 81-105.

Perreault, Tom. 2014. “Introducción”. En Minería, agua y justicia social en Los Andes. Experiencias comparativas de Perú y Bolivia, editado por Tom Perreault, 13-39. Cusco: Justicia Hídrica / Centro Bartolomé de las Casas.

Sack, Robert David. 1986. Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge: Cambridge University Press.

Saldi, Leticia y Lucrecia Wagner. 2013. “Aportes antropológicos a la Historia Ambiental en contextos y estudios latino-americanos”. Revista Latino-Americana de História 2 (8): 8-30.

Saldi, Leticia, e Inés Petz. 2015. “Aguas ajenas, tierras extrañas. Desigualdad hídrica al sur de la Cordillera de Los Andes en Mendoza (Argentina), a principios del siglo XXI”. Cuadernos de Desarrollo Rural 12 (75): 123-144.

Santos, Milton. 2000. Pensando o Espaço do Homem. São Paulo: EDUSP.

Svampa, Maristella. 2013. “‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”. Nueva Sociedad 244 (marzo-abril): 30-46.

Torres, Laura, Gabriela Pastor, María Grosso y Ana Scoones. 2018. “Turismo de lujo y extractivismo: la ruralidad como presa del capital. Reflexiones a propósito de Valle de Uco (Mendoza, Argentina)”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 22 (585): 1-32.

Wagner, Lucrecia. 2014. Conflictos socioambientales. La megaminería en Mendoza, 1884-2011. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

10 Este fue realizado por una de las principales integrantes de la Asamblea de VVAC y de la AMPAP. Debido al deterioro inminente de su salud y posterior fallecimiento, no se pudo finalizar el escrito, que marca una tercera posición y perspectiva sobre los fundamentos de la oposición a la venta del predio.

11 Es una medida de seguridad, orientada a preservar, mientras se sustancia el proceso principal, la inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho y tendiente a impedir que, mediante su alteración durante el curso del proceso, la sentencia se torne de imposible cumplimiento o el derecho que ella reconoce, ilusorio.