URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
N.° 19, diciembre diciembre de 2016, pp. 111-127

DOI: http://dx.doi.org/10.17141/urvio.19.2016.2414

Violencia cotidiana, marginación, limpieza social y pandillas en Guatemala (*)

Daily violence, marginalization, social cleansing and gangs in Guatemala


Nelly Erandy Reséndiz Rivera (**)

Fecha de recepción: 31 de agosto de 2016
Fecha de aceptación: 18 de octubre de 2016.

(*)Este artículo es un producto de la tesis de maestría: Producción y reproducción de prácticas violentas en Guatemala: Pandillas y maras en la posguerra, presentada en el año 2016. Disponible en: http://132.248.9.195/ptd2016/septiembre/301257574/Index.html

(**) Mexicana. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Consultora de proyectos vinculados con la diseminación de la violencia. Correo electrónico: erandy.resendiz.rivera@gmail.com.


Resumen

El artículo analiza la relación entre las pandillas, la violencia cotidiana y la marginación en Guatemala. Esta propuesta considera que las pandillas son un ejemplo excepcional del empleo de la violencia, y repara en la orientación de estos grupos, hacia las actividades de trasgresión de la legalidad como herramienta de afirmación y empoderamiento. En el documento se describe que el impacto de la desigual distribución de la violencia a nivel social, se acentúa en los barrios depauperados y adquiere un carácter crónico. Finalmente, el artículo menciona la limpieza social dirigida hacia el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha porque este fenómeno es una manifestación de la profundización de las agresiones comunitarias. La violencia es protagonizada por diversos actores sociales, las pandillas son un caso más de la realidad necropolítica en Guatemala.

Palabras clave: Pandillas; violencia cotidiana; limpieza social; marginación; Guatemala

Abstract

The article analyzes the relationship between the gangs, the daily violence, and the marginalization in Guatemala. This proposal considers that gangs are an exceptional example of the use of violence, and repairs in the orientation of these groups, towards the activities of transgression of law as a tool of affirmation and empowerment. The paper describes the impact of the unequal distribution of violence at the social level, it is accentuated in impoverished neighborhoods and acquired a chronic character. Finally, the article mentions social cleansing directed at the Barrio 18 and Mara Salvatrucha because this phenomenon is a manifestation of the deepening of community aggressions. The violence is used by diverse social actors, the gangs are one more case of the necropolitics reality in Guatemala.
Key words: Gangs; daily violence; social cleansing; marginalization; Guatemala

Reflexiones iniciales

El Barrio 18 (B-18) o pandilla y la Mara Salvatrucha (MS-13) o mara, son protagonistas evidentes de la instrumentalización y la expresividad de la violencia en Guatemala. Estos grupos representan un caso emblemático para analizar el impacto de la violencia cotidiana en vinculación con la marginación y con otras problemáticas sociales (p. ej. la limpieza social). En la actualidad, las pandillas mencionadas son las más importantes en presencia territorial en el país que nos atañe y en el resto de Centroamérica.  

El objetivo del artículo es analizar la propagación de la violencia1 cotidiana y su articulación con el B-18, la MS-13 y la sociedad. Consideramos que en Guatemala existe una desigual distribución de la violencia, la cual se encarniza con las clases bajas en los confines de los barrios más depauperados. Tales condiciones son propicias para la agudización de las agresiones y para el surgimiento de nuevos epifenómenos. Para acercarnos a la dimensión propuesta, se recalcan dos elementos orientativos de la violencia:

1) Retomando la propuesta de Hanna Arendt conceptualizamos a la violencia como una mediación para fines determinados, independientemente de la valoración moral que se tenga de sus implementadores (as) y objetivos (Arendt 2006); y

2) Acentuando las acotaciones de Laura Rita Segato se considera a la violencia como una herramienta que es enunciadora de mensajes, la cual tiene la potencialidad de crear o sumarse a las enseñanzas y los aprendizajes colectivos (Segato 2014).

Conviene resaltar que las pandillas no son las únicas que incorporan a la violencia como mediación de su identificación; en las cárceles, los barrios y en las redes estatales y paralegales diversos actores (as) sociales surgen asociados a esta herramienta. Puede leerse de manera más obvia esta situación en problemáticas como el sicariato, la militarización de las calles, entre otros casos. El B-18 y la MS-13 no son una anomalía o un “afuera social”, sino una regularidad perteneciente a un sistema complejo de violencia que es histórico y cambiante en Guatemala.

Violencia cotidiana y comunidad

Nancy Sheper-Hughes puso el acento en la violencia cotidiana y en los efectos comunitarios que de esta se derivan, asegurando que “las prácticas de ‘violencia cotidiana’ constituyen otra especie de estado de ‘terror’ que opera habitualmente en la rutina de los moradores, tanto en forma de rumores e imaginaciones desenfrenadas como en la práctica de algunos rituales públicos” (Sheper-Hughes 1997, 226). En la actualidad en Guatemala, en especial en los barrios marginales de la capital la violencia asociada a la percepción de inseguridad y las provocaciones de las pandillas, aparece como irritabilidad y zozobra frente a la “inseguridad ontológica y existencial que ocurre sin obstáculos” (Sheper-Hughes 1997, 169). Además expresa las preocupaciones y las angustias más inmediatas de la población.

Por ejemplo, Billy Ochoa explicó en una entrevista el miedo imperante en la colonia donde habitaba. De acuerdo a la apreciación del interlocutor, las pandillas provocaron el incremento y la intensificación de delitos contra la población en El Mezquital. Paralelamente, el B-18 y la MS-13 expusieron a la gente a la posibilidad de convertirse en presa de maltrato o de ser blanco del fuego cruzado.

