Eutopia. Revista de Desarrollo Económico Territorial N.° 19, junio 2021, pp. 54-76
ISSN 13905708/e-ISSN 26028239
DOI: 10.17141/eutopia.19.2021.4981
Pandemia y jóvenes en territorios rurales de
Argentina
Pandemic and youth in rural
territories in Argentina
Laura
Alcoba. INTA, UNJU. alcoba.laura@correo.inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0002-2239-8078
Maria
Noelia Salatino. INTA CONICET. salatino.maria@inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0001-9912-0720
María
Florencia Chavez. INTA. chavez.maria@inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0002-2578-947X
Leticia
Gonzalez.. INTA, UBA. gonzalez.leticia@inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0002-2130-026X
María
Belén Quiroga Mendiol.
INTA, UNJU. quiroga.belen@inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0002-3292-1352
Cómo citar este artículo: Alcoba, Laura, Maria
Noelia Salatino, María Florencia Chavez,
Leticia Gonzalez y María Belén Quiroga Mendiola. 2021. “Pandemia
y jóvenes en territorios rurales de Argentina”. Eutopía. Revista de Desarrollo Territorial 19. DOI
10.17141/eutopia.19.2021.4981
Recibido: 02/04/2021 -
Aceptado: 19/05/2021
Publicado: 30/06/2021
Resumen: El presente artículo analiza la situación de jóvenes
rurales y su percepción respecto de la coyuntura de pandemia y aislamiento.
Resulta de interés en cuanto la pandemia ha agravado la situación de
vulnerabilidad estructural que los caracteriza. Generalmente las juventudes son
quienes cuentan con mayor capacidad de aprendizaje, adaptación y asimilación de
nuevas tecnologías, volviéndose un grupo estratégico dentro del marco del
desarrollo rural sostenible. Sin embargo, gran parte de las y los jóvenes que
permanecen en la agricultura o áreas rurales se ven afectados por una
multiplicidad de factores, exacerbados frente a la crisis sanitaria mundial.
Para este artículo se
analizaron 96 encuestas de jóvenes entre 15 a 29 años relevadas en Argentina en
pandemia (COVID-19), realizadas a referentes de distintas localidades y
comunidades rurales del país. Se indagó sobre variados temas relativos al
contexto de aislamiento y gestión de la pandemia.
El propósito es aportar al
conocimiento de la situación de desigualdad de las juventudes rurales. Para el
desarrollo de los territorios, resulta fundamental reconocer su inclusión como
sujetos de política pública, otorgarles espacio de participación, integrarlos
en una mirada prospectiva, fortaleciendo oportunidades para que su arraigo en
el campo pueda ser alternativa.
Palabras clave: Argentina; desarrollo territorial;
juventudes; pandemia.
Abstract:This
article analyzes the situation of rural youth and their perception of the
pandemic and confinement. The pandemic has aggravated the situation of
structural vulnerability that characterizes them.
Normally, young
people have the greatest capacity to learn, adapt and assimilate new
technologies, which makes them strategic for sustainable rural development.
However, many of them who remain in agriculture or in rural areas are affected
by multiple factors, aggravated by the global health crisis.
For this article, 96
people between the ages of 15 and 29 were surveyed. The surveys were conducted
among representatives of different cities and rural communities in Argentina.
We inquired about different topics related to the context of confinement and
management of the pandemic.
We aim to contribute
to the knowledge of the vulnerability of rural youth. For rural development, it
is essential to recognize their inclusion as subjects of public policies, to
allow them to participate, to integrate them in a prospective view, strengthening
the opportunities for their rooting in the countryside and becoming an
alternative.
Keywords: Argentina; rural development; youth; pandemic.
En el año 2020, desde el Proyecto Estructural
“Estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias
agropecuarias y la integración de jóvenes rurales”, perteneciente al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se realizó un relevamiento en
Argentina. El propósito fue indagar sobre la situación que estaban atravesando
las familias rurales en contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO), medida que el Estado argentino estableció en marzo de ese año, frente a
la pandemia del COVID-19[i].
Argentina inició la pandemia con una
situación socioeconómica compleja. Según fuentes oficiales del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el segundo semestre del 2019 la
pobreza alcanzó al 35% de la población, unos 14 millones de personas, mientras
la indigencia ascendía al 8% según datos. Para fines del 2019, los indicadores
del mercado laboral señalaban un 8,9% de desocupación para el total de
aglomerados urbanos del país. Así, el país enfrentaba el reto de la pandemia en
un contexto de disparidades sociales y de carencias estructurales de larga data
(Kessler et al. 2020).
Estas medidas, que sin duda incidían en
la cotidianidad de todas/os las/os habitantes, suponían alteraciones singulares
en la ruralidad, al restringirse la circulación entre localidades. Al inicio,
fueron las zonas urbanas las principales afectadas por los contagios, mientras
la ruralidad no registraba un elevado índice de casos ni contagios. Sin
embargo, ya manifestaban problemas vinculados con el aislamiento obligatorio
-que se impuso de forma homogénea en todo el país, poniendo en evidencia
deficiencias de larga trayectoria que afectan zonas rurales.
Por entonces, gran parte de los análisis
evaluaban con preocupación el flujo de alimentos frescos del campo a la ciudad
y las estrategias alternativas para garantizar su disponibilidad en centros
urbanos. De manera que se identificó la necesidad de realizar un relevamiento
que permitiera conocer los modos en que se vio afectada de forma particular la
vida cotidiana de las comunidades rurales de la Argentina. Dicha información,
difícil de reunir en ese momento, podía contribuir a diagramar posibles
estrategias para aliviar la situación suscitada por la pandemia.
El presente artículo y a los fines de
esta convocatoria, analiza puntualmente las respuestas en dicho relevamiento de
las/os referentes jóvenes de entre 15 y 29 años que habitan territorios
rurales, periurbanos o pequeñas ciudades (excluyéndose los grandes
conglomerados urbanos). El objetivo es dar cuenta de la particularidad de su
percepción respecto de la situación de pandemia y ASPO, en la medida que la
pandemia ha agravado la situación de desigualdad estructural que caracteriza a
las juventudes en América Latina.
