El Protocolo de Palermo, del año 2000, manifiesta en su artículo 3 que, por

trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

La explotación incluye la prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y las prácticas análogas a esta, la servidumbre y la extracción de órganos. Esas modalidades de trata de personas tienen sus particularidades, de acuerdo con la edad de las víctimas, las regiones del mundo que habitan y los mercados ilegales que requieren la explotación de seres humanos, principalmente de mujeres (Shelley 2010; Rubin 1986; Iniseg 2021).

El Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) toma en cuenta decisiones judiciales de 71 países, que involucran a aproximadamente 3000 víctimas y 1500 victimarios. Este documento plantea que, por la pandemia de COVID-19, se han incrementado los casos de trabajo forzado en sectores económicos como construcción, pesca, agricultura, trabajo doméstico, hotelería, ventas ambulantes o en la calle, manufactura y minería. Esto asciende al 38 % de los casos analizados. Sin embargo, la explotación sexual se mantiene como la principal modalidad, con el 50 % de los casos identificados. Asimismo, el Reporte muestra que, aunque se han diversificado las estrategias de captación de las víctimas mediante el uso de Internet, la trata de personas sigue afectando sobre todo a mujeres y niñas, quienes representan el 65 % de las víctimas, mientras que hombres y niños son el 35 %.

En Colombia y otros países de Latinoamérica, “las economías extractivistas, como un modelo político y, por supuesto, económico, encuentran su raíz en mercantilizar y explotar los recursos naturales; la mayoría de las veces de forma desenfrenada, hasta obtener el último lucro posible” (Taüchina, Forero y Rodríguez 2021, 123). Ello se refleja en la explotación de los cuerpos, sobre todo femeninos, lo cual ha llevado a que unos cuerpos importen más que otros. La diferencia porcentual de explotación a mujeres y niñas es significativa y se ha incrementado en las últimas décadas. Por tanto, debe ser analizada desde un enfoque de género, una perspectiva de derechos humanos y otra de direccionamiento de los mercados, con el fin de contar con un análisis integral del fenómeno (Shelley 2003).

La presente investigación analiza la trata de menores de 18 años, considerados a escala internacional como “niñas y niños” (ONU 2021). Entre los principales factores de riesgo para la trata, se encuentran las necesidades económicas (51 %), los conflictos familiares, principalmente en niños, niñas y adolescentes (20 %), la cercanía de un familiar a las redes de tráfico (13 %), el estatus de migración irregular (10 %), y el abandono de menores de edad (9 %). Si se hace énfasis en los riesgos de niñas, niños y adolescentes, se comprende que estas afectaciones los hacen sujetos vulnerables frente al fenómeno. De ahí la necesidad de un enfoque centrado en sus experiencias, dados los diferentes cruces que puede haber entre edad, sexo, género, nacionalidad, etnia, discapacidad, clase social, situación migratoria, desplazamiento forzado, entre otros.

De acuerdo con las Declaraciones de Estocolmo (1996), Yokohama (Derechos de la Infancia 2001) y Río de Janeiro (2008), la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) consiste en la utilización del cuerpo de un niño o niña o de su representación con fines de dominación, gratificación o lucro, a cambio de una retribución tangible o intangible, o de una promesa de retribución para el niño/a o para otra persona Ministerio Público de la Defensa República de Argentina 2021; OIT 2005; 2021). La trata de niñas, niños y adolescentes (NNA) con fines de explotación sexual se entrecruza con la ESCNNA, en tanto es una modalidad dentro de esta, que también incluye la pornografía, el matrimonio servil, los servicios sexuales en el marco del conflicto armado y la vinculación con el turismo.

La región de Bogotá se caracteriza por ser el área metropolitana de la capital de Colombia, que incluye algunos municipios del departamento de Cundinamarca. Concentra aproximadamente 10 331 626 de habitantes (DANE 2018) y actividades económicas ligadas a la producción en contextos urbanos, con la presencia de industrias en zonas rurales, como los cultivos de flores y la producción de lácteos. Esta región fue seleccionada porque aportó un 25,5 % del PIB nacional en 2020, lo cual convierte a la ciudad y sus alrededores en el centro de diferentes transacciones económicas y financieras del país (La República 2021). También, por la presencia de la Fundación Universitaria Monserrate en el municipio de Mosquera, Cundinamarca y sus sedes en Bogotá.

