Económico Territorial N.°
20, diciembre 2021, pp. 73-96
ISSN 13905708/e-ISSN 26028239
DOI: 10.17141/eutopia.20.2021.5161
“Biocombustibles”: mercantilización y extractivismo agrario en Argentina (2006-2021)
“Biofuels”: mercantilization
and agrarian extractivism
in Argentina (2006-2021)
Virginia Toledo López.
Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (FHCSyS/UNSE-CONICET),https://orcid.org/0000-0003-0901-8285,
vtoledolopez@gmail.com
Recibido:
31/08/2021 • Aceptado: 15/11/2021
Publicado:
21/12/2021
Resumen. El presente artículo
analiza especialmente el dinamismo adquirido por el sector de los combustibles
agrícolas, en tanto procesos de expansión reciente del agronegocio en Argentina
y en el contexto de difusión de nuevas estrategias del capitalismo verde, con
foco en los casos de la producción de diesel de soja
en la provincia Santiago del Estero y de etanol a base de maíz en la provincia
de Córdoba. Con un enfoque de Ecología Política, considerando el territorio en
su multiescalaridad y complejidad, los estudios de
caso indagan en los mecanismos de dominación asociados al acaparamiento verde,
y en la emergencia de resistencias y disputas territoriales. Los resultados
muestran que los agrocombustibles no contribuyen a mejorar la calidad del
ambiente, sino al contrario: con renovados ejemplos de colonialidad
del poder y acaparamiento, refuerzan un modelo agrícola extractivo. Por su
parte, las resistencias resultan luchas por lo común y dan cuenta de procesos
creativos y de aprendizaje social constante que emergen desde los territorios
para construir alternativas de vida frente al pronunciado despojo y ruptura de
lazos que la profundización del extractivismo genera.
Estos saberes resultan sumamente importantes en el contexto del debate sobre la
soberanía alimentaria y la transición energética justa y popular.
Palabras
clave: agrocombustibles, acaparamiento verde, transición
energética
Abstract.
This article analyzes the dynamism
of the agricultural
fuels sector in Argentina, related to the
recent agribusiness expansion and in the context of the
new strategies of green capitalism. It focuses on
the cases of soy based diesel production
in the province of Santiago del Estero and corn-based
ethanol production in the province of
Córdoba. With a Political Ecology approach, considering the territory in its multi-scalarity and complexity, the case studies search for the
mechanisms of domination related with green grabbing,
and the emergence of resistance and territorial
disputes. The results show that agrofuels
do not contribute to improving the
quality of the environment, but on the
contrary: with renewed examples of coloniality of power, they
reinforce an extractive agricultural model. For its part,
resistance results from struggles for the commons
and account for creative and
social learning processes that emerge from the territories to build life
alternatives in the face of the pronounced
dispossession and ruptures that extractivism generates. This knowledge is extremely
important in the context of the
debate on food sovereignty and on the just and popular energy transition.
Keywords: agrofuels,
green grabbing, energy transition
Introducción
Desde
principios del nuevo milenio, y en pocos años, el mercado mundial de “bio”diésel y “bio”etanol pasó a
tener una importancia considerable, caracterizándose por su concentración
(tanto en los mercados importadores como en los exportadores) y por la
tendencia alcista en los precios, incluso pese a la crisis económica
internacional de octubre de 2008 y en el marco del nuevo ciclo extractivista
(Gudynas 2011, Seoane 2012, Svampa y Viale 2014). En
este contexto, en Argentina la posibilidad de agregar valor a la producción
sojera a través del combustible resultó especialmente atractiva para los
sectores que veían el “agro como negocio” (Gras y Hernández 2013). En
particular la industria aceitera, cuyo principal insumo es la soja, con un
amplio despliegue en el país y siendo estructuralmente exportadora, podía
convertirse sin mayores inconvenientes a la elaboración de combustible (Toledo
López 2013, 2018).
En el año 2006, la Ley Nacional
26.093, de Biocombustibles, creó un marco legal para los emprendimientos agroenergéticos y un mercado para su consumo a nivel
nacional a partir del 2010. Además, la Ley 26.190/2006, modificada en el año
2015, buscó lograr un incremento del uso de las fuentes renovables de energía,
y así los agrocombustibles adquirieron un rol protagónico también como fuente
de electricidad para el mercado local. A partir del año 2004 se suman a
centrales eléctricas (Sacks 2011). Si bien la diversificación de la matriz de
energía primaria fue uno de los principales argumentos con los que
Gráfico
1. Matriz de energía primaria (año 2020)
Fuente: Secretaría de Energía, Balance energético
nacional 2020.
se promovieron los
combustibles de origen agrícola, en Argentina las fuentes renovables continúan
teniendo una participación marginal, con una dependencia del 90% de los
combustibles fósiles (Gráfico 1).
Recientemente
la aprobación del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, mediante la Ley
27.640/2021, con vigencia hasta el año 2030, fijó nuevas reglas para el sector
y redefinió los debates sobre la transición energética (Marrama
2021). Especialmente considerando los desafíos de un presente signado por la
persistencia de una estructura energética fosilizada, la agudización de la
crisis socioeconómica y ecológica, y la cristalización de la crisis sanitaria
con la pandemia del Covid19, todas poniendo de manifiesto el “estrés sistémico”
que vivenciamos (Fernández Durán y González Reyes 2021).
