Eutopia. Revista de Desarrollo Económico Territorial N.° 18, junio 2021, pp. 29-48
ISSN 13905708/e-ISSN 26028239
DOI: 10.17141/eutopia.18.2020.4629
Producción, abastecimiento y consumo de
alimentos en pandemia. El rol esencial de la agricultura familiar en la
territorialidad urbano-rural en Argentina
Food production, supply and consumption in pandemic.
The essential role of family farming
in urban-rural territories.
The case of
Argentina
Marcos
Andrés Urcola .CONICET,
Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
murcola@hotmail.com. https://orcid.org/0000-0003-0943-9354
María
Elena Nogueira. CONICET, Instituto de Investigaciones,
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional
de Rosario, Argentina. mariaelenanogueira@gmail.com.http://orcid.org/0000-0001-6820-5721
Recibido:
24/08/2020 • Aceptado: 11/11/2020
Publicado:
16/12/2020
Cómo citar este artículo: Urcola, Marcos Andrés
y María Elena Nogueira. 2020. “Producción, abastecimiento y consumo de
alimentos en tiempos de pandemia. El rol esencial de la agricultura familiar en
la territorialidad urbano-rural Argentina”. Eutopía.
Revista de Desarrollo Territorial 18: 29-48. DOI: 10.17141/eutopia.18.2020.4629
Resumen:
El contexto de la pandemia y las restricciones a la movilidad que impuso el
aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina produjeron una
sensación de vulnerabilidad generalizada que se tradujo en una serie de debates
sobre aquello que es esencial para la reproducción de la vida ciudadana. Dichos
debates pusieron en el centro de la escena la forma en que se organiza
territorialmente la producción, abastecimiento y consumo de alimentos. En este
artículo, se reflexiona sobre los cambios progresivos que han afectado
particularmente a la agricultura familiar durante la pandemia desde un supuesto
fundamental: la producción de alimentos que proviene de dichos sujetos resulta
esencial y nos invita a repensar los procesos más amplios de articulación entre
los territorios urbanos y rurales. Para esto se proponen una serie de ejes
asociados con el abastecimiento y el consumo de alimentos y con los problemas y
las oportunidades que se presentan a los agricultores familiares en el marco
del modelo agroalimentario vigente. Se trata de un trabajo de reflexión de
carácter cualitativo, acotado a la actualidad pandémica y sus consecuencias
inmediatas, a partir de la discusión y análisis de artículos periodísticos,
notas en revistas, testimonios orales en prensa y material disponible en
diversas redes sociales.
Palabras clave:
Argentina; abastecimiento de alimentos; agricultura familiar; pandemia.
Abstract:
The pandemic context and the mobility’s restrictions imposed by the
Aislamiento Social Preventivo y Olbligatorio in Argentina produced a general sensation of vulnerability
that enabled the discussion about the essential
for the day-to-day
citizen’s life. All the debates put the key
of the discussion
in all the steps of food
production and especially
in its organization connected with territories. In this article, we try to reflect on
the progressive changes that affected
family farming in
particular. Our postulation
is that these
subjects are essential and we are invited to reflect other
processes connected with urban and rural territories. In order to organize all
considerations, we propose a series of axes associated with the supply
and consumption of food and with the
problems and opportunities faced by family
farmers within the framework of
the current agri-food model. This paper is
a qualitative reflection for the pandemic
context and its results. We analyze
notes in papers, oral testimonies in the press and material available on social networks.
Keywords:
Argentina; food production;
family farming; pandemic.
Introducción
La
pandemia es sin dudas un acontecimiento extraordinario. Irrumpe en la vida
cotidiana, en nuestras relaciones, representaciones y acciones. Marca así un
antes y un después que deja un interrogante abierto, ¿qué sigue a la pandemia? . Es, además, un desafío para reflexionar sobre la
supuesta normalidad en sus diferentes dimensiones. Una de esas dimensiones,
entre muchas posibles, es la de producción de alimentos y su diversidad de
sujetos. Producir alimentos en Argentina está directamente relacionado con el
modelo del agronegocio, el deterioro ambiental, los monopolios de algunas
firmas y cadenas, la manipulación de los precios y la inflación. Pero no toda
la producción de alimentos se representa bajo esas lógicas o atributos.
Ciertamente
existen productores de alimentos por fuera del modelo dominante, sin intención
monopólica alguna y con muchas dificultades para mantenerse en los circuitos de
producción y consumo tradicionales. Un conjunto de ellos es el de los
agricultores familiares que, junto con otros trabajadores de la economía
popular y solidaria, son interpelados, pandemia mediante, como esenciales.
¿Acaso no lo eran con anterioridad? Este interrogante nos permite problematizar
acerca del carácter esencial de estos sujetos en nuestra sociedad -antes,
durante y después de la pandemia- y repensar las relaciones entre los
territorios urbanos y rurales desde estos actores locales que producen
alimentos transitando ambos espacios.
El
contexto de reprimarización de las economías de
nuestro continente a partir del boom de los comodities
y el auge de los modelos socio-productivos neoextractivitas
o neodesarrollistas nos invita a prestar especial
atención a las conflictividades en torno a los usos del territorio y las formas
de producir en el mismo (Svampa 2016), no solo por la
centralidad de estos aspectos en la dinámica general de nuestras sociedades,
sino porque la especificidad y división clásica entre lo urbano y lo rural ha
empezado a diluirse cada vez más: con población que vive en el campo y trabaja
en la ciudad y viceversa o por los problemas globales que trae aparejado este
modelo productivo en las ciudades y sus alrededores (boom
inmobiliario y presión sobre los alquileres, contaminación y problemas de salud
derivados de la aplicación de agrotoxicos,
desplazamiento de pobladores rurales hacia los centros urbanos, catástrofes
naturales derivadas de las formas de explotación de la naturaleza, etc.) (Cloquell 2014).
