URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
N.° 22, Quito junio 2018, pp. 41-57

DOI: http://dx.doi.org/10.17141/urvio.22.2018.3081

Los Estados fallidos: una visión desde la Geopolítica

Failed States: an insight from Geopolitics


Anita Cecilia Mancero García (*) y Oscar Eduardo Múnera Perafán (**)

Fecha de envío: 20 de noviembre de 2017

Fecha de aceptación: 15 de abril de 2018

(*) Ecuador. Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Máster en Estudios de Contraterrorismo de Monash University (Australia) y Máster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos de FLACSO-Ecuador. Correo: anitamancero@live.com

(**) Colombia. Politólogo de la Universidad del Cauca y Máster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos de FLACSO-Ecuador. Correo: oscarmunerap@gmail.com


Resumen

El artículo revisa las implicaciones teóricas y empíricas en torno al concepto de Estado fallido, examinando su relación con los postulados propuestos por la geopolítica, tanto clásica como crítica. A partir de la primera se revisan elementos tradicionales como Estado, territorio y recursos, y se analiza cómo estos convergen en la configuración y valoración de un Estado fallido. A partir de la segunda, se interpreta cómo la falla o muerte de un Estado no es un proceso simple, sino que se deben tener en cuenta elementos como la identidad y la cultura. De igual forma, se expone cómo el discurso, al ser un elemento esencial de la geopolítica crítica, cumple un rol central en el proceso de categorización de este tipo de Estados. Se concluye que un análisis holístico del fenómeno de los Estados fallidos podría contribuir a su mejor comprensión.

Palabras clave: discurso; Estado fallido; Geopolítica clásica; Geopolítica crítica; seguritización

Abstract

This article revises the theoretical and empirical implications regarding the concept of failed state, examining its relationship with the postulates proposed by classic as well as critical geopolitics. From classical geopolitics traditional elements such as State, territory and resources are revised, and the way they converge in the configuration and valuation of a failed State. From critical geopolitics, the failure or death of a state is not a simple process, but elements such as identity and culture should be taken into account. In the same way, the discourse, being an essential element in critical geopolitics, plays a central role in the process of categorization of this type of State. In conclusion: a holistic analysis of the phenomenon of failed States could contribute to a better understanding of it.

Keywords: classical geopolitics; critical geopolitics; discourse; failed State; securitization   

Introducción

El contexto de cambio global marcado por el fin de la Guerra Fría y la determinación de los Estados Unidos como potencia mundial implicó el surgimiento de nuevas dinámicas y problemáticas de orden nacional y transnacional. Paralelamente, emergieron posturas y debates teóricos que buscaban explicar estas nuevas realidades. Uno de los debates giró alrededor del concepto de Estado fallido, a inicios de los años 90, como parte del discurso globalizador de los países del denominado primer orden mundial. Ese discurso considera que la configuración y persistencia de un Estado fallido no solo implica una deficiencia de sus funciones de proveer bienestar a su población, sino que, a la vez, representa un riesgo para la seguridad internacional. Así, la categoría de Estado fallido advierte la presencia de una amenaza transnacional.

Al mismo tiempo, dentro de dicho discurso no se ha considerado la incidencia de procesos históricos y de ciertas políticas de orden global que, al ser arrogadas y promovidas por los Estados “desarrollados” del sistema internacional, influyen en la configuración de escenarios de crisis que pueden desencadenar fallas estatales en otros países. Más allá de reconocer las causas y factores que intervienen en la condición de Estado fallido, se continúan desarrollando, por parte de las agencias e instituciones internacionales y de los países del primer orden mundial, agendas de monitoreo global que buscan categorizar la relación de riesgo de los Estados y seguritizar a los denominados fallidos. La seguritización se define como el proceso de exponer una problemática particular como problema de seguridad o amenaza (Buzan y Hansen 2014, 214). Al respecto, Williams (2003, 514) establece que los discursos de seguridad son una elección política que tiende a dramatizar una amenaza, con el fin de que esta se convierta en problema de seguridad para una audiencia relevante. Como consecuencia, la seguritización puede convertirse en “una práctica política que corresponde a intereses particulares” (Tickner 2004, 32). A partir de ello, se puede identificar una de las deficiencias de los procesos de seguritización: lo que Hansen (2000) identifica como “el dilema de la seguridad silenciosa”,1 que advierte la imposibilidad del objeto de (in)seguridad para pronunciarse sobre sus problemas de seguridad.

En ese contexto, el presente artículo tiene por objetivo examinar la relación entre algunas características del concepto de Estado fallido y ciertos postulados de la Geopolítica clásica y crítica. Para efectos del estudio se abordará el nivel meso, en el cual el Estado es la unidad principal de análisis. Este no implica una mayor relevancia de la Geopolítica clásica, se lo ha considerado dado que el concepto de Estado fallido comprende, necesariamente, el análisis del Estado y su estructura como cuestión sine qua non. El artículo se basa en la revisión de literatura, de orden teórico y empírico, sobre el concepto de Estado fallido.

El orden del texto es el siguiente: en la primera parte se expone el contexto en el que surge el concepto de Estado fallido. En la segunda se define este concepto, así como otros relacionados con la falla estatal. En la tercera parte se abordan los postulados de los enfoques clásico y crítico de la Geopolítica, en relación con los Estados fallidos.

A partir de la Geopolítica clásica se reflexiona sobre conceptos tradicionales como Estado, territorio y recursos, al igual que su convergencia en la configuración y valoración de un Estado como fallido. Asimismo, se examina el argumento de que todo Estado nace, crece, se desarrolla, declina y muere a la luz de la categoría del Estado fallido. La Geopolítica crítica permite interpretar cómo la falla o muerte de un Estado no es un proceso simple, pues involucra la identidad y la cultura, que dificultan su extinción completa. De igual forma, se expone cómo el discurso, aspecto central de la Geopolítica crítica, cumple un rol central en el proceso de categorización de un Estado como fallido.

