URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
N.° 19, diciembre diciembre de 2016, pp. 37-52

DOI: http://dx.doi.org/10.17141/urvio.19.2016.2401

Inseguridad y mecanismos barriales de protección en el Perú urbano (*)

Insecurity and neighborhood protection mechanisms in the urban Peru


Sofía Vizcarra (**) y Diana Bonilla (***)

Fecha de recepción: 29 de agosto de 2016
Fecha de aceptación: 20 de octubre de 2016.

(*)La investigación para la elaboración de este artículo ha sido en parte financiada por el proyecto “Violence Research and Development” de la Universidad de Bielefeld en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La primera versión de este artículo ha sido presentada en una ponencia en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Ecuador (Quito) del 26 al 28 de agosto del 2015.
(**) Magister en Ciencia Política y estudiante del Doctorado en Sociología por la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), Licenciada en Estudios Iberoamericanos y Master en Seguridad Internacional por el Institut d’études Politiques de París – Sciences Po. Es Investigadora Principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la PUCP. Correo: sofia.vizcarra@pucp.edu.pe
(***) Licenciada en Sociología y estudiante de la Maestría en Sociología por la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). Es Investigadora Adjunta del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la PUCP. Correo: diana.bonilla@pucp.edu.pe


Resumen

Este trabajo explora y compara, a través del empleo de técnicas cualitativas, las actuales percepciones de inseguridad que se han generado en los últimos años en los vecinos de dos barrios urbanos del Perú y los respectivos mecanismos barriales de protección que han implementado para darles una respuesta. Por un lado, la Ronda Urbana del barrio de “Agua de Pajaritos” en el distrito de Huamachuco, departamento de La Libertad; y por otro lado las rejas y vigilantes en las calles del barrio de La Huerta en el distrito del Rímac, departamento de Lima. Si bien ambos barrios se sitúan en contextos urbanos diferentes, en ambos casos se han evidenciado características comunes que permiten aproximarse a las percepciones sobre inseguridad y las visiones sobre la provisión de seguridad, a veces contradictorias con la convivencia democrática en las ciudades modernas.

Palabras clave:
percepción de inseguridad, barrio, mecanismo de protección, desorden social.

Abstract


This paper explores and compares, through the use of qualitative techniques, the new perceptions of insecurity generated over the last years among the neighbors of two urban neighborhoods in Peru and the respective neighborhood protection mechanisms implemented in response. On the one hand, the Ronda Urbana of the Agua de Pajaritos neighborhood in Huamachuco district, La Libertad department, and on the other hand, the security grilles and watchmen of the La Huerta neighborhood, in Rimac district, Lima department. While both neighborhoods take place in different urban environments, in both cases we find common characteristics that allow us to approach to eh insecurity perceptions and the visions about security provision, sometimes contradictory to the ideal about civic coexistent in modern cities.

Key words:
insecurity perceptions, neighborhood, protection mechanisms, social disorder.

Introducción


En las ciudades de América Latina existe una alta percepción de inseguridad, a pesar de que no en todas existen altos niveles de victimización (Carrión, Zárate y Zechmeister 2015; PNUD 2013, 67). Sin embargo, la percepción de inseguridad motiva a los ciudadanos a desarrollar diversos mecanismos de protección. En ese abanico de mecanismos se encuentran prácticas que van desde las iniciativas privadas de seguridad como la construcción de enclaves urbanos o barrios fortificados (Caldeira 2000), instalación de cámaras de vigilancia, contratación de servicios seguridad hasta iniciativas comunitarias como la formación de asociaciones vecinales de vigilancia, entre otros.

Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), el Perú registra una de las tasas más altas de percepción de inseguridad en la región, solo superado por Venezuela (Carrión, Zárate y Zechmeister 2015). Dicha percepción está relacionada al miedo que generan al menos dos elementos: los fenómenos criminales (robos, hurtos, etc.) y los fenómenos de desorden social (consumo de drogas en la vía pública, vehículos que transitan a alta velocidad, desconocidos en espacios públicos, etc.) (Zevallos y Mujica 2016). Estos fenómenos han sido estudiados desde diferentes perspectivas teóricas. Por un lado, las investigaciones sobre el miedo al crimen han contribuido a identificar sus principales componentes, entre ellos la victimización, la confianza en las autoridades, la influencia de los medios o el entorno social (Vilalta 2009; Naredo 2002). Por otro lado, el desorden social ha sido entendido desde la teoría de la desorganización social como la inhabilidad de una comunidad para dar cuenta de los valores comunes de sus residentes y mantener un control social efectivo (Sampson 2012). Además, es importante tener en cuenta esta noción dentro de un enfoque de ecología humana, que enfatiza el espacio y el territorio como variables de la interacción y convivencia humana en la ciudad (Pico e Inmaculada 2010).

Este artículo analiza las características de las percepciones de inseguridad de los vecinos y cómo estas influyen en la generación de determinadas respuestas barriales de provisión de seguridad. Para ello, se han seleccionado dos barrios en las ciudades de Lima y Huamachuco, donde existen dos mecanismos de provisión de seguridad: rejas y asociaciones de vigilantismo comunitario (rondas urbanas). El artículo se divide en cuatro secciones: la primera presenta una revisión de los principales conceptos teóricos relacionados, la segunda detalla las consideraciones metodológicas, la tercera analiza las percepciones de inseguridad en los casos estudiados, y la cuarta aborda el funcionamiento de los mecanismos de provisión de seguridad barrial.