Mezquital era muy pequeño, no muy peligroso antes de todo esto, ladrones comunes o algo pero no estructuras organizadas de las pandillas. Entonces si era mucho miedo en la comunidad, en el día era relativamente tranquilo porque había luz, igual la gente está trabajando, en el mercado, en la escuela y todo, pero sobre todo en las noches era donde podías percibir el poder de verdad que tenían las pandillas. Aún hoy no puedes salir a las 8 de la noche, todo ya está cerrado la tienda, la panadería, tortillería, cualquier negocio que hay, son muy pocos, solo paradas de autobús porque la gente empezó a entender entonces que los pandilleros estaban matando gente y que sí había que tener miedo (Billy Ochoa, en entrevista con la autora, 16 de julio de 2013).
Ochoa enfatizó la modificación del modo de vida personal y comunitario a partir de exacerbación de la violencia, que tiene un toque de queda implícito y no pueden hacer libre uso de los espacios públicos. Esta y otras declaraciones indican que la violencia cotidiana en Guatemala es palpable, la sugerencia para entenderla es pensar la convivencia con las clicas2 como un modo de militarización de los barrios.
Y la gente de la escuela para la casa, de la iglesia para la casa, del trabajo para la casa, estar encerrado todo el tiempo. Digamos ahora pareciera tan normal… pero el escuchar balazos, que en tu cuadra o que en tu pared de la casa escuchar balazos y tener que irte a esconder. A nosotros nos ha pasado varias veces, estamos viendo televisión en la sala de la casa y de pronto empiezan a escucharse disparos, de pronto empieza a haber sonidos en la pared, y entonces todos a tirar y a protegernos… Es una cuestión algo así muy parecida a la militarización, estas [las pandillas] pasan a cada momento y con las armas así [gesto de traer el arma visible] o con señal de disparar en un lugar, te vas corriendo cuando vos estás jugando (Billy Ochoa, en entrevista con la autora, 16 de julio de 2013).
Gladys Yaneth Julián, directora de una escuela primaria en el municipio de Villa Nueva, comentó su experiencia de miedo a partir de la convivencia con las pandillas.
Nosotros muchas veces hemos querido organizarnos en el sector, pero no lo hacemos porque el principal motivo es el temor. El temor porque póngale que si alguien interviene, como la mara no es solo una… Aquí en esta banqueta [de la escuela] se vienen a poner todos los mareros a esperar a las niñas. Porque unas ya andaban involucradas con ellos como novias, amigas (Gladys Yaneth Julián, en entrevista con la autora, 12 de septiembre de 2013).
La comunidad es presa de la mutilación, del silencio o del exterminio y lo sabe. Un miedo colectivo recorre las calles y se filtra en los espacios privados y públicos, creando realidades de ficción que desencadenan histeria y paranoia. En la apuesta de asimilación de la violencia y de rechazo a una vida circunscrita a esta, en las colonias “se produce un estado de alarma o emergencia… el shock revela el desorden existente en el orden y pone en cuestión la ‘normalidad de lo anormal’, que, finalmente, aparece como lo que en realidad es” (Sheper-Hughes 1997, 225). Se trata de una especie de ethos de terror que expresa la vulnerabilidad de los grupos y que se lee en lo más ínfimo de la sociabilidad: los rumores, las ansiedades, etcétera. 

El sentido de urgencia ante la violencia y la inseguridad que es provocado por situaciones objetivas, forja la base para la creación de escenarios performativos que generan contradicción y ambigüedad en la sociedad y declara la susceptibilidad de las personas a ser diariamente atacadas en nombre de los intereses del Estado, las pandillas, la policía y otras fuerzas institucionalizadas y organizadas. La violencia cotidiana al manifestarse contra el cuerpo individual y en detrimento de la comunidad, es asimilada y diseminada a través de las relaciones, los códigos y los símbolos.

La rutinización de la violencia al permanecer como mecanismo de afirmación habitual en los espacios, posibilita que las y los receptores que están dentro de su circuito se apropien de esta enseñanza obvia. El resultado es la generación de nuevos escenarios de violencia con trayectorias inéditas, esta circunstancia es aprovechada por distintos actores (as) sociales para crear, direccionar y transmitir lecciones de sobrevivencia y control. La médula de este tipo de interacción comunitaria son las relaciones de poder, las cuales pueden derivar en el reforzamiento de escisiones sociales ya existentes.

Se crea un delirio colectivo en el cual se confunde el matar y el morir, se borran las líneas entre protección y dominación, se confronta un “yo sobre ti para mi beneficio” y se muta la justicia en revanchismo. Las vidas son valorizadas como baratas y decadentes y en casos más extremos se piensa en muertes funcionales en favor del bien común (p. ej. asesinato de pandillas). Para Edelberto Torres-Rivas el miedo es la consecuencia más duradera de la violencia política perpetrada en Guatemala durante la guerra civil, sin dudas, el Estado policial es la columna vertebral de las violencias actuales en el país. “El uso repetido y generalizado de la fuerza… de los agentes del Estado hizo que los ciudadanos se acostumbraran a vivir bajo la amenaza de la muerte, a vivir con la propia muerte y con los peores métodos para sembrarla” (Torres-Rivas 2002, 303).

El miedo tiene una incidencia colectiva y una infinidad de formas de adaptarse, y constantemente, desata violencia cotidiana que es apuntalada por las relaciones injustas de poder. La banalización del miedo es el resultado del cohabitar con la muerte, este rasgo del orden político autoritario pervive en la “transición democrática” en Guatemala. La violencia y el miedo tejen una relación dialéctica. La violencia cotidiana nos aproxima al dolor, rompe los lazos comunitarios y disipa el reconocimiento de las aportaciones y las responsabilidades propias y de terceras personas. Este tipo de violencia puede suministrar odio, refuerza la complicidad y ensalza el silencio, permite también que las vejaciones más atroces sean vistas de manera minimalista. La sensación colectiva de inseguridad abre paso al desquite frente a la impotencia (p. ej. linchamientos), exige vigilancia y control para reinstaurar el orden social y retuerce la realidad afectando a actores (as) específicos.

La reproducción de prácticas violentas se encarniza especialmente con las clases bajas, en los barrios pobres no se ha tratado jamás de una excepcionalidad sino del agravamiento de las agresiones y de las injusticias previamente existentes. La sociedad suele despertar cuando los ataques, el susto y la incapacidad se extienden a los sectores medios y altos, porque mientras estos no sean tocados la violencia es un agregado pintoresco que destella en un lugar ajeno. Cuando los “peligrosos” salen de sus guaridas, amenazan a la “persona normal” y despiertan incomodidad a la burocracia indiferente, se desenlazan políticas de mano dura, operaciones de limpieza social, actos de estigmatización, etcétera. En el instante tardío en que la mayoría de la población se sacude y despierta, se percibe la violencia ya desperdigada y resplandece una añeja y rancia aceptación del terror que está clavado en discursos hegemónicos que culpan puritana y maniqueamente a la marginalidad.