Por juventud, se considera la etapa de la
vida que empieza en la pubertad y termina con la asunción plena de las
responsabilidades de la adultez, como estar a cargo de hogares económicamente
independientes. Si bien la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) en 1985
definió al grupo etario entre los 15 y los 24 años, a los fines de esta
investigación, se considera más apropiada, la definición que propone
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en la actualidad, que amplía el rango entre los 15 y 29 años[ii].
Teniendo en cuenta esta noción, es que se realizó el recorte para este estudio,
sin desconocer que el concepto de “juventud rural” implica abordar una
multiplicidad de aspectos y dimensiones, que excede el criterio meramente
etario, de igual manera que “ruralidad” excede la cantidad de habitantes o
especialización productiva vinculada a lo agrario[iii].
En las últimas décadas, junto con la
valorización de la Agricultura Familiar, se impulsa la relevancia y promoción
de estrategias para la Juventud Rural, en tanto factor de importancia en la
sucesión generacional en unidades productivas, agregado de valor y ámbitos de
representación sectorial. De todos modos, se advierte que la situación
socioeconómica de las mayorías de las/os jóvenes que permanecen en la actividad
agropecuaria o áreas rurales se ve compelida por una multiplicidad de factores
que propician la migración al ámbito urbano, junto con la influencia cultural
de medios de comunicación y la escasa disponibilidad de políticas públicas
específicas.
Entre las principales problemáticas que
se observan en los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se identifican:
dificultad de acceso a bienes de capital para independizarse de su familia,
falta de acceso a los circuitos de información y bajo grado de sociabilidad
debido a la dispersión geográfica (RIMISP 2020; Kessler 2005, 2007; Toro
Briones 1998). Otros estudios (Silvestre et al. 2001), plantean:
problemas sucesorios, explotaciones muy pequeñas que no resisten subdivisiones
y explotaciones donde gran parte de las/os hijas/os ha migrado. El primer caso
limita la posibilidad de permanencia, el segundo, por el contrario, plantea una
ruptura de los patrones sucesorios tradicionales al no contar con su reemplazo
"natural", con el riesgo a que las unidades sean abandonadas. Otras
interpretaciones, vinculan la exclusión de personas jóvenes, como ocurre con
las mujeres, con el hecho de que su trabajo no es reconocido ni retribuido, a
pesar del aporte fundamental al sostenimiento de las unidades domésticas
(Caputo1994, 1999, 2006; Durston 1997).
Sin embargo, las juventudes, generalmente
son quienes cuentan con mayor capacidad de aprendizaje, adaptación y asimilación
de nuevas tecnologías, volviéndose estratégicas dentro del marco del desarrollo
rural sostenible en la región. Al respecto, el acceso de las/os jóvenes rurales
a las actividades agrícolas, se vincula con varios desafíos. Además de
priorizar y asignar recursos para emprendimientos juveniles, implica
desarrollar estrategias integrales acordes con sus necesidades y de la unidad
familiar en general. Brindar un entorno de apoyo que les posibilite encontrar
formas innovadoras o alternativas y poder contribuir, también, al desarrollo de
sus propias comunidades.
La Organización Internacional del Trabajo
(OIT), a través del reciente informe (OIT 2020) ha dado cuenta de que las
principales problemáticas que afectan a dicho segmento se han agravado. Mediante
una encuesta realizada en 112 países, se advierte que la situación es más
crítica aún en países de bajos ingresos, afectando la continuidad escolar,
ampliando la brecha de acceso digital, disminuyendo el acceso al mercado de
trabajo y limitando el progreso en la carrera profesional. Efectos que,
exacerbados por la crisis sanitaria, han deteriorado sin duda la salud mental
de las juventudes.
De allí lo fundamental de reconocer su
inclusión como sujetos de política pública, otorgarles espacio de participación,
integrarlos en una mirada prospectiva de los territorios, fortaleciendo
oportunidades para que su arraigo en el campo pueda ser alternativa. Si bien
esta finalidad excede los alcances del presente estudio, se pretende contribuir
en esa dirección a partir de la generación de información pertinente. Para ello
se realizó una encuesta dirigida a referentes de comunidades rurales y de
pequeñas ciudades de Argentina, con el propósito de lograr mayor conocimiento
de la situación de desigualdad que ha incrementado la pandemia.
A continuación, se presentan los aspectos
metodológicos y las principales características sociodemográficas del segmento
de juventud alcanzadas mediante el relevamiento realizado. Luego, se ahonda
sobre la percepción de este grupo de jóvenes respecto de algunos ejes sensibles
a su realidad: trabajo y migraciones, acceso y continuidad educativa, acceso a
Tecnologías de la información y de la Comunicación (TIC), otras
repercusiones del aislamiento en la vida cotidiana (violencia de género y
estados de ánimo) y el rol de la intervención pública de emergencia.
1.
Aspectos metodológicos
y características generales de la población estudiada
A
mediados del año 2020, se llevó a cabo un relevamiento (Alcoba et al. 2021), que consistió en una encuesta a
referentes de distintas localidades y comunidades rurales de Argentina, donde
se indagó sobre variados temas relativos al contexto de aislamiento y gestión
de la pandemia[iv].
Los cuestionarios se enviaron por medios virtuales a informantes territoriales
con amplio conocimiento de las localidades de referencia y pertenecientes a
distintos ámbitos de desempeño y actividad (sistema productivo, educativo,
sanitario, en Organizaciones No Gubernamentales, sociedades de fomento,
comunidades, entre otros), tanto públicos como privados. Se privilegió, además,
la aplicación equitativa del instrumento a varones y mujeres de diferentes
franjas etarias, incluyendo específicamente a jóvenes y representantes de
pueblos originarios.