Contextualización de la emergencia del concepto de Estado fallido

Para Tovar (2009, 61), durante el siglo XX, en particular tras las dos guerras mundiales, se evidenció una crisis del modelo liberal del Estado, cuando diversos actores sociales plantearon exigencias de respeto y reconocimiento de derechos y libertades, tanto individuales como colectivos. El llamado a la democracia occidental a incentivar la justicia social y la evidencia de crisis sociales en los países del denominado Tercer Mundo exigían ajustes y revaloraciones de los postulados del Estado liberal. De esta forma, a partir de la segunda mitad del siglo XX emergen preocupaciones de instituciones internacionales y naciones avanzadas, por aquellos países cuyos Estados plantean una amenaza a la estabilidad y continuidad del Estado moderno y de la democracia liberal.

Consecuentemente, en el ámbito académico surgen investigaciones sobre los Estados en crisis, cuya caracterización plantea la existencia de factores internos que representan un riesgo eventual para la comunidad internacional. Los internacionalistas Herman y Ratner, en la revista estadounidense Foreign Policy (1992-1993), fueron los primeros en utilizar el concepto de Estado fallido. Estos autores consideraban a los Estados fallidos como aquellos que son ineficientes en proveer bienes públicos a su población y en mantener control institucional y social en el marco de su territorio. Por ende, encarnan una amenaza para sus ciudadanos, para Estados vecinos y para la comunidad y el orden internacional (Zapata 2014, 89).

El discurso globalizador sobre Estados fallidos inicia en la década de los 90, cuando la dinámica excluyente entre países desarrollados y países del Tercer Mundo era cada vez más evidente. Este contexto propició la creación de un listado informal de Estados catalogados como fallidos o en riesgo, en el cual aparecían la mayoría de países del África Subsahariana [Liberia (1992), Somalia (1992) Angola (1992, 1997, 1998), Ruanda (1994), Sudán (1996), Sierra Leona (1997)] (Berrio 2003). Durante la Guerra Fría, estos países mantuvieron relativa estabilidad, en parte gracias al apoyo recibido del bloque al que estaban alineados, bajo la premisa de mantenerse en su zona de influencia frente al bloque opuesto. Posteriormente, ante el desamparo de sus potencias auspiciadoras, esos incipientes Estados transitaron hacia una precaria autonomía económica y política, en un contexto de exacerbación de divisiones internas y nuevas dinámicas globales.

Dentro del grupo de países mencionados destaca Somalia. Hasta la actualidad, no ha logrado superar la crisis que enfrenta: de hecho, en el Índice de Estados Frágiles 2017, publicado por el Fondo para la Paz, ocupa el segundo lugar (The Fund for Peace 2018). La guerra civil que Somalia ha enfrentado por más de dos décadas ha provocado graves secuelas en la institucionalidad y el resquebrajamiento de la confiabilidad de los ciudadanos en el aparataje estatal. El prolongado conflicto tiene raíces históricas profundas, de carácter sociocultural. Uno de los aspectos relevantes es la intensa lucha por el poder, que ha provocado un fuerte problema de legitimidad. La situación es agravada por la influencia externa, que ha contribuido a la fragmentación de la arena política del país (Marangio 2012, 2). Delitos como la piratería, la corrupción y el extremismo islámico también forman parte de la crisis. Todas estas dinámicas juegan un papel interrelacionado y han imposibilitado la cohesión social efectiva y la adecuada reestructuración del Estado.

A lo largo de la década de los 90, se añadieron a la lista Haití, Afganistán, los países derivados de la antigua Yugoslavia, Albania, entre otros. Al tiempo, la persistencia y el surgimiento de conflictos internos, al igual que la falla estatal en estos países conllevaron la creación de agencias de control y monitoreo de los Estados fallidos. La aparición de estas y sus dispositivos de control fue paralela al surgimiento del modelo neoliberal a nivel global (Kenny y Serrano 2012, 4).

Un ejemplo para la región latinoamericana se manifestó a finales de los años 90, cuando el recrudecimiento del conflicto en Colombia y la crisis política, económica social generalizada representaron, para los Estados Unidos, la eventual vinculación del país andino a la lista de Estados fallidos. En la época, el conflicto armado y la expansión del narcotráfico implicaron la pérdida del control estatal sobre buena parte del territorio, lo cual generó masivos desplazamientos internos, cerca de dos millares de refugiados, una aguda violación de derechos humanos y la pérdida de institucionalidad, marcada por la corrupción (Kenny y Serrano 2012, 7). Alternamente, Colombia atravesaba un periodo de recesión económica, que representó un déficit del 5,2 % y una contracción económica del 4,5 %, generando altos indicadores de desempleo y pobreza (Banco Mundial 2002). En ese contexto, el Gobierno de los Estados Unidos y los encargados de su política exterior empezaron a señalar al país como un posible Estado fallido, lo cual representaría un grave riesgo para la estabilidad regional y hemisférica, y para los propios intereses estadounidenses (McLean 2002, 123-124).

La valoración de la crisis en Colombia como evidencia de una falla estatal se proyectó a conveniencia de los estamentos políticos y militares estadounidenses, al lograr implementar su agenda de seguritización para Colombia y para la región (Kenny y Serrano 2012, 8). 2 Al finalizar la década, Colombia logró incrementar los recursos para combatir el narcotráfico y las guerrillas, con ayuda de la cooperación estadounidense. A su vez, implementó un paquete de reformas neoliberales, que posibilitó la obtención de un préstamo de 2,7 billones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI 2012, 8), bajo el compromiso de continuar la implementación y la adopción de nuevas reformas. Asimismo, la elección de Andrés Pastrana como mandatario (1998-2002) constituyó un factor decisivo para reiniciar la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, tras el periodo de tensión con el Gobierno de Samper.