Recuadro 1. Nota etnográfica de la colonia El Limón, zona 18 de la Ciudad de Guatemala3

Imagen 1. Colonia El Limón (fotografía propia)

Si alguien camina por la colonia El Limón en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, puede divisar letreros con la leyenda “mis ojos están sobre ti” (parafraseo de alabanza cristiana) colgados en las calles, las casas, las escuelas y las canchas de fútbol soccer. Esta advertencia dirigida a habitantes y parroquianos (as) inyecta una atmósfera de vigilancia, control y coacción orientada a la amenaza que no es lo mismo que seguridad. Si esa persona continúa andando se encontrará con un destacamento militar y con algunos chicos (as) en las aceras en tono de alerta. Habrá también pequeños edificios entre calles irregulares y laberínticas con huellas de balas, cuartos abandonados e incluso un terreno baldío en el cual habitó una familia que fue barrida por una bomba.
Quienes conozcan El Limón, podrán señalar el lugar donde un taxista fue asesinado por un pandillero al negarse a pagar una extorsión e indicarán el sitio donde una joven fue agredida sexualmente por militares en plena tarde. Una santera murmurará que la organización no gubernamental que interviene en la localidad es una “escuela de mareros” o un “instrumento de las ciclas”, la cual expide certificación los pandilleros para comprobar que estos son estudiantes cuando son detenidos4. Esta colonia es una de las más marginales en Guatemala y es uno de los principales bastiones del B-18. Es preciso decir que nos encontraríamos con cuadros similares al asomarnos a otros barrios donde domina la presencia de las pandillas.

2. Pandillas, marginación y violencia cotidiana

En la obrade Anneliza Tobar uno de los señalamientos es que la niñez y la juventud nacidas en los años de posguerra en Guatemala, cohabitan en realidades atravesadas por la violencia estructural. Asimismo, la autora señala que los efectos de la globalización neoliberal coadyuvan a la profundización de la inequidad, la exclusión, la pobreza y la marginación (Tobar Estrada 2007). Los jóvenes a pesar de no haber vivido directamente las agresiones de la guerra civil, incluyendo a integrantes del B-18 y de la MS-13 que entrarían en esta categoría, están arremolinados en la actualidad en condiciones de fragilidad de acuerdo a Tobar.

Un contexto social altamente patológico así como a ambientes familiares hostiles y conflictivos, los jóvenes se constituyen en individuos vulnerables y vulnerados por la serie de riesgos a los que se ven expuestos. A esto hay que sumar el proceso de exclusión histórica a la que se ven sometidos los jóvenes provenientes de comunidades marginales [énfasis propio] (Tobar Estrada 2007, 30).
Si bien las consecuencias de las carencias sociales son nodales para entender el surgimiento y la transformación de las pandillas, es necesario no constreñirse a la premisa de jóvenes en peligro. El surgimiento del B-18 y de la MS-13 no se trata únicamente de la traducción violencia-sistémica-nacimiento-de-pandillas, también se debe de delinear el papel activo de sus integrantes como protagonistas de su devenir y no siempre encajonados en el margen etario de la juventud. Asimismo, es preciso subrayar las dificultades que brotan a nivel microsocial para fortalecer las explicaciones que nos acerquen a dieciocheros (as) y mareros (as).

Los contextos de marginación fomentan la creación de pandillas, pero esta forma de participación no se impone como condición forzosa para las clases bajas. “Aunque la marginación, pobreza, falta de oportunidades, etc. son importantes en la aparición de estas agrupaciones, la exclusión social en sí no causa su crecimiento ni su manera particular de operar” (Savenije 2009, 11). En las colonias populares la minoría de jóvenes interviene en grupos violentos, esta situación facilita que las clicas sean vistas con recelo por parte de la sociedad y provoca su autoexclusión.

La marginación se define como un fenómeno estructural, el cual refleja la falta de acceso al disfrute y los beneficios de bienes y servicios básicos para los sectores relegados de la sociedad. Este concepto abarca distintas dimensiones como son la educación, la vivienda y los  ingresos monetarios, etcétera, y se asocia con una serie de epifenómenos como son la estigmatización, el debilitamiento de lazos comunitarios, entre otros (Cortés 2006). Asimismo, se tiene presente que “las situaciones de marginación y exclusión social fomentan espacios físicos, nichos sociales y condiciones psicológicas en que las pandillas… encuentran un lugar ideal para asentarse y desarrollarse” (Savenije 2009, 4-5).

Debemos de tener presente la necesidad de dar un avistamiento a lo cotidiano y a las realidades concretas donde se teje la marginación, en ese nivel el B-18 y la MS-13 aprenden de manera primaria la instrumentalización y la expresividad de la violencia. La relación entre la marginación, las agresiones y las pandillas, podría desdoblarse en variadas modalidades cruciales en sí mismas si se pretende tratar su impacto en la población. Al ser nuestra prioridad abordar algunas manifestaciones de esta vinculación dinámica, se decidió tomar dos ejes de asociación. El primero concierte a los delitos, los cuales son tomados como una oportunidad en la marginalidad para las y los integrantes del B-18 y la MS-13. El segundo trata sobre las operaciones de limpieza social, porque estos hechos representan una “salida” de la sociedad y el Estado frente al “peligro”.

A) Una oportunidad: Los delitos

Los pandilleros se afirman, resisten y se ganan “respeto” a través de actividades de trasgresión a la legalidad y de violencia. Es posible apreciar que una lógica práctica impera entre el escoger extorsionar, matar o intimidar sobre el perseguir el cansado y a veces imposible camino que el sistema capitalista ofrece a los sectores depauperados de la sociedad. No es que muchos (as) no lo hayan intentado, pero los resultados han sido insignificantes. El caso de Román y su involucramiento con la MS-13 es un ejemplo: 