Aproximaciones teóricas al miedo al crimen y la desorganización social

La seguridad se ha estudiado desde perspectivas teóricas que enfatizan distintos aspectos, como la seguridad relacionada al crimen, a la violencia política, a la salud, entre otros. Sin embargo, cabe entender la seguridad a partir de dos elementos: por un lado, como la ausencia de amenazas: un estado de seguridad absoluta. Por otro lado, también como un estado de neutralización de amenazas: encontrarse protegido y, además, tener formas de evitar exponerse al peligro (Zedner 2003, 155). De manera complementaria, también se define la seguridad como una construcción social que implica una especie de “igualdad de la vida social, un ámbito libremente compartido por todos” (United Nations Human Settlements Programme 2007). Aplicado al ámbito de la seguridad ciudadana, ello hace referencia principalmente a no tener miedo de una agresión violenta, ser consciente de que la propia integridad física será respetada y poder disfrutar de la intimidad de la vivienda o circular tranquilamente por la calle sin temer robos o agresiones. A partir de dicha definición, separamos para el análisis de este caso dos de sus dimensiones más importantes: las amenazas relacionadas al miedo al crimen y las relacionadas al desorden social.

A partir de la revisión de literatura acerca del tema, se ha identificado una predominancia de las perspectivas cuantitativas en el estudio del miedo al crimen (Clemente y Kleiman 1977; Vilalta 2009), por lo que se resalta aquí la necesidad de contribuir al conocimiento de dicho fenómeno desde una dimensión subjetiva, que también tenga en cuenta las percepciones y perspectivas de los sujetos. Así, el miedo al crimen será entendido como una reacción emocional de temor a partir de la identificación de elementos relacionados al crimen en el entorno inmediato teniendo en cuenta las experiencias y frecuencia en dicho entorno (Kessler 2009; Garofalo 1981). Se identifica al miedo, al crimen básicamente, como una respuesta ante elementos percibidos en el ambiente (Ferraro 1995). Sin embargo, las características de dicho ambiente y aquello que se identifica en él como peligroso no pueden ser analizados únicamente bajo la noción de miedo al crimen. Se requiere estudiarlas desde distintas nociones, como la de desorden social en el barrio.

La teoría de la desorganización social es una de las principales corrientes que estudia el crimen en la ciudad. Esta se enmarca en el desarrollo de la escuela de Chicago y las teorías ecológicas acerca del crimen urbano (Burgess 1925; Shaw y McKay 1942), que se centran en la importancia de la relación entre este y el entorno físico y social en que se desarrolla. Uno de los principales hallazgos de estas teorías es que las características de los barrios influyen más que las de los habitantes en la incidencia delictiva en la ciudad (Shaw y McKay 1942). Asimismo, se toma en cuenta la desorganización social de los barrios como una variable importante de la delincuencia. Posteriormente, dicha desorganización es definida como la inhabilidad de una comunidad para dar cuenta de los valores comunes de sus residentes y mantener un control social efectivo. Esta es generada por la debilidad o ausencia de eficacia colectiva, noción que interrelaciona la cohesión y la confianza con el compromiso proactivo para intervenir en el mantenimiento de control social en un espacio, y que surge a partir de eventos o situaciones que involucren emociones como el miedo, ansiedad u odio de los residentes (Sampson 2012). Una de las evidencias más claras de la desorganización social es el desorden social, entendido como un fenómeno del comportamiento que puede ser visible (consumo público de alcohol, prostitución), experimentado (acoso sexual callejero) o puede ser notado a través de evidencias directas (grafiti, vandalismo) (Skogan 1990, 4).

En el caso latinoamericano, las percepciones de inseguridad han generado respuestas que incluyen estrategias de protección individual o colectiva, públicas o privadas que han sido estudiadas particularmente a un nivel barrial (Caldeira 2000; Ploger 2006; Goldstein 2003; Rowland 2006). Así, el barrio cobra un rol fundamental entendido como espacio de relaciones sociales, como una agrupación o colectividad que funciona como mediador entre la familia y la ciudad (Ledrut 1971), o como un grupo social primario donde se espera una sociabilidad y responsabilidades específicas, sostenidas por fronteras de diferenciación que contienen aspectos objetivos como subjetivos, físicos y culturales (Keller 1979). Asimismo, el barrio representa una privatización progresiva del espacio público, una instancia media entre lo personal y lo social, el dentro y el fuera, que recompone el espacio en función de los significados y trayectorias que le atribuyen los sujetos (Mayol 1999).

Entonces, en los barrios latinoamericanos, las respuestas a la inseguridad se expresan principalmente en mecanismos de control territorial y social que se enmarcan en un nuevo paradigma de control del delito.  Este comprende nuevas formas de regularlo, a través de aparatos de prevención y control conformados por organizaciones de prevención, asociaciones público-privadas, y policía comunitaria. No obstante, estos mecanismos expresan muchas veces una visión de sociedad marcada por una fuerte demanda de seguridad y un giro punitivo en lo legal en los últimos años (Iturralde 2010; Sozzo 2016). Dichos mecanismos generan un subsistema de relaciones al interior del sistema de seguridad ciudadana (CIDH 2009), ya que conectan órganos del sistema de seguridad y justicia con la comunidad. Así, se desdibujan o extienden los límites del control formal del delito, ya que ahora también actores civiles toman responsabilidad en dicho control (Garland 2001, 279 – 280).