La
dicotomía entre lo urbano y lo rural pierde capacidad explicativa “cuando
empezamos a pensar no en el territorio sino en el sujeto” (Nahuel Levaggi -UTT- en Schmidt et al. 2019, 10). La agricultura
familiar se presenta como una categoría que permite pensar la territorialidadiii
rural y urbana desde el sujeto y sus estrategias productivas, estilos de vida y
demandas sociales específicas, que cuenta con una larga tradición y que es
objeto de disputas empírico-conceptuales en el marco de las políticas públicas.iv
Para
organizar las reflexiones que presentamos a continuación proponemos una serie
de ejes asociados con el abastecimiento y el consumo de alimentos y con los
problemas y las oportunidades que se presentan a los agricultores familiares
que producen alimentos en el marco del modelo agroalimentario vigente en
Argentina. Se trata de un trabajo de reflexión de carácter
cualitativo, en cuanto el objeto de estudio es posible de reconstruir, a partir
de considerar la acción de comprender en
términos amplios. No es el objetivo de este trabajo marcar tendencias y
resultados en base a muestreos probabilísticos sobre la cuestión. Esto requeriría
un trabajo mucho más amplio, con otros objetivos, manejo de técnicas, y en
especial, períodos de análisis más extensos. Por el contrario, hemos escrito
estas reflexiones durante la pandemia, con todo lo que
esto implica en términos de la construcción del objeto de estudio y su dinámica
particular. Dicho esto, optamos por la elaboración de una muestra de tipo
intencional de acuerdo a lo señalado por el clásico
trabajo de Padua (1976) y considerando a) el objetivo del trabajo, b) el tipo
de información, c) la recogida de datos y, sobre todo, d) el alcance del
diseño, de carácter estrictamente exploratorio. Dicha muestra, la constituyeron
un conjunto de artículos periodísticos, notas en revistas, testimonios orales
en prensa y material disponible en diversas redes sociales seleccionados. El
período de análisis está acotado, entonces, a la actualidad pandémica y sus
consecuencias inmediatas en la coyuntura.
Abastecimiento
de alimentos y estrategias de comercialización en el marco del ASPO
Las
medidas sanitarias de cuidado y restricción a la circulación y concentración de
personas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)
decretado por el gobierno nacional desde mediados del mes de marzo de 2020,
provocaron toda una serie de modificaciones en las estrategias de
comercialización por parte de los productores agropecuarios, así como en la
organización general de los procesos de distribución y abastecimiento de los
alimentos en los centros urbanos.
La
agricultura familiar juega un rol central en el suministro de alimentos de las
ciudades de América Latina (Schneider 2014; Sabourin
et al. 2014). En la mayoría de los países de la región su producción se dirige
al mercado interno constituyéndose un actor central para lograr seguridad y soberanía
alimentaria (especialmente en Centroamérica). Sin embargo, en países
suramericanos como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que cuentan con
estructuras agro-rurales más complejas y diversificadas, se plantea una tensión
entre la producción y abastecimiento de alimentos para el mercado interno y la
producción de commodities
para el mercado externo. Incluso una porción de los agricultores familiares de
estos países se encuentra inserta en cadenas globales mundiales destinadas a la
exportación agropecuaria (de carnes, pollos, soja y algunas frutas frescas).
En
países suramericanos como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que cuentan con
estructuras agro-rurales más complejas y diversificadas, se plantea una
tensión
entre la producción y abastecimiento de alimentos para el mercado interno y la
producción de commodities para el mercado externo.
En
Argentina, las consecuencias de la expansión del modelo de producción agrícola
de cereales y olea-ginosas (fundamentalmente soja)
desde la década de 1990 tuvo consecuencias sobre la desaparición de unidades
productivas, la merma de trabajadores rurales, el desplazamiento de familias
agricultoras hacia las ciudades y sus márgenes, el aumento de la conflictividad
socio-ambiental, la mutación de los actores agrarios
tradicionales y el surgimiento de nuevos (Cloquell
2014).
Siguiendo
a Albanesi et al. (2018), entre los actores de la
agricultura familiar de la región pampeana (donde se concentra el 60% de la
población del país), podemos identificar (para ejemplificar) tres tipos
(ideales) de productores:
a)
Los tradicionales (tercera o cuarta
generación dedicada a la actividad agropecuaria) que pasaron de la producción
diversificada y para autoconsumo (cría, invernada, tambo y variedad de
cultivos) a la producción extensiva de cereales y oleaginosas (abandonando la
producción de alimentos y haciendo producción de escala) con destino
mayoritario al mercado de exportación;
b)
Los periurbanos dedicados a la
horticultura y producción (convencional o agroecológica) de alimentos frescos
para el abastecimiento de grandes centros urbanos, con tradición familiar
campesina e historia personal asalariada (como peones o trabajadores temporarios)
o mediera y de origen migratorio (interno y extranjero), destacándose
fundamentalmente los de origen boliviano (ver “bolivianización
de la horticultura” en Barsky 2008) y un rol notorio
de las mujeres en la dirección y organización de la actividad productiva y
comercial; y
c)
Los agroecológicos, sin tradición agraria,
alto nivel de formación e historia laboral y de vida vinculada a ámbitos
urbanos, cuyas estrategias de producción y comercialización privilegian el
cuidado del medio ambiente y la oferta de alimentos sanos por sobre la escala y
el afán de lucro comercial.
Desde
principios del nuevo milenio y en paralelo con el avance del modelo
agropecuario del agronegocio, el tema del abastecimiento de alimentos a las
grandes ciudades comienza a tomar relevancia y se traduce en una serie de
políticas públicas que dan mayor centralidad a los agricultores familiares (b y
c) de los denominados cinturones verdes periurbanos por su rol esencial en la
producción y distribución de alimentos, por las condiciones de precariedad en
las que llevan adelante sus actividades y por el grado de relevancia y
protagonismo económico, social y político que fueron adquiriendo sus
organizaciones desde entonces.
A
pesar de esto, tal como sostiene Barsky (2020), a
finales de 2019 y principios de 2020 dos acontecimientos paradojales dieron
cuenta de la situación en la que se encuentra la Argentina como país productor
y consumidor de alimentos. Por un lado, la campaña agrícola 2018/2019 arrojó
una cosecha anual record de cereales y oleaginosas de
150 millones de toneladas. Y, por otro lado, como consecuencia del aumento de
precios de alimentos y la pérdida de poder adquisitivo y de empleos de una
franja importante de la población, se sanciona la Ley 27 519 de Emergencia
Alimentaria Nacional y se lanza el Plan Nacional “Argentina contra el hambre”.v En
este contexto, la agricultura familiar productora de alimentos se presentó como
parte de la solución (Pérez y Urcola 2020). El desafío de la agricultura
familiar y sus organizaciones, antes, durante y después de la pandemia, es
demostrar que pueden producir alimentos en cantidad, calidad y a bajo costo
para abastecer los centros urbanos. Pero este tema no puede reducirse a los
aspectos productivos o a las estrategias de comercialización de la agricultura
familiar, ya que en el proceso de distribución y comercialización de alimentos
intervienen una gran y asimétrica variedad de actores (intermediarios) en:
Mercados Centrales (gerenciados y/o regulados por el Estado), mercados
mayoristas (o secundarios), mercados minoristas (verdulerías), la gran
distribución (hiper y supermercados) y los nuevos espacios nodales motorizados
por las organizaciones sociales de la economía popular y la agricultura
familiar (circuitos cortos de comercialización en ferias y redes de venta
directa).