La cooperación se materializó en el denominado Plan Colombia. Desde entonces, la lucha antinarcóticos y la relación entre las oficinas y agencias de Estados Unidos y las fuerzas armadas de Colombia aumentó de manera considerable (Isacson y Vacius 2000, 18). Al iniciar la década de los 2000, Estados Unidos entregaría 1,3 billones de dólares al Gobierno colombiano, con una destinación mayoritaria en ayuda militar y un exiguo porcentaje para las iniciativas de paz (Isacson y Vacius 2003, 6). Al finalizar el periodo de Pastrana, en 2002, tras haberse iniciado la implementación del Plan Colombia y el paquete de ayuda financiera del FMI, el estamento norteamericano declaró que Colombia logró superar el riesgo de ser un Estado fallido.

Luego, el anclaje a la política exterior norteamericana le permitió al Gobierno de Uribe (2002-2010) instaurar su militarista “Política de la Defensa y Seguridad Democrática” y articular la estrategia de seguridad de su política interna con el propósito de incentivar las condiciones necesarias de orden social, económico y político que, desde el esquema de desarrollo neoliberal, permitirían consolidar la salida de la crisis. La estrategia de mejorar y profundizar las relaciones con los Estados Unidos le sirvió a Colombia para posicionarse en el escenario internacional. Esto se tradujo en el incremento de la ayuda recibida para el fortalecimiento material, técnico y operativo de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento institucional de la Justicia, la ampliación de la Ley de Preferencias Andinas (APTA) hacia la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA) y la firma del TLC. La política exterior colombiana “se convirtió en un instrumento al servicio de la seguridad democrática. Es lo que algunos analistas denominan como el proceso de securitización –o segurización– de la política exterior” (Cardona 2011, XXXVI). La articulación de los intereses internos y externos en torno a esta política permitió superar la imagen negativa del país y proyectar el objetivo estratégico de incrementar el libre comercio, al igual que incentivar en el país la confianza inversionista, como factor de desarrollo.

De tal forma, a lo largo de los últimos lustros Colombia introdujo una serie de reformas en materia de manejo fiscal, inversión y negociación, que le permitieron mejorar sus indicadores macroeconómicos. Los cambios, junto al mejoramiento progresivo de las condiciones de seguridad, el desarrollo de las actividades extractivas y la alta demanda de las materias primas, posibilitaron un estimable desempeño en términos de crecimiento económico (El Tiempo 2009; Libreros y Carrión 2014; OCDE 2015; Zerda 2015). Esta serie de consideraciones llevó al Gobierno de Santos (2010-2018) a gestionar el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instancia de reconocimiento y competencia internacional, en el marco de las buenas prácticas de Gobierno para el desarrollo. Así, el eventual ingreso a la OCDE, en 2018, le representó al país un avance para lograr cambiar la percepción internacional del Estado colombiano, de estar al margen de ser considerado un Estado fallido a ser percibido “como un Estado legal, de instituciones fuertes y garantías para el Capital” (Mantilla 2012, 26).

Al finalizar el siglo XX, los denominados Estados fallidos se convirtieron en un tema prioritario para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Tokatlian 2008, 75). La amenaza que representaban comenzó a ser analizada bajo los parámetros de la inestabilidad institucional interna y sus efectos en el ámbito de la seguridad; de manera específica, en la seguridad nacional de Estados Unidos. Consiguientemente, surge el discurso sobre la necesidad de controlar los factores de riesgo y seguritizar a estos Estados. El carácter global del discurso de la seguritización promovido por Estados Unidos le permitió autodefinirse como el encargado de diagnosticar y, a su vez, curar el mal de las fallas estatales (Manjikian 2008, 335). Mientras, los Estados fallidos fueron caracterizados como Gobiernos incapaces de lograr estabilidad por sus propios medios, por lo que requerían ayuda externa.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, la categoría de Estado fallido es revalorada, para justificar la puesta en marcha de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta estrategia determinó, a partir de septiembre de 2002, que los Estados fallidos, junto al terrorismo internacional y la proliferación indiscriminada de armas nucleares, constituyeran una seria amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos (Mendoza 2004, 84). Con ello, el Gobierno republicano de George W. Bush buscó evidenciar la peligrosa confluencia entre el terrorismo y los Estados fallidos y la necesidad de medidas emergentes, por ejemplo, la intervención militar de orden preventivo en Afganistán (Call 2008, 1492).

Definición del concepto de Estado fallido

Expertos en política exterior y académicos no han consensuado sobre las particulares del concepto. Diversos actores (Steward 2007; Call 2008; López 2011; Nay 2013; Zapata 2014) afirman que el término es ambiguo, impreciso, carente de valor jurídico y que su utilización sirve, muchas veces, para catalogar realidades no necesariamente parecidas (López 2011,177). Para Herman y Ratner (1992-1993), el concepto hace referencia a aquellos países cuyos Estados han perdido la capacidad de controlar el monopolio de la fuerza y la eficacia en proveer a su población los bienes públicos imprescindibles. Estos, para superar su condición, deben obtener ayuda de la comunidad internacional.

Los autores identifican tres categorías de inestabilidad estatal: la primera de ellas, los Estados fallidos cuya condición ha producido una crisis interna generalizada (Bosnia, Camboya, Liberia y Somalia). La segunda categoría concierne a los Estados en proceso de debilitamiento o failing states (Etiopía, Sudán y Zaire). En la tercera, se categorizó a los Estados en proceso reciente de creación o independencia, con una institucionalidad incipiente, particularmente, aquellos que emergieron de la desaparición de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y de la desintegración de Yugoslavia.

