Cartografía de violencias (d)enunciadas y (en)tramadas: propuesta metodológica para el análisis de conflictos en torno a proyectos extractivos

Cartografía de violencias (d)enunciadas y (en)tramadas: propuesta metodológica para el análisis de conflictos en torno a proyectos extractivos

Cartography of (D)enunciated and (Em)plotted Violence: Methodological Proposal for the Analysis of Conflicts Regarding Extractive Projects

Recibido: 26 de febrero de 2022
Aceptado: 5 de junio de 2022
Publicado: 30 de septiembre de 2022

(A) Equipo de Ecología Política del Sur, CONICET, Argentina, debocerutti@gmail.com, orcid.org/0000-0002-6487-3148

El artículo propone una herramienta para el análisis de las violencias en su complejidad, en territorios donde se despliegan proyectos extractivos y existen comunidades que resisten el extractivismo megaminero en América Latina. El objetivo es socializar una propuesta metodológica en el marco de investigaciones sobre violencias y extractivismo. Mediante una aproximación cualitativa y cuantitativa, se exponen “series” cromáticas para la caracterización y el análisis de las violencias, junto a una sistematización de estas en un lenguaje cartográfico. Así, la propuesta se presenta como política y crítica, de denuncia y constatación de los daños en los territorios, presentes o futuros.

The article proposes a tool for the analysis of the complexity of violence in Latin American territories where extractive projects are deployed, and there are communities that resist mega mining extractivism. The objective is to socialize a methodological proposal within the framework of research on violence and extractivism. Throughout qualitative and quantitative approaches, chromatic “series” for the characterization and analysis of violence, together with a systematization of it in a “casuistry of violence” and its translation into a cartographic language are exposed. Thus, the proposal is presented as political and critical, of denunciation and verification of the damages in the territories, present or future.

Cuánta evidencia es necesaria, cuántos montos de violencia, cuántas marcas de sufrimiento, qué cualificación de sujetos, qué contenidos veridictorios, cuántos cuerpos probatorios, cuántos nuevos desaparecidos –invisibilizados para poner en el debate públ1ico y ante el juicio social e institucional las actuales transgresiones, vampirismos, biopiratería y hurtos de significación del extractivismo. Cuáles enunciados irrumpirán para desgarrar el velo corporativo, y qué acontecimientos, para desmontar la fiesta transnacional (Antonelli 2011, 17).

Este artículo es un aporte a los estudios sobre extractivismo megaminero en América Latina. Específicamente, a pensar metodologías que combinen lo cualitativo y lo cuantitativo para analizar las violencias que se despliegan en territorios donde existen comunidades que resisten el modelo minero impuesto. Dicha metodología fue ejecutada durante mi investigación doctoral, donde analicé las violencias perpetradas sobre cuerpos, territorios, públicos e imaginarios entre los años 2005 y 2015 en tres provincias argentinas: San Juan, Catamarca y La Rioja.

En esa década, se engarzan diversos acontecimientos que condensan configuraciones violentas y violatorias de derechos humanos y de la naturaleza, los cuales se reiteran y permiten caracterizar los casos estudiados. Trabajar de ese modo significa justamente pensar por “casos”; identificar generalidades y diferencias para dar cuenta de cómo se ha tejido una matriz de violencias (en)tramadas, que debe leerse en perspectiva latinoamericana y considerando las particularidades provinciales. El objetivo de este artículo es socializar la propuesta metodológica, actualizando su vigencia para futuras indagaciones sobre violencias y extractivismo.

Con esta forma epistemológica y metodológica de aproximarse al estudio de los procesos sociales, buscamos trazar articulaciones entre un enfoque cualitativo, basado en analizar críticamente la producción discursiva de los sujetos que han formado parte de resistencias a proyectos de minería a cielo abierto en Argentina, así como de los actores hegemónicos1 que buscan hacer efectivos los proyectos mineros, y un enfoque cuantitativo, para analizar los datos obtenidos de la sistematización de las violencias (d)enunciadas. Estas últimas abarcan una diversidad de estrategias de control social que se desplegaron sobre las comunidades en resistencia.

La sistematización fue traducida en un lenguaje cartográfico. A través de la cartografía de violencias, llevamos a cabo una búsqueda de imágenes e íconos para medir las intensidades de lo registrado y producir un lenguaje, un soporte y códigos de visualización de los datos cualitativos y cuantitativos generados, que contrastan con los mapas y las cartografías extractivas dominantes. En el mapa construido con marcas cromáticas y georeferencias de tamaño, ponderamos las violencias en el espacio subnacional. Buscamos aportar una herramienta para las comunidades en resistencia, al momento de replicar táctica y discursivamente las consecuencias del modelo megaminero.