Sumando esfuerzos desde la academia para comprender la trata de personas en términos económicos y financieros, y reconociendo que los Estados, según el Protocolo de Palermo, están obligados a implementar estrategias bajo el modelo de las tres P (prevenir, proteger y perseguir), esta investigación busca dar cuenta de las capacidades de algunas organizaciones nacionales e internacionales que luchan contra este delito transnacional en la región seleccionada. Se sabe que tanto la UNODC como las organizaciones de la sociedad civil desarrollan e implementan estrategias enfocadas principalmente en la prevención del delito. Por tanto, las investigaciones sobre la trata de personas deben profundizar en aspectos económicos frente a los riesgos del fenómeno, así como en la responsabilidad de las empresas en la generación de riqueza que puede estar relacionada con lavado de activos, narcotráfico, contrabando y otras actividades ilícitas.

En los últimos cinco años, Colombia se ha situado en el primer nivel de medición (Tier 1) en materia de cumplimiento de los estándares mínimos para la persecución, protección y prevención de la trata de personas, de acuerdo con el Reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos (2021). Este Reporte considera que, aunque las autoridades continúan identificando a las víctimas, el Ministerio del Interior (2021) no ha logrado proveer de manera adecuada albergues o refugios para protegerlas, sobre todo en el caso de personas adultas. Tampoco ha brindado soporte financiero en todos los territorios que lo requieren, ni ha apoyado de manera oportuna a las organizaciones de la sociedad civil para ampliar los servicios de asistencia a las víctimas.

En materia de persecución, se recomienda al Estado colombiano tener un rol más activo en la investigación de los casos, que se vieron obstaculizados por el cierre de los juzgados debido a la pandemia, así como prestar mayor atención a los casos de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Frente a la protección, se hace necesario mejorar el protocolo de identificación de víctimas, pues el número total reportado anualmente ha tendido a disminuir con respecto a años anteriores. Ello implica la disminución de los recursos económicos invertidos en la protección y en la adecuación de los servicios de alojamiento y ayuda de emergencia. Para niñas, niños y adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició un proceso de restablecimiento de derechos en 13 de los 32 departamentos, pero se requiere de mayor preparación de los equipos interdisciplinarios que atienden a los menores de edad (Departamento de Estado de los Estados Unidos 2021).

En cuanto a la prevención, se reporta que, con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los 32 departamentos adoptaron planes territoriales para combatir la trata de personas. Se han realizado campañas de prevención por más de 606 000 000 de pesos colombianos, en la televisión y las redes sociales, además de eventos de formación dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes, especialmente provenientes de Venezuela. Algunas de las acciones estatales de prevención se realizan en articulación con agencias internacionales y organizaciones nacionales o regionales, conformadas por la sociedad civil. Por ende, la pregunta que orienta este artículo es: ¿cuáles son las estrategias de prevención de la trata de niñas, niños y adolescentes por parte de las organizaciones de la sociedad civil en la región de Bogotá, desde una perspectiva financiera y económica?

La trata en términos económicos, financieros y de desarrollo humano

Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son el factor de riesgo más representativo para la existencia de la trata de personas (51 %), es indiscutible que esta tiene causas estructurales, la pobreza y la desigualdad, que la relacionan con situaciones vitales precarias y vulnerables (Meneses 2019, 5). Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor desigualdad de ingreso y ocupa el primer puesto en concentración de la riqueza, pues solo el 1 % más rico de los colombianos concentra el 20 % de los ingresos del país (OXFAM 2015). Las desigualdades sociales y la falta de oportunidades llevan a que las víctimas busquen mejorar su calidad de vida, lo cual facilita la captación y el engaño por parte de los tratantes.

El origen y las motivaciones de la trata de personas con fines de explotación sexual no solo recaen en las desigualdades sociales, la informalidad, la falta de educación y de oportunidades, también se evidencia que es un negocio lucrativo, cuya principal causa está asociada con las grandes utilidades que genera para quienes hacen parte de él. Shelley (2003) reconoce la escasez de estudios frente a las prácticas lucrativas y mercantiles, basadas sobre todo en la explotación de mujeres. La autora afirma que, sin una comprensión compleja de la trata de personas, se presume que hay un modelo simple, con una única variación en la oferta y la demanda. Al contrario, su trabajo buscó demostrar cómo varían regional y culturalmente las organizaciones dedicadas a la trata de personas y cómo sus prácticas exigen respuestas distintas por medio de las políticas públicas.

