Desarrollo Económico Territorial N.° 20, diciembre 2021, pp. 133-148
ISSN 13905708/e-ISSN 26028239
DOI: 10.17141/eutopia.20.2021.5156
Conservación neoliberal en el norte
argentino. El caso de las luchas indígenas por la selva y el desarrollo
turístico en la Reserva de Biosfera Yabotí
Neoliberal
conservation in northern
Argentina. The case of indigenous struggles for the forest
and tourism development in the Yabotí Biosphere
Reserve
Brian Ferrero. CONICET, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9295-9814,
brianferrero@conicet.gov.ar
Recibido:
29/08/2021 • Aceptado: 06/11/2021
Publicado:
21/12/2021
Resumen. Desde la última década
del Siglo XX las comunidades indígenas que habitan la Reserva de Biosfera Yabotí, en el noreste de Argentina, han llevado adelante
una lucha por detener el desmonte y la tenencia de la tierra. Este conflicto
llegó a su fin cuando las tierras fueron compradas por una ONG ambientalista
británica que las distribuyó entre las comunidades indígenas y una empresa que
hacía la explotación forestal y que desde entonces proyecta un emprendimiento
turístico para el área. Aquí analizamos la trayectoria que llevó a la
imposición de un modelo de conservación neoliberal de la Reserva, donde la
valorización mercantil de la naturaleza, ofreciéndola como recurso turístico.
De esta manera, damos cuenta cómo se llegó a la actual resolución del conflicto
a partir de una trayectoria de lucha indígena, pasando por sucesivos modelos de
conservación, donde el Estado y el sector privado alternaron distintos roles.
Proponemos que, si bien las comunidades indígenas alcanzaron la resolución del
conflicto, los mecanismos de mercantilización de la
naturaleza generó un acuerdo basado en desigualdades.
Palabras
clave: Mercantilización de la naturaleza, Modelos de
conservación, Disputas territoriales
Abstract.
Since the last decade of
the 20th century, the indigenous communities that inhabit the Yabotí
Biosphere Reserve, in northeastern
Argentina, have carried out a struggle to stop land clearing
and keep land ownership. This conflict came stoped
when the lands were bought
by a British environmental
NGO that distributes them between the
indigenous communities and the company that
carried out the forest exploitation
and that since then has planned a tourism venture for the area. Here we analyze the
trajectory that led to the imposition
of a neoliberal conservation
model of the Reserve, where the mercantil valorization of nature by
offering it as a tourist resource, and the area have
touristic value. We analyze how
the current resolution of the
conflict was reached by a trajectory
of indigenous struggle, passing through successive models of conservation, where the State
and the private sector alternated different roles. We propose that
although the indigenous communities reached the resolution
of the conflict,
the mechanisms of commodification of nature generated
an agreement based on inequalities.
Keywords: Commodification
of nature, Agreements, Territorial disputes
“Aprendimos
a caminar juntos…, recuerdo aquella tarde de abril, caminando el contorno de lo
que llamamos las 200 hectáreas. Una experiencia única donde tuve la oportunidad
de caminar con los caciques que nos enseñaban y mostraban la importancia de su
territorio”. El empresario forestal, hizo una pausa en su
discurso, respiró para continuar, llevaba más de dos décadas de enfrentamiento
por la propiedad y el uso del monte frente a varias comunidades mbya-guraníes de la Reserva de Biosfera Yabotí.
“Caminamos y caminamos, siempre Artemio adelante, orgulloso,
mostrándome el monte, que era su casa. En un momento me detuve, y por dentro
pensé: de pasar a ser ambos mutuamente extraños, ahora estamos compartiendo y
caminando el mismo territorio como amigos y buenos vecinos, compartiendo y
respetándonos en igualdad. Buscando una solución en conjunto de forma
participativa que nos ayude a crecer como personas”.
Con estas palabras,
pronunciadas en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones (en el
noreste argentino), en 2014, se buscó sellar un acuerdo denominado “Alianza
Multicultural para el Desarrollo Sustentable del Lote 8”, de la que participan ONGs, el Estado provincial, una empresa forestal y
comunidades mbya-guaraníes.
Este conflicto tuvo lugar
dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí (RBY), en la
provincia de Misiones, un área que protege uno de los últimos reductos de selva
paranaénse, donde se combinan tierras fiscales y
propiedades privadas donde se explota el monte nativo. A su vez, estas tierras
son habitadas por una docena de comunidades mbya-guaraní
que desarrollan caza, pesca y horticultura desde antes de la creación de la
Reserva y la distribución privada de los lotes. A principios de la década de
1990 tres de estas comunidades (que viven en el denominado “Lote 8”) iniciaron
una lucha contra dos empresas forestales por detener la deforestación del área
donde viven y conseguir la propiedad comunitaria de las tierras. El conflicto
llegó a instancias judiciales que llevaron a detener la explotación del monte
durante años, pero en ese momento no resolvió la situación de las comunidades.
La resolución del conflicto se alcanzó cuando una ONG ambientalista británica
compró las tierras a la empresa forestal, otorgándole la mayor parte a las
comunidades y posibilitó la explotación turística del área por parte de la
misma empresa que se reservó la vista de paisajes sobresalientes.