La alta fragmentación y
desiguales condiciones de poder de los actores que componen el sistema de
abastecimiento de alimentos se constituye en uno de los principales factores
que influyen en el incremento de los precios de los mismos
con repercusiones directas sobre los procesos inflacionarios del país (siendo
Argentina uno de los países donde los hogares destinan mayor porcentaje de sus
ingresos a la compra de alimentos). De este modo, el tema del abastecimiento de
alimentos en los centros urbanos se vincula con una variedad de aspectos
económico-productivos, socio-nutricionales y logístico-territoriales que
derivan en diferentes estrategias de comercialización de los productores
familiares.
En términos esquemáticos,
entre estos productores encontramos estrategias convencionales de venta por
medio de intermediarios que colocan los productos en mercados concentradores y
verdulerías, y estrategias alternativas de venta directa en circuitos cortos de
comercialización a través de ferias agroecológicas o de hortalizas
convencionales (que no siempre implica contacto directo entre productor y
consumidor) y a través de redes de venta directa (a campo o de reparto a
domicilio).
Según Viteri et al.
(2020) antes y durante la pandemia se registra un incremento de las estrategias
de venta directa entre productores y consumidores facilitadas por mejoras en el
acceso a las TIC. de los productores y cambios en los estilos de consumos de
los sectores medios y altos urbanos respecto a la adquisición de productos
frescos y agroecológicos. Si bien este tipo de estrategia de venta no reemplaza
a la convencional (ya que incluso los propios agricultores familiares combinan
estas estrategias de venta), ayudan a descomprimir la demanda en verdulerías y
mercados mayoristas, fomentando la compra local y los circuitos de
comercialización “cara a cara” que, en el marco del ASPO, permiten a los
ciudadanos no salir de sus casas.
En
las primeras semanas del decretado ASPO se produjo una reacción inicial de sobrestockeo masivo de alimentos que
produjo una tensión sobre la estructura comercial y se tradujo en un aumento de
precios de los alimentos frescos por su alta perecibilidad
y el accionar especulativo de los intermediarios de las cadenas convencionales
de venta (impactando en la inflación). La falta de algunos insumos y plantines
para la producción, el aumento de otros (como el costo de los fletes o los
envases no retornables) y la dificultad de acceder a insumos de seguridad e
higiene personal, constituyeron algunos de los aspectos que afectaron el
desarrollo
de las actividades de producción y distribución de alimentos frescos de los
agricultores familiares.vi
Por
otro lado, el cierre de ferias (agroecológicas y convencionales) y mercados
mayoristas secundarios (que implican una alta circulación de personas), generó
un aumento en la concentración de la estructura de abastecimiento de alimentos
urbanos a través de los hiper y supermercados, quienes cuentan con el mayor
volumen de compra frutihortícola y de lácteos, bebidas y productos de almacén (Barsky 2020). Pero también se potenciaron y promovieron las
estrategias de venta directa de bolsones de verduras a través de nodos
coordinados por organizaciones de base e intermediarios solidarios de instituciones
públicas (Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, INTA,
Universidades, Municipios, Ministerios de la Producción provinciales, etc.)
(Viteri et al. 2020).
El
tema de las restricciones generales a la circulación se presentó como un problema
común a todos los productores (incluso los de exportación, Salazar et al.
2020). Aunque el Decreto (297/20) que dio inicio al ASPO exceptuaba estas
restricciones a las “actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria” y el “reparto a domicilio de alimentos”, se
registraron dificultades para el acceso a los permisos de circulación. En este
sentido, también han cobrado relevancia las organizaciones sociales y de la
agricultura familiar en su rol de intermediación entre los productores y las
agencias públicas para el acceso a permisos municipales y/o provinciales y para
reorganizar las estrategias de comercialización y distribución de aquellos que
vieron modificadas sus rutinas de venta por los cierres de los mercados de
proximidad antes mencionados (a través, por ejemplo, del Programa de
Abastecimiento Social de Alimentos para el Armado y Distribución de Bolsones de
Verduras de Estación a Bajo Costo). Resulta esencial el lugar ocupado por
referentes de estas organizaciones al interior del Estado, en la Secretaría de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) o en la dirección del
Mercado Central de Buenos Aires (por mencionar los más significativos), para
visibilizar y canalizar las demandas específicas del sector de productores de
alimentos de la agricultura familiar en este contexto.
Desde
el inicio de la pandemia, el accionar del Estado estuvo dirigido
fundamentalmente a la elaboración de medidas de carácter sanitario y de
protocolización
de procedimientos de comercialización frutihortícola, la resolución logística
del transporte pesado y la determinación de precios.
Desde
el inicio de la pandemia, el accionar del Estado estuvo dirigido
fundamentalmente a la elaboración de medidas de carácter sanitario y de
protocolización de procedimientos de comercialización frutihortícola, la
resolución logística del transporte pesado y la determinación de precios
mayoristas y minoristas. Si bien se observó auspiciosamente la inclusión
específica de un apartado para la agricultura familiar dentro de los
“Lineamientos de buenas prácticas para la producción agropecuaria para el
COVID-19”, dichos lineamientos resultan difíciles de cumplir para sectores
hortícolas periurbanos con bajos ingresos, alta vulnerabilidad social y
tradición de usos inadecuados de agroquímicos (Barsky
2020).
Tal como lo
demuestra el estudio del BID (Salazar et al. 2020), los problemas ocasionados
por el contexto de la pandemia no serán los mismos ni tendrán las mismas
consecuencias para todos los productores agrícolas. Las especificidades en la
afectación dependerán del tipo de producto (perecederos, cereales, proteínas
animales, etc.), el mercado al que está dirigido (interno o externo) y el
tamaño del productor, siendo los productores más pequeños los más vulnerables.
En contraste con los productores que habitan en el medio rural o en pequeños
poblados dedicados a producciones para exportación, los pequeños productores
periurbanos han sido de los más afectados por las restricciones a la
circulación, el aumento de insumos y del costo de vida y el peligro de
contagio.
Teniendo en cuenta
estos aspectos, las ayudas específicas en términos de compensaciones y atención
a las consecuencias de la pandemia sobre el sector, llegaron recién en el mes
de junio mediante el “Programa de Asistencia Crítica y Directa para la
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena” (con un monto asignado de 30
millones de pesos a ejecutar en aportes no reintegrables y en forma directa)
dirigido a aquellos productores inscriptos en el Registro Nacional para la
Agricultura Familiar (ReNAF) y en “situación de
riesgo productivo como consecuencia de escenarios ocasionados por eventos
climáticos, sociales o particulares extremos”, como indica la Resolución del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP)
138/2020.