El artículo está estructurado en cuatro partes. En la primera, explicamos la construcción de la herramienta metodológica y describimos brevemente los casos analizados. En la segunda, presentamos los antecedentes y la propuesta teórica para el análisis de las violencias. En la tercera parte, detallamos la metodología aplicada, junto con la cartografía de las violencias. En la cuarta parte recogemos las conclusiones, sobre la relevancia de esta metodología para próximas investigaciones.

La propuesta metodológica surgió de la decisión de fortalecer el trabajo para develar la actuación del Estado y de las corporaciones transnacionales en San Juan, Catamarca y La Rioja, dada la proliferación de proyectos extractivos de minería a cielo abierto. A partir de ello, por un lado, analizamos los dispositivos de control social en relación con el accionar político de los sujetos que se han manifestado en contra de la megaminería a cielo abierto y, por el otro, damos cuenta de las situaciones de violencia que se ejercieron en las comunidades cercanas a proyectos de minería a cielo abierto en esas provincias.

Utilizamos la cartografía crítica y social, herramienta analítica de suma relevancia para la transformación e intervención sobre las representaciones hegemónicas, y un “elemento poderoso en la construcción de nuestro imaginario social sobre nuestra visión del mundo” (Boero y Gómez 2011, 39). Lo hacemos considerando que el conocimiento de los territorios por parte de los sectores que se organizan para resistir la avanzada del capital en clave minera es desplegado muchas veces por medio de propuestas cartográficas (Acselrad y Nuñez 2013).

Analizamos tres casos, cuya pertinencia está dada por mostrar estados distintos del avance del modelo megaminero en Argentina.2 Estos casos se inscriben en las investigaciones sobre los nuevos escenarios de enunciación política desplegados en Argentina de 2005 a 2015. En esa década, las disputas en torno a los sentidos del territorio ingresaron en una fase de fuerte conflictividad. Mientras Catamarca aparece como “la prueba piloto”, por ser el primer lugar en el cual se desarrolla la megaminería en Argentina, San Juan constituye el “núcleo duro”, por ser allí donde se consolidó el modelo minero en el país, mientras que en La Rioja se logró frenar el avance de varios proyectos.

Los casos comparten características que fueron agrupadas en series cromáticas “que se yuxtaponen, se suceden, se encabalgan y se entrecruzan sin que se las pueda reducir a un esquema lineal” (Foucault 1979, 12). Las series nos permitieron reunir lo que pareciera disperso, estableciendo relaciones discursivas y no discursivas. También, reunir rasgos y criterios para entender dinámicas, procesos, estrategias y operaciones puestas en marcha en el período. La escala subnacional posibilitó entender que existen características del modelo minero que se actualizan en función de los gobiernos provinciales y de un conjunto de variables como aspectos socioeconómicos, diferentes trayectorias de los actores políticos, las temporalidades que han propiciado o desestimado la posibilidad de los proyectos, las condiciones de institucionalidad y el peso que han tenido las resistencias sociales y los antecedentes organizativos de los sujetos.

El trabajo de campo estuvo compuesto por distintas etapas, en las cuales efectuamos alrededor de 70 entrevistas a diferentes sujetos involucrados en el conflicto. Registramos los discursos críticos en la constitución de la resistencia a la megaminería a cielo abierto, como parte de una multiplicidad de voces que agrupa a personas vinculadas a los conflictos e integrantes de las comunidades cercanas a los proyectos extractivos. También trabajamos con fuentes secundarias para acceder a los discursos de las comunidades en resistencia y al proceso de enunciación por el que los sujetos construyeron a los actores hegemónicos y sus estrategias. Las empleamos además para registrar las denuncias a las violencias ocurridas en los territorios. Seleccionamos y dimos seguimiento a distintos formatos textuales, priorizando los comunicados de prensa que han aparecido en redes virtuales, que funcionan como fuentes de información y acceso a lo que las asambleas “dicen”, a sus posicionamientos, reclamos, denuncias públicas y declaraciones. El relevamiento y la sistematización de dichos comunicados fue fundamental: trabajamos con un total de 107 que han circulado por distintas plataformas.