Este proceso tuvo lugar
en un contexto en que, desde la década de 2000 en muchas Áreas Protegidas se
impuso un modelo de conservación que se basa no sólo mercantilizar a la
naturaleza, sino sobre todo en administrar a las áreas protegidas con lógicas
del mercado, gobernarlas a través de las reglas de la competencia y la
competitividad. En este modelo de conservación se colocan las bases para la producción
de la naturaleza como mercancía y servicios. Es conservar para mercantilizar y
mercantilizar para conservar. “Se trata no solo de vender la naturaleza para
salvarla, sino de salvarla para negociar con ella” (Durand 2014, 194). La
apertura de las áreas protegidas al mercado se presenta como una oportunidad
Conservación neoliberal en el norte argentino
para el desarrollo de
espacios económicamente marginales, el fomento de la economía verde a través de
actividades como el ecoturismo. De esta manera se observa en diversos
territorios un acercamiento de los objetivos de conservación con los de la
economía de mercado donde los primeros se apoyan en los segundos para ganar
legitimidad política (Cortez Vazquez 2018). Este
modelo de conservación privilegia la participación de actores capitalizados con
posibilidad de financiar a las áreas protegidas y con el propósito de obtener
ganancias monetarias a partir de la conservación. Las comunidades locales
quedan en un segundo plano frente a esto, tal como ha sido mencionado por
diversos autores (Brockington y Igoe 2007, Brosius, 2005).
En el caso que aquí
analizamos las comunidades indígenas locales apoyaron la iniciativa de área
protegida donde los intereses comerciales son centrales, siendo liderados por
empresa que promueve el ecoturismo y la ONG ambientalista británica. Tal como
se lee en la cita inicial, se generó un consenso entre empresarios y líderes
indígenas que dio pié a la alianza que
institucionalizó la unión entre enemigos de larga data, y que se siguen mirando
con recelo.
En este artículo
planteamos que la constitución de esta alianza, y la conformidad de las
comunidades indígenas con la implementación de un modelo de conservación
neoliberal, se debe a que esta fue presentada como la única salida posible
frente a un conflicto de larga data que parecía encontrarse en una vía
muerta.
En
primer lugar, presentaremos las principales discusiones en torno a este modelo
de conservación que desde principios del siglo XXI se expande por diversas
áreas del planeta, marcando una nueva forma de vinculación entre capital,
naturaleza y desarrollo. En segundo lugar, veremos la trayectoria del conflicto
que tiene lugar en la Reserva de Biosfera Yabotí, en
tanto la solución actual se explica en ese devenir histórico de luchas. Para
esto describiremos una periodización de los modelos de conservación que se
sucedieron en la RBY, distinguiendo tres etapas. La primera, que denominamos de
“conservación estricta” se inicia con la creación de la Reserva (1992) hasta el
año 2006, y está determinada por la invisibilización
de las comunidades indígenas y políticas de sanción y control. En la segunda
etapa, que denominamos de “conservación comunitaria”, abarca aproximadamente
hasta 2012, predominaron propuestas para integrar a las comunidades indígenas a
la gestión de la Reserva. Mientras que en la tercera
etapa, llega hasta el presente, la conservación es guiada por una valorización
mercantil de la naturaleza, donde se busca que las comunidades locales no
interfieran o se integren en el desarrollo turístico del área; denominamos a
ésta de “conservación neoliberal”. Los modelos de conservación presentes en
cada etapa son delimitados en términos analíticos, podemos ver que elementos de
uno y otro se superponen. Sobre todo, vemos que los de la conservación estricta
no han desaparecido en ningún momento y actualmente funcionan como complemento
a la conservación neoliberal. En particular nos extenderemos en el análisis del
modelo de conservación neoliberal, ya que es donde se concreta la alianza que
busca dar fin al conflicto. Si bien esta alianza no transformó las relaciones
de poder, sí posibilitó que las comunidades que llevaban adelante el conflicto
considerasen que se encontraban frente la posibilidad de lograr sus objetivos
de frenar el desmonte y obtener la propiedad comunitaria de la tierra. Los
intereses de estas comunidades dejaron de ser opuestos a los de la empresa
forestal y la ONG ambientalista que financió el acuerdo, aunque no pasaron a
ser coincidentes. La configuración turística del área facilitó la propiedad
comunitaria de la tierra y el cese de la explotación forestal, mientras que para las empresas, el Estado y la ONG ambientalista, las
comunidades se convirtieron en “guardianes de la selva”, pasando a ser
presentadas como un capital humano que enriquece el patrimonio turístico. Esta
alianza constituye un acuerdo de gobernabilidad que pretende domesticar el
antagonismo por la tierra y la conservación.[i]
La conservación como recurso y la naturaleza
como mercancía
El modelo de conservación
dominante en la Reserva de Biosfera Yabotí, y en
términos más generales en Misiones (la provincia con mayor cantidad de áreas
protegidas de Argentina), participa de la tendencia global que pretende
conciliar objetivos de conservación con la eficiencia del mercado. Supone
actores que se mueven siguiendo una racionalidad económica, donde la naturaleza
sea preservada a través de asignarle valor económico y en tanto la conservación
genere lucros concretos a los propietarios o responsables de los recursos. De
manera que este modelo no sólo se presenta como una respuesta frente a la
crisis ambiental, sino también como una nueva oportunidad para expansión del
capital.
En esta configuración, la
conservación crea valor y la naturaleza es protegida a través de la inversión y
el consumo. Desde los organismos oficiales se esgrime que esto es ventajoso
puesto que así la conservación se autofinancia, reduciendo o anulando el costo
que tiene para el conjunto de la sociedad. La promesa es que todos ganan. Por
un lado el Estado que deja atrás los conflictos, por
otro las ONGs conservacionistas que encuentran formas
más eficientes de conservar sin la oposición de los locales, las empresas que generan
negocios rentables y, finalmente, las comunidades locales que consiguen
participar de nuevas formas de desarrollo, o en nuestro caso, la propiedad de
la tierra y la preservación del ambiente.