Por otro lado, si
bien no existe evidencia científica de que el COVID-19 se transmita a través de
los alimentos (RSA-CONICET 2020), la presión sobre la agricultura familiar en
términos de sanidad e inocuidad puede llegar a ser cada vez mayor como
consecuencia de la pandemia (leyes, inspecciones y controles). A su vez, la
mayor demanda de alimentos frescos y sanos de origen orgánico o agroecológico
por parte de los consumidores también generará la necesidad de establecer
mecanismos de certificación específicos. Habrá un campo de disputan en este
sentido (técnica y política) que requerirá de un rol activo del Estado (en sus
diferentes niveles) y de la comunidad científica en general (universidades y
agencias de ciencia y técnica).vii
Consumir,
¿es un acto político?
Consumir
alimentos es, evidentemente, una acción vital. Lo es en la media en que, como
especie, debemos satisfacer ciertas necesidades biológicas de distinto tipo que
garantizan nuestra reproducción. En verdad, lo vital es alimentarse. Consumir
alimentos supone otras operaciones “agregadas”: decidir qué, cómo y dónde nos
alimentamos. Como señala Aguirre (2004), el proceso de alimentación de un grupo
humano activa un conjunto de instituciones sociales puesto que implica
producir, distribuir, consumir y legitimar qué come cada quién.
Según
esta autora, en cada una de estas esferas es posible identificar crisis. En la
de producción, crisis de sustentabilidad y, agregamos, de modelos productivos (Altvater 2011). En la de distribución, de equidad
(partiendo de la alimentación como un derecho humano esencial) y en el consumo,
de comensalidad. Esto último es de gran relevancia
pues evidencia cómo cambian nuestros hábitos de consumo: ¿por qué tomamos unas
decisiones y no otras sobre lo que consumimos? Por supuesto, en nuestras
estrategias de consumo participan una compleja suma de aspectos: económicos
(poder adquisitivo); socioculturales (a qué sector de la estructura social
pertenezco, con qué pautas o estilos de vida); históricos (de transferencia
familiar, por ejemplo) entre otros.
Cuando
restringimos el consumo al consumo de alimentos la cuestión se complejiza por
esa necesidad vital que planteamos. Para problematizar este aspecto en el
contexto que nos toca consideraremos dos cuestiones que creemos centrales: 1)
afirmar que consumir es un acto político y 2) no es posible problematizar el
consumo como un acto político sin considerar la seguridad y soberanía
alimentaria como contexto generalizado.viii
La
idea de que “consumir es un acto político” tiene una profunda relación con la
dimensión comunitaria de la vida política (Quiroga 1996), y como tal, de la
participación de la ciudadanía en el espacio público. Supone conocer quién o
quiénes, individual o colectivamente, están “detrás” de eso que consumimos:
cómo se produce, con qué tipos de insumos, qué procesos sociales intervienen en
esa producción. “Consumir, es un acto político, si nosotros consumimos
alimentos que no sabemos cómo fueron producidos, capaz que avalamos
fumigaciones en campos, fumigaciones a nuestros hermanos” (Sofía, productora
agroecológica de Córdoba, en La Tinta
2016).ix
Está
asociado entonces con la elaboración de alimentos en términos globales. La
agroecología emerge como un modelo alternativo al agronegocio (de producción y
exportación de commodities,
para caracterizarlo en pocas palabras). Supone producir, en este caso,
alimentos sin agrotóxicos, siendo cuidadosos con el ambiente, la naturaleza y
la salud. Pero supone también una forma de vincularse, de organizarse y, en
definitiva, de vivir acorde a esa dimensión comunitaria de la vida
política.
Erróneamente,
y sobre todo desde ciertos sectores de clase media urbana, se ha puesto de moda
cierto “consumo responsable” y como resultado, las redes sociales se saturan
con hashtags asociados con “la huerta en casa”, “la mermelada de la feria” o
“la harina de la cooperativa”. Esto no resulta suficiente para dar cuenta de la
politicidad del acto de consumir, y de consumir
alimentos en particular. Suele quedarse, a riesgo de exagerar, en una pose que
difícilmente se introduzca de modo permanente en las estrategias de consumo y comensalidad.
Esta
concepción resulta relevante en los modos de articulación, producción y
comercialización de un conjunto de sujetos asociados con la agricultura
familiar y la economía popular. Simultáneamente, un grupo importante de
consumidores ha comenzado a “revisar” sus estrategias de consumo.
Lamentablemente, no tenemos datos que nos permitan cuantificar estos procesos y
solo podemos apelar a algunas experiencias micro y a nuestra propia
observación. Sin embargo, creemos que en este
particular contexto de pandemia, que nos limita a quedarnos en casa (con
condiciones habitacionales preocupantemente diversas en Argentina), ha abierto
un paréntesis para la construcción de estrategias realmente vinculadas con el
acto político de consumir, al menos en el caso de los alimentos. La contracara
de esto, como hemos observado en el apartado previo, supuso la “reinvención” de
las estrategias de distribución y comercialización de los agricultores
familiares.
De
acuerdo con un informe de INTA sobre datos recogidos durante el ASPO, alrededor
del 85% de los hogares encuestados modificaron las modalidades habituales de
compra de alimentos. Paralelamente, “la disminución de consumo más marcada se
observó en los alimentos listos para consumir, seguidos por los productos
congelados, snacks, bebidas gaseosas y jugos, frutos secos, dulces, conservas,
quesos y fiambres. En referencia a comidas preparadas y listas para consumir,
el 71% admitió haber reducido su consumo, por motivos como la mayor disposición
de tiempo para cocinar, el temor al contagio y económicos” (INTA 2020).
Esta
primera aproximación a cambios (que en principio no pueden afirmarse como
duraderos) representa para la agricultura familiar una oportunidad, pero
también una debilidad. Oportunidad en cuanto hay un viraje forzoso en términos
de consumo de alimentos que está vinculado con un mayor interés en la agroecología
de modo general. Pero también debilidad, en cuanto ciertos estándares de
calidad continúan siendo un obstáculo:
Mientras las familias
productoras mutaron a la agroecología, consumidores y
consumidoras con preocupación en el cuidado del medio ambiente y también
de su propia alimentación cambiaron sus prácticas de consumo: redujeron las
compras en los supermercados y empezaron a alimentarse con bolsones de frutas y
verduras orgánicas o sin agrotóxicos. Existía la demanda y la oferta.
Consumidores y productores. Sin embargo, la comercialización fallaba, o como
mínimo era desprolija. Entonces, en ese contexto la Unión de Trabajadores de la
Tierra abrió su primer almacén de Ramos Generales en Luis Guillón, provincia de
Buenos Aires, en donde ofrece verdura y fruta agroecológica y productos de
almacén justos y soberanos” (UTT 2020).
En
relación con lo anterior, el estudio citado indica que es necesario “obtener
información que permita a los distintos actores de la Cadena Agroalimentaria
Nacional pensar soluciones y adoptar buenas prácticas de higiene a fin de
minimizar los contagios y asegurar la inocuidad de los productos” (INTA 2020).