Esta multiplicidad de mecanismos barriales de seguridad comunitaria ha sido estudiada en América Latina, identificando que la participación de los ciudadanos en ellas permite distinguir sus diversas formas e implicancias (Ungar 2007; Dammert 2003; Pegoraro 2002; Fruhling 2004). Las investigaciones señalan que muchos de estos mecanismos responden también a ineficiencias o desconfianza en la gestión estatal o municipal de la seguridad, e implican una gran capacidad de agencia de parte de los vecinos (Caldeira 2000; Plöger 2006). Así, se han estudiado estos mecanismos teniendo en cuenta también las características de los servicios de provisión de seguridad del Estado, donde existe una situación generalizada de descrédito y desconfianza hacia las instituciones estatales responsables de la provisión de seguridad, así como un déficit en los recursos con los que cuentan estas instituciones para su labor (Carrión, Zárate y Zechmeister 2015).

Consideraciones metodológicas para la investigación barrial en dos ciudades peruanas


Esta investigación compara dos casos de estudio a partir del empleo de herramientas cualitativas: la observación en el barrio, durante un mes en cada barrio, y la aplicación de 52 entrevistas a distintos actores como vecinos, ronderos, vigilantes y policías. Veintidós entrevistas fueron aplicadas en el barrio de La Huerta (Lima) y 30 en el barrio de Agua de Pajaritos (Huamachuco). El trabajo de campo en ambos barrios se realizó entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Esta investigación se plantea como un estudio comparado de casos y no tiene como objetivo extrapolar las conclusiones a otros barrios del Perú, sino plantear la necesidad de desarrollar mayores estudios a nivel barrial para comprender lo que viene sucediendo en el país en relación a los mecanismos de seguridad barrial.

Los casos fueron seleccionados a partir de criterios de disimilaridad1 a fin de reflejar las diferentes realidades urbanas que existen actualmente en el Perú, país que en las últimas décadas ha tenido un creciente proceso de urbanización: para el 2007, 75.9% de la población era urbana (INEI 2007). Asimismo, el número de ciudades de más de 20 mil habitantes se ha multiplicado por ocho en poco más de una década. Dentro de este sistema, existen tres grupos: las ciudades metropolitanas y grandes (Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo) que representan el 5.06% del total; las intermedias, que representan el 37.8%, y las pequeñas, que representan el 56.7%. (INEI 2011). Este estudio explora los mecanismos de seguridad barrial en dos barrios de dos ciudades correspondientes al primer y segundo grupo2. Se trata de los barrios de La Huerta y Agua de Pajaritos, pertenecientes a ciudades de diferentes escala, principales actividades económicas y niveles de criminalidad.

En Lima, capital del Perú y megaciudad con alrededor de 10 millones de habitantes, se encuentra el barrio de La Huerta, en el distrito del Rímac. Este barrio comprende cuatro manzanas de viviendas y dos parques, que albergan aproximadamente 320 viviendas según la asociación de vecinos, siendo la mayoría viviendas independientes, todas de material noble y con un promedio de dos pisos. Su principal característica, es su carácter cerrado, debido a la instalación de rejas que cubren todas sus entradas y salidas. Es un barrio de clase media alta a pesar de encontrarse en un distrito de clase media baja (INEI 2007). Sin embargo, la transición demográfica del barrio hacia una composición de nuevos vecinos tanto de otros departamentos como de otras zonas de la ciudad ha generado una sensación de rechazo en los vecinos más antiguos. Así, se generan tensiones entre aquellos que se consideran a sí mismos “vecinos tradicionales” y los nuevos habitantes de La Huerta, que evidencian las representaciones de los vecinos acerca del barrio como espacio social y la seguridad en él. Respecto a la seguridad, es importante mencionar que el distrito del Rímac en general contaba, al 2013, con una tasa de 1670 denuncias por cada 100 mil habitantes (INEI 2015). Además, en La Huerta, según una encuesta aplicada en el barrio, solo un 27% de hogares habían sido víctimas de algún delito dentro del mismo a lo largo de todo el tiempo que han vivido allí (Bonilla 2015), por debajo del promedio de victimización nacional urbana de 35.9% (INEI 2014).