Desde la década de 1990,
en Argentina se imponen políticas de retracción del Estado en favor de
políticas de austeridad, reducción de gastos y la liberalización en forma de
desregulación y privación de bienes y servicios públicos (Harvey 2011; Apostolopoulou y Adams 2019). El neoliberalismo como forma
de gobierno de poblaciones y territorios es un conjunto de prácticas diversas e
interconectadas que refleja una forma de capitalismo intensificado,
evolucionado y destructivo (Harvey 2011). Si bien en el neoliberalismo se
reduce el rol del Estado como agente central en la dirección, legitimación y
control sobre el uso de la naturaleza, éste guarda un papel central en la
conformación de marcos jurídicos e institucionales que favorezcan la
acumulación de capital.
En las últimas décadas se
enfatiza el doble rol del Estado frente al capital, tanto como guardián de los
intereses generales capitalistas como de la naturaleza. La contradicción que
puede presentar estos roles ha llevado a la crisis ambiental, así como a
regulaciones de protección de la naturaleza,
que se han considerado de protección de las “condiciones de producción”
(Apostolopoulou y Adams 2018). La mercantilización de
naturaleza en áreas protegidas se convierte de forma creciente una nueva
estrategia de acumulación. De manera que junto a
expansión del capitalismo neoliberal, tiene lugar una significativa expansión
de la superficie bajo conservación, que a nivel global creció de manera
considerable durante los años de 1990 y la primera década del Siglo XXI (Igoe y
Brockington 2007, 434).
Este modelo de conservación
también apareja una solución para el financiamiento de las Áreas Protegidas.
Estas áreas necesitan un constante flujo de dinero para sostenerse, que en
muchos casos viene siendo solventado total o parcialmente por ONGs y empresas interesadas en obtener respetabilidad, las
cuales se han convertido en una parte fundamental de los planes de gestión de
áreas protegidas (Vaccar Beltran
y Paquet 2013; Sullivan 2012). Esto ha llevado a
procesos de desregulación de la conservación, donde la privatización y la
alienación ambiental asumen un papel cada vez más importante (Robertson 2006).
De esta manera, esta
configuración se presenta como una forma de resolver tensiones entre
conservación y desarrollo, así como con las comunidades locales. Son comunes
los discursos que afirman que con la expansión de emprendimientos “verdes”
(como el ecotusimo) se incrementa la participación y
la democracia. La conservación neoliberal, según Igoe y Brockington
(2007, 434) promete proteger a las comunidades rurales garantizando sus
derechos de propiedad y ayudándolas a iniciar empresas orientadas por la
conservación. Promete negocios verdes, demostrando que lo verde es rentable. Y
finalmente a través del ecosturismo, promete promover
la conciencia ambiental de los consumidores occidentales.
A su vez, estos modelos
construyen miradas particulares sobre las área naturales.
En concreto se establecen discursos sobre la naturaleza como “capital natural”,
que debe generar dividendos para los emprendedores. Se pretende que las comunidades
locales sean reconocidas como dueñas de su territorio, pero sólo en la medida
en que lo acepten como reserva de capital. Así se establece una “conquista
semiótica del territorio” (Escobar 1999), donde ambiente, áreas protegidas,
especies, hasta los genes, caen bajo la órbita del código de producción y de la
ley del valor. Todo parece ya estar economizado, con una conquista de los
conocimientos locales, que pasan a ser un complemento y puente a la conquista
científica de la naturaleza. Así las comunidades locales se convierten en
“guardianes del capital natural, cuyo manejo es tanto su responsabilidad como
una cuestión de la economía mundial” (O´ Connor 1997, 153).
La provincia de Misiones
se encuentra en el extremo noreste de Argentina, limitando con Brasil y
Paraguay. Presenta la mayor superficie continúa existente de selva paranaése, un ecosistema que hasta principios del siglo XX
se extendió por la mayor parte del sur brasileño y toda la mitad este de
Paraguay, ocupando una superficie de 47 millones de hectáreas y del que
actualmente se conserva solo el 7,8 %. En Misiones se presenta casi el 50% del
último remanente de este ecosistema, lo que lleva a que aquí se concentren los
principales esfuerzos para su conservación.
La Reserva de Biosfera Yabotí se creó en el año 1992[ii], de
sus 250.000 has. el 80% es de propiedad privada, en manos de 31 propietarios
que dedican las tierras a la explotación forestal del monte nativo, que por ley
debe realizarse siguiendo parámetros de sustentabilidad. El 20% restante de las
tierras son fiscales destinadas a Parques Provinciales y Reservas, donde se
encuentra prohibida toda actividad productiva. Si bien la categoría de Reserva
de Biosfera implica la posibilidad de coexistencia de actividades productivas
con conservación, en la legislación de esta Reserva tan sólo se permite la
producción forestal latifundista, puesto que su creación respondió a presiones
comerciales de los productores forestales, además de intereses por la
conservación de la naturaleza. Durante
la década de 1990, debido a la paridad del peso argentino con el dólar
estadounidense, cayó el valor relativo de la madera argentina. Los vínculos
entre funcionarios provinciales y empresarios forestales llevaron a que los
lotes comprendidos dentro de la Reserva quedaran exentos del pago de impuestos
provinciales. A su vez, esto fue apoyado por actores preocupados por la
degradación de la selva paranaénse que encontraron
así una oportunidad de dar una categoría de conservación a un
extensa área.