Tengo 22 años… comencé a trabajar a los 9 años, en una venta de sillas, baños, etc., pero creo que me explotaban en ese lugar me pagaban 100 Q [$ 13 USD] al mes y me levantaba muy temprano y regresaba a las 8:00 de la noche a mi casa. Después comencé a vender pizza con mi hermano… una persona me ofreció trabajo en un taxi pero necesitaba licencia… pero ni para la licencia tenía dinero y mi esposa tenía 7 meses de embarazo y yo necesitaba un trabajo de urgencia. Entonces me comencé a juntar con los pandilleros y un 31 de octubre me llamarón como a las 7 de la mañana para que los acompañara a traer una extorsión de 50, 000 Q [$ 6, 568 USD] y me iban a ayudar con mi licencia. Nos atraparon los policías. Recuerdo que salí corriendo y me dispararon…  me llevaron a un centro de privación de libertad para menores (Hoja de vida escrita por  “Román” de la MS-13, Ciudad de Guatemala, CEJUPLIV, 31 de octubre de 2013).
A continuación se presenta un cuadro de los ingresos económicos que recibían algunos integrantes del B-18 antes de ingresar al Centro Juvenil de Detención Provisional (CEJUDEP) Gaviotas. Las acotaciones corresponden a trabajos legales (formales o no) y a actividades ilícitas. Esta información persigue fines de análisis cualitativo y su intención es, describir la baja remuneración monetaria a la cual tenían acceso las y los pandilleros en empleos regulares. No perdemos de vista la falta de opciones permanentes de trabajo, la explotación laboral y las mayores ganancias que se obtienen al ejecutar actividades prohibidas por la ley en Guatemala. La propuesta es dibujar una ruta de relación entre la pobreza y los delitos.

Recuadro 2. Ingresos monetarios de dieciocheros en actividades lícitas e ilícitas

Pandilleros del B-18 en CEJUDEP. Gaviotas

Empleos regulares

Actividad delictivas

Ángel

Mecánico de automóviles

$ 4, 800 Q/
$ 627 USD mensuales.

Secuestro

-Por “dos cabezas”: $ 100, 000 Q/ 13, 000 USD
-Por “una cabeza”: $ 50, 000. Q/ 6, 500 USD

* Dependiendo del “cliente” es la cantidad de dinero, por extranjeros (as) la ganancia es mayor. El tiempo invertido oscila entre 1 y 2 meses para personas no nacionales y es de 15 días para guatemaltecos (as).

Otto

Vendedor ambulante de comida:

$ 1, 000 Q/ 130 USD mensuales.

Extorsiones:

De $ 2, 500 Q/ 327 USD a $ 5,000 Q/ 653 USD mensuales

Albañil:

$250 Q/
33 USD mensuales

*Entrada fluctuante solicitada a negocios pequeños

Manuel

Vendedor en depósito:

$ 1, 200 Q/ 157 USD mensuales.

Por guardar cosas de la pandilla:

$ 2, 000 Q / 261 USD mensuales.

Jonathan

Sin otro dato

Extorsión a local pequeño:

$ 600 Q/ 78 USD mensuales.

Eduardo

Sin otro dato

En un solo asalto de motos, locales, etcétera:

$ 700 Q/ 91 USD.

Otros registros de las ganancias de pandilleros en empleos comunes:

  • Albañil: De $900 Q/ 117 USD mensuales a $ 1, 600 Q/ 209 USD mensuales
  • Empleado de una pizzería: $ 1, 200 Q/ 157 USD mensuales
  • Mesero y repartidor: $2, 400 Q/ 313 USD mensuales
  • Obrero: $ 2, 500 Q/ 326 USD mensuales
  • Reparador de radiadores: $ 1, 000 Q/ 130 USD Q mensuales

*Elaboración propia a partir de las notas de trabajo de campo en CEDUJEP Gaviotas, Ciudad de Guatemala, noviembre de 2013. En todos los casos se utilizan pseudónimos.

Las prisiones están hacinadas de pandilleros (as) y otras personas provenientes de barrios marginales. Esta situación es característica de las rutas de sobrevivencia en sociedades neoliberales que parten de formas identitarias de confluencia y es una marca de la creación de alternativas económicas propias (p. ej. comercio informal o delitos patrimoniales). Asimismo, la cacería de los “jodidos” lleva consigo a una innumerable cantidad de personas no responsables, pero por ellas nadie da probidad legal de no trasgresión. Estar en la cárcel suele ser una condición de clase.

B) Una solución: Limpieza social

El asesinato de los “diferentes”, es una maniobra vigente y preocupante en Guatemala. En este país, los daños carniceros también son encaminados contra las pandillas, las maras y otros grupos de indeseables. En este sentido, la limpieza social resulta explicativa para hablar de la presencia de mundos de muerte y del engrosamiento de la reproducción de prácticas violentas. Estas acciones operan de manera vertical (del Estado y sus fuerzas) y se trazan horizontalmente en un nivel microsocial (actores/as próximos a las clicas).

La limpieza social es la operación sistemática de eliminación física de minorías encajonadas entre las fronteras de lo indeseable y lo peligroso. “Metafóricamente limpieza o higiene social aluden a mecanismos extrajudiciales de depuración criminal ejecutados a pequeña y gran escala… en sociedades cuyo contrato social, al erosionarse, permite la instauración de gobernanzas totalitarias” (Cajas 2012, 12). Esta acción va dirigida a una otredad que estorba por su falta de productividad y que amenaza por su singularidad, así, en favor de la restauración de un orden social “sano” se borra a grupos para “normalizar” a la sociedad en su conjunto.

La limpieza social es una cacería antropofágica que señala, neutraliza y condena moralmente lo impuro. Carlos Mario Perea marca que sus operadores (as) buscan detener las disidencias derivadas de la pobreza y la marginalidad, “chata y oscura extravagancia clasista: la totalidad de sus víctimas son miembros de los sectores populares, jamás se ha emprendido nada parecido contra ladrones de cuello blanco, multimillonarios desfalcadores de las arcas estatales” (Perea 2014, 27). Esta maquinaria de muerte que disciplina, regula y “protege” a la población, es engrasada para sacudir a Centroamérica de maras y pandillas.

En el año 2007 Philip Alston, relator de la ONU, hizo señalamientos respecto a las operaciones de limpieza social. “En Guatemala se está registrando una tasa elevada… de asesinatos… en cinco años [de 2001 a 2005], la tasa de homicidios ha aumentado en un porcentaje alarmante, del 64%… Una respuesta [es] la… reaparición, de la limpieza social” (Alston 2007, 8). El relator confirió responsabilidad al Estado por el asesinato de integrantes de pandillas, de sospechosos (as) de cometer delitos de diversa índole y de “indeseables” a la policía nacional. “Un número elevado de jóvenes son ejecutados sumariamente por su presunta participación en la comisión de delitos o en bandas organizadas. Las principales bandas que se mueven en Guatemala son la Mara 18 y la Mara Salvatrucha” (Alston 2007, 8). Asimismo, relacionó este fenómeno con el aumento de linchamientos, incremento de la violencia en prisiones, entre otros casos.