Entre las limitaciones impuestas por el
aislamiento, en ciertos casos, las/os referentes manifestaron desconocer
determinados aspectos de la situación de sus localidades. Sin embargo, la
presencia federal de INTA, así como la articulación con otras instituciones y
productoras/es que trabajan coordinadamente, posibilitó obtener un total de 786
respuestas de referentes de 450 localidades del país. Se indagó sobre variados
temas, desde la presencia de contagios, gestión de la pandemia y niveles de
acatamiento del aislamiento social; acceso a atención sanitaria, disponibilidad
de alimentos y otros bienes de primera necesidad; continuidad y acceso
educativo; incidencia sobre la actividad económica, el empleo y los ingresos
familiares; asistencia gubernamental de emergencia; vínculos intrafamiliares y
socio comunitarios.
Cabe señalar que la investigación
realizada no buscó alcanzar representatividad estadística, sino que el objetivo
fue la generación de información sobre la situación coyuntural de manera
práctica y sencilla, buscando obtener una ‘fotografía’ de diversos territorios
para poder considerar propuestas de trabajo e intervención.
Tal como se mencionó antes, el presente
artículo analiza puntualmente las respuestas de las/os referentes jóvenes de
entre 15 y 29 años, con el objetivo de dar cuenta de su percepción respecto de
la situación de pandemia y el ASPO en el país.
Para este rango de jóvenes referentes, se alcanzó a 96 casos,
pertenecientes a 17 provincias y 76 localidades rurales de la Argentina[v]. Los datos por macrorregión arrojaron los
siguientes resultados: un 9% de la Región Noreste; 36% de la Región Noroeste;
38% de la Región Pampeana; 15% de la Región de Cuyo y 3% de la Región
Patagonia.
Del total de las personas encuestadas
entre 15 y 29 años, un 63% son mujeres y el 37% varones. En comparación con los
resultados generales del relevamiento, la preponderancia de mujeres es
superior, siendo para aquél un 57% y 43%, respectivamente.
En la medida que la encuesta fue dirigida
a “referentes” locales, con conocimiento amplio de su comunidad, se obtuvo un
rango etario predominante, que promedió los 40 años. En
relación al rango etario seleccionado para este artículo, se observa que
la mayoría de las/os jóvenes referentes que respondieron a la encuesta, se
ubica entre los 24 y 29 años de edad.
Gráfico 1: Distribución
de edades de las/os encuestadas/os (en porcentaje)
Fuente: Elaboración
propia
Alrededor del 15% de las/os jóvenes
encuestadas/os se reconoce como miembro de algún Pueblo Indígena Originario,
siendo los Pueblos Colla y Diaguita los más frecuentes; luego se mencionan Omagaca, Tehuelche y Qom. Comparado con los otros rangos
etarios, es superior el porcentaje de auto reconocimiento como miembro de un
pueblo originario en el fragmento joven y en su mayoría pertenecen a provincias
del Noroeste argentino.
En cuanto a la actividad o ámbito en el
que se desarrollan las personas jóvenes relevadas, se observa que,
principalmente, mencionaron estar insertas en el ámbito educativo y en la
producción, seguido de administración pública y organismos del Estado. Cabe
aclarar en este punto que algunas/os de las/os encuestadas/os seleccionaron más
de una opción, alternando generalmente la actividad productiva con otra
ocupación extrapredial: producción y referente de
organización social, trabajo y estudio, entre otros.
Gráfico 2: Ámbito en
que se desempeñan las/os encuestadas/os
Fuente: Elaboración
propia
2. Percepciones de
las/os jóvenes rurales sobre los principales aspectos que afectaron a los
territorios en momentos de ASPO
2.1. Producción,
trabajo y migración
Entre las dimensiones incluidas en el
relevamiento resultó de particular interés indagar sobre diferentes
problemáticas vinculadas a aspectos productivos y del trabajo que afectaron al
país en los primeros meses del aislamiento. Este relevamiento, a diferencia de
otros realizados durante los primeros meses de pandemia (como Kessler 2020),
puso su foco en las comunidades rurales, buscando visibilizar algunas de sus
problemáticas específicas y las percepciones de las/os jóvenes encuestadas/os
en torno a las mismas.
Respecto de las principales actividades
afectadas por la pandemia, tanto el grupo de jóvenes como el de adultos,
señalaron que los comercios de productos
no esenciales, entre lo que se incluye ropa, calzado, juguetes, etc. (67%)
y servicios gastronómicos (58%)
fueron las que sufrieron los mayores embates. Esto da cuenta de una
problemática común a lo largo de todo el país y en el conjunto de localidades,
donde la mayoría de estas actividades, con excepción de algunos comercios que
realizaron servicio de puerta a puerta (delivery), se
mantuvieron totalmente paralizados durante las medidas de aislamiento
social.
Luego, mencionan el Turismo (51%) como una de las actividades más perjudicadas durante
la pandemia, debido a la prohibición de circular entre provincias y países;
seguida de la Producción de alimentos
(45%). Es importante señalar que actividades vinculadas con las industrias
alimenticias, la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de
pesca quedaban exceptuadas del cumplimiento del ASPO, por considerarlas
“esenciales” durante el período de emergencia (Decreto 297, artículo N°6). Si bien vieron afectado su normal
funcionamiento por el aislamiento y otras medidas restrictivas, no sufrieron
igual impacto que la gastronomía y el turismo, actividades prácticamente
paralizadas.
Los rubros Artesanías y Flores, sin duda fueron condicionados por las medidas
de aislamiento, pero en diferente magnitud según las localidades rurales del
país, en tanto dependen de las características de cada lugar. La situación de las artesanías aparece
vinculada a los embates en el sector turístico y a la suspensión de ferias o
actividades de este tipo. Son las/os jóvenes del Noroeste argentino (Catamarca,
Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) quienes las mencionan en mayor
medida. Para el caso de las flores, en muchas regiones del país, coincidió el
aislamiento con la época de cosecha perdiendo gran parte de la producción. La
afluencia de intermediarias/os se interrumpió al no habilitarse la circulación
entre provincias ni entre localidades y por la suspensión de ferias y eventos
de promoción y venta. La actividad también vio afectada su demanda, ante la
cancelación de toda actividad en ceremonias, cementerios y salas para
velatorios.