Las doce comunidades mbya-guaraní[iii]
que habitan la Reserva no tuvieron ninguna participación en el proceso de
creación, ni fueron consultadas, siquiera informadas. Al ser consultado por la
presencia de comunidades mbya-guarani en la Reserva,
uno de los funcionarios que participó en su creación nos señaló que “hicimos
la Reserva en ese lugar porque estaba deshabitado”.
Y frente a la repregunta por la presencia de comunidades guaraníes, respondió
que “su estilo de vida nómade no permite trabajar con ellas”.
De manera que se las invisibilizó, considerando en la Ley de creación (Ley
provincial n° 3041) que las tierras eran propiedad
privada en manos de empresarios forestales y el único uso que se realizaba de
los bosques era forestal. A su vez, las poblaciones colonas del área de
influencia de la Reserva fueron consideradas una amenaza a la naturaleza,
siendo objeto de “sanción” y “control”, prevaleciendo un modelo de conservación
estricta, basado en una idea de naturaleza sin poblaciones humanas, aunque en
este caso la categoría de Reserva de Biosfera busque superar este modelo. Si
bien este enfoque se sistematiza hacia finales del Siglo XIX, con los primeros
Parques Nacionales en Estados Unidos, persiste como modelo predominante hasta
la actualidad. En este modelo el Estado ocupa el rol central, dado que es una
forma de implementación de gubernamentalidad
burocrática estatal acompañada también por saberes expertos (Beltran, Vaccaro XX). Estas áreas protegidas creadas, en
general en zonas periféricas, habiendo sido criticadas como formas de
colonización de los margenes del Estado, entraron en
tensión con las poblaciones locales, indígenas y rurales, en muchos casos
derivando en su expulsión (Ferrero y Arach 2019).
Desde la creación de la
Reserva de Biosfera Yabotí, las comunidades indígenas
realizaron reclamos para detener el desmonte del área, señalando que no se
respetaban las normas de explotación sustentable. En particular denunciaban la
explotación excesiva del denominado Lote 8, donde se encuentran las comunidades
Tekoa Yma y Tekoa Kapií Yvate,
y son áreas de caza y recolección de otras comunidades. La tensión fue
creciendo a medida que la movilización circulaba por redes de agrupaciones
ecologistas, alcanzando repercusión en la prensa nacional.
La primera manifestación
pública por la explotación del monte en la Reserva fue realizada en el año
1997, junto a la ONG ecologista local Cuña Pirú, que denunció apeo ilegal de
madera y falta de control de la madera que se extrae de la Reserva. En el año
2000 se sumaron las denuncias del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y la
Asociación de Comunidades Aborígenes de Misiones, en particular acusando la
situación de topadoras que avanzaban sobre la selva destruyendo el cementerio
de una comunidad frente a los gritos de la población.
El
conflicto encontró su momento más álgido en el año 2004, cuando se sumó a la
movilización la ONG Fundación para la Defensa del Ambiente –Funam-
y desplegó un aparato de comunicación con trascendencia internacional y el
problema se expuso en un panel de la UNESCO en Paris. A esto se sumó una
exposición en la Cámara de Diputados de la Nación (16 de junio) que sirvió para
aumentar la tensión a nivel local y acelerar la búsqueda de una resolución al conflicto.
Hacia mediados de la
década de 2000 la gestión apuntó a un modelo de conservación que se vincula a las
poblaciones locales. La idea básica fue que si las comunidades locales
consiguen satisfacer sus objetivos grupales seriá
provechoso para el bienestar del ambiente.
En esta etapa se
generaron espacios de diálogo con las comunidades indígenas y colonas.Esta etapa se desarrolla en un contexto en donde un
nuevo modelo de conservación surge globalmente hacia finales del siglo XX y
principios del XXI. La conservación comunitaria se desarrolla a partir de las
críticas que recibieron las políticas de conservación estricta, debido a las
tensiones, las injusticias, violencia que se ejerció sobre las poblaciones
locales. Se puso en valor la cultura como parte del vinculo
de la sociedad con la naturaleza y los derechos de las poblaciones
tradicionales a los territorios y recursos. Este modelo presenta una
convergencia entre luchas por el reconocimiento y emponderamiento
de actores antes marginados, dando lugar a enfoques participativos del
desarrollo; el reconocimiento del papel que las comunidades locales tienen en
la gestión, incluso creación, de ambientes valiosos; mayor peso la idea de
desarrollo sustentable; y el reconocimiento del impacto diferencial que tienen
las políticas en diversas comunidades y sujetos sociales (Vaccaro, Beltran y Paquet 2013).
Fue en este contexto, que
el Comité MAB Argentina[iv]
en la revisión que hace del estado de la Reserva, en el año 2006, instó a la
Provincia a trabajar junto a las comunidades locales y crear un organismo de
gestión específico para la RBY. A su vez el Estado provincial, a través del
Ministerio de Ecología, se alineó con esa recomendación y tomó una posición a
favor de las comunidades mbya-guaraní que reclamaban
por el Lote 8. En este cambio de posición estatal fue gravitante la lucha que
venían sosteniendo las comunidades, la llegada a los medios de comunicación, y
las ONGs ecologistas y entidades eclesiásticas, que
en conjunto dieron trascendencia regional e internacional al conflicto. En
primer lugar se derogó la resolución que permitía la
explotación forestal de los lotes en cuestión (incluida en la Resolución 20/94)
y luego se abrió un espacio de discusión donde participaron las comunidades
indígenas, Asociación de pueblos indígenas, Equipo Nacional de la Pastoral
Aborigen, la ONG ecologista Funam, y académicos y científicos.