En términos financieros, aunque la trata es un fenómeno difícil de calcular, en la Conferencia Anual sobre Cumplimiento y Antilavado de Dinero del año 2020, convocada por la Asociación de Banqueros de Florida (FIBA) –que se celebró del 16 al 18 de marzo en Miami–se habló de la existencia de alrededor de 40,3 millones de víctimas de trata de personas en el mundo, las cuales han generado cerca de US 150 200 millones al año (Semana 2020). Cabe resaltar que las entidades financieras, en especial la banca privada, pueden cumplir un papel fundamental para detectar el delito, sobre todo las transacciones ligadas a gastos excesivos en hoteles, tiquetes de avión y tren, entre otros. Dentro de los participantes de la conferencia destacaron, además de los bancos, instituciones financieras y reguladoras del mercado financiero, el FBI, la Reserva Federal, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal Especial de Estupefacientes, entidades que están en capacidad de reportar cualquier actividad sospechosa que permita atacar el fenómeno.

François Perroux (1964) es uno de los primeros economistas en hacer alusión al desarrollo. Su concepto, asociado al crecimiento meramente económico, se limita a un indicador y no a una variable social, cultural, ambiental, entre otras (Correa 2000). Luego, otros autores reconocen el fracaso de las teorías desarrollistas y plantean formas distintas de hablar del desarrollo. En 1986, Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986, 26) afirmaron que, aunque “el desarrollismo fue una experiencia generadora de ideas y de corrientes de pensamiento”, no tomó en cuenta el componente humano, es decir, las cualidades de los individuos. Por tanto, no identificó con claridad las necesidades de la población y los satisfactores de estas, una relación que no puede darse de manera divorciada.

Con base en lo anterior, se plantea el concepto de desarrollo a escala humana, que ubica al ser humano como centro y no como un objeto económico. Se establece una matriz de necesidades y de satisfactores, la cual integra necesidades de carácter axiológico (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad) y existenciales (ser, tener, hacer y estar). Dicha relación es, como afirma el autor, permanente y dinámica, lo cual genera una sinergia entre necesidades, satisfactores y bienes económicos. El desarrollo humano es algo que le compete a la sociedad actual, porque dentro del capitalismo no se tiene en cuenta este factor como un elemento decisivo de los procesos de producción de bienes y la generación de servicios (PNUD 2021). Se considera que el ser humano está diseñado para el sistema, cuando debería ser lo contrario (Díaz 2019, 57).

La agudización de la trata se debe en parte a un sistema que no crea suficientes elementos para contribuir al desarrollo de las personas, y genera situaciones de miseria, pobreza e injusticia social, que contribuyen a la explotación de unos seres humanos por otros. Hoy, más de 700 000 000 de personas en el mundo se encuentran en situación de pobreza extrema, lo cual significa que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, como el acceso al agua potable, la salud, la comida, la educación, entre otras (ONU s.f.). Esto puede llevar a un riesgo inminente de caer en redes de trata de personas. Entonces, ¿cómo desplegar estrategias de prevención frente a la trata en contextos de pobreza y miseria? Más aún, ¿cómo se articula la perspectiva de capacidades de las organizaciones que luchan contra la trata en este enfoque del desarrollo humano?

Se sabe que las organizaciones nacionales e internacionales han implementado propuestas para prevenir la trata de personas, en especial, dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Esas estrategias se concretan en acciones educativas o formativas, en desarrollos metodológicos, en la construcción de instrumentos de medición y de conceptos, en la incidencia en política pública y en la creación de rutas de atención, entre otros aspectos que les permitan actuar. Sus esfuerzos se concentran en hacer una lectura de las necesidades humanas para identificar estrategias de prevención e intervención. De esa manera, intentan contribuir a mejorar las condiciones locales y al bienestar de las personas víctimas o en riesgo de ser víctimas. Sin embargo, no logran concretar los satisfactores, ni tampoco cuentan con los recursos económicos para hacerlo. En ello recae el asunto de las capacidades organizacionales, así como la responsabilidad del Estado colombiano en garantizar las tres P.