El
término difundido para su promoción es el de “biocombustibles”. El prefijo
“bio” se asocia a vida, lo cual se aleja de los efectos destructivos que estas
producciones tienen y por lo que han sido cuestionadas por movimientos sociales
y ambientales en términos de justicia ambiental. En el presente les referimos
como “agrocombustible” o “agroenergía” por
considerarlo más específico, en tanto se alude a combustibles que tienen su
origen en la agricultura industrial, libre de connotaciones positivas. Además,
desde un enfoque integral se destaca que “la huella ecológica de los
agrocombustibles es incluso mayor que la de los combustibles fósiles”
(Fernández Durán y González Reyes 2021, 122), y se los señala por “despertar falsas
expectativas sobre una solución tecnológica al problema del excesivo uso de los
derivados del petróleo” (Russi 2008). Así, la
reorientación de crecientes cantidades de cereales y oleaginosas hacia la
producción de combustibles se comprende en el contexto de la “geopolítica del
desarrollo sostenible” (Leff 2002), que trazó el
predominio del discurso de “modernización ecológica” (Hajer
1995; Harvey 1996) del capitalismo, y en el marco del proceso general de
expansión del “régimen agroalimentario corporativo”, bajo el cual las formas de
gestión de las empresas modulan la dinámica del sector (McMichael 2009; Teubal 2009; Delgado Cabeza 2010), que en Argentina
significó el auge del modelo del agronegocio desde 1996. La expansión de este
modelo derivó en un fuerte incremento de la producción de granos, con profundos
impactos territoriales (Domínguez y Sabatino 2006; Giarracca
y Teubal 2013; Gras y Hernández 2013), y habilitó la
posterior producción del agrocombustibles.
El Gráfico 2 muestra la evolución de
la producción de las principales materias primas con las que se elaboran los
agrocombustibles en el país, siendo la soja el insumo a partir del cual se
genera agrodiesel y el maíz el cereal que se destinó
a la elaboración de etanol desde el año 2012, destacándose ambos cultivos
industriales por su cuantía. El aumento en la superficie implantada con
monocultivos industriales y en los niveles de producción se dio en paralelo al
incremento de la deforestación[i],
del uso de agrotóxicos[ii],
de las enfermedades y de otros inconmensurables problemas socioambientales como
la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la apropiación de tierras
(Ávila-Vázquez 2004; Carrasco et al. 2012; Giarracca
y Teubal 2013; Pengue 2017,
Gras 2017).[iii]
Gráfico 2. Evolución de la producción y superficie sembrada de
principales cultivos de Argentina (1996-2020)
Fuente: Dirección Nacional de Agricultura - Dirección
de Estimaciones Agrícolas.
En
Argentina la cuestión ambiental de los agrocombustibles se inscribe en el
debate previo, ya vigente, sobre los pasivos sociales y ambientales generados
por el agronegocio, que éstos contribuyen a profundizar. La promoción de los
agrocombustibles se dio en el contexto de un modelo de acumulación “neodesarrollista” (Féliz y López
2012), etapa que también ha sido interpretada como de “neoextractivismo”
(Svampa y Viale 2014), en el marco de los “neoextractivismos progresistas” (Gudynas 2011, Seoane
2012), y ha sido profundizada durante el retorno a la ortodoxia neoliberal y
conservadora como enfoque de políticas públicas con el gobierno de Mauricio
Macri (Varesi 2016, Mazzeo
2017).
Según
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP,
2021) en la campaña 2009/2010, la producción de soja fue de 54.247.538 tn (sembradas en 18.860.732 ha), de las cuales 36,8
millones se destinaron a molienda. En 2010, año el que país se destacó como el
principal exportador de biodiesel el mercado mundial, se elaboraron 1.814.845
toneladas, de las cuales 508.557 se destinaron al consumo interno y 1.358.482 a
la exportación. Se estimó que 14 millones de toneladas de soja, aproximadamente
un cuarto de la
Gráfico 3. Evolución de la producción y destino de diesel en Argentina según insumo (en ton,
2009-2018)
Fuente:
Secretaría de Gobierno de Energía (*) Dato Provisorio
producción
nacional de granos, se destinaron ese año a elaborar diesel,
siendo el 40% para el mercado interno, y el resto para exportación (Gráfico 3).
La producción de diesel
de soja en Argentina tuvo un crecimiento espectacular y su producción se
expandió a medida que se incrementaba la demanda interna (con ampliaciones del
cupo nacional) y la externa, llegando hasta el pico de 2,5 toneladas en el año
Gráfico 4. Evolución de la producción y consumo de etanol en Argentina
según insumo (en m3, 2009-2018)
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía (*) Dato
Provisorio.
2018
(con una capacidad instalada para 4,5 millones), y un consumo local de 1,1
toneladas (con el corte establecido en el 10%). Por su parte, el maíz exhibió
en la última década un aumento sostenido, diputando a la soja el título de
cultivo de mayor producción en el país. Su evolución permite visualizar que
mientras en 2010/11 la cosecha fue de 23 millones de toneladas, la curva ascendente
trepó en 2019/20 a 58 millones de toneladas (Gráfico 2). Paralelamente se
observa el creciente destino del maíz a combustible desde el año 2012 (Gráfico
4), cuando se constata que la cantidad de alcohol, elaborado hasta entonces con
caña de azúcar, no era suficiente para proveer al corte nacional de etanol
establecido por ley (Toledo López 2013, 2018).
Se argumenta que la
producción de agrocombustibles resulta una forma de acaparamiento verde,
proceso que asimismo involucra relaciones sociales que reproducen una colonialidad del poder, interpretada en el contexto del neoextractivismo.
El presente artículo
analiza especialmente el dinamismo adquirido por el sector de los combustibles
agrícolas, en tanto procesos de expansión reciente del agronegocio en Argentina
y en el contexto de difusión de nuevas estrategias del capitalismo verde, con
foco en los casos de la producción de diesel de soja
en la provincia Santiago del Estero y de etanol a base de maíz en
la provincia de Córdoba. Con un enfoque de Ecología Política, considerando el
territorio en su multiescalaridad y complejidad, los
estudios de caso indagan en los mecanismos de dominación asociados al
acaparamiento verde, y en la emergencia de resistencias y disputas
territoriales. Con énfasis en la pregunta distributiva se cuestiona en cada
caso quiénes se apropian de los recursos, cómo se legitiman esas apropiaciones
en términos de discurso ambiental y, en última instancia, cómo esa construcción
de sentidos contribuye a mercantilizar nuevas partes de los lazos socionaturales y, así, a la expansión del capital. A continuación se presenta el marco teórico metodológico de la
investigación, y luego los resultados en la descripción de los estudios de
caso. Por último, se retoman los principales argumentos en términos de
discusión y reflexiones finales.