En relación a los motivos que
explican el por qué fueron mayormente afectadas las actividades, señalan: en
primer lugar, que se debió al cierre de
puntos de venta (60%); luego por la dificultad
para trasladar la producción (55%); en tercer lugar, por la caída del consumo (46%) y, por último, a
obstáculos para el acceso a los insumos
necesarios para producir. El señalamiento de estos motivos, puede variar en magnitud según región, pero los cierres de los
puntos de venta y la dificultad del traslado por la restricción de circulación
son siempre los más frecuentes.
Además, el estudio indagó sobre la
existencia de alternativas o de nuevas estrategias de producción o
comercialización en el contexto de la pandemia. En esta sección, se pretendía
conocer el alcance que tuvieron dichas estrategias y cuáles fueron las más
difundidas. Sin lugar a duda, la situación obligó a incorporar otras
alternativas de ventas y queda plasmado en que el 54% de las/os encuestadas/os
optó por indicar dicha opción. Mientras, el 21% de las/os jóvenes
encuestadas/os señalan que no se generaron nuevas estrategias.
Gráfico 3: Alternativas
y estrategias frente a la crisis, según las/los encuestadas/os
Fuente: Elaboración
propia
Otro punto importante para relevar fue la
situación del trabajo y los ingresos en
las comunidades rurales. Según datos del último censo nacional de población (CNPVyH 2010) dos de cada diez hogares
rurales en Argentina tienen alguna necesidad básica no satisfecha. En algunas
provincias, como Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco y Corrientes, este
dato alcanza a tres de cada diez hogares, situación agravada para aquellas
comunidades rurales dispersas. Los mercados de trabajo rurales, en su mayoría
vinculados a las actividades agropecuarias, presentan como característica
histórica y estructural altos niveles de informalidad y precariedad (Murmis 1994; Quaranta 2010;
Neiman 2012).
Esta característica no es unívoca de las
personas trabajadoras agrícolas, también afectan a quienes se ocupan en otras
ramas de la actividad económica como comercio, construcción, turismo,
gastronomía, también presentes en zonas rurales de Argentina. Según datos
censales, del sector ocupado que vive en zonas rurales del país, cuatro de cada
diez no tienen aportes jubilatorios, aumentando a cinco cada diez en las zonas
rurales dispersas -incluso en algunas provincias como Chaco y Misiones seis de
cada diez no tienen estos aportes-. Los altos niveles de informalidad en zonas rurales, se traducen en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social para las/os
trabajadoras/es y sus familias, aún más en el marco de la pandemia por
COVID-19. Esta situación se ve materializada en una rotunda definición de
las/os encuestadas/os, donde un 90% aseveró pérdida de empleo o reducción
salarial o de ingreso en las familias de sus localidades.
Luego,
se les consultó quiénes fueron las/os más perjudicadas/os por estos cambios,
ante lo cual se
percibe claramente a trabajadoras/es precarizadas/os o informales. La opción
que ha sido señalada, mayoritariamente, es trabajadoras/es
por cuenta propia, ocupadas/os en oficios, changas o venta ambulante. Para
muchas/os de ellas/os, el quedarse en casa no fue una opción, dando continuidad
a sus actividades y sorteando en lo cotidiano las medidas restrictivas.
La
segunda opción mencionada fue trabajadoras/es
temporarias/os, quienes, al tener un vínculo laboral a término, fueron uno
de los sectores más afectados. Luego en orden de importancia, se mencionó a trabajadoras/es informales en relación de
dependencia, quienes debido a esa condición no se ven protegidas/os por la
legislación y, ante la crisis generalizada, seguramente han sido variables de
ajuste en la reorganización financiera de sus empleadoras/es. Además, los primeros meses de aislamiento
coinciden con el fin de las cosechas, por lo que las actividades agrícolas
también disminuyeron en muchas de las localidades rurales sumado a las
restricciones de circular, afectando en gran medida a las/os trabajadoras/es
temporarias/os, quienes en su mayoría se encuentran sin registro. Esto
complejiza la afirmación de las/os jóvenes encuestadas/os que señalan las pérdidas
de empleos y la reducción de los ingresos.
Por último, también se menciona al
segmento de trabajadoras/es de
profesiones independientes, como sector afectado. Además de estas opciones,
las personas encuestadas señalan que son los varones jóvenes los más perjudicados por estas medidas, pero
también mencionan a mujeres jóvenes y personas adultas de ambos géneros.
Gráfico 4: Percepción
sobre los sectores más afectados del mercado laboral, según las/os
encuestadas/os.
Fuente:
Elaboración propia
Las situaciones mencionadas, como la caída
de la actividad económica, así como su repercusión
en el mercado de trabajo, sin lugar a dudas afectan de
modo directo a la economía doméstica, generando una pérdida del ingreso
familiar. En ese sentido, se indagó acerca de las modalidades que las familias
desarrollaron con el propósito de resolver la situación de emergencia, sea por
sus propios medios, sea de manera comunitaria o mediante la asistencia pública.
Intentando tener un panorama de la situación, en primer término, se preguntó
acerca de si las personas encuestadas advirtieron el surgimiento de estrategias
para resolver la caída del ingreso. Al respecto un 25% manifestó desconocer
sobre el tema y más del 40% consideró que sí.
Entre los casos afirmativos, las
estrategias más difundidas son la asistencia o entrega de alimentos y su
autoproducción. Esta última, a diferencia de los centros urbanos, constituye
una opción que puede ser adoptada con mayor facilidad y que -en muchos casos-
se hace ‘desde siempre’, pero durante el aislamiento se valora mucho más su
utilidad.
Las donaciones y los comedores comunitarios, fueron las otras dos alternativas más
recurrentes. Llama la atención la escasa asociación del Estado Nacional, con
relación a su intervención compensando la emergencia alimentaria. Probablemente,
entre las alternativas asociadas con la entrega de alimentos, no se perciba la
participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o que ésta haya
sido relevante sólo en las áreas metropolitanas, lugar donde en un primer
momento se desataron los mayores niveles de contagio.