Ese mismo año el Ministerio de Ecología, convocó a académicos a dar sus
pareceres sobre el conflicto del Lote 8. El informe presentado por un ingeniero
forestal, que tenía buena relación con las comunidades y conocía el idioma,
determinó que la explotación maderera estaba ocasionando un “impacto negativo
importante en particular sobre cinco aldeas guaraníes asentadas en los Lotes 5,
6, 7 y 8 de la RBY, de propiedad de la empresa El Monocá
S.S. y Juan Harriet S.A.”[v].
A partir de lo cual el gobierno provincial inhibió la explotación forestal en
los lotes en conflicto[vi],
y se comenzó a plantear la posibilidad de “otorgar” (o “devolver” según los
líderes indígenas) las tierras a las comunidades.
A su vez, a nivel de la
Reserva el modelo de conservación comunitaria se consolidó con la creación de
la AMIRBY (Área de Manejo Integral de la RBY). Desde la AMIRBY se invitó a
pobladores locales, indígenas y colonos a formar parte del Comité de Gestión de
la Reserva y se apoyaron reclamos locales como las luchas indígenas por la
tierra, así como la titularización de la propiedad para las poblaciones
colonas. Se desarrollaron programas de educación ambiental, mejora edilicia de
las escuelas y centros de salud rurales y se apoyaron reclamos por
infraestructura, como extensión de la electrificación rural y mejora de los
caminos rurales.
En
este período se buscó generar lazos entre la AMIRBY y las comunidades, para lo
cual se creó un Comité de Gestión de la Reserva, del que participan las
comunidades mbya-guarani, organizaciones campesinas,
los propietarios de tierras y organizaciones ambientalistas. Los propietarios
de tierras consideraron que podría disminuir su poder en la Reserva, ya que
tendrían que discutir decisiones con dirigentes guaraníes y campesinos y
difundieron la idea de que la AMIRBY había tomado partido por los reclamos
guaraníes, lo cual fue planteado en una reunión del Comité de Gestión en 2008: “¿qué
valor tiene la propiedad para ustedes?” inquirió un propietario
al director de la AMIRBY, quien respondió “el Estado siempre tiene que estar del lado
del más desfavorecido”.
Las luchas indígenas que
se venían desarrollando desde la década de 1990 encontraron un terreno propicio
en el marco de las discusiones sobre conservación comunitaria y se logró un
cambio de modelo de gestión de la Reserva durante unos pocos años. La creación
de la AMIRBY fue el hecho institucional que concretó este cambio de rumbo junto
a una nueva relación con las comunidades. Pero en el año 2012 tuvo lugar un
cambio de gobierno provincial y la AMIRBY se comenzó a desvanecer entre
vaivenes burocráticos, el camino hacia la propiedad comunitaria de la tierra
pareció quedar cerrado. Llamamos al modelo de gestión de la Reserva que se
presenta desde entonces, de “conservación neoliberal”.
Los cambios de modelo de
gestión del área no son absolutos, ni tienen lugar de un día para otro. Ciertos
elementos que permiten pensar en una nueva etapa en la política de conservación
de la RBY, ya se venía gestando desde el
año 2008, cuando se presentan las primeras propuestas por conciliar la
conservación con mecanismos de mercado. Frente a las sucesivas inhibiciones
sobre las tierras en disputa, las empresas forestales de la RBY comenzaron a
buscar alternativas productivas a la explotación forestal. Sobre todo se manejaron propuestas basadas en mecanismos de
mercantilización de la naturaleza, buscando ofrecer al mercado bienes que no
lleven a la explotación forestal del monte, sino que asignen valor mercantil a
la presencia de naturaleza e incluso de las propias comunidades indígenas. En
aquel año, uno de los propietarios de los lotes inhibidos propuso la
explotación certificada de madera para ser comercializada en Europa. Ese
mecanismo de explotación forestal requería de un plan de extracción a 20 años,
definiendo qué lugares podrían explotarse y cuales no por contener valores
biológicos (por ejemplo especies en peligro de
extinción o poco frecuentes) y valores “culturales”, lo cual debía ser definido
por las mismas comunidades mbya-guaraní. También se
establecería un cronograma de consultas periódicas a las comunidades para
evaluar el desarrollo de la explotación.
Los líderes de las
comunidades accedieron a participar en la negociación, ya que consideraban que
la inhibición de los lotes sería temporaria, y si bien se renovaba cada dos
años, estaba sujeta a los vaivenes de la política provincial. Sin dejar de
mostrar desconfianza hacia estas propuestas, los representantes de las
comunidades entendieron que la explotación forestal certificada ofrecía, al
menos, dos décadas en las cuales podrían participar de la gestión del
territorio. Pero esta propuesta no prosperó, no por oposiciones locales sino
porque la empresa comercializadora en Europa redefinió sus expectativas de
venta a partir de los problemas económicos que afectaron a aquel continente
hacia fines de la década de 2010.