Metodología

El enfoque de la investigación es mixto; se pretendió la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo para obtener una “fotografía” completa del fenómeno (Hernández Sampieri 2011). En este caso, de la trata de niñas, niños y adolescentes. El tipo de investigación es descriptivo, porque se brinda un registro, un análisis y una interpretación de la naturaleza actual y la composición de los fenómenos de manera detallada, así como de la situación de las organizaciones nacionales e internacionales objeto de estudio. Entre las técnicas de investigación, se eligió la entrevista, desarrollada con organizaciones que luchan contra la trata de personas y la ESCNNA en la región de Bogotá. Se accedió a estas por la vinculación de la Fundación Universitaria Monserrate al Nodo Cundinamarca del Capítulo Colombia del Observatorio Latinoamérica de Trata y Tráfico (ObservaLaTrata). Para grabar las entrevistas en audio y/o video, se contó con un consentimiento informado, firmado de manera virtual por las organizaciones participantes.

Pese al interés de las organizaciones por prevenir la trata de personas, no fue sencillo el acceso a sus integrantes y a la información durante el desarrollo del proyecto de investigación. La invitación a las organizaciones se hizo extensiva a 15, por diferentes medios virtuales, sin obtener respuesta por parte de cinco. Una de las organizaciones públicas nacionales respondió que no brinda entrevistas y que cualquier información se puede solicitar por la vía de derechos de petición, es decir, manifestó la necesidad de desplegar la burocracia para activar sus canales de respuesta, que pueden tardar entre 15 y 20 días hábiles. Esta es una forma de relacionarse con el Estado colombiano, que revela barreras de acceso a la información y dificultades para articular la academia y la administración pública.

En total se llevaron a cabo nueve entrevistas con integrantes de organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, todas especializadas en el tema de investigación: trata de personas. Se trató de ocho organizaciones nacionales, de las cuales una era de carácter público, y una organización internacional. La Organización 1 es una entidad sin ánimo de lucro que busca soluciones a problemas como la trata de personas, la violación a los derechos humanos, el deterioro del ambiente y la inequidad de género. La Organización 2 es una iniciativa conformada por actores jóvenes y universitarios que se enfocan en la prevención de la trata, en especial de niños, niñas y adolescentes. La Organización 3 es un grupo de voluntarios, los cuales cuentan con un centro especializado en la atención a niños y niñas en fragilidad social o víctimas de múltiples violencias, entre ellas, la trata.

La Organización 4 es una entidad que lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y recibe financiación de agencias internacionales. La Organización 5 es una red religiosa comprometida con la prevención y lucha contra la trata de personas. La Organización 6 es una iniciativa de una comunidad religiosa que trabaja en contextos educativos en niveles de primaria, en la formación y la toma de conciencia sobre el fenómeno. La Organización 7 es una oficina que trabaja en la erradicación y la prevención de la trata de personas, estableciendo espacios de protección para las víctimas, en especial los niños y las niñas. La Organización 8 es una entidad pública que implementa políticas públicas departamentales y municipales, al igual que programas de acompañamiento y atención integral a las víctimas. La Organización 9 es una oficina internacional que trabaja en la prevención de la trata de personas a través del diseño de políticas y estrategias que permitan atacar el problema desde la institucionalidad nacional.

En la aplicación de las entrevistas se pudo observar que la trata es un tema complejo de hablar, por lo que las personas entrevistadas fueron reservadas y hablaron lo necesario, sin entrar en detalles de casos identificados. Una persona, por ejemplo, mostró desconfianza para otorgar su consentimiento informado, insinuando que al grabar la conversación se posibilitará publicar y editar los videos y salir en redes sociales, escenarios de riesgo para quienes luchan contra la trata, pero a la vez el medio más usado en el marco de sus estrategias de prevención. En esta entrevista no se aceptó la grabación en video, argumentando problemas de seguridad.

De igual manera, se empleó la técnica de la encuesta, por medio de la creación de un formulario virtual que implementó una metodología específica para medir las capacidades de las organizaciones, denominada Índice de Capacidad Organizacional (ICO). Esta metodología es un instrumento diseñado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) colombiano, con el propósito de establecer la capacidad de gestión de las Organizaciones Comunitarias de los Programas de Paz y Desarrollo. Debido a los buenos resultados en la identificación de las debilidades y fortalezas de las organizaciones, el ICO ha sido ajustado por varias entidades públicas y privadas para ser aplicado en diferentes tipos de organizaciones (PNUD s.f., 3).