Por
otro lado, señalamos la idea de que no es posible problematizar el consumo como
un acto político sin considerar la cuestión de la seguridad alimentaria.
Tomaremos aquí esta idea a partir de Aguirre (2003), quien la entiende como un
“derecho de todas las personas a una alimentación cultural y
multidimensionalmente adecuada”. La autora sitúa esta cuestión en el marco de los
hogares y de sus decisiones de consumos alimentarios. Aquí, la situaremos en un
contexto más amplio, considerando el modelo de producción de alimentos y sus
alcances.
Como
señala Altvater (2011), retomando a Karl Marx y Rosa
de Luxemburgo, la reproducción ampliada del capital supone, indefectiblemente,
el aumento de las tasas de crecimiento, pero ¿cómo sostenerlo sin dislocar en
forma permanente todos los ciclos de la reproducción ecológica? No es una
novedad, pero representa una de las paradojas centrales de la actualidad del
modo de producción capitalista. La producción de alimentos y, esencialmente, su
distribución está profundamente vinculada con esta etapa del capitalismo. En el
caso argentino, el agronegocio ha sido dominante en cuanto a qué se produce
(granos y especialmente soja de carácter transgénico), cómo se produce (por
medio de agrotóxicos, expansión de la escala media, acaparamiento de tierras,
etc.) y cuánto se produce (a granel, con el fin de generar commodities de exportación).
En
el caso argentino, el agronegocio ha sido dominante en cuanto a qué se produce
(granos
y especialmente soja de carácter transgénico), cómo se produce (por medio
de
agrotóxicos, expansión de la escala media, acapa- ramiento de tierras, etc.) y
cuánto
se produce (a granel, con el fin de generar commodities
de exportación).
Este
modelo ha tenido efectos directos e indirectos no solo en qué y cómo comemos,
sino también en qué y quiénes producen; siendo los productores familiares
asociados con la producción de alimentos y la agroecología los más
desfavorecidos. Argentina es reconocida ampliamente como un país productor de
alimentos, pero esa no es la cuestión. El problema es que no todas y todos
pueden comer. Es decir, no todas y todos tienen acceso a alimentos. Esto es un
problema de derechos que se encuentra directamente asociado con la seguridad y
la soberanía alimentaria.
La
discusión sobre los modelos extractivistas no es nueva (Altvater
2011; Svampa 2016, entre muchos otros), tampoco su
vínculo con la seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, es revisitada, o
puede serlo, en el contexto pandémico. Lo es, nuevamente, como una gran
oportunidad de virar hacia otras estrategias de acumulación que están dando
señales de éxito y que se presentan como modelos alternativos al agronegocio:
la agroecología, por ejemplo. Esto sitúa el plano de la discusión no ya en la comensalidad, los consumos y los alimentos, sino en el
plano de pensar la sociedad que queremos y el rol que, en definitiva, la
dimensión estatal de la política –en otras palabras, el Estado– desempeña al
respecto.
Si
volvemos a nuestra pregunta “consumir, ¿es un acto político?” creemos factible
afirmar que lo es: en términos de consumo, de decisiones de las personas y los
hogares, pero también en términos sociales, en cuanto a políticas públicas y
estrategias de acumulación. Este supuesto resulta fundamental para la construcción
que se viene.
Oportunidades
en la pospandemia
La
crisis generalizada provocada por la pandemia resulta en verdad una crisis más
en el contexto de consolidación del modelo del agronegocio y su lógica
extractivista. La responsabilidad antrópica de esta crisis ha sido subrayada
por numerosos especialistas y no es una novedad. Esta pandemia visibiliza una
crisis global muy vinculada con el capitalismo como modo de producción y,
fundamentalmente, de consumo. Tal como señala Muñoz Sueiro (2020):
Las
consecuencias de la expansión de la COVID-19, aparentemente enmarcadas como una
crisis sanitaria, están poniendo al descubierto una pandemia mucho más grave,
mucho más arraigada, mucho más peligrosa: la de una crisis sistémica que va
mucho más allá de la esfera de la salud y que estaba ahí mucho antes de que
escucháramos la palabra coronavirus.
En
este contexto, como hemos mencionado, en Argentina se discute fuertemente sobre
un aspecto central de esta crisis global: la producción animal intensiva a partir
de la figura de macro-granjas porcinas. En plena
pandemia, el Gobierno nacional entabla negociaciones –prácticamente cerradas–
con China con el fin de instalarlas en el territorio nacional. Debe señalarse
que el gigante oriental ha tenido varias experiencias negativas en este sentido
y cualquier parecido con la realidad corre por cuenta del lector: la producción
porcina de este país fue azotada por gripes, fenómeno que limitó su desarrollo
provocando vaivenes en la oferta de carne de cerdo a escala mundial y
desequilibrios ecosistémicos relevantes. Sin embargo, y no obstante las
diferentes manifestaciones de la sociedad civil, y las voces de expertos,
científicos y activistas que equiparan el acuerdo chino con la liberalización
de la soja transgénica de 1996,x las
negociaciones siguen su curso por medio de Cancillería: “para la Argentina, el
proyecto representa (supuestamente) duplicar la producción actual. Y desde el
punto de vista de la agricultura implica un relanzamiento –para alimentar a
estos animales– de la producción transgénica basada en agrotóxicos, cuyos
efectos cancerígenos han sido señalados por la OMS y por la justicia
norteamericana en las causas contra Monsanto por el uso del glifosato Roundup” (La
Vaca
2020).xi
Una
vez más resuena el mito “eldoradista” señalado por Svampa (2016) para remarcar la ilusión desarrollista con
que se piensan las salidas a las crisis y el crecimiento económico en los
países latinoamericanos, a través de la explotación de sus recursos naturales
(una suerte de tesoro escondido, cuyo hallazgo nos sacará
de la pobreza y solucionará mágicamente nuestros problemas).
En
este sentido, el vínculo con el agronegocio está más vigente que nunca y
cualquier posibilidad de transición hacia un modelo que recupere los bienes naturales
como tales, y no como recursos de exportación, parecen suspendidas. La ventana
de oportunidad que abrió a medias la pandemia pareció cerrarse con la noticia
del acuerdo con China y las iniciativas promovidas desde el Consejo
Agroindustrial Argentino (CAA) para incrementar las exportaciones en el marco
de un Plan Federal (2020-2030) de Reactivación Agroindustrial. Con las macro-granjas y estas propuestas que profundizan el modelo
agroexportador, se ponen en tensión el modelo productivo agropecuario y el
imaginario social sobre su importancia para el conjunto de la ciudadanía.
No
obstante, el contexto de la pandemia también promovió y generó de forma
auspiciosa una serie de iniciativas y reflexiones sobre la esencialidad de las
actividades de producción, abastecimiento y calidad de los alimentos, que han
puesto bajo la lupa la forma en que se establece el vínculo con la naturaleza y
el acceso a los alimentos en las grandes metrópolis y ciudades.