La limpieza social es ejecución extrajudicial; se denomina arbitraria por su carácter de muerte injustamente producida y puede ser sumaria cuando se limitan, niegan o se desvirtúan diversas garantías procesales. En ambos casos se considera a este tipo de trasgresión legal como la privación de la vida por mandato del Estado y sus agentes, también se le atañe responsabilidad cuando este autoriza, apoya o procede con aquiescencia (Henderson 2006). La aplicación de tortura, tratos degradantes, uso excesivo de las fuerzas estatales o paraestatales, muertes relacionadas con desaparición forzada o la falta de diligencias para atender o prevenir las muertes (investigación, procesamiento y sanciones eficaces); son algunas de las características que hacen al Estado responsable de la limpieza social y de otras violaciones de los derechos elementales.

El Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos (CALDH) presentó un seguimiento de esta problemática, y señaló que en el año 2003, hubo un repunte del fenómeno y una ampliación de los perfiles que son presa de ataques en Guatemala. Entre las víctimas se encuentran las personas presumiblemente participantes en pandillas y maras (de acuerdo a un prototipo físico), trabajadores (as) sexuales, niños (as) de la calle, travestis y delincuentes comunes. No existen estadísticas fiables sobre los asesinatos, por lo tanto, su análisis cualitativo se basa en las características de las muertes, la ubicación geográfica, la edad, la documentación periodística y en las pruebas testimoniales (Flores y Joaquín 2013).

Por su parte, la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) con base en el seguimiento de noticias sobre muertes violentas durante los años 2004 a 2006. Evidenció que en el 2005 fueron rematadas con un tiro de gracia 63 víctimas y 305 mostraban señales de tortura. En los meses de enero a junio de 2006, los tiros de gracia se elevaron a 151, las cifras de tortura a 435 y se contabilizaron un total de 395 casos de ejecución extrajudicial. Para el año 2007, los asesinatos particularizados como limpieza social se redujeron a 346 y el PDH dio apertura a 167 casos por sospecha de ejecución extrajudicial en el período de 2003 a 2011 (Flores y Joaquín 2013, 122-123).

En el año 2012 no se documentaron actos relacionados con limpieza social a nivel oficial, sin embargo, los medios de comunicación expusieron casos de asesinatos que se presumen fueron resultado de este tipo de ataques (Worby 2013, 38). La justificación gubernamental en las últimas décadas, ha sido que las y los afectados eran sicarios, extorsionistas o integrantes de pandillas y se asevera que los decesos fueron por riñas, robos o venganza personal.

Por el modo de operar de los victimarios, la autoría se orienta hacia el ejército, la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de seguridad privada, las juntas, comisiones o comités de seguridad y los cuerpos clandestinos de vigilancia. Asimismo, se considera la forma en qué se dio la privación de la vida, la semejanza de las agresiones con las desapariciones en la guerra civil, la presencia de tatuajes y la existencia de antecedentes penales (Flores y Joaquín 2013, 144-148; Worby 2013, 38). La concentración mayoritaria de las muertes se registra en la capital guatemalteca.

En el año 2014, Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) aseguró que América Latina tenía la proporción más alta de víctimas de homicidio de menores de 25 años (25, 400); esta situación afectó primordialmente a hombres. Los países con las cifras más alarmante de homicidios entre 0 a 19 años por cada 100, 000 habitantes, en el año 2012 fueron: El Salvador (27), Guatemala (22) y Venezuela (20) –el promedio internacional es de 4- (UNICEF 2014, 30-59). Infantes y jóvenes están siendo ultimados en Guatemala, bajo la sospecha de algún tipo de relación o asociación con las pandillas u otros chivos expiatorios.

¿Quiénes matan a pandilleros (as) y otros rechazados (as)? No se sabe con precisión. Puede rastrearse la injerencia de la policía o en ciertos barrios la fuerza de las y los vecinos, en la última variante, se consideran dos dimensiones generales que van de la propia autoría hasta la contratación de agentes externos (p. ej. escuadrones de la muerte). En Guatemala han resaltado Los Ángeles Justicieros y las patrullas de Ciudad Quetzal y se nombra a las juntas, comisiones o comités de seguridad5(PDH 2011). En San Juan Sacatepéquez:  

[En] respuesta a la presencia de ‘maras’… pobladores de las aldeas de Ciudad Quetzal están organizados en patrullas, las cuales son integradas por hombres y mujeres de las comunidades… Existe un grupo denominado Escuadrón de la Muerte, el cual funciona dentro de la estructura de las ‘patrullas’ y se encarga de eliminar físicamente a las personas que encuentran cometiendo un hecho delictivo, así como a los que se sospecha pertenecen o pertenecieron a alguna ‘mara’ o pandilla en el pasado (PDH 2011, 22-23).

En los casos de ataques contras las pandillas se puede partir de la estigmatización y la presunción de pertenencia. En otras circunstancias se tiene la certeza y esto constituye el móvil de los asesinatos. “Estas ejecuciones extrajudiciales, por lo común, son responsabilidad de los escuadrones de la muerte, o de la limpieza social, en el entendido que… están contribuyendo a solucionar el conflicto” (Nateras Domínguez 2015, 123). Tampoco aseveramos que en todas las colonias dónde existen pandillas se realice limpieza social. Si bien la violencia es materia prima para la creación de organización colectiva, el miedo no deja de ser determinante para decidir la forma en qué intervendrá la comunidad.

Ahora bien, la negación gubernamental de la limpieza social sitúa a las muertes en el “orden de lo innombrable: los textos sobre la inseguridad y las acciones para contenerla ni siquiera las mencionan, haciendo caso omiso de una de sus estrategias preferidas, la masacre” (Perea Restrepo 2014, 28). En una entrevista para conocer las políticas públicas del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) dirigidas hacia el B-18 y la MS-13, Daniel Cienfuentes habló de manera secundaria de las estrategias de asesinatos hacia diversos grupos. El servidor público señaló la falta de un reconocimiento oficial y su realización de manera rutinaria.  