A efectos de la presente investigación, el ICO se ajustó de acuerdo con las características de las organizaciones en cuanto a funcionamiento, organización jerárquica, servicios prestados e impacto que generan en su territorio de influencia. El formulario fue enviado a las nueve organizaciones que participaron de las entrevistas, y cinco organizaciones nacionales lo respondieron. Estas organizaciones se caracterizan por tener injerencia en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, donde trabajan principalmente en la prevención. Por tanto, los resultados se centran en solo una de las tres P del Protocolo de Palermo.

Resultados y discusión

Conocimiento de las organizaciones sobre fuentes de financiamiento de la trata

En términos generales, las organizaciones nacionales manifiestan desconocimiento de las fuentes de financiamiento de esta economía ilegal (Semana 2015): “No hemos hecho un proceso tan centrado en lo económico, entonces ahí no tengo muchas herramientas que darles porque no ha sido nuestro fuerte” (entrevista 1, 29 de octubre de 2021). En otra de las respuestas se afirma que, “específicamente nosotros no hemos estado tan interesados quizás en ese tema, sino más en el tema de la dinámica social y de la dinámica cultural que hay alrededor de la ESCNNA, que termina justificando, naturalizando y normalizándola” (entrevista 5, 22 de octubre de 2021).

Pese al desconocimiento de las fuentes de financiación, la mayoría de las organizaciones nacionales coinciden en que son principalmente las vulnerabilidades económicas las que llevan a las víctimas a caer en las redes de la trata de personas. Desde un enfoque de infancia y adolescencia, en una de las entrevistas se menciona que la baja capacidad económica de las familias es un factor de riesgo.

Importante el tema del contexto económico porque es uno de los factores de riesgo para ser víctima de trata de personas. Para nadie es un secreto, yo creo que aquí es importante también observar ahora ese contexto que estamos teniendo y es como ese materialismo que se evidencia. Entonces, por ejemplo, lo que hemos analizado en las redes sociales, en estos influencers, youtubers que hacen videos de ropa, de dispositivos electrónicos… Todo esto hace que los niños, más que todo, como que digan “yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero”. Hacen lo que sea por estas cosas porque muchas veces los padres no se las pueden dar y ellos sí o sí lo tienen que tener para esa aceptación social (entrevista 7, 8 de octubre de 2021).

Las organizaciones reconocen las transformaciones durante 2020 y 2021 debido a la pandemia por COVID-19: “Las formas de captación han cambiado, a través de redes sociales hacen el ofrecimiento de algunas ofertas, incluso de establecer relaciones sentimentales con las víctimas para poder explotarlas” (entrevista 3, 25 de octubre de 2021).

La trata se cruza con el desplazamiento forzado y la migración internacional de personas provenientes del vecino país de Venezuela.

Se ha identificado desde Bogotá, gente que motiva o acciona la trata de personas a través del turismo y la situación que estamos viviendo de la migración interna y externa; interna, como la gente de algunas regiones de Colombia que sale por el conflicto armado y llegan a Bogotá o la migración externa venezolana (entrevista 6, 11 de octubre de 2021).

En contraste, la organización internacional entrevistada muestra la necesidad de ver la trata de personas como un “negocio ilícito”, pues ello permite tomar acciones encaminadas a desestimularla, y abordar la lucha contra ella a partir de sanciones económicas y de evitar el lavado de activos. Por ejemplo,

¿cómo hacer algún tipo de retención de las rentas criminales? Eso realmente en Colombia se ha explorado muy poco… De hecho, uno de los componentes del protocolo de Palermo es el incentivo a que no solamente se investigue y judicialice el tipo penal, sino que las acciones encaminadas deben ser mucho más fuertes en el tema de incautación de activos, para la reparación de las víctimas. Eso es algo que, no solo en Colombia, realmente en Latinoamérica está todavía muy incipiente (entrevista 8, 24 de noviembre de 2021).

Se hace necesario explorar los flujos ilícitos porque

hay organizaciones criminales que se están lucrando no solamente de la trata de personas, sino también de otras actividades ilícitas y que, cuando no se tocan esas ganancias que dejan las actividades criminales, realmente no hay un desincentivo para dejar de realizarlas, porque finalmente las personas son detenidas y generalmente se detienen los eslabones más débiles de la cadena, pero las ganancias no se tocan. Entonces, listo, pagas 20 años de cárcel, pero el dinero que has hecho a través de la explotación de las personas está intacto. Sería algo fundamental, que se debería trabajar mucho más fuerte para combatir el delito (entrevista 8, 24 de noviembre de 2021).