Las
propuestas de salida a través del incremento de actividades agropecuarias de
exportación, resultan poco novedosas y eficaces para resolver los problemas
vinculados con la alta concentración demográfica (especialmente en el Área
Metropolitana de Buenos Aires –AMBA–)xii
y el estilo de vida urbano que deriva del mismo. La profundización del modelo agroexporatador se ofrece como una oportunidad de
crecimiento económico y acceso a divisas, pero no logra articularse como parte
de una estrategia o política de producción y comercialización de alimentos
sanos y accesibles para la ciudadanía.
El proceso de “desglobalización” que acontece por las restricciones a
la movilización internacional y nacional en este contexto, permite la
revitalización de las estrategias de abastecimiento local o regional por medio
de cadenas cortas de comercialización y actividades cooperativas en redes de
suministro social y económico. El acceso a las TIC ocupará un rol central en el
fomento de economías circulares en los territorios, concentrando la información
relacionada con oferta y demanda que pongan en contacto a productores y
consumidores, pero también para hacer efectiva la articulación de pequeños
productores con los programas de ayuda alimentaria del Estado. El programa
“Argentina contra el Hambre”, por ejemplo, funciona a través de una tarjeta
alimentaria que cuenta con dinero acreditado para que los beneficiarios lo
gasten en comida. Si el pequeño productor no cuenta con un posnet,
ese dinero y consumo se transfiere directa- mente a las grandes distribuidoras.
La
planificación y el ordenamiento de los territorios resulta fundamental como
estrategia para resolver
problemas
vinculados con
el
acceso y la producción de
alimentos,
pero también con la forma en que se
habita
y se vive en los medios urbanos y rurales.
A su vez, las
dificultades del abastecimiento de alimentos frescos que la pandemia ha puesto
sobre el tapete han tenido su correlato paradojal en los pueblos rurales y
ciudades intermedias que reciben la mayoría de lo que consumen de los mercados
centrales de las grandes ciudades (con el consecuente incremento de costos
económico y ambiental por traslados y la disociación entre espacios rurales de
producción de alimentos y espacios urbanos de consumo). Estamos frente a una
nueva serie de problemáticas que nos de-safía a
repensar el rol del Estado y las políticas públicas en los espacios mixtos o de
interfese
entre el campo y la ciudad (Schmiter et al.
2019). Los periurbanos, por ejemplo, son zonas tradicionalmente asignadas para
la producción y abastecimiento de alimentos fruti-hortí-
colas y animales de las ciudades, pero también para la localización de
asentamientos irregulares y barrios residenciales o de espacios recreativos y
clubes deportivos. Según Feito et al. (2019) estos
espacios han sufrido una presión “desde adentro” de las ciudades por el mercado
inmobiliario y una presión “desde afuera” por la competencia sobre el uso del
suelo para el cultivo de granos para exportación. De este modo, la planificación y el
ordenamiento de los territorios resulta fundamental como estrategia para
resolver problemas vinculados con el acceso y la producción de alimentos, pero
también con la forma en que se habita y se vive en los medios urbanos y
rurales.
En este sentido,
observamos una serie de iniciativas provenientes de la acción coordinada entre
organizaciones sociales y agencias estatales que resultan auspiciosas en estos
tiempos de pandemia que transitamos.Por un lado, nos
referimos a una diversidad de proyectos parlamentarios (nacionales,
provinciales y municipales) para la protección de los cinturones verdes (contra
el avance inmobiliario sobre zonas rurales) y de promoción de la agricultura
periurbana de proximidad, a través de la creación de Parques Agrarios y/o Colonias
Agroecológicas. En estos proyectos se promueven corredores verdes que, además
de proveer de alimentos frescos y sanos a la población, brindan servicios
ecosistémicos (permiten la infiltración de agua y evitan inundaciones) y
favorecen los proceso de desconcentración poblacional
de los grandes conglomerados urbanos a partir de la relocalización de quienes
producen alimentos. Tal es el caso de las Colonias Agroecológicas de
Abastecimiento Urbano promovidas por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)
en convenio con municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, cuyo
objeto es que grupos de familias agricultoras puedan vivir y producir
cooperativamente ocupando terrenos fiscales en desuso y abastecer de alimentos
frescos, sanos y baratos a las localidades próximas. A su vez, todas estas
iniciativas legislativas de ordenamiento territorial parecen lograr ensamblar
de un modo coherente en el marco de un gran Plan de Desarrollo Humano Integral
denominado Plan San Martín (o “Plan Marshall Criollo”) que el gobierno nacional
está impulsando en el contexto de la pandemia (pero pensando en la pospandemia) junto a organizaciones gremiales y movimientos
sociales con el fin de promover el trabajo y el reordenamiento del país
concentrado en el AMBA. El mismo contempla la realización de obras públicas
para la urbanización de barrios o asentamientos irregulares, la creación de
colonias agrarias para proteger y fomentar las áreas de producción de alimentos
saludables y a bajo costo, y el fomento de emprendimientos cooperativos de la
economía popular (textiles, reciclados y circuitos de cuidado), aunque se
encuentra en un estado incipiente de diseño y diálogo político para su
implementación y ejecución efectiva.
En
esta línea se lanzó también el Programa Sembrando Soberanía Alimentaria, que
transfiere más mil millones de pesas a las provincias, municipios y
organizaciones para que consoliden sus entramados territoriales de producción,
elaboración y abastecimiento local y regional de alimentos.xiii
Por
otro lado, y atado a este tipo de iniciativas, hay que señalar que la
agroecología y sus propuestas son un hecho en la Argentina. Año tras año se
multiplican los programas, cursos de formación, carreras universitarias y áreas
del Estado que promueven acciones en este sentido. La recientemente creada
Dirección Nacional de Agroecología al interior del MAGyP
(por Res. 1441/2020) resulta un hecho institucional de relevancia que da cuenta
del avance social y político que está teniendo la agroecología en el país.xiv La misma ha sido el resultado de la
acción militante de personas del ámbito académico, instituciones de ciencia y
técnica, ONG y movimientos ambientales, pero también del acompañamiento de una
creciente trama de organizaciones de producción, distribución y consumo que han
cobrado gran vitalidad en el marco de la pandemia y le han otorgado entidad
concreta en los territorios por medio de: nodos de consumo agroecológico,
ferias, mercados y almacenes agroecológicos, huertas comunitarias y casas de
semillas, unidades productivas y quintas agroecológicas con venta directa y la
Red Nacional de Municipios por la Agroecología (RENAMA).xv
Hay
que destacar que la tradición histórica reivindicativa de los sujetos de la
agricultura familiar y sus organizaciones incluía muy marginalmente las
temáticas ambientales y menos aún las propuestas agroecológicas. Sin embargo,
el viraje sectorial de la agricultura familiar en este sentido es notorio y se
observa en la articulación de actores y acciones colectivas centradas en las
experiencias de transición y producción agroecológicas que comenzaron a
consolidarse en el marco del Foro Agrario Soberano y Popular (FASyP) de mayo de 2019xvi y que renovaron su
impulso en el contexto de la pandemia y del comienzo de la nueva gestión de
gobierno nacional durante 2020.