La sistematización de las violencias partió de dicho relevamiento. Incluyó acciones judiciales realizadas hacia asambleas y sus miembros, y sus condiciones sociopolíticas de aparición. Esto fue complementado con datos obtenidos de los archivos personales de varias personas entrevistadas. Además de los ya mencionados, los siguientes documentos forman parte del corpus analizado: notas periodísticas, documentos públicos de denuncia, convocatorias a actividades públicas y repudios que han aparecido en distintos formatos y fueron inventariados. De esa manera, dimos cuenta de un universo discursivo de denuncia, relevando acciones judiciales e intimidatorias y sistematizando las violencias nombradas, percibidas y denunciadas por sujetos que se oponen a proyectos mineros en los territorios donde estos están en marcha o buscan implementarse.

Para llegar a la cartografía crítica, decidimos posicionarnos desde el estudio de las violencias y los dispositivos3 de control, y contribuir al análisis de la trama del modelo megaminero. Hablar de violencia, al decir de Ansaldi y Giordano, implica saber que puede ser estigmatizada, rechazada, referida con eufemismos y hasta negada, pero que estas son variantes de una misma pretensión: “Enmascararla, por tanto, impedir que sea develada”. Referirnos a violencias (en)tramadas en el marco del modelo significa pensar las conexiones entre distintos elementos (en las relaciones entre prácticas, discursos y no en determinado tipo de prácticas); a violencias “de hecho” (Sebesta en Ansaldi y Giordano 2014, 78). Al respecto, Antonelli ha postulado la existencia de violencias múltiples en el escenario extractivo (2014b), que deben ser desnaturalizadas y consideradas en su multidimensionalidad. Se trata de violencias asociadas a las corporaciones transnacionales, así como a los dispositivos estatales de control, criminalización y judicialización, con o sin la securitización privada.

Hemos revisado una amplia bibliografía sobre la relación entre violencia y política, que incluye las siguientes fuentes: Tilly (2007); Florestan Fernandes (2008); Crettiez (2009)) y Segato (2010). Así mismo, nos acercamos a la “maldición de la violencia”, matriz analítica para pensar la(s) violencia(s) del extractivismo como un modelo biodepredador (Acosta 2009). También hemos abordado autores clásicos como Fanon (1983) para pensar la violencia colonial y los procesos de descolonización; Arendt (2012), para problematizar la violencia organizada del Estado, y Benjamin (2011), para conceptualizarla como un medio creador y a la vez conservador del derecho, y de allí derivar reflexiones sobre la violencia de los ordenamientos jurídicos que legalizaron la actuación de las corporaciones transnacionales en los territorios de América Latina.

Nos hemos acercado a quienes problematizan la violencia y sus formas históricas como expresiones de la violencia inmanente al capital, aquella que es sistémica y estructural, endémica de la expropiación y, por ende, originaria y colonial (Machado Aráoz 2014). Mbembe (2011) nos brinda herramientas, desde la perspectiva de los estudios decoloniales en África, para pensar los “agentes de la violencia” y su “gestión” en los territorios. Si bien estamos lejos de plantear una tipología de las violencias, tal como realiza Crettiez (2009, 12), sí compartimos su argumento de que la violencia debe ser nombrada para existir, y que es fruto de un contexto y de una lucha por el poder.

Mendiola Gonzalo y Brandariz (2016) nos recuerdan que la violencia es una parte “constitutiva de la amalgama de relaciones de poder que rigen el ordenamiento político de lo social”. Esto nos acerca a un entendimiento de la violencia como una de “las racionalidades que producen mundo”, para no analizarla como algo acotado a un lugar, un tiempo y una subjetividad, sino en su “pluralidad” y “heterogeneidad”, en sus múltiples vertientes (normativa, simbólica, material y discursiva), que funcionan en paralelo. Por su parte, Butler (2006, 54) define la violencia como “la explotación de ese lazo original, de esa forma original por lo que existimos como cuerpo fuera de nosotros y para otros”. Esa “pequeña muestra del peor orden posible” (2006, 55) implica la distribución geopolítica de la vulnerabilidad corporal, la vulnerabilidad ante el otro; en este caso, ante un modelo minero avasallante. Con situaciones de violencia, nos referimos a hechos y episodios a los cuales se han visto expuestos cuerpos, territorios, públicos e imaginarios; este último punto en el sentido otorgado por Lazzarato (2010) al concepto.