Riesgos de niñas, niños y adolescentes frente a la trata y la ESCNNA

De acuerdo con la campaña colombiana #EsoEsCuento, evitar la trata de personas no es una tarea sencilla, “ya que las redes dedicadas a esta actividad ilegal son demasiadas, se desplazan constantemente y cambian sus métodos de captación” (Eso es cuento 2021). Para identificar posibles casos de trata de personas se invita a 1) hacer un buen uso de Internet; 2) viajar con precaución; 3) construir redes de apoyo; 4) verificar las ofertas laborales; 5) mantenerse informado sobre la trata de personas y 6) denunciar.

Sin lugar a dudas, Bogotá es la ciudad con uno de los mayores riesgos de trata de personas y ESCNNA. Aún más si se habla de NNA, dado que son ellos los objetivos más preciados de este mercado. Sobre esto, en Colombia es legal el libre ejercicio de la prostitución. Sin embargo, el Código Penal tipifica como un delito cualquier conducta que facilite a un menor de edad el acceso a este mercado y que le induzca al mismo, lo que agudiza la fragilidad del tema de los NNA con la trata de personas. De la mano a lo anterior, las zonas donde virtualmente hablando es más alta la tasa de trata de personas y el nivel de riesgo de ESCNNA son las de tolerancia, entre las localidades de la capital (…) y las zonas y/o bares de tolerancia en los municipios cercanos (entrevista 9, 11 de noviembre de 2021).

En contraste, otra organización considera que, si bien

hay una zona de alto impacto para la prostitución, en todas las localidades [de Bogotá] hay lugares para ejercer la prostitución (...) en materia de trata de personas, se mezclan las víctimas con personas que están ejerciendo la prostitución y se vuelve un poco más difícil identificar a las víctimas de trata (entrevista 3, 25 de octubre de 2021).

A continuación, se presentan los riesgos identificados por las organizaciones nacionales e internacionales entrevistadas, que cuestionan los contextos en que se mercantilizan los cuerpos de NNA, tanto en la ciudad de Bogotá como en los municipios que circundan la capital (tabla 1). Los riesgos señalan una mayor probabilidad sufrir un daño frente a la trata de personas (Forero y Rodríguez 2018).

Tabla 1. Riesgos identificados por las organizaciones entrevistadas

Fuente: elaboración propia.

Frente al desconocimiento de asuntos económicos y financieros, en torno a la trata de personas, se planteó la importancia de conectar los saberes investigativos con las acciones de política pública, dentro de los procesos de las Universidades y sus grupos de investigación:

Realmente no hay mucho escrito frente a lo que es la trata de personas en Colombia. Entonces, eso genera conocimiento y ese conocimiento se puede aplicar a acciones concretas. ¿Dónde hay un vacío? En las instituciones de educación superior. Deben tratar de trasladar ese conocimiento que se genera desde la academia a los comités. Muchas veces la academia genera documentos, artículos, investigaciones muy interesantes, pero nunca bajan hasta los comités, lo que hace que, de alguna manera, se pierda ese conocimiento. Cualquier investigación que se realice es muy importante, es muy valiosa, siempre y cuando se logre enlazar con el quehacer de los comités territoriales y no se quede solamente como un documento que se construye desde la academia y que no sale de la academia (entrevista 8, 24 de noviembre de 2021).

La mayoría de las organizaciones nacionales manifestaron la dificultad de mantener sus estrategias de prevención, debido a la falta de recursos para financiarse. Ello muestra también la falta de cooperación para el desarrollo en la lucha contra flujos económicos ilegales como la trata de personas. Finalmente, según las organizaciones entrevistadas, es desalentador ver cómo algunas instituciones públicas se apoyan en iniciativas de las organizaciones para desarrollar campañas de visibilización de la trata, algunas veces con pocos recursos. En ocasiones, solo se implementan acciones y campañas por cumplir requisitos de un plan de gobierno.

Principales estrategias de prevención de la trata desde las organizaciones

Las estrategias de prevención de la trata de personas que desarrollan las organizaciones nacionales e internacional participantes en esta investigación se enmarcan en jornadas de sensibilización, campañas de visibilización, capacitación y asesoría frente al delito. La primera estrategia de prevención que se identificó fue la participación de las organizaciones en el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico (ObservalaTrata), donde se articulan diferentes campañas, eventos y actividades por medio de los nodos de trabajo en Colombia. La segunda es la creación de metodologías dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por medio de talleres, cartillas y demás herramientas. La tercera es la sensibilización frente a la trata y su visibilización como delito en diferentes escenarios públicos y privados, aunque directamente no tengan que ver con esta.