Marco
teórico metodológico
La
investigación retoma el enfoque de la Ecología Política latinoamericana (Alimonda 2002, 2011; Martin y Larsimont
2016; Alimonda et al. 2017; Merlinsky
y Serafini 2021) considerándolo un prisma adecuado para la comprensión de los
impactos territoriales y de la cuestión ambiental en torno a los
agrocombustibles, con foco en las asimetrías de poder y en las desigualdades en
el acceso a los bienes y servicios de la naturaleza. En particular, el artículo
indaga en los mecanismos de dominación y dispositivos[iv] que
contribuyen a legitimar prácticas extractivistas, de despojo y acumulación,
asociadas al acaparamiento verde, y en la emergencia de resistencias y disputas
territoriales. De este modo se pretende también aportar a la comprensión de los
procesos de construcción de “narrativas del desarrollo” (Gudynas 2003; Escobar
2005; Svampa y Antonelli 2009) en los territorios. La
elaboración de una narrativa[v]
y el despliegue de un discurso[vi]
(coherente, sin fisuras, saneando las diferencias políticas y las
contradicciones), es inherente a toda estrategia territorial y de poder.
Retomando
a Svampa (2019: 18) se entiende al extractivismo como un “modelo sociopolítico-territorial”,
que puede por tanto ser analizado a escala nacional, regional o local. Así, el extractivismo refiere a la forma que adquieren las
relaciones sociales entre actores en un espacio-tiempo específico, que puede
ser definido por sus atributos políticos, económicos, culturales, ambientales y
de géneros. Encontramos pues una temporalidad de larga duración, que arranca
desde los orígenes del capitalismo en el siglo XV y el proyecto histórico de la
modernidad-colonial, y que han derivado en un profundo “desgarro” del
metabolismo sociedad-naturaleza a través de una doble alienación (Bellamy
Foster 2000, 29). La progresiva extensión de la “cosificación” al conjunto de
los intercambios humanos como elemento característico del funcionamiento de la
sociedad capitalista, propicia la “mercantilización” de los vínculos y de la
forma en que concebimos el mundo.[vii]
Bajo esta lógica tanto las personas como la naturaleza quedan fracturadas,
subsumidas a las necesidades del capital y convertidas en objetos para la
acumulación.
Según
Aguirre (2010) la mercantilización se ha consumado en el sector agroalimentario
a través de una doble escisión, operada en el mundo de los sentidos: por un
lado, la separación de la alimentación respecto de la nutrición y la salud en
la etapa industrial; por otro, el divorcio del campo con la
alimentación-nutrición humana. Primero la alimentación industrial cambió el
concepto mismo de lo que se entendió por alimento: desde entonces los alimentos
son ante todo “buenos para vender” (Aguirre 2004). Más tarde, en el régimen
corporativo “la elaboración y el consumo de alimentos ha ido separándose
progresivamente de su vinculación directa con la agricultura y con el entorno
próximo en el que ésta se desenvolvía” (Delgado Cabeza 2010, 33). Así, el
“campo” se constituyó como espacio generador de mercancías, regido por la
intencionalidad del capital, en detrimento de otras formas de apropiación y uso
del espacio. Desde esta óptica se interpreta la importancia que adquiere el
ejercicio de una dirección ético–política en la sociedad capitalista, otorgando
un sentido (común) a las prácticas sociales, mediante “palabras comunes” en las
que se deposita “la representación del mundo social” (Bourdieu 1988, 136), en contextos de avance de la frontera del
capital. Por su parte, la noción de “hegemonía” permite comprender los procesos
sociopolíticos en base a los cuales los actores dominados perciben como propia
la visión de mundo funcional al statu quo, es decir, a los intereses de los
sectores dominantes (Gramsci 2011). En este contexto, siguiendo a Borón (2007), la tendencia a destinar la producción
agrícola para generar combustibles se entiende como una “segunda vuelta” en
términos de mercantilización de los territorios rurales, y es por tanto una
exacerbación del despojo generado por la agricultura industrial y la expansión
del agronegocio en Argentina en clave de acaparamiento verde.
Mediante
una complementación de técnicas se realizó el análisis de documentos y
estadísticas oficiales, legislaciones, material hemerográfico, informes
técnicos y bibliografía especializada, y se utilizó el método cualitativo para
la interpretación de los repertorios sociales a partir de entrevistas
semiestructuradas realizadas a distintos actores (empresarios, trabajadores,
pobladores, funcionarios públicos, técnicos, entre otros informantes clave) y
en aras de sistematizar estudios de caso. Conforme las categorías planteadas
por Stake (2003), el camino metodológico elegido
consistió en trabajar con casos “instrumentales”. Así, los casos de la
producción de diesel de soja en Santiago del Estero y
de etanol de maíz en Córdoba han sido seleccionados dada su relevancia y
potencialidad para dar cuenta de la relación global-local, respondiendo
interrogantes planteados en ambos planos.
Se
busca comprender las particularidades territoriales que asume el proceso de
producción de agrocombustibles, y así dar cuenta de cómo se expresan las
tendencias dominantes de expansión del agronegocio y, con él, del sistema
agroalimentario corporativo en nuevos territorios, que son de esta manera
incorporados a la lógica de la vanguardia del capitalismo global. En los
estudios de caso se indaga en los mecanismos de dominación asociados al
acaparamiento verde, y en la emergencia de resistencias y disputas
territoriales.