De manera general, el concepto de Estado fallido, desde su aparición, ha buscado concebir la idea contemporánea respecto a

la posibilidad de un vacío de poder en un país aquejado por el conflicto interno, como una de las amenazas que más aprehensión despierta sobre la suerte del equilibrio mundial, puesto que se identifica el concepto “con sociedades muy fracturadas y una legitimidad muy cuestionada, sin capacidad real de independencia territorial ni poder negociador económico (con) una soberanía negativa, soberanos en lo formal pero tributarios de un poder superior” a una situación de colapso, así, un Estado puede llegar de manera abrupta y acelerada o a través de un largo período de decaimiento y deterioro, abierto o elusivo (Ruiz 2011, 98).

Entonces, uno de los factores principales para que se genere la falla estatal es la ineficacia en atender las demandas ciudadanas básicas (Zapata 2014, 89). Por su parte, Bartolomé (2004) plantea que el principal factor para que se produzca la falla estatal es la ingobernabilidad, entendida como

un concepto político que básicamente consiste en la capacidad del Estado de contar simultáneamente con legitimidad y eficacia, condiciones esenciales para garantizar su existencia. En última instancia, la existencia misma de Estado se plasma en su posibilidad de ejercer en forma continua el poder político legítimo mediante la obediencia cívica del pueblo (Bartolomé 2004, 16).

Así, la imposibilidad de ejercer el poder político de manera eficaz y constante, por medio del acatamiento legal y legítimo de las normas, deriva en una crisis de ingobernabilidad. Dada la inhabilidad de los Gobiernos de garantizar el control político sobre su territorio y proveer seguridad y bienestar a su población, diversos actores pueden oponerse de manera insurrecta al Estado soberano y decidir organizarse, por vía pacífica o beligerante, como alternativa a la ineficacia estatal. Por esta razón, los ánimos e iniciativas segregacionistas suelen relacionarse con la menguante capacidad del Estado de responder a los requerimientos de su población (Dorff 1996, 23). La corrupción constituye otro elemento generador y persistente del declive estatal (Cirino y Elizondo 2003, 171). Dado el escenario de ingobernabilidad, esta y otras prácticas ilegales, como el delito común, pueden permear el sistema político y debilitar aún más la institucionalidad estatal.

Otra particularidad de los Estados fallidos es su condición de “premodernos”, caracterizada por la situación de pobreza, la alteración del orden público y el conflicto armado o guerra civil, como en Somalia y Afganistán. Son países que adolecen de una autoridad central capaz de asumir los desafíos y dinámicas de los ámbitos económico y político y del desarrollo transnacional, generados por la globalización (Cohen 2011, 4). Así, los Estados denominados “posmodernos” se constituyen en el contrapeso de las democracias occidentales que tienen la capacidad de controlar su seguridad interna y de conservar un equilibrio sobresaliente de su economía.

Partiendo de lo expuesto, se derivan las características esenciales de la falla estatal:

    1. El rompimiento del orden legal-constitucional, al perder el Estado el monopolio legítimo de las armas y su degeneración en la incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar en la propia represión hacia estos.
    2. La incapacidad de dar respuesta a las necesidades básicas de su población, al no proveer bienes públicos y condiciones de bienestar, bajo un manejo deficiente de la actividad económica.
    3. La ausencia de una institucionalidad consistente y reconocible, capaz de representar al Estado ad intra ante su población y ad extra hacia el exterior.
    4. Derivadas de las anteriores condiciones, emergen y se reproducen organizaciones armadas, mafias, guerrillas, paramilitares, señores de la guerra etc., quienes desafían el monopolio estatal de la fuerza y operan, generalmente, en sustitución del Estado (López 2011, 180).

Respecto a las perspectivas teóricas usadas para explicar la presencia de Estados fallidos en el orden internacional, existe un enfoque desde el realismo y otro de carácter crítico ante el concepto. El último cuestiona “hasta qué punto la teoría de la falla estatal es viable para entender ciertos Estados con problemas internos” (Zapata 2014, 93). Asimismo, discute sobre si el modelo occidental de Estado es el único tipo de organización del poder político válido; si los procesos que han derivado en la configuración de la falla estatal son resultado exclusivo de las circunstancias internas o si obedecen también a los procesos históricos de carácter político y económico mundial.

El diagnóstico de los Estados fallidos puede omitir las condiciones y efectos negativos del sistema internacional hacia estos, al no reconocer la relación y disputa de intereses a favor de los Estados poderosos, quienes resultan ser los mismos que valoran la falla estatal (Zapata 2014, 94). La creación de la categoría se concibe como un mecanismo de los Estados fuertes y de instituciones representativas de sus intereses para imponer un esquema de gobernanza a aquellos países así considerados. Es así como los Estados fallidos llegan a representar una no correspondencia o una amenaza a los intereses particulares de los Estados desarrollados (Chapaux 2009, 117).

Noam Chomsky, bajo el mismo enfoque crítico, plantea en su libro Estados fallidos: el abuso de poder y el ataque a la democracia (2007), que la generación de una serie de conceptos y categorías para validar el recurso del poder y la fuerza ha sido un hecho reiterado en la historia del sistema internacional. Chomsky critica a los diversos Gobiernos estadounidenses por las políticas hegemónicas ancladas en esta práctica. Señala, especialmente, la política exterior militarista de la que se ha valido Estados Unidos para invadir países en cuyas regiones le interesa imponer y promover políticas económicas, militares y hasta ordenamientos estatales (Tovar 2009, 74).