Por otra parte, el barrio de Agua de Pajaritos se ubica en Huamachuco, ciudad intermedia donde el crecimiento urbano y demográfico de la última década está ligado al auge de la minería aurífera en los Andes peruanos, dentro del departamento de La Libertad. Este barrio cuenta alrededor de 500 viviendas y es uno de los más antiguos de la ciudad. Es un barrio residencial con casas de adobe y quincha de dos pisos, aunque ya se encuentran también algunas casas de material noble y calles asfaltadas. Si bien se trata de un barrio de la clase media huamachuquina, no es comparable con un barrio de clase media de una ciudad grande, ya que sus habitantes no tienen el mismo promedio de ingresos. Varios de ellos son empleados públicos, comerciantes y agricultores. Agua de Pajaritos es uno de los barrios más seguros de la ciudad, donde no se habían reportado hechos delictivos importantes (más allá de hurtos y peleas callejeras). Esto se condice con la situación del delito en el distrito Huamachuco, que registraba en el año 2013 una tasa de 749 denuncias por delito por cada 100 mil habitantes, según cifras de la propia comisaría local, por debajo de la tasa de denuncias a nivel nacional para el año 2013 de 879 denuncias por cada 100 mil habitantes (Policía Nacional del Perú 2014).
Como en muchas ciudades de la sierra y selva peruana, el auge minero en Huamachuco ha generado nuevas dinámicas económicas y sociales, como el desarrollo del sector comercial, los servicios, el entretenimiento y la educación (Bensús y Pérez 2014; Vizcarra 2015). Sin embargo, este desarrollo no es del todo bien recibido, ya que genera representaciones negativas sobre los nuevos habitantes y el desarrollo de actividades ilegales o moralmente reprochadas por los habitantes antiguos de la ciudad (robos, peleas, prostitución, etc).

Percepciones barriales sobre la inseguridad contemporánea


A pesar de ser contextos diferentes, en ambos barrios los vecinos identifican dos grandes categorías de amenazas a la seguridad: i) las ligadas a la incidencia criminal, específicamente los delitos contra el patrimonio y ii) las ligadas a las diferentes manifestaciones de desorden público que ocurren en su entorno. Cada categoría tiene manifestaciones específicas en cada barrio, como se detalla en la tabla 1. Ambas categorías son elementos conforman la percepción de inseguridad, de modo que esta no solo se entiende en términos de victimización.

Tabla 1.
Principales amenazas a la seguridad percibidos en Agua de Pajaritos y La Huerta.


Amenazas a la seguridad (¿Qué temen?)

Agua de Pajaritos

La Huerta

Crimen

Robo de viviendas

Robo callejero

Robo de autos o autopartes

Robo de tiendas

-

Desorden

Consumo de drogas o alcohol en el espacio público

Muestras de afecto de parejas en el espacio público

Peleas de bares

Tránsito de alta velocidad

Prostitución

-

Elaboración de las autoras sobre la base a las entrevistas con vecinos de La Huerta y Huamachuco.

Como principales amenazas relacionadas al crimen, los vecinos de ambos barrios identifican los robos (y hurtos) de viviendas y callejeros, como en la mayoría de barrios del país (Mujica, Zevallos, López y Prado, 2015). Aunque la incidencia y características de estos delitos son diferentes en cada barrio, es claro que la preocupación por la protección del patrimonio en el territorio barrial es uno de los principales elementos que guían la elección de sus mecanismos locales de provisión de seguridad.

Asimismo, el desorden en los espacios públicos constituye una preocupación importante de los vecinos, aunque sus manifestaciones también sean diferentes en cada caso. En ambos barrios, el consumo de alcohol y drogas en el espacio público es considerado una amenaza. Sin embargo, en La Huerta también hay amenazas ligadas al caos vehicular y a los usos de los espacios públicos, mientras que en Agua de Pajaritos estas están ligadas más al aumento de bares y locales de prostitución.

El origen de estas amenazas a la seguridad es identificado por los vecinos de ambos barrios en relación a dos fenómenos que han caracterizado el desarrollo de ambos barrios: i) la migración, ya sea reciente o de larga data, que modifica la composición de las ciudades en las que se encuentran estos barrios y ii) la imagen peligrosa de sus entornos, ya sea zonas aledañas o ciudades cercanas, como se resume en la tabla 2.

Tabla 2.
Origen de las amenazas a la seguridad percibidos por los vecinos de La Huerta y Agua de Pajaritos.


Origen de las amenazas
(¿A quién le temen?)

La Huerta

Agua de Pajaritos

Actores externos

Jóvenes

Migrantes

Vecinos de otros barrios de menor nivel socioeconómico

Trabajadores de las minas

Elaboración de las autoras en base a las entrevistas con vecinos de La Huerta y Huamachuco.

Así, por ejemplo, la experiencia de vivir en el distrito del Rímac, cerca de espacios y vecinos que se perciben como peligrosos, principalmente por su menor nivel socioeconómico, ha permitido que se configure cierta subjetividad compartida acerca del crimen en tanto quiénes lo generan, por qué y dónde. De manera similar, en Agua de Pajaritos, la amenaza se asocia con las personas provenientes de las ciudades de Trujillo y Cajamarca, especialmente la primera, asociada a una fuerte presencia del crimen organizado y bandas delictivas. Este conocimiento influye en las maneras de percibir y experimentar la ciudad y las relaciones sociales. Los elementos que comprenden la construcción de lo que se toma por peligro y actor peligroso devienen en estigmas hacia determinados espacios y a quienes los habitan, asociados inherentemente con el delito. Sin embargo, dada la densidad de los lazos sociales en estos barrios, la representación social acerca del actor peligroso se extiende también al extraño, a quien es definido por ser ajeno al barrio, al “otro” en el contexto de un espacio que se busca proteger dentro de otro considerado peligroso en general (Mora 2002; Goffman 1970).