En
el FASyP se planteó la incorporación determinante de
una agenda territorial que puso en interrelación aquellas demandas clásicas de
la agricultura familiar con la búsqueda de formas de transición a la
agroecología, como un enfoque agronómico, ambiental, social y, por sobre todas
las cosas, político que les ha permitido instalar en la ciudadanía sus
demandas, problematizando el tema del costo, calidad y acceso a los
alimentos.
La
articulación de la UTT y la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos
(MTE) con las organizaciones campesinas e indígenas de tradición agraria y
rural, brindaron cierta renovación sectorial de la agricultura familiar,
planteando las problemáticas de su base social, compuesta mayoritariamente por
quinteros y productores de alimentos de los periurbanos de las grandes ciudades
(Pérez y Urcola 2020). El contexto de la pandemia ha permitido consolidar estas
alianzas, dándoles la oportunidad para poner en práctica sus iniciativas y
mostrar que tienen la capacidad operativa para llevarlas adelante y abastecer
de alimento a la ciudadanía.
Durante
el ASPO, los referentes de la UTT que ocupan lugares de gestión en el Mercado
Central de Buenos Aires han promovido el Compromiso Social de Abastecimiento
mediante un acuerdo de precios entre los operadores de dicho mercado y han
potenciado las acciones sociales de donación voluntaria de frutas y verduras
para entidades de bien público (comedores, ollas populares, etc.). También
están avanzando en la creación de una gran Planta de compostaje con el fin de
lograr que los residuos orgánicos que se generan en el Mercado vuelvan a ser
abono natural del suelo (transformándolos en fertilizantes accesibles para los pequeños
productores de alimentos) y están promoviendo la formación en agroecología de
los técnicos del Mercado.
Del
mismo modo, los referentes del Frente Agrario del Movimiento Evita y del MTERural que integran la Secretaría de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), establecieron como prioritarias las
estrategias de fortalecimientos de suministro local para que los agricultores
familiares puedan abastecer a las comunidades donde están insertos en el
contexto de la pandemia. Con este fin, crearon el Programa de Promoción del
Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL, Res. del MAGyP
166/2020).xvii
Estas y otras iniciativas de asistencia para el sector llevadas adelante desde
la SAFCI, intentan dar cuerpo a la Ley 27 118 de “Reparación Histórica de la
Agricultura Familiar” que fue sancionada en 2014, pero sin reglamentación ni
presupuesto específico hasta el día de hoy. Para las organizaciones que
gestionan estos espacios, dicha ley funciona como una suerte de programa de
gobierno centrado en acciones que promuevan la generación de valor agregado y
empleo local, el acceso a tierra, agua y otros recursos productivos, la
regularización de la tenencia de la tierra, el fortalecimiento de las
institucionalidad local asociativa, la valoración de los modos de producción
ancestrales, la promoción de prácticas agroecológicas, el abastecimiento del
territorio local y de programas estatales con productos de la agricultura
familiar, entre otros.
En
síntesis, el contexto disruptivo de la pandemia ha permitido visibilizar y
problematizar situaciones de desigualdad e injusticia referidas al proceso de
producción, circulación y consumo de alimentos. Al mismo tiempo se han abierto
las condiciones de posibilidad para profundizar procesos de cambio e innovación
que se venían manifestando desde las organizaciones de la agricultura familiar
y de la economía popular (Pérez y Urcola 2020), con críticas a la centralidad
del modelo productivo del agronegocio, con propuestas agroecológicas de
producción de alimentos, cadenas cortas de comercialización y de venta directa,
e iniciativas de compra pública para el abastecimiento de escuelas, hospitales
y cárceles en términos de soberanía y seguridad alimentaria.
Reflexiones
finales
El contexto de la
pandemia y las restricciones a la movilidad que impuso el ASPO en Argentina
produjeron una sensación de vulnerabilidad generalizada que se tradujo en una
serie de debates sobre aquello que es esencial y aquello que no para la
reproducción cotidiana de la vida ciudadana. Dichos debates pusieron
rápidamente a los agricultores, transportistas y distribuidores de alimentos en
el centro de la escena e indirectamente a la forma en que se organizan los
territorios en este sentido.
Los contextos de crisis y
escasez son los que permiten la problematización social y el ingreso en las
agendas de gobierno de aspectos o cuestiones que sonarían tímidamente en
contextos de abundancia y estabilidad. Tal es el caso de los alimentos y el
interés que despertó en la ciudadanía durante el contexto de la pandemia: sobre
su origen productivo y territorial, sobre las formas de circulación,
abastecimientos y comercialización que impactan en sus costos y precios y sobre
la inocuidad y calidad de los alimentos que se consumen en los hogares.
En este artículo hemos
querido señalar los cambios progresivos que han afectado particularmente a la
agricultura familiar durante la pandemia desde un supuesto fundamental: la
producción de alimentos que proviene de los diversos sujetos de la agricultura
familiar resulta esencial y nos invita a reflexionar sobre los procesos más
amplios y territorialmente situados de abastecimiento y consumo de alimentos en
la sociedad. Este contexto ha contribuido a visibilizar a estos sujetos y a las
concepciones políticas y sociales que los constituyen individual y
colectivamente como actores fundamentales para pensar la articulación entre los
territorios urbanos y rurales. Nuestra intención ha sido marcar su carácter
esencial a partir de sus efectos en la producción, circulación y consumo de
alimentos en Argentina y para definir estrategias y políticas de reordenamiento
de los territorios en esa clave.
Paradójicamente, el
contexto socioeconómico de la pandemia y las restricciones impuestas por el
ASPO, en términos de circulación y cuidado sanitario, generaron una serie de
efectos negativos y auspiciosos a la vez para la agricultura familiar
productora de alimentos y para la estructura general de abastecimiento de
alimentos frescos en los centros urbanos.
Para lograr un equilibrio
adecuado entre la producción de alimentos y la generación de excedentes de
exportación, es necesario estudiar mejor los mercados locales y cómo se
organizan territorialmente los sistemas alimentarios en cada región. La agricultura
familiar puede cumplir un rol central en términos productivos, ambientales y de
seguridad alimentaria, abasteciendo y ocupando los periurbanos de las ciudades,
evitando el monocultivo y fomentando sistemas agroalimentarios diversificados.