2.1.1 La situación de
las/os trabajadoras/es migrantes
En
Argentina, se movilizan miles de trabajadoras/es a lo largo y ancho del país
para ocuparse en diferentes actividades agrícolas, principalmente para las cosechas,
siembra y mantención de los cultivos. La migración es una de las estrategias
familiares más frecuentes en los hogares rurales de Argentina (Quaranta 2017). Estas prácticas se expresan en
desplazamientos pendulares o circulares de diversa duración entre dos o más
áreas productoras, que convocan a trabajadoras/es estacionales. Los flujos
migratorios más significativos de las últimas décadas son los provenientes del
Noroeste y Noreste argentinos y desplazamientos regionales de familias oriundas
del sur de Bolivia (Potosí, Oruro, Tarija, Sucre), en tránsito a la producción
cuyana de vid y de frutas (pera, durazno, manzana) en Patagonia, dispuestas en contra-estación de las cosechas citrícolas y cañeras del
Norte (Bardomás 2009; Rau 2010; Neiman 2015). El momento del año en el que se decretan las
medidas de aislamiento en Argentina coincidió con la época de cosecha de
variadas producciones regionales: las manzanas en Rio Negro o Neuquén, las
vides en Mendoza y San Juan; zonas con mercado de trabajo altamente demandantes
y dependientes de trabajadoras/es migrantes.
Las
actividades agrícolas se vieron exceptuadas de la prohibición de circulación y
del cumplimiento del aislamiento y continuaron su realización bajo protocolos
de prevención y cuidado. Sin embargo, al final de la temporada de cosecha se
vislumbró una problemática que atravesó a diferentes provincias: la necesidad
de las/os trabajadoras/es migrantes de retornar a sus hogares de origen, ya
sean localidades nacionales o países limítrofes. No se establecieron medidas
específicas para la población migrante más allá de aquellas que contemplaban a
la población en general (Blanco 2020; Trpin, Ataide y
Moreno, 12 de mayo de 2020)
Los medios de comunicación se hicieron eco de
la situación que atravesaron trabajadoras/es migrantes ante el cierre de las
fronteras provinciales y las políticas de aislamiento. Muchas personas -incluso
familias- se vieron afectadas, quedando varadas en otras provincias sin
posibilidades de volver a sus hogares. Por varios días, pernoctaron a la
intemperie en terminales de ómnibus, a la espera de resolver cuestiones
administrativas y de traslado entre las diferentes jurisdicciones provinciales
comprometidas (ANRed 13 de abril de 2020; ANRed 22 de abril de
2020; Vales 13 de mayo 2020). Estos colectivos, personas que padecen alta
vulnerabilidad social, tienen grandes dificultades para exponer o hacer visible
su situación. Desde tiempos inmemoriales, cada tanto, logran hacer visible en
restringidos medios de comunicación el contexto de precariedad en que
desarrolla su labor. Ante esta situación, la mayoría de las/os trabajadoras/es
migrantes se encontró sin conectividad, dejando de percibir ingresos y sin la
posibilidad de acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)[vi], por encontrarse en
tránsito (Agenda Migrante 2020).
Se denunció que las provincias, en su
mayoría, manifestaron actitudes arbitrarias para que ingresen, siendo muy
dificultoso acceder al permiso de circulación. Posteriormente, surgió el
problema del transporte, al no disponer de vehículo propio ni de formas para
auto sustentarse el traslado en medios alternativos. Debido a las
restricciones, debieron contratarse vehículos especialmente habilitados. En la
lentitud y obstáculos, se denunció una actitud discriminatoria y la existencia
de “distinta vara” para atender las urgencias de las/os ciudadanas. Las/os
primeras/os migrantes, asociadas/os al turismo extranjero, provenientes de
sectores con mayores recursos, lograban regresar sin mayores inconvenientes, a
diferencia de trabajadoras/es que, para regresar a su casa, tuvieron que
sortear enormes dificultades, hasta lograr la intervención de autoridades de la
Dirección Nacional de Acceso a la Justicia.
Partiendo de este contexto, se consideró
importante incluir en el relevamiento preguntas vinculadas a la situación de
las/os trabajadoras/es migrantes. Se indagó si hubo personas de la comunidad que no pudieron retornar a su lugar de
residencia como consecuencia de las medidas de restricción de la
circulación. Del total, aproximadamente el 55% mencionó la presencia de
personas que quedaron aisladas en otras ciudades por motivos de migración
laboral.
2.2 - Acceso a
educación y TIC
Quizás uno de los temas con mayor
trascendencia y preocupación en contexto de ASPO y que repercute aún hoy en la
población joven, se dio en relación a la continuidad
escolar, mostrando diversas dificultades a nivel nacional y principalmente en
la ruralidad, donde el acceso a las tecnologías es mayormente escaso o
deficitario.
A partir del 14 de marzo
de 2020 a nivel nacional se dispuso la suspensión de clases presenciales para
todos los niveles del sistema educativo[vii]. En ese
primer momento, el Ministerio de Educación de la Nación dispuso una serie de
medidas para mitigar el corte abrupto que supuso esta interrupción a solo dos
semanas de iniciado el ciclo lectivo. Ello incluyó cuadernillos impresos -por
niveles y por grados- para el trabajo en las casas, programas educativos de
radio y televisión y materiales digitales disponibles en una plataforma online.
Además, en algunos lugares debieron tomarse medidas para garantizar la
conectividad y se realizaron gestiones ante las empresas de telefonía móvil
para evitar cortes en el suministro de Internet, servicio reconocido como
indispensable a raíz del aislamiento.