Nombrar las violencias, las que atraviesan cuerpos, territorios, públicos e imaginarios, y señalar las condiciones en que se producen a partir del análisis testimonial de las comunidades en resistencia, es situarse en una perspectiva que busca legitimar y valorar la narración de hechos en primera persona (lo testimonial, del singular o plural, individual o colectivo), haciendo hincapié en lo vivencial. Los comunicados públicos y los testimonios se convierten en denuncias que adquieren el rango de violencias. Es por ello que hablamos de violencias (d)enunciadas y violencias (en)tramadas, dos categorías para analizar y comprender las estrategias del dispositivo de control y para nombrar modulaciones (como modalidades de ejercicio del poder) que apuntan a la imposición de conductas y el sometimiento de los cuerpos y la memoria (Lazzarato 2010, 83) en el marco de la consolidación del modelo minero. Dichas modulaciones serán operativizadas en la conceptualización de “sublimados”, que desarrollaremos en los siguientes apartados.

Realizamos el ejercicio de conectar distintos elementos que nos permiten hablar de violencias (en)tramadas en la temporalidad construida, cuya relevancia consistió en permitirnos leer la singularidad de la relación entre violencias y extractivismo megaminero. Postulamos las condiciones de posibilidad jurídica del extractivismo y la presencia de “grupos fácticos” que actuaron como operadores de las violencias múltiples. Esta categoría nos permite “hacer visible la fuerza del capital, los diseños globales por parte de corporaciones y entidades de financiamiento y sus think tanks y mediadores simbólicos sobre regiones y países” (Antonelli 2014b, 9).

Hablar de violencias (d)enunciadas4 implica explicitar el uso del paréntesis en la composición de la palabra. El mismo nos permite distinguir las denuncias que son realizadas con efecto pragmático, como indicadoras de hechos que son señalados en los comunicados de prensa, documentos públicos o inclusive en entrevistas y que no tienen necesariamente eficacia jurídica en el sentido de que dichas denuncias, exceden los ámbitos judiciales de exposición. Los enunciados que categorizamos como violencias (d)enunciadas pertenecen a un universo discursivo cuyo efecto es sobre la opinión pública y sobre las subjetivaciones en torno al daño que es provocado por la instalación del modelo minero en los territorios, cuerpos y públicos e imaginarios de comunidades afectadas por proyectos extractivos. Dicho de otra manera, son actos enunciativos que no están tipificados jurídicamente por el derecho y por ello decimos que su eficacia pertenece al orden simbólico. La (d) remite a ese universo de enunciaciones en la cual se señala la comisión de daños, violaciones de derechos sin que sean necesariamente del universo discursivo de sedes judiciales.

Hecha esta primera salvedad conceptual, en este apartado describiremos cómo se realizó una sistematización de violencias para el abordaje de los casos provinciales en estudio. Con ello nos referimos a una categorización que es el resultado de la sistematización de hechos que fueron (d)enunciados desde el 2005 al 2015 públicamente, a través de comunicados de prensa de las asambleas y organizaciones que llevan adelante su lucha contra la megaminería en las tres provincias en estudio, tal como manifestábamos en la introducción de este artículo y primer apartado, cuando presentábamos nuestras operaciones y decisiones metodológicas.

Si bien el deseo de exhaustividad estuvo presente, ha sido imposible hacer un registro completo, debido, en muchos casos, a falta de registro de fechas, desconocimiento de la situación judicial de parte de los mismos sujetos que fueron judicializados o criminalizados, además de procesos en los cuales muchos sujetos han sido detenidos por las fuerzas policiales en hechos represivos, sin saber los motivos de la detención ni tampoco conocer las derivaciones judiciales de sus casos. Se convierte en una primera sistematización de este espacio subnacional que nos permite leer también aquello que no aparece, aquello que está oculto tras lo que se enuncia.

Las violencias de la megaminería, físicas o simbólicas, sobre cuerpos individuales o colectivos (Antonelli 2011, 12) existen en la medida de que son nombradas y vividas como experiencias de las comunidades en resistencia y en cuanto estas denuncian un “estado de cosas” (Boria 2016, 109). Al tiempo que se (d)enuncian hechos, se enuncian violencias. Entendemos la enunciación como un acto de habla, el enunciado como una respuesta a otros y la capacidad de una respuesta activa (Lazzarato 2010). Es por ello que parte de nuestro trabajo de elaboración de la sistematización de las violencias, consistió en actualizar la cantidad de heridos, detenidos, intimidaciones entre otras violencias registradas en el período de investigación, por medio de imputaciones, detenciones y citaciones a declarar que fueron registradas y se ven reflejadas en los testimonios de las personas entrevistadas. En ese sentido, los comunicados públicos y los testimonios se convirtieron así en denuncias que adquirieron el rango de violencias (d)enunciadas.