De la misma forma, Olivier Nay (2013, 329-35) cuestiona el uso del término Estado fallido por ser ambiguo, ligero y políticamente utilizado, operado por las potencias mundiales con el propósito de mantener o lograr sus intereses. Siguiendo el mismo criterio, Ana López (2011, 179) considera que el concepto suele ser usado de forma indiscriminada y tan abiertamente que entra en riesgo de ser aplicado para caracterizar “a todo Estado que, en un momento dado, tenga problemas de estabilidad, ya sea política o económica, de penuria, de salubridad, o cualquier otra de orden interno”. Así, el riesgo está en enmarcar en una misma categoría a países o grupos de países heterogéneos entre sí, sin considerar sus diferencias históricas y contextos políticos, económicos y sociales (Stewart 2007, 646). En una palabra, la falta de precisión del concepto de Estado fallido da lugar a su utilización ideológicamente subjetiva y materialmente violenta.

Los Estados fallidos, desde la Geopolítica

La Geopolítica se asocia, de manera general, con la relación de intereses y tensiones entre Estados por aquellos factores que permiten mantener y/o incrementar su posición de poder en el sistema internacional, y que determinan su acción exterior (Lacoste 2011,14). En ese mismo sentido, Jorge Atencio (1968) ofrece una tradicional definición de la Geopolítica, como aquella que

estudia los hechos políticos, considerando al mundo como una unidad cerrada, en la que tienen repercusión según la importancia de los Estados. En este sentido, los factores geográficos, principalmente la situación, extensión, población, recursos y comunicaciones de los Estados, si bien no son determinantes, tienen una gran importancia y deben ser tenidos en cuenta para orientar la política exterior (Atencio 1968, 35).

La Geopolítica clásica, de manera particulares definida como

el estudio del impacto o la influencia de ciertas características geográficas –tales como el posicionamiento y localización de regiones, Estados y recursos, tomando en consideración la topografía, el clima, longitud, inmigración, formas y tamaño del Estado y demografía– sobre la política exterior de los países y las acciones que ayudan a su administración (Kelly 2016, 10).

La Geopolítica clásica considera elementos tradicionales de la teoría política como el Estado, el territorio y sus recursos, analizando cómo inciden en el comportamiento internacional de los Estados mediante su política exterior. Algunas escuelas de la perspectiva clásica incluyen otras variables de estudio de la Geopolítica como el poder, el balance de poder y las posiciones de dominio/subordinación en el escenario político global (Salgado 2016). No obstante, los diversos factores que puede abordar la Geopolítica clásica se relacionan con el Estado, considerado actor principal de las relaciones internacionales y fuente de poder político. Esa consideración conceptual es pertinente para abordar el debate sobre el concepto de Estado fallido. La categoría, desde la perspectiva realista expuesta por Robert Rotberg (2002), parte de la concepción clásica del Estado weberiano, el cual considera los elementos de la institucionalidad, la población, el territorio y el monopolio de la violencia legítima para asegurar la integridad del Estado. Para Rotberg, el Estado cumple las funciones básicas de

proporcionar el bien político de la seguridad; prevenir las invasiones e infiltraciones transfronterizas y cualquier pérdida del territorio; eliminar las amenazas domésticas y los ataques al orden nacional y a la estructura social; prevenir el crimen y cualquier peligro relacionado con la seguridad doméstica humana; y permitir a los ciudadanos que resuelvan sus diferencias con el Estado y con sus conciudadanos sin el recurso a las armas o a otras formas de coerción física. Otro bien político fundamental es el que permite que los ciudadanos participen libre, abierta y plenamente en la política y en el proceso político (Rotberg 2007 citado en Tovar 2009, 67-68).

Entonces, los Estados entran en crisis cuando, por una parte, son incapaces de controlar el orden social interno y, en consecuencia, no garantizan a su población los bienes públicos imprescindibles para su subsistencia. Por otra parte, cuando no cuentan con las condiciones materiales y de autoridad para garantizar la integridad territorial y de su misma institucionalidad. La decadencia o desaparición de un Estado, a consecuencia de su incapacidad para conservar el monopolio legítimo de la fuerza y de su imposibilidad de asegurar la integridad de su territorio, puede ser argumentada desde la Geopolítica clásica. En sus inicios, los teóricos de este enfoque concibieron al Estado como un ser viviente, capaz de originarse, consolidarse, expandirse y desaparecer (Salgado 2016). Al respecto, autores como Rotberg (2007) y Tovar (2009) sostienen que, si los Estados fallidos no gestionan una solución a sus problemas estructurales de ingobernabilidad y de seguridad, podrían desaparecer. Su muerte derivaría de una inicial fragmentación y de la existencia de grupos o facciones políticas que demandan soberanía y la delimitación de nuevos territorios y fronteras.

En la misma perspectiva, Mary Manjikian (2008, 343-354) plantea que un Estado fallido posee un Gobierno “enfermo” o con “virus”, en peligro de colapsar o desaparecer, si no es “tratado” adecuadamente. Bajo esta lógica, los Estados Unidos y otros países del denominado mundo desarrollado se designan como responsables de determinar, asistir y curar al Estado “enfermo”, a fin de prevenir su “deceso”. Para determinar y validar el diagnóstico, apelan a los mecanismos y agendas globales encargados de vigilar a estos Estados. El tratamiento al Estado fallido involucra una intervención externa, con el propósito de restablecer y fortalecer la institucionalidad. Demanda la colaboración del Estado intervenido, so pena de declarar su inviabilidad o muerte. Valeriano y Van Benthuysen (2012, 1165) plantean que la muerte de un Estado se concibe como la incapacidad integral de controlar el orden político interno y la política externa.