Sí se habla [de limpieza social], pero como política oficial no existe… es bien complejo. Yo vivo a 73 kilómetros de aquí [de la Ciudad de Guatemala]. Nosotros no tenemos el problema de las maras o las pandillas… ¿Cómo funciona esto? Hay personas que se dedican a observar, [cuando] asaltan una casa, asaltan una persona, asaltan a la segunda persona o roban en la segunda casa y empiezan a organizarse… con la complicidad de la policía. Tercer asalto o tercera casa van y los matan, los van a tirar y se acabó. Aquí en el gobierno pasado, en algunas zonas donde íbamos, nos decían… no vayan en tal carro, porque en esos carros viene la policía a jalar a los patojos. Miraban a un chavo parado, da la vuelta el carro y al otro día aparecían muertos. Yo en mi pueblo escuché un día que el policía dijo, si no tienes carro con que ir a tirarlo lo vamos a tirar en la patrulla. Mira, la gente está de acuerdo… porque el Estado no ha podido llegar ahí. Miras en mi pueblo y todo tranquilo, ya saben quién la pasa de lado a qué lado de la carretera (Daniel Cienfuentes, en entrevista con la autora, 8 de julio de 2013).
En las prisiones de Centroamérica se realizan ejecuciones extrajudiciales y muchas de ellas responden a operaciones de limpieza social. Considerando que el Estado es el encargado de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los reclusos que están bajo su tutela, cuando se realizan asesinatos y tales no son investigados, juzgados y sancionados la situación invariablemente indica la responsabilidad gubernamental por acción directa u omisión.

De los decesos en las cárceles guatemaltecas de personas menores y mayores de edad, CALDH registró en el año 2005 la muerte de 48, en el 2006 el conteo es de 16, en el 2007 un total 7 y en el 2008 un número de 8 personas. Entre los años 2003 y 2008, el 81.25% fueron fallecimientos de integrantes del B-18 y la MS-13 con edades de 17 a 22 años (principalmente hombres) y un 6.25% incumbió a trabajadores (as) que murieron en las prisiones. Resuena en las declaraciones oficiales el alegato por lucha entre pandillas para explicar los crímenes, aunque no se asume la complicidad de las autoridades en “minucias” como el ingreso de armas y otros dispositivos utilizados en los motines -por citar un ejemplo- (Flores y Joaquín 2013, 130-131).

Entre las cifras mencionadas se encuentra el saldo del Centro de Detención Preventiva para Hombres (Pavoncito), en el cual murieron 18 reos por un enfrentamiento entre pandilleros el día 15 de agosto de 2005. El PDH exhibió la posibilidad de una ejecución extrajudicial planificada por las autoridades de la prisión (Morales Alvarado 2006, 200). Sin embargo, otras hipótesis propone la implosión del Sur, Southern United Raza o Sur Sailent6 este mismo año. El 25 de septiembre de 2006 en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes fueron asesinadas 7 personas. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales de la operación “Pavo Real”, se ha comprobado la autoría de altos funcionarios; entre ellos se señaló a Carlos Vielmann ex Ministro de Gobernación, Erwin Sperisen ex director de la PNC, Javier Figueroa ex subdirector de Investigación Criminal de la PNC, entre otros (CICIG 2013). Después del año 2005 los asesinatos por la guerra entre las pandillas y por las operaciones de limpieza social hicieron intersección, dificultando esclarecer a quién corresponde con nitidez la bitácora macabra.

Para el historiador Otto Argueta, la limpieza social en Guatemala está ceñida a las políticas y los mecanismos de control social que tienen una génesis emblemática en los años sesenta7. Este proceso toma un nuevo curso tras de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y tiene consonancia con las propuestas de community policing.8En la posguerra existe una sociedad articulada y organizada a partir de formas violentas, las cuales se ligan a las coyunturas políticas y a poderes específicos como son la milicia, las agencias de inteligencia y los grupos de patrullaje local. El involucramiento de vecinos en tareas de vigilancia, toma un curso exacerbado de violencia en Guatemala debido al contexto particular.

Después del año 2000 con el auge de las políticas de mano dura en Centroamérica9, se incrementaron las persecuciones y la eliminación de grupos de indeseables. Este fenómeno no se dirige exclusivamente hacia las maras y las pandillas, pero se sirve del discurso dominante en contra de ellas y da certeza de la reproducción de prácticas violentas, de la instrumentalización de la muerte y de ciertas formas comunitarias para resolver los conflictos. La experiencia acumulada de la guerra civil (1960-1996) contribuye a la limpieza social de hoy, las ex –Patrullas Civiles, las patrullas urbanas y los escuadrones de la muerte son grupos que se han renovado pero que continúan teniendo gran representatividad en las organizaciones de base. Se agrega a la eliminación de personas las redes de narcotráfico, la milicia, las empresas privadas de seguridad y la PNC.

Un registro que señala que los asesinatos de los Otros tienen una larga data, son las prácticas de un orfelinato operante en la Ciudad de Guatemala en la década de los ochenta. El periodista Sebastián Escalón describió que durante la pugna bélica, una gran cantidad de infantes fueron secuestrados por el ejército en las huidas de las comunidades a las montañas. Esta situación era una de las represalias a las familias que colaboraban o que formaban parte de la guerrilla o era consecuencia del asesinato de estas. Los niños raptados eran tratados como mercancías, algunos fueron adoptados por militares, otros fueron regalados, enviados a orfanatos o se sumaron a la venta de niños (as) en el extranjero -principalmente Estados Unidos- (Escalón 2013).

Los huérfanos del Rafael Ayau. Los niños del área urbana y los que el ejército capturó en las zonas de tierra arrasada vivieron y murieron en la calle. Ya por riñas entre ellos, ya por la limpieza social que ejercieron la Policía y los grupos de exterminio organizados por comerciantes… los niños del Ayau fueron cayendo uno a uno (Escalón 2013).
Las pandillas y las maras son un objetivo destacado de la limpieza social, ya sea que las víctimas pertenezcan a una clica o que se presuma su filiación con ellas: el B-18 y la MS-13 están en el centro de las coartadas de los asesinatos. Los efectos de la falta de impartición de justicia penal, la complicidad entre actores vinculados con el gobierno, el aumento de redes de delincuencia y la organización vecinal con fines de persecución; condensan y renuevan una larga tradición de producción de prácticas violentas que recurre a la muerte cotidianamente. En Guatemala surgen contextos en los cuales la defensa, la revancha y el odio crean complejos sistemas de horror que resuelven las necesidades más inmediatas.