La
noción de acaparamiento verde remite al despliegue de nuevas, más bien
renovadas formas de apropiación y de acumulación por despojo con fines “verdes”
(Fairhead et al. 2012), es decir, apropiaciones
legitimadas con argumentos ecologistas o ambientales, como la reducción de
gases de efecto invernadero (GEI). Tal como han mostrado Fairhead,
Leach y Scoones (2012), la meta principal es la
apropiación de tierras, que aquí consideramos en términos de territorio-tierra.
A continuación, con énfasis en la pregunta distributiva, se pretende aportar a
la comprensión del “discurso del desarrollo”, el acaparamiento verde y la
emergencia de disputas territoriales a partir de los estudios de caso.
La producción de diesel de soja
en Santiago del Estero
Santiago
del Estero se destaca por su diversidad biológica y cultural, y es una de las
provincias con mayor población campesina del país, cuya actividad productiva se
cimentó históricamente en las características ecosistémicas de la región (Tasso
2007), con una amplia superficie de bosque nativo, y en la que el avance del
modelo del agronegocio motivó la progresiva profundización de los conflictos
territoriales, ambientales y de tierra en la zona (Slutzky
2005; Barbetta 2005; Domínguez y Sabatino 2006; REDAF
2013; Aguiar et al. 2016; Toledo López et al. 2020), que también se interpretan
como ejemplos de acumulación por despojo (Cáceres 2015; Schmidt y Toledo López
2018) y landgrabbing
o acaparamiento de tierras (Gras 2017; Gras y Zorzoli
2019). Fue la única provincia del NOA con un proyecto de producción de diesel a base de soja. La relevancia del caso de estudio
está dada por la dimensión de la inversión y el tamaño de la agroindustria;
porque integró la estrategia de acumulación de un agente central del patrón de
acumulación argentino y porque se localiza en una zona de avance del modelo del
agronegocio.
El
cambio en el patrón de localización respecto de otras empresas del país fue
presentado por el grupo empresario como un quiebre de las tendencias imperantes
en el sector, lo que quedó plasmado en la frase “rompimos el paradigma sojero”
(Infocampo,
2010). Los cambios territoriales asociados a la ubicación de la planta en una
zona de deforestación y reciente agriculturización e
intensificación ganadera, sumado a los incentivos fiscales otorgados por la
provincia para la industrialización (especialmente en el marco de la Ley
provincial 6.750 de 2005), resultaron de interés para analizar la
(re)territorialización que impulsa la producción de agrocombustibles (en tanto
etapa de industrialización del agro), en una región en la que las
transformaciones económicas, sociales y ecosistémicas derivadas del avance del
modelo de agricultura industrial (en su fase de producción primaria) aún se
hayan en curso.
En
la ecorregión el Gran Chaco Americano el cultivo de soja experimentó una
drástica expansión avanzando sobre ecosistemas frágiles, deteriorando la salud
de las poblaciones y desplazando al sector de la agricultura familiar,
originaria y campesina (Domínguez y Sabatino 2005; Slutzky
2005; González y Roman 2006; Morello
y Rodríguez 2009; Ramírez et al. 2012; Aguiar et al. 2016; Toledo López 2017;
2018; Gras y Zorzoli 2019). El sector industrial se
encuentra escasamente desarrollado en la provincia, y son los servicios, las
pequeñas manufacturas y actividades agropecuarias los sectores de mayor
actividad (Schnyder 2013). De este modo, la promesa
de la agroindustrialización de la mano de los
agrocombustibles allanó el camino para presentar al monocultivo agroindustrial
como “ventaja” del territorio que es necesario aprovechar. La narrativa del
desarrollo, expresado a través de los discursos de los empresarios,
funcionarios y en planes de gobierno (o el punto de vista oficial) en el caso
de estudio enfatizó en la generación de empleo, la agregación
de valor a la materia prima de origen local,
el logro de encadenamientos productivos,
el origen nacional del capital invertido y la contribución ambiental
como factores generadores de desarrollo (Toledo López
2016b). Estos elementos, en sintonía con el “ethos neodesarrollista” predominante a nivel
nacional (Feliz y López 2012), construyen el discurso sobre el proyecto
impregnándolo con imágenes de modernidad(colonial) asociadas a la expansión del
consumo y la movilidad social, observadas aquí en términos de colonialidad, acumulación y poder.
A
fin de mejor comprender la estructura sociopolítica santiagueña siguiendo el
análisis de Schnyder (2013, 27), se subraya la
presencia de una sociedad civil “cuyo entramado de organizaciones fueron
mayormente construidas por los partidos, en particular el peronismo, y la
iglesia católica”. Isac y Canevari
(2018) refieren que “Santiago del Estero es una sociedad que mantiene anclajes
en estructuras de patronazgo o sistema patronal desde períodos coloniales (...)
fundamentos divinos. Con el paso de los años se mantiene el lugar del señor y
la subordinación a su autoridad que contiene un estilo paternalista” (Isac y Canevari 2018, 71). La
provincia fue intervenida en abril del 2004 a instancias del recientemente
electo presidente, Néstor Kirchner, que removió al caudillo peronista Carlos
Arturo Juárez que gobernaba la provincia, junto a su esposa Mercedes Aragonés
de Juárez, desde 1948. Tras un año de intervención se llamó a elecciones, y
Gerardo Zamora resultó electo gobernador de la provincia, con el 46,5% de los
votos. El Frente Cívico se mantiene desde marzo de 2005. En diciembre de 2013,
tras un frustrado intento de re-reelección, fue
sucedido por su esposa, Claudia Ledesma Abdalala
(actualmente, Presidenta de la Cámara de Senadores
Nacional). Zamora es el actual Gobernador de la provincia.