En este marco, se
preguntó en el formulario si se dio continuidad a las actividades escolares en
las localidades rurales de referencia, y si fuera así, sobre la modalidad en
que se impartió la enseñanza. De manera alentadora, sólo un caso de la
población joven indicó que se suspendió totalmente, otro mencionó que
únicamente se dio acompañamiento y 3 desconocían la situación. Los 92 jóvenes
restantes indicaron diversas modalidades de continuidad de la actividad escolar
en aislamiento: sólo unas/os pocas/os siguieron con modalidades en formato
papel, mientras que el resto utilizó redes sociales y plataformas virtuales,
dando cuenta de que el acceso a las TIC es central y debe ser garantizado en
contexto de ruralidad.
En el ámbito rural, el acceso a las
tecnologías resulta deficitario en términos generales, ya sea porque el
servicio y/o el equipamiento no existe o resulta insuficiente, o por un
desconocimiento en el manejo adecuado de la tecnología. “Internet en los pueblos es de muy mala calidad y falta el acceso a las
familias para poder seguir con tareas de la educación”, se indicó. Se suma
también, el hecho de que gran parte del cuerpo docente tiene su residencia en
los grandes centros urbanos, por lo cual intentar alternativas educativas, se
dificulta por la distancia física entre el docente y la comunidad.
Los hogares a su vez,
no cuentan con los instrumentos adecuados y en cantidad suficiente, disponiendo
en la mayoría de los casos con un celular por cada núcleo familiar. Además,
resulta fundamental para la continuidad de la enseñanza escolar en el ámbito
doméstico, el acompañamiento de personas adultas en estos procesos. Sobre este
aspecto, el 73% de las/os jóvenes respondió que contó con ayuda en el hogar en
actividades escolares, un 21% no sabe si existió ese acompañamiento y un 3%
dijo que no hubo.
La percepción sobre el nivel de
dificultad existente en los hogares rurales para realizar este acompañamiento, es media para más de la mitad de
las/os jóvenes relevadas/os, media para el 13% y de alta dificultad
para el 28. Los restantes declararon no saber.
Gráfico 5: Percepción sobre el grado de dificultad
para acompañamiento escolar en el hogar, según las/os encuestadas/os.
Fuente: Elaboración
propia
Estas dificultades derivan de una serie de
motivos, entre los cuales el 36% de las/os jóvenes relevadas/os percibe que
existe una falta de comprensión de las tareas por parte de quienes quedan a
cargo del acompañamiento escolar en el hogar y, un 35%, que las/os adultas/os a
cargo carecen del tiempo necesario para destinar a dichas actividades. Otros
motivos indicados se relacionan al desconocimiento de las herramientas
virtuales (16%) y al acceso deficitario a la tecnología (5%).
Se mencionó además “poco interés en el alumnado por realizar en el hogar las actividades
escolares”, agravado por las numerosas dificultades en el envío de tareas,
la poca o nula coordinación con las/os docentes y el registro de un aumento en
la cantidad de actividades exigidas. Por otra parte, el cierre de los
establecimientos educativos, en muchas comunidades no hizo más que profundizar
el aislamiento: “En este lugar que es muy
pequeño, la falta de asistencia escolar genera mucho aislamiento”; “en la zona
rural no se dispone de wi fi y en algunos casos ni
siquiera de señal de celular, y todo pasa hoy por estar conectados”.
El aislamiento y
desigual acceso a bienes y servicios que predomina de manera general en las
zonas rurales del país, se hace extensivo al servicio
de conexión a Internet y al uso y acceso a TIC. Pese a que se trata de un tema
de política pública en la mayoría de países de América
Latina, en tanto el acceso a dispositivos tecnológicos ayuda a reducir las
desigualdades sociales y brindan oportunidades para el crecimiento y bienestar
social, aún persisten brechas importantes para las poblaciones rurales[viii].
En ese sentido, se
preguntó acerca de la efectiva disponibilidad de conexión a Internet y
tecnología para la comunicación en las localidades rurales de referencia. Los datos
corroboran las mencionadas dificultades, siendo que el 45% de las/os jóvenes
manifiestan que la mayoría de los hogares de su comunidad carecen de acceso a
Internet. Quienes acceden, casi la mitad (49%) lo hacen mediante red wifi
privada, el 11% por red pública, mientras que el 40% restante por red móvil. Se
utiliza computadora personal o tablet en un 27%,
mientras que el 72% restante utiliza teléfono celular como principal medio de
conexión a internet.
Dada la escasa
conectividad a Internet de banda ancha fija, es común el uso de la red móvil,
tanto por la imposibilidad de acceso a la infraestructura, como por los costos
del servicio. Esta característica también condiciona la conectividad a
Internet: los habitantes rurales tienen menos oportunidades de usar este
servicio en los hogares, y en algunos casos sólo acceden fuera de los
domicilios particulares, en lugares como telecentros, escuelas, municipalidad.
Estos datos se
encuentran en consonancia con la información relevada en el Informe Preliminar
de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógico elaborado por
el Ministerio de Educación de la Nación, el cual revela que menos de la mitad
de los hogares cuentan con acceso fijo de buena calidad en la señal a Internet
y que 3 de cada 10 hogares no tienen acceso fijo a Internet (Ministerio de
Educación, 2020)
La dificultad de acceso a las TIC,
restringe o dificulta el acceso a las políticas públicas de contención en
general; contribuyendo, al parecer de las/os entrevistadas/os, a profundizar la
desigualdad que supone “vivir en el campo”: “se
amplió la brecha, por ejemplo, entre niños que disponen de internet y los que
no, para su formación (...) En
relación a la concreción de otros derechos, la falta de accesibilidad a
internet, interfiere y profundiza las distancias para poder peticionar o
requerir asistencia: “en la zona
netamente rural todo se complica, por las inclemencias climáticas, por el
estado de los caminos, por las distancias, por no tener posibilidades ni
conocimientos, falta información, asesoramiento y acceso a internet. Todo
requiere de esto último y no hay posibilidades, ANSES[ix],
AFIP[x],
educación, la mayoría se maneja con celular básico y con paquete de datos”.
2.3 - Otros impactos
del aislamiento y la intervención pública.