La figura metafórica elegida para explicar y dar cuenta de dichas modulaciones violentas es la de sublimados. El sublimado consiste en una técnica de transferencia de imágenes de un medio a otro, donde la tinta con que se imprimen las imágenes que se quieren transferir deben ser capaces de pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido (esto es lo que significa sublimación en química). Así, los colores pasan a formar parte de la tela o tejido por penetración. Esta conceptualización de lo sublimación, nos permite hablar de sublimados de violencias: el resultado de un proceso en que se plasman diseños violentos que penetran en los tejidos territoriales.

Además, no pueden ser borradas, pues se imprimen de manera permanente en los cuerpos, en los territorios y los públicos e imaginarios. Se hacen sobre las fibras sociales y generan eficacia simbólica. Los sublimados de violencias no son delebles, quedan como “marcas”. Así, utilizamos diferencias de colores, para distinguir “series” de sublimados que reúnen rasgos que nos permiten entender dinámicas, procesos, estrategias, operaciones puestas en marcha en el período en estudio. El criterio que utilizamos para agrupar las violencias en series fue establecido a partir de entender hacia dónde apuntaron las estrategias de control social con mayor énfasis: si hacia los territorios (serie negra), los cuerpos (serie roja) o los públicos e imaginarios (serie gris). Las series no son estables, y actúan de modo concatenado y superpuesto. Hemos contabilizado violencias (d)enunciadas que en ocasiones involucraron a un solo sujeto, aunque la gran parte de ellos involucraron a más de dos.

Es muy importante marcar que son violencias ante las acciones de las asambleas, organizaciones que buscaron generar visibilidad pública A continuación, explicamos las tres series que hemos construido, con sus categorizaciones. Logramos contabilizar, agrupar y postular una primera aproximación cuantitativa para poder generar una visualización general de las violencias de la década. El trazado cronológico y el mapeo de las violencias (d)enunciadas apuntan a deconstruir la mirada fragmentada de lo sucedido: los sublimados negros, rojos y grises que seriamos a continuación, los veremos constelados en la cartografía de violencias. Los que forman parte de cada serie, fueron aprehendidos a partir de leer, nombrar y visualizar las (d)enuncias realizadas.

Los distintos sublimados dan lugar a configuraciones particulares del dispositivo tanto desde el panóptico a cielo abierto, en espacios cerrados a través de la militarización de territorios, represión de parte de fuerzas policiales con la consiguiente criminalización y judicialización de la protesta social, amenazas e intimidaciones, desalojos, golpizas, persecución y detenciones arbitrarias. Todas aparecen como actuales modalidades de vigilancia, control y represión. Esto es lo que desarrollamos como violencias negras y rojas, las más (d)enunciadas y visibles.

La seriación producida en clave de colores nos permite distinguir la intensidad y modalidad en que se imprimen las violencias sobre cuerpos, territorios y públicos en las distintas localidades donde se denunciaron los hechos de los tres casos provinciales analizados. En la serie que nombramos como “gris” (porque los hechos que allí se enuncian poseen una gran dificultad para ser enunciados por pertenecer a un orden opaco, difuso), trabajamos las estrategias productivas del poder.

A partir de las discursividades locales, entendidas como acoplamiento de “conocimientos eruditos y las memorias locales” (Foucault 1979, 22), hemos encontrado marcas en los territorios y en las historias de resistencia construidas local y regionalmente que nos permiten comprender cómo la cuestión del territorio aparece en el epicentro de las luchas sociales que estudiamos y las denuncias a partir de considerar la fragilidad ecológica de los mismos. Las huellas aparecen en temporalidades diferidas de acuerdo a la puesta en marcha de los proyectos mineros y los comienzos de las movilizaciones, de las resistencias, dando cuenta de la constitución de un “saber histórico de las luchas y la utilización de ese saber en las tácticas actuales” (Foucault 1979, 22).

Hicimos hincapié en poder visualizarlas en una cartografía que hemos construido y que opera como herramienta analítica y condensadora de los resultados obtenidos que nos permiten ver gráficamente las violencias. El anclaje espacial nos permite comprender cómo se configuraron los territorios en los diez años en estudio, mientras que el anclaje temporal organiza las estrategias de actor hegemónico y de las resistencias en una variable de tiempo.5 Contabilizamos 227 (d)enuncias que se pusieron en clave de violencias, agrupadas en las series cromáticas nombradas en el apartado anterior.