Acorde
al discurso ambiental dominante en otras escalas, el “bio”diesel
se presentó como una posibilidad “sustentable” de agregar valor a la materia
prima “local” y de generar un producto “competitivo”, con inserción en mercados
globales. La lógica espacial vertical (propia del capital global) y extractiva
de la agroindustria en Frías, ciudad ubicada al sudoeste de Santiago del
Estero, se expresó en su falta de arraigo espontáneo con el entorno, extrayendo
materia prima para el mercado externo (Toledo López 2016ab, 2017). También se
reconoce la hegemonía en torno del discurso del agronegocio, interpretado en
términos de colonialidad del poder, en momento de los
accidentes laborales ocurridos y de los que se derivan situaciones de
conflicto. En particular, durante el trabajo de campo, los empleados y
ex–empleados de la planta aludían inmediata y espontáneamente al episodio que
costó la vida de dos trabajadores (sin necesidad de una pregunta directa que
abordara el hecho), adjetivando el suceso como una “tragedia” y expresando su
profundo pesar por lo acontecido. Por su parte, en el relato de los
funcionarios públicos entrevistados éstos hechos integraban el espectro de lo
“no dicho”, a la par que se reiteraba la afirmación de la seguridad de la
planta y de la “conciencia empresarial”
del grupo (Director de Medio Ambiente de la provincia
de Santiago del Estero, 19 de marzo de 2012). El episodio fatal debió ser
traído a conversación en las entrevistas realizadas al gerente de la firma y a
los funcionarios públicos, cuyos relatos tendieron a minimizar la
responsabilidad del grupo empresario. Al mismo tiempo en que existían diversas
versiones sobre las causas, algunos funcionarios establecieron la
responsabilidad del “accidente” en los trabajadores (Toledo López 2016a).
La
agroindustria de diesel inaugurada en diciembre de
2009 en el Parque Industrial de Frías era una fábrica de gran capacidad
productiva.[viii]
El grupo empresario foco de análisis constituye un conglomerado de empresas
agropecuarias y agroindustriales de capital nacional, siendo posible definirlo
como una “megaempresa” (Gras y Sosa-Varrotti 2013;
Toledo López 2017). Asimismo, se destaca su desempeño internacional (siendo uno
de los principales exportadores mundiales de cítricos), lo que le significó la
recepción de menciones y reconocimientos, entre los que destacamos el premio
MERCOSOJA 2011, por la “Metodología de cálculo para la medición de emisiones de
gases de ef[ix]ecto
invernadero en una planta integrada de producción de biodiesel regional”
Por
su parte, como muestra de su Responsabilidad Social Empresarial la Fundación Lucci presentó a la comunidad la propuesta de realizar de
campañas en escuelas bajo el título “Educando en valores”,
como “programas de superación personal”. Se trataba de
herramientas pedagógicas tipo cuadernillos organizados en cuatro grupos, según
edad destinataria, y según temáticas predefinidas como pertinentes para cada
grupo. El objetivo explícito era “brindar a nuestras comunidades herramientas
que potencien sus habilidades y permitan a sus habitantes: iniciar un proceso
de superación personal, a través de valores y aprendizajes educativos, formando
de esta manera Capital Social”. En esta meta, y en los
conceptos que eligieron para presentar públicamente la iniciativa se
transparenta la mercantilización, planteando objetivos de desarrollo sociales y
ambientales en términos de acrecentamiento del “stock de capital” (Escobar
2007, 334). En los cuadernillos, ideas de “éxito”, “productividad” y
“racionalidad” otorgan sentido a nociones como “conciencia ciudadana”,
“responsabilidad” y “buenos hábitos”, visión de mundo que la empresa buscó
propagar. Por ello se advierte que el predominio de una valoración económica
“no es inocente, sino que refleja una racionalidad basada en aspectos como la
maximización de beneficios, el uso utilitarista de los recursos, el consumo y
la libre competencia” (Gudynas 2003).
Todo
ello le otorgó poder simbólico, que fue reconocido reiteradamente en los
relatos de agentes gubernamentales, lo que se interpreta en función de la
construcción de hegemonía, predominando una valoración positiva respecto de la
empresa en el territorio, que fue decisiva en ocasión de silenciar denuncias al
respecto de los principales problemas ambientales asociados al emprendimiento.
Al respecto, el conflicto
por el manejo de los efluentes de la producción de “bio”diesel
(Toledo López 2020) muestra como la producción agroindustrial afectó el espacio
de vida de la población local de diferentes maneras, y así mostró una dimensión
del despojo asociado al proceso de expansión del agronegocio, que se suma al
saqueo ambiental y la vulneración del hábitat y los mundos de vida de la
población local en curso. Si bien pobladores locales plantearon dudas respecto
de la inocuidad de líquidos vertidos por la empresa en un canal a cielo
abierto, en la gestión de la controversia predominó la aceptación de los
tiempos y el ritmo empresarial, con el consecuente deterioro de las condiciones
de vida. La confianza en el criterio de la empresa, que refleja la hegemonía
del discurso del agronegocio, se advierte en las palabras del Defensor del
Pueblo de la ciudad de Frías: “no quieren tener problemas con el medio
ambiente. Así que en ese aspecto estamos tranquilísimos (…), porque es una
empresa seria, como te dije anteriormente” ((Defensor del
Pueblo de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, 26 de marzo de 2012)).
Por último, vale señalar
la discrecionalidad con la que el grupo empresario decide sobre su fuerza
laboral, en términos de precariedad y colonialidad,
en un contexto signado por el retorno a la ortodoxia neoliberal y conservadora
con el gobierno de Macri desde 2015 (Varesi 2016; Mazzeo 2017). El estudio de caso termina con el episodio de
la suspensión del personal y el cierre de la agroindustria, que ocurre a
principios de 2019 (Clarín 2019), lo cual puso de
manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores y la inexistencia de garantías
a sus derechos laborales frente a los recurrentes “despidos masivos”.