Estas representaciones acerca de otros vecinos del distrito, así como la percepción acerca de sí mismos como vecinos de mayor nivel socioeconómico, predisponen la interacción en el espacio público, retroalimentando las imágenes acerca del peligro y generando un afán de mayor privatización del barrio en aras de su protección. Estas situaciones generan nuevas demandas de protección y seguridad a fin de reducir toda potencial amenaza a la tranquilidad de los vecinos.

En los dos barrios estudiados, la demanda de seguridad está ligada al control del territorio: ¿quiénes circulan, de dónde vienen y para qué? Los vecinos dan especial importancia a poder conocer y controlar lo que pasa en lo que consideran su barrio, y a establecer una clara diferenciación entre “adentro” y “afuera”, entre los “vecinos” y los “foráneos”. Esto, además de otros elementos, contribuye a que las principales demandas de seguridad se traduzcan en demandas de mayor vigilancia y patrullaje, así como en demandas de policía en las proximidades, que den respuesta a las ocurrencias menores. Sin embargo, dicha provisión no es cubierta completamente por el Estado, por lo que se crean nuevos mecanismos para suplir estas demandas.

La provisión de seguridad ciudadana tiene por objetivo disminuir en parte, el nivel de inseguridad de los vecinos, tanto a nivel objetivo como subjetivo. Es decir, no se trata solo de garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes de un barrio, sino también de disminuir sus percepciones de inseguridad. Los responsables de la provisión de seguridad ciudadana a nivel local son, en primer lugar, las autoridades estatales, ya sea de nivel nacional (Policía Nacional) o de nivel local (Serenazgos Municipales).

En ambos barrios (y en el país a nivel general), la confianza en dichas instituciones estatales de seguridad se encuentra debilitada debido a: i) la insuficiencia de capacidades institucionales y débil cobertura; ii) la imagen de ineficiencia y iii) fenómenos de corrupción. En la región latinoamericana, la policía peruana se ubicó entre las tres peores evaluadas entre el año 2007 y 2010 (Costa 2012). Así, por ejemplo, en Lima la aprobación de la Policía Nacional y del Serenazgo fue de 30.1% y 34.4% en el año 2012 (Ciudad Nuestra 2012).

En el caso del distrito del Rímac, la aprobación de la Policía es de 19.8% y del Serenazgo, 16.3%. Existen cuatro comisarías, 288 efectivos policiales y 55 efectivos de Serenazgo (PNP 2014), lo que equivale a 1 policía por cada 588 habitantes. Las denuncias recibidas por cada comisaría son sistematizadas anualmente para elaborar mapas del delito que tienen como fin identificar los puntos críticos de la zona que ameritan distintos tipos de operativos y presencia policial. Ninguno de los puntos identificados en estos mapas se encuentra en el territorio de La Huerta. Sin embargo, a nivel distrital los policías entrevistados coinciden en señalar una falta de recursos importante en el distrito, debido a la alta demanda de patrullaje a pie por las calles para prevenir los robos y hurtos callejeros, delitos de alta incidencia en la zona.

Esta desconfianza y falta de recursos se traducen en la baja valoración del trabajo que realiza tanto la Policía Nacional como el Serenazgo. La encuesta realizada en La Huerta evidenció que más del 80% de vecinos sostiene que la policía contribuye nada o poco a la seguridad, mientras que casi un 90% opina lo mismo acerca del serenazgo (Bonilla 2015). Además, estas cifras se explican también por la percepción de corrupción dentro de la institución policial:

“No veo a la policía, nunca los he visto acá, no vienen por acá” (Vecina de la Huerta 03, en entrevista con las autoras).
“La policía es corrupta. Y los choros saben que la policía está pintada, hay falta de autoridad” (Vecino de la Huerta 03, en entrevista con las autoras).
En el caso de Huamachuco, la provisión de seguridad pública también es deficiente, según lo declarado por los vecinos de Agua de Pajaritos. Los oficiales de la Policía local también reconocen una insuficiente capacidad institucional para patrullar el distrito completo, ya que su jurisdicción incluye no solo la zona urbana sino también la zona rural. Esto fue confirmado por documentos policiales internos, que señalaban que existe, en promedio, 1 policía por cada 700 habitantes en el distrito (muy por debajo del estándar recomendado por las Naciones Unidas de 1 policía por cada 330 habitantes) (UNODC 2010). En este contexto, no sorprende que muchos de los vecinos perciban que hay una falta de personal policial:

“Aquí en Huamachuco hay 30 policías. Quince de ellos están en su “día libre” como le dicen, porque están de guardia de manera continua. La mayoría de veces, de esos 15, 8 o 10 tienen que ir a comisiones de servicio externas (atender incidentes o llamados de vecinos fuera del área urbana). Entonces solo quedan cuatro policías en la ciudad, y de ellos, tres usualmente están ocupados en labores administrativas, y solo uno está disponible para patrullaje y es muy difícil para él. La región necesita más policías aquí” (Vecino de Agua de Pajaritos 01, en entrevista con las autoras).
En Huamachuco también resalta como factor de desconfianza la imagen corrupta que se tiene de la Policía. Ello corresponde a una percepción general a nivel nacional respecto de esta institución, que es considerada una de las tres más corruptas del Perú (Proética 2015). La presencia sistémica de la corrupción en el Perú se refleja no solo en la policía, sino en todas las instituciones encargadas de la persecución y sanción del delito (INA 2001). Así, muchos entrevistados piensan que tanto la policía como las autoridades judiciales en Huamachuco son corruptas:
“Hay mucha corrupción en la policía. Cuando capturan a un ladrón, siempre lo sueltan muy rápido” (Vecino de Agua de Pajaritos 03, en entrevista con las autoras).
“Las autoridades a veces responden a nuestros pedidos, a veces no. Todo depende del dinero. Es por eso que la gente no confía en la policía, porque son corruptos” (Vecino de Agua de Pajaritos 02, en entrevista con las autoras).
En ambos casos, la constante es la sensación de que existe una incapacidad estatal para responder a las demandas vecinales, y la desconfianza en las instituciones públicas proveedoras de seguridad. Esto, sumado a las percepciones de inseguridad descritas en estos barrios, lleva a los vecinos a organizarse para buscar formas complementarias de garantizar su seguridad a nivel local.