Tres colores, tres series de violencias: las claves cromáticas asociadas a las series y a los tamaños que representan la cantidad de (d)enuncias realizadas y clasificadas en una categoría específica de una serie determinada. Hemos buscado imágenes e íconos para representar las violencias con un código de referencia que esperamos sea útil a la lectura del modelo megaminero y las consecuencias de este sobre los cuerpos, territorios y públicos e imaginarios. Los tamaños nos sirven también para marcar intensidades, cuán grande es la sublimación ocurrida, cuán grandes son las marcas en las sublimaciones que trazamos.

La serie negra nos permite agrupar un conjunto de acciones que son (d)enunciadas y se vinculan con el control territorial y represivo apuntando al disciplinamiento social. Además, agrupamos las violencias ejercidas por las fuerzas policiales y de seguridad y que determinaron, interceptaron y modularon las conductas en los territorios. A su vez, nos acercan al análisis del proceso de militarización6 y cercamiento a los cuales están siendo sometidos los pueblos en Argentina, similar a lo ocurrido en diversas regiones de Latinoamérica.

Dentro de la serie de violencias negras, visibilizamos dispositivos de espionaje, servicios de inteligencia y el funcionamiento de grupos especiales en las provincias cordilleranas en el estudio, actuación de fuerzas públicas fuera de sus jurisdicciones provinciales, con el fin de dar cuenta de los estados represivos y su relacionamiento con los estados de las resistencias de las comunidades. A grandes rasgos, se pueden visualizar técnicas y mecanismos que se entrelazan en esta serie que nombramos como “militarización y control sobre el territorio”. Allí incluimos siete sublimados que, en la mayoría de los casos, contemplan la actuación de fuerzas policiales. La represión la consideramos como una forma de control territorial que incluye el uso de tecnologías de seguridad. Esta serie constela las siguientes sublimaciones de violencias, de la siguiente manera:

En la serie roja, agrupamos las violencias (d(enunciadas que implican el control directo sobre los cuerpos, con acciones tendientes a su disciplinamiento. La disciplina no se identifica con una institución ni con un aparato, sino que es un tipo de poder, que implica un conjunto de instrumentos, técnicas, procedimientos y formas de aplicación. Así, el disciplinamiento se produce en distintos niveles, aplicándose de manera tal que se individualiza a lo sujetos para controlar el malestar social: “A medida que el poder se vuelve más anónimo y más funcional, aquellos sobre los que se ejerce tienden a estar más fuertemente individualizados” (Foucault 2002, 197).

En los escenarios de las provincias que analizamos, la individualización es “descendente” (Foucault 2002) y la criminalización se da por medio de la individuación. La criminalización nunca es individual, puesto que el castigo de un miembro de una asamblea u organización implica la individuación, pero en una referencia al colectivo en su conjunto: lo que se criminaliza son las acciones que como colectivo se llevan a cabo. Incluimos aquí situaciones de encarcelamiento penal. Las sublimaciones que se realizaron en color rojo y que constelamos en esta serie son:

Se trata de las acciones que escasamente son denunciadas, y que en general operan de manera sutil, pero que tienen un objetivo preciso y claro, en ese sentido, también son modulaciones que operan sobre los cuerpos e imagen pública de sujetos de las resistencias. Son sublimados que también tienden al disciplinamiento, aunque, apuntan al control del público y los imaginarios. Se trata sobre todo de aquellas violencias que asociamos a la forma de control que Lazzarato (2010) define como la noo-política. Las sublimaciones que se realizaron en color gris y que constelamos en esta serie son:

Las cartografías promovidas por agencias multilaterales y por las empresas por medio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (Acselrad-Nuñez Viégas 2013, 18) son parte de las estrategias para conocer el territorio sobre el cual se pretende obtener la licencia social para operar. Se trata de una producción de información local que las empresas buscan obtener para fines propios. Es lo que ha ocurrido en los territorios que se analizan cuando la alianza hegemónica ha intentado envolver a las comunidades locales dentro de las iniciativas participativas, como forma de asumir el control del territorio, dirimir conflictos y generar consensos (Acselrad-Nuñez Viégas 2013, 30) y que también ha derivado en la consolidación de una cartografía funcional al desarrollo del modelo minero.