Por su parte, desde la Geopolítica crítica, más allá de tener en cuenta los factores tradicionales del enfoque clásico, el declive o falla de un Estado implica un proceso más complejo. Esta perspectiva considera una serie de factores subjetivos, como la cultura y la identidad. El Estado, además de los aspectos convencionales, encarna la convergencia de valores simbólicos en disputa (Lacoste 2011, 18) y se interpreta como portador de una variedad de sentidos e identidades que buscan interactuar en un escenario jurídico-político, no necesariamente plural y siempre en disputa, por el posicionamiento de intereses diversos o incluso, contradictorios. Las fronteras políticas se extienden al ámbito transterritotial de lo étnico, lingüístico y cultural (Preciado y Uc 2010, 67-73). Es decir, los Estados no se analizan como monolíticas organizaciones político-jurídicas que gestionan el desarrollo y el bienestar social, sino que, además, comprenden aspectos subjetivos imprescindibles que dificultarían su desaparición. Algunos de estos aspectos son la historia reafirmada, la identidad, en términos de raza, lengua o creencia, las costumbres y el grado de solidaridad y cohesión social (Tovar 2009, 57).

Un elemento importante de la Geopolítica crítica, para interpretar la condición de los Estados fallidos, es el discurso. Para Gearoid Ó Tuathail (1996, 53), la Geopolítica crítica es la “construcción social generada sobre la base de un discurso que, por lo general, posee un contexto de dominación (o influencia), sobre aspectos materiales o espirituales, y que se representan en acciones determinadas”. Por ende, resulta pertinente analizar la construcción de un discurso de carácter histórico-político y global, que ha buscado diferenciar el sistema internacional entre zonas de paz y zonas de conflicto (Huntington 1994). En la última zona e se ubican los Estados fallidos. Consecuentemente, la construcción del concepto puede ser considerada discursiva, con consecuencias geopolíticas.

En efecto, dicho discurso se construye para legitimar el uso instrumental del término y justificar las intervenciones bajo el carácter de lo humanitario, y de la defensa de los valores liberales, el respeto a las libertades individuales y la democracia occidental. En ese discurso, los Estados fallidos son considerados incapaces de afrontar por sus propios medios sus conflictos de ingobernabilidad. Adicionalmente, este discurso hegemónico neoliberal (Manjikian 2008, 335), de carácter global, pretende ser homogeneizador, opresor de las diferencias y de la autodeterminación de los Estados. Como ejemplo, muchas de las injerencias e intervenciones emprendidas por Estados Unidos en otras regiones se justifican en los discursos de su política nacional y exterior. Estos pretenden dirimir un conflicto creado entre el mal y la vanguardia civilizatoria de la democracia y la economía de mercado, que representa los Estados Unidos. De fondo, ello refleja las tensiones antagónicas entre esta nación y los países con orientaciones económicas y políticas distintas (Yongtao 2010, 85).

A pesar de las críticas continuas, el uso del concepto de Estado fallido ha sido respaldado por potencias poderosas del sistema internacional (Ruiz 2011, 87) que han recibido el apoyo de algunos think tanks. Específicamente, la World Peace Foundation o Fundación para la Paz Mundial interactúa constantemente con la Universidad de Harvard, con el fin de abordar la problemática de los Estados fallidos en el Failed States Project, desarrollado por Robert Rotberg. Adicionalmente, The Fund for Peace o Fondo para la Paz se ha convertido en una de las organizaciones más reconocidas en temáticas relacionadas con Estados frágiles y/o fallidos. En particular, es altamente reconocida por la elaboración anual de índices que reportan la situación de fragilidad de los países del mundo, en colaboración con la Revista Foreign Policy. Para la elaboración del ranking utilizan indicadores sociales, económicos y políticos (tabla 1). El propósito para justificar la elaboración de estos índices es la creación de una fuente consolidada de información examinada a nivel internacional, herramienta imprescindible para la investigación sobre conflicto y seguridad (El-Khoury 2008, 511-3).

Mucha de la información creada por las comunidades epistémicas desempeña una función primordial en el diseño y ejecución de la política exterior estadounidense. De esa manera, los think tanks se convierten en el nexo entre el poder y el conocimiento, favoreciendo así al “monopolio” de determinados centros de estudio (Cabrera 2011, 105). Al respecto, la Geopolítica crítica resulta pertinente, para entender el rol de los think tanks en la producción del razonamiento geopolítico. Si bien no comparte el monopolio del conocimiento, sí reconoce la necesidad de emplear tres perspectivas para entender y cuestionar dicha producción. La primera es la Geopolítica práctica: narrativas, discursos políticos y prácticas diplomáticas que determinan códigos geopolíticos que estructuran el sistema internacional. La segunda es la Geopolítica formal: teorías geopolíticas, enfoques y visiones producidas por intelectuales organizados en comunidades estratégicas, think tanks, cuerpos académicos, entre otras. La tercera es la Geopolítica popular: expresiones de la cultura popular que actúan como fuentes de comunicación de los imaginarios geopolíticos (Preciado y Uc 2010, 71).

Tabla 1. Fragilidad estatal (2018).