Respuestas vecinales: mecanismos barriales de protección


En función de las características y tradiciones de cada barrio, se establecen formas específicas de organización para la provisión de seguridad. Surgen así dos mecanismos diferentes: las rejas en las calles en La Huerta y la organización de vigilantismo local denominada Ronda Urbana en Agua de Pajaritos. Ambas tienen como objetivo común proveer de seguridad a los vecinos, objetivo que logran a nivel de las percepciones aunque no necesariamente del delito, pero presentan algunas características diferenciadas como se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Principales características de las respuestas vecinales de provisión de seguridad en La Huerta y Agua de Pajaritos.


Características de las respuestas

Agua de Pajaritos

La Huerta

Objetivo

Control social del barrio y represión de delitos cometidos

Control territorial y social del barrio

Enfoque

Prevención situacional y sanción (castigos físicos o servicio comunitario)

Prevención situacional y control del territorio

Forma de funcionamiento

Vigilancia nocturna del barrio por un grupo de ronderos (10 aprox.) desde las 9 pm hasta las 4 am. De haber ocurrencias graves, se contacta a la PNP o Serenazgo

Vigilantes abren y cierran las rejas para el paso de vehículos que deben ser identificados, rondan el barrio para vigilar el uso de los parques y calles y tratan de expulsar a actores que rompen el orden social del barrio.

Grado de participación

Alto: Vecinos salen a rondar el barrio diariamente de manera obligatoria, salvo que se pague a otro vecino para cubrir el turno

Bajo: Vecinos pagan una cuota mensual no estable para el mantenimiento de las rejas y pago de los vigilantes

Fuente: Elaboración de las autoras en base a las entrevistas con vecinos de La Huerta y Huamachuco.

Las similitudes de estos mecanismos residen principalmente en su objetivo y enfoque: ambos buscan ejercer algún tipo de control territorial y social en sus respectivos barrios. Ello se traduce en una presencia efectiva y continua en el barrio, donde se pueden realizar controles aleatorios, restricciones al tránsito, entre otras acciones que buscan evitar el paso de “extraños” sospechosos.

No obstante, estos mecanismos difieren en sus formas de funcionamiento y en el grado de participación que demandan de los vecinos. En el caso de La Huerta, el control territorial se realiza a partir de la instalación de tres rejas que cubren todas las entradas/salidas del barrio y la contratación de vigilantes privados a inicios de la década del 2000. En tanto respuesta colectiva, la instalación de las rejas y su mantenimiento implican un grado significativo de organización social de los vecinos, expresada a través del aporte económico para su instalación y el pago mensual para su mantenimiento. En este caso, se terciariza la provisión de seguridad, por lo que no es necesario que el vecino participe directamente en ella.

Para los vecinos de La Huerta, la implementación de las rejas se hace necesaria y pertinente ya que existe consenso sobre la necesidad de protección frente a ambos tipos de amenazas (el crimen y el desorden) y sobre las representaciones de los vecinos acerca del peligro. Los vecinos temen a quien evalúan como peligroso en base a su fachada (Goffman 1981) y la interacción que tienen en el espacio público de la calle, espacio considerado inherentemente peligroso dado el contexto del barrio: estar ubicado en el distrito percibido como muy inseguro. Sin embargo, también temen a aquel extraño, ajeno al barrio, a quien no pertenece a él, que constituye una amenaza que debe ser mantenida fuera del mismo

Por otra parte, en Agua de Pajaritos, la ronda urbana surge hacia el año 2003, cuando la Policía impulsa la creación de Juntas Vecinales para involucrar a los vecinos en la seguridad local. En algunos barrios de Huamachuco, este proceso fue visto con desconfianza, por lo que los vecinos decidieron organizarse de manera independiente a la Policía. Este tipo de organización se inspiró en la tradición de las rondas campesinas, que habían tenido experiencias exitosas en los distritos rurales de la provincia. Sin embargo, a diferencia de este tipo de organización, las rondas urbanas no contaban con un reconocimiento legal por parte del Estado.