La limpieza social funciona en el subsuelo de las políticas públicas. Esta no es abierta pero se colude con las redes locales y marcha al compás de las instancias policiales y los gobiernos (por acción u omisión). “Esta situación, poco aireada por los medios de comunicación… que han sufrido y están sufriendo los integrantes de la MS-13 y de la pandilla del B-18, coloca a estas adscripciones… en los terrenos abiertos del exterminio, el asesinato” (Nateras Domínguez 2015, 117).

Violencia crónica en Guatemala

Guatemala sobresale por la administración y la gestión de la política de la muerte o la necropolítica10, situación que incrementó su materia prima a partir de la violencia perpetrada por los gobiernos militares y civiles durante la guerra que duró 36 años en el siglo XX. Una sugerencia es considerar que las huellas de la lucha armada y la incorporación de la rutinización de ataques contra ciertos perfiles de la población11, son vivibles bajo nuevas modalidades en la actualidad.

El aumento y la pervivencia de la producción y reproducción de prácticas violentas, mantiene un carácter regular en la posguerra. En lo contemporáneo existen diversas fuerzas que acentúa la depreciación de la vida y que hacen patente la institucionalización de la violencia en varios niveles societales (p. ej. ejército y comités vecinales). La normalizacióndel uso de la violencia por parte de las clicas y de la sociedad en general, corresponde a una particularidad que Jenny Pearce nominaría violencia crónica. Este concepto describe la permanencia, la intensificación y la recurrencia de la diseminación de la violencia en los lugares y en el tiempo. Se trata de un modo sociocultural particular insertado en contextos donde prevalecen el miedo, los ataques y el terror como forma de relacionamiento intergrupal.

'Crónico' significa que los altos índices de violencia son sostenidos durante varios años. Nuestra definición de violencia crónica es por lo tanto tridimensional, incluyendo el espacio, el tiempo, y la intensidad de los componentes… [estos] se mantiene durante cinco años o más y la frecuencia de los actos violentos no necesariamente resultan en muerte. Guerras civiles prolongadas entrarían en esta definición, pero también lo serían otros contextos de posguerra donde la violencia ha quedado incrustada en las interacciones sociales y en las relaciones estado-ciudadanía (Pearce 2007, 7).
La violencia crónica se aloja en los modos de convivencia diaria y es percibida como un “clima de inseguridad”, la cual es transmitida intergeneracional y geográficamente. Esta condición es capitalizada por parte de las élites en el poder o por los grupos que gozan de tal a nivel estatal o comunitario. A partir de la prevalencia de este tipo de contextos, las relaciones sociales se destruyen de manera consistente y sus fracturas tienden a pronunciarse en las áreas marginales. “La creciente aceptación y práctica de la violencia… contribuyen a conformar combinaciones tóxicas de complicidad y culpa, impotencia, temor y agresión, agravadas por distorsiones trágicas de la realidad y por la fragmentación y el aislamiento social” (Adams 2011, 51). En suma, esta violencia socava los lazos comunitarios, ahonda las diferencias entre clases sociales y destruye la participación democrática.

Las pandillas y las maras están atravesadas por la tenacidad de la violencia crónica, sin embargo, estas agrupaciones son algunas de tantas que ponen en relieve el uso de esta mediación cotidiana y concatenan de manera estridente una forma del despliegue de la necropolítica. Sugerimos que el B-18 y la MS-13 son un recorte concreto, subsistema complejo o sistema paralelo de violencia (del barrio, de la cárcel, etc.), el cual marcha en sincronía con una realidad formal y está signado por las consecuencias del sistema capitalista y de la violencia política. Este maridaje ha dotado a las pandillas de herramientas para autodefinirse y empoderarse. Al mismo tiempo, dieciocheros (as) y mareros (as) influyen notablemente en terceras partes que poseen sus propios sistemas complejos (p. ej. el crimen organizado).

Reflexiones finales

La violenta cotidiana va aparejada de la generación de más exclusión, discriminación y criminalización de conjuntos estigmatizados. Esta situación favorece la ruptura de alianzas comunitarias, disipa la creación de redes, impulsa la desconfianza entre vecinos (as) y proyecta sensaciones de inseguridad. La violencia se expresa a partir de la deglución de discursos dominantes, y por supuesto, se sustenta en la memoria proveniente de los efectos colaterales de las agresiones.

La inequidad sobresalientes entre los sectores más bajos de la sociedad y la marginalidad concentrada en zonas específicas de las ciudades y los poblados, expresan que “la desigual distribución de recursos y oportunidades económicas, sociales y políticas en una sociedad puede implicar una desigual distribución de violencia, dentro de lo cual los con menos recursos y oportunidades comparten una proporción mayoritaria de la violencia” (Savenije y Andrade-Eekhoff 2003, 5).

El B-18 y la MS-13 puede llegar a monopolizar la violencia a nivel microsocial, cuando esto acontece la comunidad es la primera en entrar en el circuito de la reestructuración de las fuerzas de poder. Los choferes, mercados, tiendas y vecinos (as) son el primer laboratorio de prueba del (necro) empoderamiento de las pandillas, empero, las clicas también son fuente de ingresos para quienes contribuyen con su causa o son oferentes de servicios (el sicariato es notable en este sentido). Las pandillas y las maras brindan espacios de preparación profesional para sectores cautivos de la población, superan la oferta de las empresas, de los programas asistencialistas, de la buena voluntad de las organizaciones no gubernamentales y se disputan la capacidad de cooptación con los centros religiosos. Al instituirse como una opción de vida generan confrontación con las autoridades y la comunidad, debido a que se orientan hacia actividades ilícitas que tienen consecuencias perniciosas para el colectivo.

La capacidad de incidencia de las pandillas demuestra la existencia de vacíos de poder, la ausencia o la desvirtuación de figuras de prestigio (p. ej. padres y madres), pone de manifiesto la desconfianza a las autoridades y muestra el impacto de la ineficiencia del sistema de impartición de justicia. Con hazañas victoriosas el B-18 y la MS-13 reafirman la eficacia de los nuevos nichos de capital social y profundizan las disparidades sociales por las repercusiones desiguales de la violencia. En síntesis, la marginación es un caldo de cultivo para la desbandada de la violencia cotidiana pero ésta se enlaza con otros alicientes.