En la nueva configuración
que adquiere la política de conservación fue clave el ingreso al área de la ONG británica World Land Trust (WLT) que
funcionó como actor financiero. Las decisiones que se fueron tomando en este
período estuvieron atadas al acceso a recursos monetarios. En este escenario
encontramos un desplazamiento del rol del Estado y quien disponía de dinero
para invertir en conservación pasó a tener mayor capital político para definir
el futuro del área. El vínculo de WLT con la RBY se estableció a partir del
trabajo en la región del biólogo Ghillean Prance (del Eden Project) y la
Embajada Británica en Argentina. Según su sito web,
el trabajo de esta Organización “está centrado en proteger y gestionar de
manera sostenible los ecosistemas naturales del mundo, poniendo énfasis en los
hábitats amenazados así como en las especies vegetales
y animales en peligro de extinción”[vii].
Para esto WLT busca establecer alianzas, que generen compromisos con las
comunidades locales. Actualmente WLT trabaja en 21 países, en América, Asia y
Oceanía, mientras en su sitio web se aclara que “WLT is strongly opposed to “green colonialism”.
El
primer viaje de personal de WLT a la región tuvo lugar hacia fines de 2006, con
la intención de evaluar posibles proyectos de conservación, considerando que “la
selva paranaénse es un eco-sistema
de gran biodiversidad, expuesto a grandes amenazas como a intereses diversos” (Jimenez 2013, 45). Cuando esta ONG estableció espacios de
diálogo con las comunidades mbya-guaraní, ofreciendo
tierras que serían de propiedad comunitaria, la estrategia de las comunidades
dejó de ser de lucha abierta, sino que pasaron a moverse dentro del horizonte
planteado por WLT. Esta ONG compró el Lote 8 a la empresa forestal y propuso
crear una Reserva Cultural que sería de propiedad indígena. A su vez, la
empresa forestal accedió a vender las tierras, ya que dejaban de ser rentables
tras tantos años de conflicto y sin explotación[viii].
Por entonces, WLT
consideró que el conflicto se saldaría no sólo con la asignación de tierras sino
también abriendo espacios de diálogo. Para ello contrató a un experto español
en mediación y resolución de conflictos ambientales. A partir de allí se
implementaron múltiples talleres donde las partes expusieron antecedentes del
conflicto, sus visiones y trayectorias, desarrollados en castellano y mbya guaraní, bajo la consigna de que “se
produzca un entendimiento intercultural”.
Este proceso encontró un
punto de inflexión el 16 de abril del año 2012, cuando se arriba al acuerdo de
creación de la “Alianza Multicultural para el Desarrollo Sostenible del Lote
8”. En este acuerdo se estableció que las tierras del lote 8 estarían
destinadas a la conservación y serían distribuidas de la siguiente forma:
3.203,27 has. Propiedad comunitaria indígena;
10,35 has. para la ONG ecologista FUNAFU (subsidiaria local de WLT); y
483,07 has. en condominio entre las comunidades indígenas y FUNAFU; y para para
la empresa Moconá S.A se destinaron 202,30 has.
Además de dividir las
tierras, la Alianza reconfiguró el territorio, redistribuyendo derechos y
facilitando nuevas actividades empresariales, en particular habilitando a la
empresa Moconá S.A. a realizar emprendimientos
turísticos. En el Acuerdo Multicural explícitamente
se explicitó que dentro del Lote 8 “…habría un área de potencial desarrollo de
un ecoturismo de calidad de bajo impacto ambiental y de integración social”, y
esta fue una de las condiciones que la empresa impuso cuando vendió la tierras a WLT. De hecho, la empresa se reservó el lote
frente a los Saltos del Moconá, es decir las tierras
con mayor potencial turístico.
Este
lote, reservado por la empresa, tiene acceso a los Saltos del Moconá, una falla geológica única en el mundo, dada por un
extenso salto de 3 km. que corta de manera longitudinal el río Uruguay y que
llega a alcanzar unos 12 metros de altura. A su vez el área en torno a los
saltos es de colinas escarpadas cubiertas por una selva exuberante. De manera
acelerada el área está recibiendo inversiones turística,
que la están posicionando como uno de los principales destinos de la
región. El proyecto empresarial es
construir un emprendimiento hotelero para turismo de elite, aprovechando el
paisaje de los saltos, en el marco selvático y ofreciéndolo en vinculación con
la presencia mbya-guaraní. Las inversiones para
usufructuar los atractivos turísticos por parte de las empresas privadas han sido
explicitadas más allá de que no aparecen en los acuerdos formales de la
Alianza. El responsable de la empresa Moconá SA
difundió algunas características de sus futuros emprendimientos en el área. “En
ese proceso y con esta enseñanza nos vimos obligados yo y mi empresa a repensar
el concepto de turismo sobre aquellas 200 hectáreas [se refiere a los
conflictos que tuvo con las comunidades indígenas]. Fue en ese momento donde
dejamos de lado cualquier Master Plan o proyecto
anterior y nos embarcamos en un nuevo concepto fascinante de turismo, que se
gesta en el Ecuador, cuna de la naciente del pulmón verde más importante de
nuestra tierra. El concepto del cual me enamoré se llama turismo consciente”[ix]
.