En Agua de Pajaritos existe una visión muy marcada de que todos tienen en el deber de contribuir a la seguridad pública. Como lo manifiesta un vecino: “Yo creo que la seguridad la hacen todos, porque es seguridad ciudadana, es una cuestión de seguridad.” (Vecino Agua de Pajaritos, Huamachuco, en entrevista con las autoras). A partir de esa visión, la ronda urbana no funciona paralelamente al Sistema de Seguridad Local reconocido por las autoridades, sino que logró su reconocimiento en el Plan Distrital de seguridad ciudadana. Ello permitió que se establezcan canales de coordinación entre la ronda urbana y las autoridades oficiales. Una intervención típica de los ronderos urbanos implica la cooperación con las autoridades oficiales, a pesar de los recursos limitados y la disposición de las autoridades mismas:

“Cuando capturas a alguien, llamas al Serenazgo y ellos vienen con sus carros para llevar al detenido a la policía. Ellos hacen todo el papeleo; ellos hacen sus propias investigaciones y deciden si el detenido tiene que permanecer en custodia o si lo sueltan. Ellos también continúan con el procedimiento legal de llevar al criminal al juez. Pero no siempre hay condiciones para la coordinación y el trabajo en conjunto. A veces no tenemos saldo para hacer la llamada. En otros casos, la policía no te apoya, o el juez tampoco apoya” (Rondero de Agua de Pajaritos 01, en entrevista con las autoras).
Además, dado que la ronda está conformada por miembros de la comunidad, sus acciones corresponden a las prioridades de la población. De acuerdo al cuaderno de registro del comité distrital de la ronda, la mayoría de los casos en los que intervienen están relacionados a hurto, robo, robo de vehículos, estafas y deudas no pagadas. Pero la ronda también ha mantenido un rol activo en el mantenimiento del orden público en la zona a través del control de la prostitución.

Así tanto las rejas y vigilantes como la ronda urbana responden a preocupaciones locales y cumplen roles específicos ligados con el control del territorio y el uso del espacio público. En cierto sentido, los consensos sociales que surgen respecto al peligro y los niveles de organización social constatados podrían traducir una cierta existencia de eficacia colectiva (Sampson 2012) Sin embargo, los mecanismos específicos de acción que se detallan en el Diagrama 1, traducen un accionar que no siempre respeta los derechos de aquellos que no provienen de estos barrios, y que contradicen la visión más democrática de eficacia colectiva expresada por Sampson (2012). Además, estos mecanismos no siempre son efectivos para el control del delito; sin embargo, sí generan que los vecinos se sientan más seguros en sus barrios. Así, por ejemplo, una encuesta aplicada a los vecinos de La Huerta arrojó que el 70% de delitos cometidos dentro del barrio según los vecinos fueron cometidos luego de la instalación de las rejas, pero que los vecinos tienen una alta sensación de seguridad dentro del barrio gracias a ellas (Bonilla 2015).

Diagrama 1:
Mecanismos de acción de la Ronda Urbana y de las Rejas y Vigilantes.


Fuente: Elaboración de las autoras en base a las entrevistas con vecinos de La Huerta y Huamachuco.

Estos mecanismos permiten que ambos tipos de respuesta generen una percepción de seguridad según lo declarado por los vecinos. A pesar de lo poco sofisticado y la informalidad de su funcionamiento, estos mecanismos son percibidos como más eficaces que la respuesta estatal, más allá de sus resultados objetivos. Así, hay siempre un quiebre en la narrativa de los vecinos acerca del barrio, un antes y un después de estos mecanismos, caracterizado por una supuesta disminución del crimen en el barrio, así como la transformación del espacio en tanto se vuelve más tranquilo, más habitable, más cómodo.

Así, por ejemplo, los vecinos de Agua de Pajaritos perciben que la ronda es más eficiente en castigar a los agresores, incluso si esto algunas veces implica el uso de la fuerza y la desatención al debido proceso de ley. Su modo de lidiar con las ofensas criminales también tiene la ventaja de que es menos burocrático y más rápido. Este es un aspecto clave en la búsqueda de apoyo público y legitimidad de la ronda.

“La mayoría de veces, los problemas de la gente se relacionan con valores de menos de 500 o 1000 soles y por esa cantidad no hay sentencia de cárcel. Esta es una dura verdad porque usualmente aquellas víctimas de estafas son las más pobres, aquellas que van a la policía y preguntan ¿cómo se paga?, aquellas que no saben leer y escribir y pueden ser fácilmente estafadas por eso” (Vecino del centro de Huamachuco 01, en entrevista con las autoras).
El control social que se ejerce por ambos tipos de mecanismos obedece a ciertas normas y valores compartidos por los vecinos acerca de cómo debería ser el barrio y el comportamiento en él. Este acuerdo evita que exista una desorganización social, entendida en términos de Sampson (2012), y genera un efecto barrio en relación al mismo. La existencia de las rejas y vigilantes o de la ronda urbana repercute en este sentido en la identificación de los vecinos con el barrio en términos de las actitudes y valores que tienen en común y el rechazo hacia lo externo.  Sin embargo, estos mecanismos limitan los derechos de aquellos que no pertenecen al barrio, quienes no han formado parte del consenso sobre los mecanismos de seguridad. Así, las rejas restringen el tránsito vehicular y peatonal, obligando a muchos a cambiar de ruta y realizar desvíos innecesarios. En el caso de las Rondas, los “extraños” son objeto de controles en las calles, por personas que no están facultados para hacerlo, aquellos que son señalados como culpables son objeto de castigos físicos (ilegales) sin haber pasado por un debido proceso. El funcionamiento de estos mecanismos, sin el debido control de las autoridades es susceptible de generar excesos, muestra de ello son algunos de los procesos abiertos a los ronderos de Huamachuco por secuestro y agresión.