Esta cartografía que hemos trazado disputa con las hegemónicas, la forma de visualizar y presentar el territorio. Es uno de los elementos probatorios de carácter emblemático que da validez a las voces sociales que vienen denunciando formas de violencias múltiples (Antonelli 2014a), que implican distintos niveles y modalidades pero que forman parte de una misma trama de control social.

En la cartografía trazada, las violencias aparecen como “marcas” que se producen mediante estrategias diversas, (re)agrupadas en las tres “series”. Recordemos también, que las modulaciones las hemos metaforizado como “sublimados” en el sentido que son indelebles: las violencias no pueden ser borradas. Los pueblos que se nombran en el mapa son lugares de violencias en el marco provincial de cada caso que se analizó. Las violencias (d)enunciadas permiten ver cómo se entrama el modelo minero en lugares específicos y georreferenciados (imagen 1).

La cartografía permite visualizar que los lugares donde mayor cantidad de denuncias se han realizado han sido las localidades más cercanas a los proyectos extractivos tanto en el caso de Catamarca con Andalgalá como en La Rioja con Famatina: los dos territorios donde se produjeron puebladas que lograron evitar que efectivamente se instalaran proyectos mineros (Proyecto Famatina, Pilciao 16 y Agua Rica). Pero, en San Juan, los pueblos más cercanos (Tudcum, Iglesia y Rodeo) cuentan con escasas (d)enuncias públicas y el foco de atención va rápidamente hacia San Juan Capital, que posee la mayor cantidad de denuncias de la provincia y que en comparación con las otras dos capitales provinciales (San Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja Capital), posee mayor cantidad de registros. En las tres capitales provinciales hay un predominio de las denuncias vinculadas con el punto “D” de la serie Roja y que refiere a detenciones, averiguación de antecedentes, incomunicaciones y encarcelamientos sin procesos judiciales. Impacta visualmente la cantidad de denuncias “D” y “C” de la Serie Roja en los poblados más cercanos a los proyectos abortados por las empresas gracias a la movilización popular. En La Rioja, Famatina es la localidad en la que mayor cantidad de denuncias se han efectuado públicamente.

Estas han sido, sobre todo, de detenciones, averiguación de antecedentes, incomunicaciones y encarcelamientos sin procesos judiciales (Serie Roja B) y judicialización (Serie Roja C). Por otra parte, vemos que, de la Serie Negra, han predominado las denuncias vinculadas con el Control de fronteras (B), ya sea que este implicase impedimento para ingresar, permanecer, circular o trasladarse a un lugar, así como retenes o requisas policiales. Tanto en Chilecito como en La Rioja Capital, que son las localidades que en la provincia de La Rioja se encuentran en segundo y tercer lugar en cuanto al ranking de cantidad denuncias, gran parte de ellas han estado vinculadas con amenazas e intimidaciones (Serie Roja D). Otro elemento que inferimos viendo la cartografía es que, en La Rioja, las marcas sublimadas de violencias se hayan multiplicadas en diez poblados, en Catamarca en siete y en San Juan apenas en cinco lugares. Una interpretación está relacionada con el carácter organizativo de las resistencias: las asambleas socioambientales (que son las que han emitido comunicados públicos en la mayoría de los casos vinculados con hechos violentos) se fueron potenciando y replicando en la primera provincia que mencionábamos. De igual manera en Catamarca, no así en San Juan.

En este momento histórico de acumulación por desposesión, la gestión de la violencia (Mbembe 2011) ha delimitado cercos territoriales, corporales y de públicos, que se han visto reflejados en distintas situaciones donde el poder ha desplegado todo su repertorio de estrategias, en clave de dispositivos de control. Las series nos permitieron profundizar en la comprensión de las diferentes modulaciones de las violencias (d)enunciadas. El predominio de marcas rojas sobre el mapa se podría leer en vinculación con una premisa: las comunidades involucradas en este estudio han (d)enunciado públicamente las violencias más visibles, aquellas que impactan sobre los cuerpos de manera directa. Es decir, la violencia física, situaciones donde se imbricaron, sobre todo, mecanismos del orden disciplinario.