Este proyecto se enmarca dentro del Master Plan estatal para la región,
donde los saltos del Moconá son uno de los puntos
focales. El Estado provincial no sólo favoreció la actual distribución de
tierras, sino que también le asegura la infraestructura para el aprovechamiento
turístico del área haciéndose cargo del asfaltado de la Ruta Provincial Nro 2, que une los saltos con la localidad de El Soberbio a
80 km; la extensión del tendido eléctrico a la zona; la señalización del acceso
a los saltos; la construcción de miradores y senderos; una oficina de
información turística y puestos para venta de artesanías locales. En 2014, el
gobierno provincial inauguró una aeropista a pocos kilómetros de la Reserva, que si bien en 2021
aún está inactiva, se presume será habilitada para vuelos privados.[x]
El rol del Estado aquí es asegurar la factibilidad y ganancias de este y otros posible
emprendimientos privados, en términos legales e institucionales, de
infraestructura, y facilitando créditos. El Estado así genera el escenario a
ser aprovechado por los actores privados, donde las comunidades indígenas son
las que menos posibilidades de ganancia tienen.
El Plan turístico más
ambicioso en el que se involucra a la Reserva de Biosfera Yabotí
es el “Acuerdo de la naturaleza”, que en la práctica es un compromiso
gubernamental destinado a fomentar su desarrollo entre las cuatro provincias
firmantes (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa). El Acuerdo propone generar
un corredor ecoturistico que vincule cuatro grandes
áreas turísticas: Iguazú y Moconá (Misiones), Iberá
(Corrientes), Impenetrable (Chaco) y Bañado La Estrella (Formosa). En 2018
Ministerio de Turismo de la Nación, propuso una inversión de 400 millones de
pesos[xi],
con el objetivo de fomentar y organizar la actividad turística en la región y
posicionarla como destino internacional.
El modelo de conservación
neoliberal que se despliega en esta Reserva, está
asociado a la turistificación del área (Knafou 1996), donde se le otorga valoración turística
gracias a procesos de construcción social de atractividad en que participa una
constelación de agentes con diferentes capacidades y campos de acción. En este
proceso ciertos bienes transforman su valor de uso en valor de cambio, al ser
incorporación al circuito del mercado del turismo. Aquí se sustraen las
relaciones sociales del lugar en términos de experiencia histórica y social, tanto
de luchas, identidad, cotidianidad o sentido sagrado, para que el lugar y
determinados contenidos, pasen a convertirse, primordialmente, en producto a
ser incorporado como mercancía al circuito del mercado cultural y de paisajes
(López Santillán y Guardado 2010).
En
nuestro caso, la Alianza no constituyó el fin del conflicto, sino una
delimitación de actores con los que negociar. Las comunidades que viven en
tierras que no se consideran de valor turístico quedaron fuera de la Alianza y
su lucha por el monte quedó diluida en su baja capacidad de generar redes. Por
otro lado, se abrió un nuevo frente de conflicto por parte de pobladores
colonos y urbanos que se oponen las obras de infraestructura, en particular un
camino que atravesará un Parque Provincial dentro de la RBY, para ingresar a
las tierras destinadas al emprendimiento turístico.
El caso que aquí
analizamos no solo es paradigmático por presentar una forma novedosa en
Argentina de gestión territorial, sino también porque permite dar cuenta de
procesos de mercantilización de la naturaleza que tienen lugar en un área
natural protegida. La alianza plasmada en el Acuerdo Multicultural del Lote 8,
constituyó una forma de llegar a un arreglo que las comunidades mbya-guaraní consideran favorable ya que les permitió
alcanzar objetivos respecto al uso y propiedad de la selva. Pero estos logros
no se deben tan sólo a la voluntad del sector empresarial, ONGs
y Estado, sino sobre todo a la trayectoria de más de dos décadas de lucha de
las comunidades mbya-guarní. Fueron estas luchas las
que llevaron a la creación de la Alianza, a generar espacios de diálogo y
alcanzar la propiedad de la tierra. También esta lucha generó fracturas
internas, diferencias entre comunidades, ya que el Acuerdo sólo benefició a
algunas, mientras otras quedaron relegadas y debilitadas en su capacidad de
acción política. Por otro lado, luego de constituida la Alianza entre estos
actores, se abrieron nuevos conflictos donde movimientos locales ambientales
denuncian el modelo de conservación neoliberal en ciernes en el área, pero de ésto no participan agrupaciones indígenas, sino sobre todo
vecinos colonos y pobladores de los centros urbanos de la región. Estos
movimientos ven con perplejidad la falta de apoyo indígena y su alianza con el
capital y el Estado.
En el actual modelo de
conservación neoliberal se promueve que las relaciones con las comunidades
indígenas deben ser democráticas y participativas, donde todas las voces estén
presentes. Pero la participación que se propicia está restringida a no
entorpecer e incluso participar en el mercado, ofrecer bienes, servicios o
fuerza de trabajo. Ya sea por ejemplo ser “guardianes de la selva”, mantener un
área “natural”, como para darle un plus a la certificación verde de procesos
productivos. De manera que la libertad adoptada por este modelo de conservación, simultáneamente cierra las posibilidades de
otras libertades, por ejemplo, otras formas de relación entre mundos humanos y
no-humanos.
La mirada mercantilista
de la naturaleza sostiene el credo de la necesidad de crecimiento económico,
que continúa impulsando la colonización de las comunidades locales,
transformando aún más la Naturaleza en mercancía y espectáculo. En tal sentido
se capturan la participación y el trabajo de las comunidades.