En resumen, en ambos casos, el sistema de seguridad a nivel local actualmente consiste de dos tipos de fuentes de provisión de servicios de seguridad: por una parte, las instituciones estatales con un mandato público de proveer seguridad y justicia (policía, autoridades judiciales, fiscales y agentes de seguridad local) y, por otra parte, la propia comunidad organizada que asume de facto algunas funciones de provisión de seguridad, e incluso en algunos casos, de justicia. Esta configuración se acerca a lo que Garland (2001) describe como un mercado de provisión de seguridad, que ha ido evolucionando en el tiempo, adquiriendo una forma mixta de economía y extendiendo los límites del control formal a actores no estatales. A nivel local, la contribución de los municipios (a través del Serenazgo) y de los mecanismos barriales se vuelven más importantes para los ciudadanos que aquellas organizadas por el gobierno central (Rowland 2005, 2006; Costa y Romero 2010).

Conclusiones


Las percepciones de inseguridad en los barrios estudiados incluyen elementos de contexto ligados al crecimiento económico y urbano de las ciudades peruanas en las últimas décadas. Estos elementos han generado nuevas dinámicas caracterizadas por la presencia de actores que reconfiguran estos espacios (nuevos vecinos) y sus actividades económicas (enriquecimiento o pauperización de los espacios). Las actuales percepciones de inseguridad no solo se relacionan con la victimización directa o indirecta, sino también con el temor que generan fenómenos de desorden social provenientes de los cambios en el entorno urbano. Ambos elementos resultan en la percepción general acerca del peligro y de quién lo encarna en relación a dichos contextos.

Estas percepciones también se alimentan de la desconfianza en las autoridades (Policía, Serenazgo Municipal, Ministerio Público, etc.), que ha aumentado en los últimos años. Existen numerosas limitaciones relacionadas a los recursos y capacidades en distintos niveles de estas instituciones, así como fenómenos de corrupción y abusos, que generan un descrédito generalizado en la población. Dada la poca aprobación de la labor de estas instituciones y la urgencia de las demandas, aparecen inherentemente mecanismos organizados por la propia ciudadanía que buscan responder a una demanda general de seguridad ciudadana, en su dimensión objetiva y subjetiva. De esta manera surgen diversas formas y estrategias de protección individual o colectiva, públicas o privadas, abanico dentro del cual se encuentran las rondas urbanas y las rejas de seguridad en los barrios. Estas buscan proteger el patrimonio de los vecinos así como su integridad física y, por extensión, controlar lo que sucede en el barrio, que se entiende como propiedad privada comunitaria. Como resultado, a pesar de que estos mecanismos no necesariamente logran controlar el delito, sí han logrado que los vecinos se sientan más seguros y reconozcan su importancia para la provisión de seguridad ciudadana.

Si bien ambos mecanismos se organizan de maneras distintas, expresan una misma visión acerca de la inseguridad y cómo se debe responder a ella. En este sentido, traducen, en parte, lo que Sampson (2012) denomina eficacia colectiva. Sin embargo, dichas visiones incluyen también la restricción de libertades, derechos ciudadanos y, en algunos casos, la justificación del uso de la violencia para combatir la inseguridad. Con ello, se pone en duda el carácter democrático de esta particular eficacia colectiva. La existencia y funcionamiento de estos mecanismos llevan a plantear una reflexión acerca de los nuevos esquemas de seguridad barrial a nivel local en distintos contextos urbanos del Perú. Asimismo, ponen sobre la mesa la necesidad de analizar la participación de los vecinos en la provisión de seguridad y sus implicancias, ya que constituyen un elemento central de las estrategias de seguridad ciudadana que vienen siendo implementadas en las ciudades latinoamericanas. Además, plantea la necesidad de diferenciar las respuestas que sirven para la reducción de la victimización objetiva de aquellas que sirven para reducir la percepción de inseguridad en base a otros elementos como el desorden social, que también alimentan la dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana.

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El empleo del criterio de disimilaridad permite evidenciar que la escala de aglomeración urbana y el nivel socioeconómico de los barrios no son factores determinantes para la aparición de mecanismos de seguridad barrial como los descritos en esta investigación. No se trata solo de un fenómeno de grandes ciudades o barrios ricos, sino que aparece en distintos contextos urbanos del Perú actual.

Con más de 20 mil habitantes al 2014, Huamachuco es una ciudad intermedia tanto desde una perspectiva demográfica como desde una perspectiva territorial (Bensús y Pérez 2014).

Notas

(1) El empleo del criterio de disimilaridad permite evidenciar que la escala de aglomeración urbana y el nivel socioeconómico de los barrios no son factores determinantes para la aparición de mecanismos de seguridad barrial como los descritos en esta investigación. No se trata solo de un fenómeno de grandes ciudades o barrios ricos, sino que aparece en distintos contextos urbanos del Perú actual.

(2)Con más de 20 mil habitantes al 2014, Huamachuco es una ciudad intermedia tanto desde una perspectiva demográfica como desde una perspectiva territorial (Bensús y Pérez 2014).