El contexto de pandemia
y las medidas tomadas por el Estado en sus diferentes escalas estuvieron en el
centro del debate público durante todo el 2020 y continúan hasta la
actualidad. A nivel mundial, son
múltiples las modalidades en que los Estados están accionando frente a la
pandemia del COVID-19, lo cual no sólo genera distintos resultados en la vida
de las poblaciones, sino también diversas reacciones y apreciaciones. Así
mismo, y si bien se trata de una situación inédita a nivel mundial, numerosas
problemáticas estructurales preexistentes se profundizaron y quedaron más
expuestas. De este modo, resultó de interés indagar en el relevamiento sobre
las percepciones generales de las/os jóvenes referentes locales sobre el rol
del Estado y los organismos públicos en la contención de las poblaciones más
vulnerables en contexto de crisis y el modo en que se gestionaron las políticas
públicas.
Entre las problemáticas
de envergadura, se encuentra la violencia familiar y de género. En este
sentido, se vio importante indagó acerca de las percepciones en torno al
incremento -o no- de estas situaciones, como así también, sobre el estado de
ánimo generalizado percibido por las/os jóvenes respondientes en las
comunidades de referencia.
En
relación a
la percepción acerca de aumentos de situaciones de violencia de género en
contexto de ASPO en sus comunidades de pertenencia, casi la mitad de las/os
encuestadas/os (46%) manifestó desconocer, un 31% mencionó que hubo un aumento
al respecto y un 23% sostuvo que no se produjeron modificaciones.
Un evento tan
disruptivo como la pandemia genera diversos efectos en la salud de la
población, trabajos actuales advierten sobre las consecuencias en la salud mental
que el COVID-19 y el aislamiento social provocan en la población (Gallegos de San Vicente et al. 2020;
Alomo et al. 2020; Etchevers et al.
2020). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que
el impacto en la salud mental de una epidemia, generalmente, es más fuerte
entre quienes viven en situación de exclusión social o las personas mayores
(Johnson et al. 2020). En este
marco, resultó de interés consultar sobre el estado de ánimo predominante que
las/os referentes encuestadas/os percibían en su entorno. Al respecto, las/os
jóvenes perciben positivamente que predomina la solidaridad/cooperación, aunque
luego, en igual proporción, optaron por categorías tales como: aislamiento/apatía,
ansiedad/angustia, enemistad/conflictividad, incertidumbre, etc.
Gráfico 6: Percepción
sobre el estado de ánimo predominante, según las/os encuestadas/os.
Fuente: elaboración
propia
Es posible, asimismo,
que las variaciones en el estado de ánimo no puedan verse reflejadas en su
mayor envergadura, puesto que el relevamiento se aplicó durante los primeros
meses de aislamiento. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la
integración social es una de las características más relevantes de la juventud.
En contexto de aislamiento prolongado muchas manifestaciones de desorden
emocional podrían haber sufrido modificaciones posteriormente a la aplicación de
la encuesta.
Por otra parte, el
nivel de propagación de los contagios y las limitaciones de los sistemas
sanitarios para responder ante esta problemática determinaron que el
aislamiento social (‘cuarentena’) sea una de las principales medidas tomadas. Además,
se implementaron, en mayor o menor medida, políticas de contención y ayuda
social, desde transferencias de ingresos a diferentes sectores, a entrega de
bolsones de alimentos o kits de higiene. Al respecto, se focalizaron una serie
de preguntas acerca de la manera en que se percibió la gestión de las políticas
públicas implementadas.
Es importante destacar que el relevamiento se
realizó entre fines de mayo y principios de junio del 2020, periodo donde la
mayoría de las provincias y localidades del país se encontraban bajo la medida
de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). La percepción de las/os
jóvenes respecto de la gestión política de la pandemia y las medidas de
aislamiento, muestra una distribución algo repartida entre quienes lo hacen
positivamente (muy buena y buena) en un 50% y quienes, en cambio,
la valoran negativamente (regular y mala) en un 35%. Mientras que
un porcentaje importante prefirió no opinar al respecto.
Gráfico 7: Percepción
sobre la gestión política respecto de la pandemia, según las/os encuestadas/os.
Fuente: Elaboración
propia
Un aspecto a destacar es que entre las/os
jóvenes, el 75% señala que en su localidad se logró acceder a algún tipo de
ayuda de emergencia brindada por el Estado. En los casos en que no, la mayoría
refirió desconocimiento o falta de información, a diferencia del segmento
adulto, donde mayoritariamente la falta de acceso estuvo más asociada con
dificultades para la inscripción por la modalidad virtual del trámite.
Del total, un 79%
mencionó que en la comunidad hubo acceso al IFE, en segundo lugar, un 46%
manifestó que también se accedió a la Tarjeta Alimentaria[xi] y un 15%
a los créditos con tasas subsidiadas, destinados a cuentapropistas de la
categoría más baja de facturación, siendo estas tres, medidas impulsadas por el
gobierno nacional. Mientras que un 14% sostuvo que además hubo acceso a algún
tipo de subsidio o ayuda provincial y/o municipal.
El instrumento de relevamiento incluía un
espacio para reflexiones abiertas, que en el caso de las juventudes no tuvo -a
diferencia de las/os adultas/os- una participación relevante. De todos modos,
son interesantes algunas de las cuestiones que allí se plasmaron, para ser consideradas
como insumos de políticas. Por un lado, la necesidad de generar mayor
conectividad con los centros urbanos, a partir de construir más carreteras y de
facilitar la conexión mediante una red de comunicación abierta. Otra cuestión
mencionada, fue en relación a los cuidados en
pandemia, indicando la necesidad de que en la zona rural se controle mejor, lo
cual es difícil por la falta de personal y la diversidad de accesos o caminos
rurales.
También, se aprovechó para hacer conocer
el descontento respecto de las instituciones y políticas estatales. Si bien, se
reconoció que el Estado Nacional tuvo un óptimo desempeño, como sucede con las
personas adultas, las quejas se dirigen a las instancias intermedias,
municipales, que no mostraron una dinámica proactiva en el contexto de
pandemia.