Para
finalizar señalaremos que existen fuertes reticencias para hablar sobre qué
tipo de proyecto se propone para el área del Lote 8, tanto desde la empresa Moconá SA, como desde el Ministerio de Ecología y la
Organización FUNAFU. Las respuestas son que no tiene nada de malo si hubiese
desarrollo turístico, pero se evita tocar este tema, considerando que
contaminaría la idea de Alianza, que se pretende se base en la idea de acuerdo
donde todas las partes, empresa y comunidades, indígenas se ven mutuamente
beneficiadas. Explicitar los proyectos turísticos llevaría a mostrar que si bien hubo beneficios mutuos, fueron desiguales.
Mientras las comunidades obtuvieron las tierras reclamadas, la empresa forestal
está en camino de obtener considerables ganancias derivadas del turismo[xii].
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(20)
NOTAS
[i]
El trabajo de campo para esta investigación se realizó en sucesivas visitas al
área entre 1012 y 2019, donde se entrevistaron a líderes indígenas,
funcionarios gubernamentales, miembros de ONGs y
empresarios forestales locales. Se participó de reuniones en la Legislatura
provincial y se recurrió a fuentes periodistas que trataron el conflicto en
cuestión.
[ii] La
categoría de Reserva de Biosfera fue creada por la UNESCO en la década de 1970,
en consonancia a las preocupaciones por poner “límites al crecimiento”, cuando
en el campo de la conservación se comienzan a plantear discusiones por la
posibilidad de coexistencia entre conservación de la naturaleza, presencia de
poblaciones humanas y actividades productivas.
[iii]
Las comunidades del área
desarrollan una economía basada en la caza, recolección y
horticultura de tala y quema. Varias de estas comunidades también se vinculaban
a mercados locales a partir de trabajos informales en el ámbito rural y la
venta de artesanías. Estas son: Kapi’i Yavate, Tekoa Yma, Aracha Poty, Yakã
Porã’i, Takuaruchu, Kuri, Pindo Poty, Yryapy, Jejy, Paraje Mandarina, Yaboti
Mirī, Ita Chī, Caramelito, Yvy Raity, Ka’aguy Mirī Los Mbya Guaraní, pueblo de perteneciente a la familia lingüística
tupí-guaraní, cuentan en la provincia de Misione con 74 comunidades y una
población total, aproximada, de 3.000 personas (2021).
[iv]
El Comité Man and Biosphera (MAB) Argentina, era el
vínculo del Estado nacional con el Comité MAB que funciona en la UNESCO y
establece pautas para el funcionamiento de las Reservas de Biosfera a nivel
global. Cada diez año el Comité MAB evalúa la situación de cada Reserva de
Biosfera.
[v]
En este informe (Keller 2004) también se denuncia la compactación del suelo que
causa la circulación de maquinaria forestal, la disminución de especies de
animales que son cazados por las comunidades debido al desmonte. También señala
que la actividad forestal tiene impacto sobre lugares sagrados de las
comunidades. “La intervención en el sitio sagrado puede romper este frágil
equilibrio obtenido y la mera sospecha de la presencia de un espíritu de
difunto (“mogua”) en torno a las aldeas puede motivar el desplazamiento
completo de la población”.
[vi]
La resolución afectó en total 9.693,19 has.
[vii]
http://www.worldlandtrust.org (visitado 10 de abril 2021)
[viii]
La primera propuesta (formulada en 2008) para solucionar el conflicto con las
comunidades mbya-guaraní del lote 8, fue crear una Reserva Natural Cultural en
el lote donde estarían asentadas las comunidades. Estas presentaron una fuerte
oposición a la propuesta hecha entre WLT, FFV, el Ministerio de Ecología
provincial y la empresa Mocona S.A. En 2009, las comunidades junto a EMIPA y la
ONG ecologista FUNAFU, enviaron una carta al Director
de WLT (David Attemborough) reclamando no haber participado en las
negociaciones ni haber sido reconocido sus derechos sobre las tierras que
tradicionalmente ocupaban. Y hacia fines del 2010, en una Asamblea de caciques
(Aty Ñeychyro) se informó el rechazo de las comunidades a la venta del Lote 8,
ya que en esta transacción no se reconocían los derechos territoriales ni la
posesión comunitaria, así mismo también rechazaban la idea de crear una Reserva
Natural Cultural. Se apelaba al art. 14 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y
tribales de la OIT (Convenio 169), al que Argentina adhirió en el año 2000
(Jimenez 2013; 53). En el art. 7 de este Convenio se reconoce que “Los pueblos
interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte a sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o
utilizan de alguna manera (…) además dichos pueblos deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”, todo lo cual en
la práctica estaba distante de cumplirse. En el mismo sentido, también se hizo
una exposición en el Encuentro de Pueblos Indígenas en Paragua (año), donde
declaraban que continuaban sin ser incluidas en el proceso de negociaciones,
fueron informadas cuando el proyecto de creación de la Reserva Cultural ya
estaba cerrado, mientras las autoridades provinciales se suponía que debían
aceptarlo. (Jimenez 2013, 54 ).
[ix]
(León Laharrague-propietario de la empresa Moconá S.A, [Primera Edición,
2016]).
[x]
En http://misionesonline.net/2016/07/10/el-destino-yaboti-sera-incluido-entre-cinco-de-los-principales-puntos-turisticos-del-pais-que-promocionara-el-gobierno-nacional/
(consultado el 07/07/17)
[xi]
En:
http://diarioepoca.com/742394/cuatro-gobernadores-y-dos-ministros-firman-el-acuerdo-de-la-naturaleza/
[xii]
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/230033/mocona-desde-2010-el-gobierno-impulsa-un-polo-turistico-hotelero-en-.html