Los recursos disuasivos de propaganda minera, las dádivas en las localidades cercanas a proyectos y las prácticas de RSE no forman parte del repertorio de violencias (d)enunciadas en ninguno de los tres casos cartografiados. Aparecen apenas algunas denuncias de censura, intervención en medios de comunicación y desprestigio, difamación y campañas negativas hacia asambleístas, es decir, los más visible de lo invisible. Es necesario afirmar que los dispositivos son complejos y los mecanismos que forman parte de ellos han actuado de manera imbricada, lo cual conduce a pensar de manera interrelacionada las denuncias. Así, las estrategias que se conjugaron poseen una amplia presencia de mecanismos represivos en determinadas coyunturas, que buscaron administrar, controlar y orientar las conductas de manera disciplinante y securitaria. Con esto, produjeron impactos de diferente magnitud sobre territorios y cuerpos. Su especificidad está dada por los tipos de modulaciones que aparecen en su faceta coercitiva, activando patrones de disciplinamiento o productivos, y generando las condiciones para la armonización de la conflictividad megaminera y el mantenimiento del orden policial.

La cartografía de violencias que trazamos permitió pensar el espacio como una construcción política y una lucha de poderes Lefebvre (2013). Constituye una herramienta analítica para representar las estrategias de control desplegadas por los actores hegemónicos, en otros casos de proyectos extractivos y en futuras investigaciones sobre impactos y efectos percibidos por los pobladores. De cara a ello, el concepto de slow violence o violencia lenta (Nixon 2011 en Navas, Mingorria y Aguilar González 2015) permite comprender la exposición a riesgos desconocidos o inciertos de los proyectos mineros. Estos proyectos tienen efectos desconocidos en gran parte, no solo para aquellas personas que sostienen la defensa de los bienes comunes desde otras perspectivas de desarrollo (o postdesarrollo), sino para las comunidades circundantes y las futuras generaciones. La violencia lenta se refiere a una destrucción tardía, dispersa en el tiempo y el espacio, que es incremental, acumulativa y exponencial. Así, algunos procesos pueden permanecer invisibles hasta que sus impactos acumulativos se constatan, lo cual dificulta su identificación por parte de los sujetos afectados (Nixon 2011 en Navas, Mingorria y Aguilar González 2015, 4).

Hablamos de violencias totalizantes para dar cuenta del ensamblado de acciones performativas llevadas a cabo por los agentes de violencia (o los ya nombrados grupos fácticos). En el período de análisis, estos han utilizado variados mecanismos de control, regulación y disciplinamiento. Han provocado erosión sobre los cuerpos, expectativas de vida acortadas y supresión del derecho a los bienes comunes, de la mano de una transformación total de la naturaleza en mercancía. En ese sentido, la elaboración de cartografías para visualizar y analizar el impacto de las violencias en los territorios se convierte en una propuesta política crítica y de denuncia y constatación de los daños, presentes o futuros.

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Este artículo se realizó en el marco del financiamiento de la beca postdoctoral de CONICET.

1 Dichos actores se configuran en lo que Antonelli (2009) nombra una “alianza hegemónica”, conformada por instituciones gubernamentales, corporaciones transnacionales, algunas ONG, fundaciones y consultoras, medios del sector y de comunicación masiva, entre otros, que ejercen algún tipo de intervención sobre los conflictos territoriales en torno al modelo megaminero, buscando ejercer el control para garantizar los procesos de producción y acumulación del capital.

2 Para profundizar en estos casos, se puede consultar la tesis doctoral de la autora, denominada “Comunidades en resistencia frente a violencias (en)tramadas en América Latina. Megaminería y control social en un espacio subnacional: San Juan, Catamarca y La Rioja”.

3 El “dispositivo” aparece como “categoría teórico-conceptual y herramienta metodológica (…) particularmente apta para abordar el orden de las representaciones, la red interdiscursiva dominante y las relaciones de poder que en ellas se juegan y funcionan” (Antonelli 2009; 2011).

4 Cabe señalar que la categorización construida acerca de violencias (d)enunciadas, entra en diálogo con la propuesta de Antonelli (2010) de actos (d)enunciativos que estudia en su tesis doctoral tales como el “escándalo” que se inscribe en el dominio público-mediático.

5 Si bien no será desarrollado en este artículo, vale decir que previo al trabajo cartográfico trazamos una casuística que de manera cronológica permitió contabilizar, visualizar y describir las violencias.

6 Nos acercamos al concepto de militarización de Ceceña, Aguilar y Carlos Motto (2004, 17), que comprende el manejo de imaginarios, trabajos de inteligencia, control de fronteras, creación de bancos de datos personales, introducción de nuevas funciones y estilos de policía ocupada en la seguridad interna y modificación de los estatutos de seguridad. Por militarización entendemos no solo la presencia de fuerzas militares en un territorio: “Es un fenómeno complejo que no se restringe a las situaciones de guerra abierta, sino que incluye acciones de contrainsurgencia muy diversas”.