También se canalizaron demandas como
mostrar mayor atención hacia las/os niñas/os y las/os jóvenes de las
comunidades; que se ayude más a la producción familiar; que se gestionen
proyectos para el/la pequeño/a productor/a rural, que se considere la
centralidad de los comedores escolares en determinados territorios.
Asimismo, se compartieron reflexiones de
índole político y filosófico: “Les
jóvenes (organizaciones estudiantiles) estamos considerando hoy más que nunca a
la política como herramienta de transformación y estamos dispuestes (sic) a ayudar a quienes lo necesiten”. También
surgieron interrogantes sobre qué deparará el futuro, luego de transitar esta
experiencia: “Saber si las personas creen
que vamos a mejorar como sociedad, empeorar o seguir como estábamos, hasta
antes de esta pandemia”. Estas expresiones, abren nuevos caminos para
trabajar desde las políticas públicas otorgando la palabra a jóvenes rurales
para su abordaje.
Conclusiones
A partir del relevamiento realizado para
conocer el estado de situación general por la que atraviesan las familias y
poblaciones rurales o pequeñas localidades a nivel nacional, en el contexto de
pandemia por COVID-19 y ASPO, se destaca, en términos generales, una
profundización de problemáticas estructurales e históricas. Los accesos
dificultosos y la deficiente infraestructura comunicacional y de base, la
marginalidad de algunos territorios y sectores productivos, los obstáculos para
acceder al sistema financiero, educativo y a las TIC, la falta de trabajos y
empleos formales, entre otras problemáticas.
Se pone en relevancia el papel del Estado
y sus organismos, la necesidad de fortalecer los gobiernos locales y mejorar
los mecanismos de asistencia hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Reforzar la presencia en los territorios, acompañando a los gobiernos locales
en el diseño e implementación de políticas públicas que otorguen mayor
bienestar a la población y democratizando su acceso.
En particular, para las poblaciones
jóvenes rurales, consideradas las de mayor dinamismo y capacidad para adaptarse
de manera rápida a los cambios, se observa que se perciben directamente
afectadas por las medidas de ASPO debido a la pandemia. Ya sea porque muchas
veces enfrentan condiciones inestables y deficientes de empleo, o por las
escasas posibilidades de acceder a la producción, al sistema educativo, a redes
y TIC, entre otras problemáticas manifiestas en este estudio.
En este nuevo contexto global, las
juventudes rurales profundizan su condición de vulnerabilidad, lo que
compromete aún más a las sociedades y los Estados a diagramar
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Notas
[i] Se emitió un Decreto Nacional
297/2020 sobre el ASPO, el cual determinó que todas las personas que habitaban,
o se encontraban temporalmente en el país, deberían permanecer en sus
domicilios habituales, sólo pudiendo realizar desplazamientos indispensables.
En un primer momento se estableció el periodo entre el 20 y el 31 de marzo. Sin
embargo, luego se fueron fijando sucesivas prórrogas bajo diferentes
modalidades (o fases), de acuerdo con la situación epidemiológica de cada
jurisdicción del país.
[ii] Según FAO, alrededor
de 30,9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años viven actualmente en las
zonas rurales de América Latina, representando el 25,3% de la población rural
total y un 19,6% del total de jóvenes. Dicho organismo, sostiene que la
juventud rural constituye el futuro de la Seguridad Alimentaria, en tanto los
alimentos son producidos por pequeñas/os agricultoras/es (en envejecimiento) de
países en desarrollo y donde además se considera que contribuye la juventud a
la adopción de nuevas tecnologías para incrementar la productividad agrícola de
forma sostenible.
[iii] Para una mayor
comprensión de estos aspectos, consultar: Moschén
2000; Paira 2000; Kessler 2005; González Cangas 2003; Caputo 2003; Chaves 2009;
González y Gómez Benito 2002; Díaz Méndez 2005 y 2010; Camarero et al.
2008; Sili et al. 2016 y 2019; Cloke y Little 1997; Murdoch y Pratt 1995; González
Fernández 2002; Llambí y Perez
2007; Casal 2016; Margiotta y Benencia
2016; entre otras/os.
[iv] Se utilizó como herramienta un formulario en línea
autoadministrado, que se distribuyó durante 14 días (entre el 26 de mayo y el 6
de junio de 2020) mediante correo electrónico y redes sociales a través de
las/os integrantes del proyecto y las oficinas de INTA distribuidas en todas
las provincias. Así, se buscó ampliar el alcance geográfico del instrumento. No
se obtuvo respuesta sólo en Tierra del Fuego.
[v] Al realizar el recorte
etario, algunas provincias aparecen sin referencia para este estudio.
[vi] Prestación monetaria
excepcional de $10.000 (u$s 130) destinada a las
personas desocupadas o que trabajan en la economía informal, monotributistas de las categorías más bajas,
trabajadoras/es de casas particulares y personas que cobran la Asignación
Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Puede cobrarlo una sola
persona por grupo familiar, siempre que no haya integrantes empleadas/os en
relación de dependencia, autónomas/os, jubiladas/os, pensionadas/os. Más
información: https://www.argentina.gob.ar/Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP)
[vii] Esta situación
continúa hasta hoy en algunos ámbitos educativos y parcialmente en otros, donde
se retorna escalonadamente a la presencialidad bajo estrictos protocolos.
[viii] De acuerdo con la
visión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la
Conferencia Agenda digital para América Latina y el Caribe (ELAC) 2015, la
revolución digital y de datos son dos de los mayores cambios de paradigma a
escala global, y ambas pueden impulsar nuevos modelos de negocio, nuevas
herramientas de políticas públicas y nuevas formas de participación ciudadana
sustentadas por la economía digital, para crear sociedades más solidarias y
equitativas.
[ix] Administración Nacional
de Seguridad Social, organismo estatal que llevó adelante la asignación de
recursos ante la emergencia económica y social.
[x] Administración Federal
de Ingresos Públicos, ente recaudador de impuestos.
[xi]