País

Rango

Total

IC,1

IC,2

IC,3

IE,1

IE,2

IE,3

IP,1

IP,2

IP,3

IS,1

IS,2

IS,3

Sudán del Sur

1.0

113,4

10,0

9,7

9,7

10,0

8,9

6,3

10,0

9,9

9,2

10,0

10,0

9,6

Somalia

2.0

113,2

9,7

10,0

9,0

8,9

9,3

9,5

9,1

9,3

9,6

10,0

9,7

9,1

Yemen

3.0

112,7

9,9

10,0

9,5

9,6

8,2

7,2

9,7

9,7

9,8

9,6

9,5

10,0

Siria

4.0

111,4

9,9

9,9

9,9

8,5

7,8

8,1

9,9

9,3

9,9

8,2

10,0

10,0

República Centroafricana

5.0

111,1

9,1

9,7

8,8

8,8

9,8

7,4

9,4

10,0

9,4

9,3

10,0

9,5

República Democrática del Congo

6.0

110,7

9,1

9,8

10,0

8,1

8,5

7,0

9,6

9,5

9,8

9,6

10,0

9,7

Sudán

7.0

108,7

8,7

9,7

10,0

8,0

7,7

8,6

9,7

8,9

9,3

9,3

9,5

9,2

Chad

8.0

108,3

9,5

9,5

7,7

9,0

9,3

8,6

8,8

9,7

8,8

10,0

9,3

8,0

Afganistán

9.0

106,6

10,0

8,6

8,1

8,3

7,8

8,1

9,1

10,0

8,2

9,2

9,9

9,4

Zimbabue

10.0

102,3

9,1

10,0

7,0

8,6

8,2

7,6

9,7

8,9

8,5

8,9

8,2

7,6

Irak

11.0

102,2

9,0

9,6

9,3

6,3

7,0

7,4

9,2

8,3

8,4

8,7

9,6

9,4

Haití

12.0

102,0

7,4

9,6

6,2

8,4

9,5

8,7

8,7

9,4

7,4

9,0

7,7

9,9

Guinea

13.0

101,6

8,9

9,6

8,9

8,9

7,6

7,4

9,7

9,4

7,4

8,8

7,9

7,1

Nigeria

14.0

99,9

8,9

9,6

9,3

8,0

8,3

7,2

8,3

8,9

8,6

9,1

7,5

6,2

Etiopía

15.0

99,6

8,7

8,4

8,8

6,7

6,8

7,6

8,5

8,5

8,7

9,5

9,0

8,4

Guinea Bissau

16.0

98,1

8,6

9,6

5,2

8,0

8,9

7,8

9,2

9,2

7,5

8,8

7,0

8,3

Kenia

17.0

97,4

8,4

9,6

8,9

7,0

7,6

7,5

8,1

8,3

7,3

8,9

8,0

7,8

Burundi

17.0

97,4

8,5

7,9

7,6

8,1

7,0

6,0

8,9

7,7

8,9

9,4

8,7

8,7

Eritrea

19.0

97,2

6,9

8,1

7,4

7,8

8,1

8,6

9,4

8,1

8,7

8,7

8,0

7,4

Pakistán

20.0

96,3

8,8

8,9

9,7

6,6

6,2

7,1

7,8

7,9

7,7

8,1

8,4

9,1

Níger

21.0

96,2

8,4

8,9

7,7

7,3

8,2

7,6

7,0

9,4

6,8

9,1

8,0

7,8

Myanmar

22.0

96,1

9,0

8,3

9,8

5,6

7,4

6,9

8,6

8,6

9,0

6,3

9,2

7,4

Camerún

23.0

95,3

8,0

9,1

8,4

6,7

7,5

7,5

8,5

8,4

7,6

8,1

8,0

7,5

Uganda

24.0

95,1

7,1

8,6

8,6

6,0

7,3

7,6

8,3

8,0

7,9

8,9

9,0

7,8

Libia

25.0

94,6

9,3

9,4

7,8

8,0

5,3

6,3

9,8

6,7

9,4

4,6

8,0

10,0

Costa de Marfil

25.0

94,6

7,7

9,1

7,8

6,8

7,7

7,3

7,6

8,5

7,6

8,2

7,5

8,7

Mali

27.0

93,6

9,3

5,4

7,9

7,6

7,3

8,6

6,1

8,5

7,3

8,0

8,2

9,5

Corea del Norte

28.0

93,2

8,3

8,8

5,8

8,9

7,5

4,4

10,0

8,6

9,4

7,2

4,4

9,9

República del Congo

29.0

93,1

7,0

6,7

7,5

7,3

7,8

7,7

9,0

9,2

8,5

8,2

7,5

6,8

Liberia

30.0

92,6

6,7

8,6

5,5

8,0

8,1

7,5

7,1

9,0

6,2

8,5

8,4

9,0

Indicadores de cohesión: IC.1 Aparato de seguridad, IC.2 Fragmentación de las élites, IC.3 Demandas sociales. Indicadores Económicos: IE.1 Declive económico, IE.2 Desarrollo económico desigual, IE.3 Fuga de capital humano. Indicadores Políticos: IP.1 Legitimidad estatal, IP.2 Servicios públicos, IP.3 Derechos humanos y Estado de Derecho. Indicadores Sociales: IS.1 Presiones demográficas, IS.2 Refugiados y desplazados internos, IS.3 Intervención externa.

Fuente: The Fund for Peace 2018.

Por otra parte, la Geopolítica crítica posee una concepción diferente del territorio y del modo de representar el espacio geográfico. Este adquiere valor discursivo, en términos de poder, producto de un paradigma social. Consecuentemente, se produce una ponderación y significación del territorio (Cabrera 2011, 107). Entonces, “el lugar” pasa de ser un escenario meramente estático e inamovible a un escenario dinámico en el cual se consideran los aspectos políticos, económicos y sociales actuales (Cairo 2005, 13-14) y, sobre todo, las relaciones de poder preponderantes. Así, la imagen de cómo se distribuye el mundo refleja la forma en la que el espacio adquiere significado para grupos particulares de gente con poder (Agnew y Smith 2002, 5). El sustento de dicha decisión se hace a través del discurso.