Por último, una de las mayores quejas de las organizaciones en las entrevistas fue la falta de articulación con el Estado y sus instituciones, así como en las diversas acciones que permitan garantizar la protección a las víctimas y la persecución del delito. Desde la distancia que generan los procesos institucionales, se hizo una crítica a la manipulación y el uso estratégico del trabajo de prevención realizado por las organizaciones, para la presentación de informes de actividades, sobre todo en el marco del día internacional contra la trata de personas (31 de julio). En esa fecha se despliegan amplios recursos, con los que no se cuenta el resto del año. En ocasiones, los funcionarios públicos se desconectan de las estrategias de articulación entre diferentes sectores.

De acuerdo con ACNUR (2021),

los esfuerzos para abordar la trata de personas exigen un enfoque de múltiples organismos, que implica una estrecha coordinación entre los organismos gubernamentales pertinentes y las organizaciones internacionales y nacionales en un amplio espectro de actividades que abarcan la justicia penal, el compromiso judicial, los derechos humanos y el desarrollo.

Características y capacidades de las organizaciones que luchan contra la trata de personas y la ESCNNA

Las capacidades de las organizaciones se evaluaron a partir de la metodología ICO, con siete áreas: servicios ofrecidos en cuanto a las tres P (prevención, protección y persecución), estructura organizacional, recursos humanos, direccionamiento estratégico, redes y procesos, beneficiarios y comunicaciones.

La tabla 2 recoge los resultados de la encuesta realizada a las cinco organizaciones.

Tabla 2. Resultados Matriz ICO

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

El trabajo de las organizaciones participantes en la investigación está concentrado en la ciudad de Bogotá, sin otorgar mucha relevancia a lo que ocurre en los municipios aledaños, pertenecientes al departamento de Cundinamarca. Durante el trabajo de campo solo se logró una entrevista con una organización pública, en la que se manifestó una clara ruptura con las políticas públicas planeadas desde la capital, y el énfasis en no confundir Bogotá con Cundinamarca. Por tanto, no hay una lectura del territorio como región de Bogotá. También se observó que, para el departamento de Cundinamarca, no se han desarrollado acciones visibles que articulen los diferentes municipios. Es necesario continuar los intentos por dar cuenta de lo que ocurre en los municipios cercanos a la capital, integrando una mirada urbana y rural de las modalidades de explotación de la trata de personas.
A partir de las entrevistas, se evidenció que las organizaciones nacionales no han tenido un acercamiento al ámbito económico, en relación con las fuentes de ingreso y las formas de pago de la trata de personas. Por tanto, no se han planteado estrategias de prevención del delito dirigidas al sector privado. Considerando el desconocimiento de las organizaciones nacionales frente a la materia, y la debilidad en toda la región de América Latina anunciada por la organización internacional entrevistada, será necesario articular esfuerzos interdisciplinarios. Las ciencias económicas necesitan considerar asuntos como el lavado de activos, las sanciones económicas a estructuras criminales y la responsabilidad de las empresas frente a cualquier forma de explotación que se acepte, tolere o reproduzca.

Otro aspecto relativo a las dificultades de contacto y acceso a la información de las organizaciones es el miedo permanente a trabajar este delito. Ello indica que la trata también afecta a las personas que buscan detenerla, y que se requieren mayores relaciones de confianza para conversar sobre el tema, así como capacitación a los equipos, quienes pueden enfrentar problemas de salud mental al atender el fenómeno. Así, aterrizar la prevención del delito de trata de personas en NNA deja un camino abierto para pensar en los tipos de explotación de personas mayores de 18 años, que, en contextos industriales y agrícolas, puede conllevar otras formas de explotación, tales como la laboral o los trabajos forzosos, la servidumbre e incluso al tráfico de órganos. Esas modalidades pueden estar inmersas en dinámicas económicas como las zonas francas que proveen al país.

La trata de personas no ha sido abordada de manera profunda como economía criminal. Por un lado, los enfoques de prevención se han centrado en la sensibilización y la visibilización del fenómeno, mientras que, por otro lado, la persecución a estructuras criminales sigue pendiente. La principal crítica es que la judicialización, por ahora, deja como responsables a los eslabones más bajos de la cadena en las redes ilegales. De igual manera, la persecución judicial no incluye la incautación o expropiación de bienes conseguidos ilegalmente, por lo que la protección a las víctimas se ve afectada de manera considerable, al no contar con recursos económicos que las reparen y garanticen su calidad de vida.