En síntesis, el caso de la producción de diesel de soja en Santiago del Estero muestra una
conjunción de procesos de colonialidad del poder,
despojo y acaparamiento verde asociados la producción de agrocombustibles en el
que las desigualdades socioambientales y de poder quedaron expuestas en términos
de pasivos ambientales, en el contexto de un modelo socio político territorial
extractivo en el cual intereses privados y gubernamentales confluyen.
La producción de etanol de maíz en Córdoba
En
el segundo caso, relativo a la producción de etanol de maíz en Córdoba, remite
en primera instancia al conflicto con una megaempresa tradicionalmente dedicada
a la producción de alcohol para uso como alimento o medicinal que, en sintonía
con la expansión de la producción de agrocombustibles en el país, se volcó al
sector proyectándose además como productora de tecnología y promotora de la
instalación de otras mega y mini-destilerías de
etanol de maíz en la provincia. Siendo esta última una innovación que se
interpreta como una tecnología disruptiva en los espacios rurales (Toledo López
y Tittor 2019).
Si bien la empresa en cuestión,
“Porta hermanos”, irrumpió en el preexistente[x] barrio
de San Antonio, al sur de la ciudad de Córdoba en el año 1995, fue a partir del
2012 que la población del barrio comenzó a percibir a la megaempresa como una
amenaza a sus espacios de vida, con tres motivos principales: 1) el riesgo de
una nueva explosión y/o accidente; 2) los efectos en la salud de la producción
y, vinculado con ambos efectos, 3) la expansión territorial de la fábrica y por
eso la intensificación de los problemas mencionados (Tittor
y Toledo López 2020a). Hasta el año 2012 la empresa compraba etanol o alcohol
desde Tucumán, generado a partir de caña de azúcar, que se refinaba en Córdoba.
En el contexto del fomento nacional a la elaboración de etanol, “Porta
hermanos” inició la destilación in situ, a partir del
maíz de la zona. La empresa anunció en su propia página web su inversión
prometedora en el sector de los “bio”combustibles y
así fue difundido en medios locales (La Voz 2012).
A
partir del año 2012 la provincia de Córdoba se consolidó como la principal
elaboradora de etanol a base de maíz (con el 40% de la producción nacional).
Eso generó cambios en la superficie sembrada y en este contexto la provincia de
Córdoba pasó de tener 900.000 hectáreas de maíz transgénico en el año 2001 a
casi dos millones de hectáreas en el año 2014, por ejemplo (fuente: MAGyP). En este contexto, asimismo, la provincia se
destacaba por la movilización en torno a la defensa del bosque nativo, en el
marco de las discusiones por la Ley de Bosques, así como en
relación a las resistencias frente al avance de proyectos extractivos de
Monsanto en Malvinas Argentinas, o bien en relación a los conflictos por el uso
agrotóxicos, siendo el caso de Ituzaingó Anexo un ícono (Rossi 2016; Arancibia
2020).
Desde
2012 surge en el Barrio San Antonio la organización Vecines Unides en Defensa
del Ambiente Sano o Seguro (VUDAS), que buscó denunciar lo que se reconoce como
un proceso de construcción de un “territorio de sacrificio” (Saccucci 2018), y en términos de despojo, saqueo e
injusticia ambiental (Tittor y Toledo López 2020b),
por los efectos de la destilación de etanol de maíz, constatando el deterioro
en su salud que propició este cambio productivo en sus espacios de vida.
En
el año 2013, se acercaron al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, lo que inició un proceso de epidemiologia popular que se distingue en
términos de construcción colectiva de conocimientos, que se plasmó en un primer
relevamiento sanitario del barrio. El segundo informe realizado en 2016
confirmó que “en el ambiente de barrio San Antonio se detectan efluentes
gaseosos de la planta de bioetanol de Porta Hnos. como formaldehído, tolueno y
xileno” y verifica en la población la tendencia al aumento del cáncer
(especialmente de piel), la alta prevalencia de nacimientos con anomalías
congénitas, elevadas prevalencias de asma, conjuntivitis y dermatitis. Además
“la mayoría de los vecinos presenta un cuadro clínico compatible con el SSQM
[Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple], siendo las personas mayores y,
sobre todo, los niños, los más afectados” (Ávila Vázquez et al. 2017, 11).
También
en 2013 se inició el camino judicial a partir de una denuncia penal ante el Poder
Judicial de la provincia, por contaminación, que luego es archivada. Por no
contar con una Evaluación de Impacto Ambiental y ante los riesgos que implica
esta actividad, en junio de 2016 VUDAS presentaron un amparo ambiental
colectivo ante la Justicia Federal denunciando la omisión por parte de la
Autoridad Administrativa Nacional (Secretaría de Energía y Minería) del
otorgamiento de la habilitación para la producción de biocombustibles, y
reclamaron la realización de una audiencia pública para la participación
ciudadana, según prevé la ley nacional 25.675, de ambiente. Así, VUDAS inició
un camino judicial tendiente a la aplicación del principio precautorio (Toledo
López y Tittor 2020). Actualmente se trata del único
caso judicializado relativo a la producción de agroenergía
que llegó a la Corte Suprema de Justicia. La persistencia de las actividades de
la empresa pese a las reiteradas denuncias de esta irregularidad e ilegalidad
llevó a que la organización vecinal plantee que “los Estados son cómplices (...) ellos
ingresan al mercado y la autorización de su auditoría se da como industria
alimenticia” (Vecina del Barrio San Antonio, Córdoba,
06 de septiembre de 2017).