En esa línea, la Geopolítica crítica constituye una herramienta para comprender los significados implícitos y explícitos de las imágenes, que reflejan la distribución del espacio geográfico (Taylor y Flint 2002, 111), concretamente, de los mapas. Estos devienen representaciones dominantes de poder, en nuevos espacios de representación en pugna político-espacial, construidos de manera discursiva (Preciado y Uc 2010, 65). Los nuevos espacios constituyen fronteras estratégicas que no están vinculadas necesariamente a los límites territoriales reconocidos por la visión clásica de la Geopolítica, sino que representan nuevos imaginarios, construidos con base en las particularidades de cada país y en las dinámicas de la esfera internacional. Es así como surgen nuevas formas de representar el mundo, una de ellas, el mapa que refleja la situación de cada uno de los países en relación con la fortaleza de su institucionalidad estatal (mapa 1).

Las representaciones mencionadas encuentran fundamento en criterios etnocéntricos de reconocimiento y anulación, inclusión-exclusión y en identificaciones reduccionistas sobre “el otro”: desarrollados/no desarrollados, países democráticos/países no democráticos, países con estructuras estatales fuertes/países con estructuras estatales débiles, entre otras. Sin duda, dichas dicotomías jerarquizan, es decir, definen el rol de los actores en el sistema internacional en función de su posición dentro de esta representación (Preciado y Uc 2010, 68).

A manera de ilustración, el concepto de Estado fallido reconoce la existencia de factores determinantes, dentro de los Estados, que provocan ingobernabilidad e imposibilidad de control. Entonces, categorizar a un Estado como fallido implica colocar a aquellos Estados con estructuras estatales exitosas por encima de aquellos que son considerados incapaces de lograr estabilidad por cuenta propia. Ello resulta de un proceso discursivo de poder, a través del cual se establecen normas reguladores del comportamiento social.

Mapa 1. Estados fallidos (2018).


Fuente: The Fund for Peace (2018).

Conclusión

Desde su origen, el concepto de Estado fallido ha sido utilizado para señalar a aquellos Gobiernos que han perdido la capacidad de controlar y brindar los bienes públicos necesarios a su población, así como su capacidad de asegurar la seguridad interna y territorial. La categorización se ha determinado en función de los intereses de aquellos Estados con mayor incidencia en la esfera internacional. Bajo estas premisas, algunos de los aspectos que definen al concepto pueden ser abordados desde la perspectiva clásica y crítica de la Geopolítica. Mediante la primera, se puede analizar cómo las funciones del Estado y el territorio son elementos constitutivos del análisis de la falla estatal. Así, tal perspectiva se relaciona, por ejemplo, con el enfoque tradicional con el que se ha abordado el fenómeno de los Estados fallidos, propuesto por Robert Rotberg. Este los concibe como entes con delimitaciones fronterizas, pero sin autoridad dentro de su territorio, e incapaces de proveer los bienes básicos y de seguridad para sus ciudadanos, al igual que su integridad territorial.

La Geopolítica crítica, por otro lado, es útil para explicar por qué la desaparición de un Estado se complejiza al considerar aspectos intangibles como la identidad y la cultura. Desde esta perspectiva, los Gobiernos, más que entidades monolíticas que representan un interés general, se constituyen por una serie de elementos intersubjetivos como la historia oficial, la diversidad étnica y cultural, la cohesión social etc. En ese sentido, no resultaría simple explicar por qué un Estado afronta procesos de declive o falla estatal.

Finalmente, la Geopolítica crítica aborda el discurso como herramienta de poder. Es mediante él que se interpreta la posición de ciertos países para señalar a otros como fallidos, a la luz de sus intereses geopolíticos, y en un contexto de dominación. Para esta perspectiva el discurso deviene una herramienta a través de la cual se caracteriza y categoriza el escenario internacional. Las categorías, al ser referencias abstractas, permiten identificar, distinguir y/o clasificar la realidad. Así, la categorización permite otorgar un orden cualitativo o cuantificable de un elemento frente a otros. En ese sentido, el concepto de Estado fallido es utilizado, por un lado, para representar la configuración de varios factores internos que determinan la condición de ingobernabilidad. Por otro, para reafirmar el reconocimiento expreso de la existencia de una serie de Gobiernos vulnerables o en condición de anarquía, que necesitan ayuda para fortalecer su institucionalidad y garantizar gobernabilidad. Cabría preguntarse qué propósitos tiene y quiénes están detrás de esta categorización.

En conclusión, el fenómeno de la falla estatal debe ser abordado desde una visión holística y vasta, que facilite su comprensión como una concurrencia de características que imposibilitan el control y el equilibrio estatal y que, a la vez, permita entender los discursos tejidos para legitimar la seguritización de este tipo de países. Consecuentemente, el análisis a partir de la complementariedad de la Geopolítica clásica con la crítica resultaría muy útil para explicar el fenómeno en su real magnitud, considerando las dinámicas que dieron origen al concepto, las características de los actores involucrados en su construcción y el discurso ha utilizado para legitimar la categorización de ciertos Estados como fallidos.

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Notas

1 Frase original en idioma inglés: “The silent security dilema”.

2 De manera general, la agenda de monitoreo y seguritización de Estados fallidos surge en la década de los 80, como un mecanismo de control hacia estos, como amenazas transnacionales (Kenny y Serrano 2012, 4). De manera particular, en el caso colombiano, la lucha antidroga determinó una participación más directa de los Estados Unidos en el tratamiento del conflicto armado, al ser un tema prioritario dentro de la agenda de seguridad de la región y al ser Colombia el agente de mayor riesgo para la estabilidad hemisférica. La relación estadounidense con la crisis colombiana obedece a su estrategia de Postguerra Fría de intervenir y reposicionarse regional y globalmente bajo el criterio de defender la democracia, la liberalización económica, el comercio exterior y el desarrollo sostenible (Bonilla 2004, 153) Mientras se busca vigilar la situación de los diferentes países de la región, se define que “el tratamiento de la crisis de Colombia servirá potencialmente de modelo de intervención externa en los asuntos internos del hemisferio” (Tokatlian 2004, 174).