Finalmente, las operaciones de limpieza social en Guatemala son sistemáticas y conllevan la responsabilidad del Estado. No solo por las sospechas de su intervención sino porque el gobierno al silenciar estos hechos autoriza tácitamente su realización. A la par, las colonias privilegian su lugar de dolor: ¿Quién se atrevería a descalificar sus pérdidas y sus memorias?, ¿un Estado que como los tres monos sabios no mira, no escucha y no dice? La reproducción la violencia se profundiza y con sus actos revienta vidas, emponzoña los espacios y fecunda improntas de terror que se diseminan todos los días.

Las personas desechadas son un Otro (genérico y malvado, un pandillero cualquiera que al ser machacado nada provoca porque por las “lacras” no se siente pesar sino descanso. Las figuraciones binarias que categorizan lo bueno y lo malo y sentencian lo demoníaco, se radicalizan en sociedades fragmentadas por la violencia. Ayer una guerra civil con los escuadrones de la muerte, hoy limpieza social sembrada en las calles no pavimentadas. Este componente jamás ha sido desactivado, tal se opaca para después volver a brillar en episodios históricos concretos.

El impacto de las agresiones en situaciones precarias o de opulencia no tiene un saldo equivalente, en la pobreza y la exclusión se generan mayores cantidades de ataques y se vive de manera más penetrante las repercusiones del shock, el miedo y los ataques diarios. Ante la falta de mecanismos que puedan mediatizar de manera positiva los conflictos rutinarios, la producción y reproducción de prácticas violentas se clava en las zonas rojas. La violencia cotidiana de la cual se han amamantado el B-18 y la MS-13 tiene un rostro marginal.

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Notas

(1)Se hace uso de la palabra violencia en forma genérica, empero, subrayamos que esta es cultural, política, económica e históricamente multimodal y sus diversos tipos se entretejen.

(2)La clica es una subdivisión de las pandillas y las maras, se caracteriza por controlar colonias, barrios, aldeas, cantones o espacios al interior de las cárceles.

(3)Las observaciones son resultado del trabajo etnográfico en la colonia El Limón en el mes de noviembre de 2013.

(4)Opinión de una vecina de la colonia El Limón sobre el desempeño de la Asociación Grupo Ceiba.

(5)El modelo de las Juntas Locales de Seguridad aparece en 1999 y ha sido impulsado en diversos momentos por la PNC, el Vice Ministerio de Apoyo Comunitario, las municipalidades, la sociedad civil y la cooperación internacional. Esta estrategia se sustentan en la promoción de la participación ciudadana con fines de seguridad, y a tal, se suman aquellos actores locales interesados en buscar la protección que el Estado no ha tenido el interés o la capacidad de ofrecer. El involucramiento de vecinos (as) en tareas de vigilancia toma un curso exacerbado de generación de violencia en Guatemala, debido a la dirección que la “prevención” delictiva toma a partir del contexto particular. La efectiva colaboración policía-población ha sido desvirtuada para la ganancia de grupos específicos, no se tiene un real manejo, conteo e identificación de sus protagonistas e impera una multiplicidad de formas, nombres y niveles de organización de acuerdo a los puntos geográficos. Las juntas, comisiones, consejos, comités, programas de vecinos (as) vigilantes, entre otros, tienen en común el impulso hacia la audodefensa y cada caso tiene una trayectoria específica. En las últimas décadas algunos grupos han patrullado con armas de fuego, con rostros cubiertos, han creado sistemas de alarmas y cateos y han resaltado por extorsionar, asesinar, linchar, entre otras acciones (Argueta 2015).

(6)En el año 1992 se arreciaron las políticas de deportación de Estados Unidos a Centroamérica después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, proceso que se encarnizó con aquellas personas asociadas a las pandillas. En esa coyuntura la Mafia Mexicana implantó el Edicto de la Eme en Los Ángeles y selló la asociación entre esta y la Mara Salvatrucha. Tal decreto fue una alianza entre las pandillas para protegerse entre sí y para hacer coalición en la venta de droga y control del sur de California. Este código de sociabilidad entre los cholos fue conocido como el Sur y se extendió entre las gangs, el tiempo y la geografía (Lara Klahr 2006). En Guatemala en la década de los noventa era respetado por la White Fence, los Chapines 13, la MS-13, el B-18 y otros actores más, este acuerdotenía un valor agregado al hacer contrapeso al dominio de los paisas (civiles) en los penales y logró una suerte de concordia en las calles. En El Salvador jamás llegó a establecerse (Sanz y Martínez 2012).

(7) Entrevista propia al historiador Otto Argueta, investigador de INTERPEACE, Ciudad de Guatemala, 11 de septiembre de 2013.

(8) El modelo community policing apela a un nuevo rol de los cuerpos policiacos con la sociedad, tiene como objetivo principal la prevención del delito, la violencia y la inseguridad a través del empoderamiento de la comunidad para la resolución de sus conflictos. Más que tratarse de una policía comunitaria la propuesta refiere a un “policiamiento” de la comunidad, así, se pretende que ésta gestione e intervenga en las funciones de protección y cuidado propias de las instituciones públicas encargadas de la seguridad (Tudela 2003).

(9) En el año 2002 en Honduras se declaró la guerra a las pandillas, concomitantemente se lanzó un operativo policial masivo llamado Operación libertad, yen el año 2003, se dieron a conocer las iniciativas Plan libertad azul y Cero tolerancia. En julio de 2003 en El Salvador se anunció el Plan mano dura que fue declarado anticonstitucional al siguiente año y en el 2004 apareció Súper mano dura. Para el caso salvadoreño el 9 de marzo de 2012 se anunció la tregua entre pandillas, ésta fracasó y a partir del mes de agosto de 2015 el B-18 y la MS-13 son grupos considerados terroristas. En Guatemala están los ejemplos del Plan tornado, Plan saturación y Plan escoba del año 2003. Las diferentes medidas de seguridad pública que tienen la finalidad de eliminar y reprimir a las y los pandilleros, han demostrado su ineficacia para reducir la violencia y para desorganizar al B-18 y a la MS-13 (García Bravo 2013; Mijango 2013).

(10)La vida sometida a la muerte por parte del Estado y otras fuerzas, es el nodo central de la necropolítica. El resorte que le da fuerza es la biopolítica y una de las mediaciones sociales que le dan sustento es la violencia. Este postulado se basa en el trabajo de Achille Mbembe y parte de la propuesta conceptual de biopoder de Michel Foucault (Mbembe 2011; Foucault 2009).

(11) Esta situación acontecía en la guerra civil con la “subversión” y hoy se observa al analizar a las pandillas.