La
empresa, lleva asimismo el apellido de quien empresario y Ministro
de Industria y de Trabajo en dos gobiernos de Eduardo Angeloz,
de Ramón Mestre y de José Manuel de la Sota, durante las décadas de 1990 y
2000, de una familia de inmigrantes italianos oriundos de Lombardía, que
fundaron la firma Porta Hermanos, en 1882. Mientras se desenvolvía la espiral
del conflicto, la empresa fue cambiando su perfil, implementando una estrategia
para presentarse como socialmente responsable a partir de diferentes
certificaciones y premios. Para subrayar su responsabilidad social corporativa
y su compromiso con el ambiente, presenta con orgullo cinco certificaciones de
la calidad de sus productos (ISO 9001, ISO 14.001, FSSC 22.000, Kosher,
Celíacos). Además, en marzo de 2017 Porta recibe un Premio de “Innovación
Agroindustrial” por la MiniDest, que unos meses más
tarde explotó (causando una muerte) en la provincia de Santiago del Estero (Diario
Chaco 2017).
En
una entrevista a la prensa el gerente de la empresa orgullosamente subrayó que
la Minidest es “automática y de operación remota, que
produce etanol de maíz y alimento animal, agregando valor en origen” (Agroverdad 2017). Es presentada como una
innovación que revoluciona los límites entre la producción primaria y la
industrial, habilitando una transformación del agro que profundiza su
modernización en un sentido más “eficiente” o “sustentable”, bajo el paraguas
del discurso de la bioeconomía (Toledo
López y Tittor 2019). En palabras de la firma, la
nueva tecnología cumple “el sueño de todo productor: tener su propia
industria”. Por otro lado, los entrevistados han destacado que de lo que se trata es de “convertir
el productor en un industrial”, de modo que la
tecnología se transforma en un “concepto” (Directivo de
empresa, Córdoba, 12 de junio del 2018). En esta, el lema “en tu campo, tu
industria”, que utiliza la empresa en su web se comprende en el marco del
proceso histórico de penetración del capital en el agro y de sumisión de la
producción primaria a la industrial propia del sistema agroalimentario
corporativo (McMichael 2009; Delgado Cabeza 2010). Así, en el contexto de
avance del agronegocio, como expresión del proceso de mercantilización en el
sector agroalimentario y de la ruptura del lazo de sentido entre alimentación y
nutrición, y entre el
agro o “el campo” con la
alimentación-nutrición humana, este fenómeno renueva las formas de sumisión de
la agricultura a la industria. Además, se observa que los discursos de los
empresarios del sector insisten en despojar a los frutos del campo de su
condición de alimentos. Tal como muestra la siguiente cita, el empresario
afirma: “¿el mundo no consume el maíz en grano? No, no consume... A ver, en
alguna ensalada, ¿en dónde se consume?, no hay país en el mundo que esté
alimentado a base de polenta… maíz” (Directivo de empresa,
Córdoba, 12 de junio del 2018).
También,
la empresa fue certificada como empresa B, que refiere al compromiso social y
ambiental. Así, el caso nos permite nuevamente reflexionar respecto de este
tipo de certificaciones como dispositivo que sirve y ayuda a legitimar
prácticas corporativas, y a silenciar las denuncias sobre los impactos que
estas empresas tienen en los territorios, lo cual entendemos en términos de
poder simbólico. Esto confirma y reafirma la utilidad de estas certificaciones
como estrategia de maquillaje verde y construcción de hegemonía en el contexto
de las renovadas formas de acumulación de capital, despojo y acaparamiento
verde. Así, la empresa se presenta como motora de innovación “sustentable”, que definen en términos de triple
impacto: “económico”, “social” y “ambiental” (que
supuestamente garantiza la certificación B).
En
el contexto de la apropiación de la noción de “economía circular” como parte
del discurso de la bioeconomía con el que el agronegocio pretende renovar las
promesas del capitalismo verde en el contexto actual, desde la empresa afirman:
“Aprovechamos integralmente la materia prima; todo se reutiliza y se
convierte en subproductos”, “se produce en forma sustentable, y aparte se
genera mano de obra en el interior, y además circular: una industria nutre a
otra con sus productos” (Directivo de empresa, Córdoba, 12 de
junio del 2018). En esta línea, como parte de los dispositivos con los que
construye su hegemonía, la empresa es auspiciante de la Cumbre mundial de la
Economía Circular que organizó la Municipalidad de Córdoba para los días 18 y
19 de agosto de 2021. Al respecto Martínez Alier (2020, 127) reafirma que “la
economía industrial no es circular sino entrópica”. Por tanto, la “ilusión
de la economía circular” constituye otro dispositivo de la narrativa
del desarrollo en torno a los agrocombustibles, en el marco del discurso de
modernización ecológica del capitalismo.
La
provincia de Córdoba asimismo fue sede de la creación de la “Liga Bioenergética
de provincias”, que en el contexto de la discusión del
marco regulatorio nacional, buscó promover los intereses del sector y en 2020
la legislatura cordobesa sancionó la ley de Promoción y Desarrollo de la
Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía, un instrumento de
promoción provincial. Asimismo, una vez sancionada la nueva regulación
nacional, ley 27.640/2021, el gobierno provincial asimismo lanzó el “Programa BioCordoba B100, de autoconsumo de biodiesel”, de
asistencia económica y financiera, con el objetivo de “reemplazar combustibles
contaminantes por biocombustibles y producir con autonomía energética” (La
Nación 2021). Procesos que resultan claves en una coyuntura
signada por el debate sobre la transición energética justa y popular (Bertinat, Chemes, y Forero,
2020).
Así, el caso de la producción de
etanol de maíz en Córdoba muestra una conjunción de procesos de despojo, colonialidad de poder y acaparamiento verde asociados la
producción de agrocombustibles que, en el contexto de un modelo socio político
territorial extractivo, permite comprenderlos en clave de estrategias de
expansión del capital en el cual intereses privados y gubernamentales
confluyen. Al tiempo que el discurso dominante en torno a los agrocombustibles
se afirma en términos como “bioeconomía”, “economía circular” y
“responsabilidad empresarial”, que refuerzan la expectativa de la “solución
tecnológica” y de esta forma, la “ilusión” del capitalismo “verde” (Fernández
Durán y González Reyes 2021). No obstante, se destaca la emergencia de
resistencias sociales que a partir de procesos de
epidemiología comunitaria, de construcción social del riesgo y de dialogo de
saberes, reconstruyen el territorio valorizando saberes locales, visibilizando
las desigualdades territoriales existentes, fortaleciendo redes de cuidado,
solidaridad y aprendizaje, y movilizando narrativas de justicia ambiental.