Pero también, como correa de transmisión de una representación política sobre
los alimentos que nos permita considerar los procesos complejos y determinantes
que se esconden en el acto de consumir y alimentarse.
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Notas
i
Tomamos la noción de territorialidad
desde la geografía crítica (Haesbaert
2013), donde lo espacial no puede ser concebido sin la presencia de
sujetos e instituciones que establecen entre si relaciones de poder. Esta
afirmación introduce la dimensión política del espacio, donde la conflictividad
será la dinamizadora social de esos sujetos e instituciones que pugnan por
gestionar el territorio en función de proyectos (propios y colectivos) e ideas
de pertenencia. De este modo, denominamos territorialización al proceso
dinámico y conflictivo de pertenencia, apropiación y construcción sociopolítica
de los espacios sociales (multiterritoriales) por
parte de actores sociales.
ii
Podemos rastrear el interés por la agricultura
familiar en los estudios campesinos de las décadas de 1960 y 1970 y sobre la
funcionalidad de la pequeña producción de la década de 1980 y mediados de la
década de 1990 (Schneider 2014). No obstante, es a comienzos del nuevo milenio
cuando esta categoría toma relevancia en nuestro continente en el marco de las
propuestas de intervención para el desarrollo de los territorios rurales (Sabourin et al. 2014). Entre 2000 y 2015, podemos señalar
cierto auge de esta categoría para englobar el estudio y la intervención sobre
determinados problemas del mundo agrario y rural desde diferentes perspectivas.
En términos generales, la agricultura familiar se ha presentado como una
categoría que ha permitido describir, clasificar e identificar determinados
sujetos y dinámicas socio-económicas propias del mundo rural (la del campesino
o el pequeño productor agropecuario y su mundo de relaciones), pero por sobre
todas las cosas, se ha presentado como un gran paraguas conceptual y empírico
para la discusión académica y la promoción de políticas que aborden las
contradicciones y conflictos de los territorios rurales y su articulación con
el medio urbano en el contexto actual (Urcola 2019).
v Es un programa que apunta a garantizar la seguridad alimentaria
de toda la población argentina, con especial atención en los sectores de mayor
vulnerabilidad económica y social, apoyándose en las acciones que lleva
adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y todo
otro programa y/o dispositivo institucional que se complemente y/o tenga como
finalidad última brindar respuesta a la temática alimentaria. En el marco de
esta iniciativa se distribuye la tarjeta Alimentar, para la compra de comida y
bebidas no alcohólicas. La reciben madres y padres con hijos de hasta 6 años de edad beneficiarios de la Asignación Universal por
Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por
Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.
vi Según encuesta realizada por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) en abril de 2020 en la provincia de Buenos Aires
(ver Viteri et al. 2020).
vii El Programa de Certificación de Buenas Prácticas Agroecológicas
lanzado recientemente por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) resulta
auspicioso en este sentido. Dicha certificación se realiza a través del COTEPO
(Consultorio Técnico Popular), integrado por referentes de esta organización y
el asesoramiento de personal técnico del INTA, SENASA y SAFCI, con el fin de
auditar a los productores y productoras que ofrecen
sus alimentos a través de sus Almacenes de Ramos Generales.
viii Comprendemos que las nociones de seguridad y soberanía
alimentarias se encuentran íntimamente relacionadas. Por este motivo, se
referirá a una u otra sin distinciones. Al respecto, ver https://bit.ly/3o3gcQz
ix Para definir la politicidad del acto de consumir hemos utilizado las investigaciones
citadas acerca de a) una concepción amplia de lo político y la política en
general, b) la evaluación de los consumos, en particular de los alimentos para
problematizar el vínculo analítico que se establece entre estas categorías, y
que recuperamos en el contexto de la pandemia. Los testimonios que aquí se
mencionan, en general, no constituyen evidencia empírica para dar cuenta de
nuestra hipótesis de trabajo, por el contrario, se toman simplemente como una
referencia discursiva más que, por su alcance, nos resulta relevante respecto
de este vínculo sobre el que nos interesa reflexionar.
x Nos referimos al momento en que se institucionalizó por
resolución estatal la comercialización y producción de transgénicos en el país.
Esto ocurrió durante la gestión de Felipe Sola en el marco de la entonces Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA),
quien casualmente ocupa en la actualidad el cargo de canciller e impulsa este
acuerdo con China. Estas voces pueden encontrarse en: https://bit.ly/2HPoGLJ
Acceso el 11 de agosto 2020. xi
Es importante mencionar que Cancillería se reunión con representantes de la
Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) a quienes se intentó “convencer”
acerca de las ventajas de este acuerdo y la continuidad del agronegocio. Un
dato que sorprende es la usencia de las carteras de Agricultura y Agricultura
Familiar y Campesina en la negociación. De manera transversal podría marcarse
esto como un indicador de la jerarquía que espacios de gestión y problemáticas
concretas tienen –o continúan teniendo– en este contexto: el agronegocio sigue
siendo dominante en las decisiones de gobierno. Al respecto, ver https://bit.ly/3fMNr7Ay https://bit.ly/3ldmmvC
xii Área urbana común
integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (o Capital Federal) y 24
partidos de la Provincia de Buenos Aires. Se caracteriza por ser el área urbana
más densamente poblada del país (concentra el 30% de la población nacional). xiii El mismo se enmarca
dentro del Plan “Argentina contra el Hambre”, impulsado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. xiv
La misma tiene como fin “intervenir en el diseño e instrumentación de
políticas, programas y proyectos que promuevan la producción primaria intensiva
y extensiva de base agroecológica, en todas sus escalas, con la participación
de productores y/o sus organizaciones, articulando acciones con los gobiernos
provinciales y municipales. Participar en la formulación de medidas de
formación, investigación y extensión, para apoyar la transición hacia modelos
productivos, de comercialización y de consumo de base agroecológica” (Anexo II,
Res. 1441, MAGyP).
xv Ver mapa de la Red
Interregional de Nodos de Consumo Agroecológico de Argentina. Acceso el 11 de
agosto de 2020. https://bit.ly/2KPXv4y
xvi En dicho encuentro se reunieron cerca de 4000 personas
aglutinadas en más de 100 organizaciones sociales, agrarias, sindicales y
universitarias para debatir sobre propuestas de políticas públicas vinculadas
con la agricultura familiar y la seguridad alimentaria del país (ver Pérez y
Urcola 2020).
xvii Con un
monto asignado de 10 millones de pesos, dicho programa está orientado al abastecimiento local en cinco líneas de producción
de alimentos (huevos, pollos, porcinos, leche y horticultura), por medio de la
conformación de Unidades Productivas Asociativas de Agricultura Familiar (UPAF)
dirigidas a desocupados, subocupados y productores de
la agricultura familiar inscriptos en el ReNAF.