Reflexiones
finales y discusión
La
problemática asociada a la producción de agrocombustibles puede ser
caracterizada por su complejidad, en tanto se define a partir de procesos
correspondientes a diferentes dimensiones (físicas, económicas, sociales,
políticas, jurídicas, tecnológicas, biológicas), que se expresan en distintas
escalas, afectando múltiples dimensiones de la vida social y natural en nuestro
país (agropecuaria, alimentaria, energética, ambiental, cultural, entre otras).
La industrialización que habilitó la promesa de los agrocombustibles supuso una
“segunda vuelta”, una continuidad y exacerbación del despojo iniciado con la
expansión del modelo de agricultura industrial y agronegocio en Argentina. Este
proceso es interpretado como parte de una modernización ecológica del
capitalismo, o capitalismo “verde”.
En
Argentina el “discurso del desarrollo” en torno a los agrocombustibles se
plasmó en planes y legislaciones, y tuvo amplia difusión en los principales
medios de comunicación adquiriendo sentido a partir de argumentos que
enfatizaban en su condición de fuente renovable, en su disponibilidad, en su
papel en la reducción de GEI, en su potencialidad para desplegar empleos
“verdes”, cadenas de valor
y desarrollo regional, siendo “biocombustible”
el termino clave en este proceso. Este discurso se promueve desde las
corporaciones del agronegocio y se reitera en los agentes gubernamentales y
planes de gobierno, asume el camino hacia el desarrollo linealmente, planteando
que sólo es posible elegir entre un número limitado de opciones, el que las
empresas “serias”, “competitivas” y “responsables” señalan. De este modo se
renuevan ilusiones de negocios prósperos y el agronegocio se afirma como
sentido común, al tiempo que se invisibilizan los impactos negativos de estos
proyectos, en el contexto de expansión del modelo del agronegocio. Con esos
marcos, las sociedades toman “soluciones de compromiso” que expresan el “mal
menor”, aunque se perciba que serían “preferibles” otras/nuevas experiencias y
tecnologías no contaminantes.
En
un presente signado por la crisis sanitaria desatada a partir del Covid19, y la
agudización de la crisis política, socioeconómica y ecológica que atravesamos
la aprobación del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, mediante la Ley
27.640/2021, con vigencia hasta el año 2030, fijó nuevas reglas para el sector
y redefinió los debates sobre la transición energética. En este contexto, el
ejemplo reciente del gobierno de la provincia de Córdoba muestra como la
reacción compensatoria y el activismo provincial en defensa de los proyectos del
capital resurge en momentos en los que la redefinición de reglas a nivel
nacional amenaza los intereses del sector.
Por
su parte, los combustibles agrícolas adquirieron un nuevo impulso en el marco
de los debates sobre la transición energética, en una coyuntura signada por el
reciente presentación por parte del gobierno nacional del Plan AgroBioIndustrial y la promoción de nuevas tecnologías para
el agro (), anuncios en el sentido del capitalismo “verde”, del discurso de la bioeconomía
y de la ilusión de la economía circular en las políticas públicas, que renuevan
el “mandato exportador” (Cantamutto y Schorr 2021). De este modo, se valida la importancia de no
reducir la discusión sobre la transición energética al incremento de fuentes renovables,
y apostar a una transición justa, ecológica y popular que considere las
sinergias entre los objetivos de soberanía alimentaria y energética (Bertinat et al. 2020), considerando las alternativas
“energéticas” en los contextos territoriales en los que se inscriben.
El
análisis de los casos mostró cómo los agrocombustibles refuerzan el extractivismo en el agro al tiempo que generan otras
problemáticas ambientales propias de la fase industrial. El estudio de la
producción de diesel de soja en la provincia de
Santiago del Estero y de la producción de etanol a base de maíz en la provincia
de Córdoba revelan que los agrocombustibles no contribuyen a mejorar la calidad
del ambiente, sino al contrario: refuerzan un agro extractivo, un modelo de
agricultura industrial basado en el uso de combustibles, transgénicos, con
sobreexplotación de los recursos, que favorece el uso de agrotóxicos, la
deforestación y los cambios del uso del suelo, y por ende al efecto
invernadero, reducen los territorios dedicados a la producción de alimentos,
expulsan al campesinado, impulsan la concentración y el acaparamiento de los
bienes comunes, con fuertes consecuencias en la salud de las poblaciones y el
deterioro de los modos de vida locales y la reducción de la biodiversidad.
Además, los casos muestran ejemplos de colonialidad
del poder, interpretada en términos de neoextractivismo
y acaparamiento verde, en contextos de expansión del agronegocio.
Por su parte, las resistencias que
emergen desde los territorios dan cuenta de procesos creativos y de aprendizaje
social constante a fin de construir alternativas frente al pronunciado despojo
y ruptura de lazos que genera la profundización del extractivismo
mediante sus renovadas formas de acaparamiento verde. Resultan luchas
por lo común, y al tiempo que denuncian y visibilizan
los despojos en tanto injusticias, reconstruyen el territorio valorizando la
construcción colectiva de conocimiento, el diálogo de saberes y fortaleciendo
redes locales de cuidado, solidaridad y aprendizaje. De este modo, fortalecen
lógicas oposición al capital y son semilla de modos de vida alternativos, que
ponen «la vida en el centro», contribuyendo de este modo al camino de la
soberanía alimentaria y energética.
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Fundación Lucci, Cuadernillo “Educando en Valores”, s/f.Ley