El trabajo con NNA requiere una alta especialización, aspecto con el que no cuentan todas las organizaciones cuando se trabaja ESCNNA o trata. El abordaje desde una óptica económica aún no se afianza en las investigaciones académicas y judiciales, bajo el argumento de las dificultades para calcular las ganancias. Entre los actores relevantes que son dejados a un lado a consecuencia de lo anterior, se encuentran, por ejemplo, empresas del sector privado, sobre todo pequeñas y medianas, que desconocen los riesgos frente a la trata de personas (Unimonserrate 2021). Si bien la mayoría de las causas se relacionan con la vulnerabilidad económica, hay un amplio desconocimiento sobre las dinámicas de las redes ilegales por parte de las organizaciones que enfrentan la trata, lo que lleva a que sus capacidades disminuyan, al no contar con información suficiente y, por tanto, con estrategias adecuadas.

Las organizaciones necesitan ir más allá de la prevención, dado que esta se puede convertir en prácticas meramente pedagógicas, y dejar de lado a las víctimas y la protección que deberían recibir. De acuerdo con la estructura organizacional, los resultados mostraron que el problema obedece a la falta de información para conformar organizaciones de este tipo, y en algunos casos, a la falta de experiencia en su dirección.

Si bien el 40 % de las organizaciones manifestaron que, dentro de sus estrategias, se apunta a la investigación, la promoción y el apoyo a la igualdad de género, solo el 20 % apunta a la inclusión social. Situaciones como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades y recursos se convierten en una limitante para las víctimas, que impide su participación en la vida económica, social y política, y que tengan un nivel de vida adecuado. Por tanto, se requieren estrategias que incorporen la superación de las causas y los factores económicos de riesgo.

La mayoría de las organizaciones no han contado con apoyo del Gobierno nacional, y reconocen su aparición para fechas específicas, bajo lógicas interesadas y manipuladoras. Se hace necesaria una articulación en el marco de políticas públicas para la prevención y atención de este delito. Los recursos financieros otorgados a las organizaciones son limitados. En las entrevistas, preferían no mencionar el tema, por lo cual no se tiene evidencia concluyente al respecto.

Incluso con limitaciones en su funcionamiento y accionar, el trabajo de estas organizaciones se convierte en una fuente principal de detección y pedagogía en los territorios de influencia, a los que muchas veces no llega el Estado colombiano. Resulta claro que debe existir un trabajo mancomunado entre ambos, en el cual las organizaciones incorporen el factor económico como área de investigación. Conocer cuánto representa el fenómeno y qué implicaciones tiene en las finanzas y la economía del país permitiría elaborar una política pública para combatir la trata de personas mucho más eficaz, eficiente y, por supuesto, incluyente.

Bibliografía

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 2021. “Trata de personas”, https://bit.ly/39a4Est

Correa, Eugenia. 2000. “La teoría general de François Perroux”. Revista de Ciencias Económicas,1090-1098. https://bit.ly/3xSuT12

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 2018. “Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018”, https://bit.ly/3xXIXGF 

Derechos de la Infancia. 2001. “Compromiso global de Yokohama”, https://bit.ly/3Mw7YfS 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. 2021. “Trafficking in Persons Report”,  https://bit.ly/3Lg91R7

Díaz, Paula. 2019. “Desarrollo a escala humana y economía del bien común: estudio de caso en Fincomercio”. Revista hojas y hablas 18: 54-67. doi.org/10.29151/hojasyhablas.n18a4

Eso Es Cuento. 2021. “Acciones para evitar ser víctima de trata”, https://bit.ly/38lMJ1A

Forero, Nathalia, y Carolina Rodríguez. 2018. Imaginarios y prácticas frente a la trata de personas en la Triple Frontera Amazónica. Bogotá: Red Defensores de Vidas

Hernández Sampieri, Roberto, 2011. “Roberto Hernández Sampieri visitó la UNED”, https://bit.ly/3EJnzGi

Iniseg. 2021. “Tráfico y trata de personas: lucrativos negocios de la economía sumergida”,  https://bit.ly/38j1VN0 

La República. 2021.“Bogotá y Cundinamarca responden por más de la tercera parte de la riqueza”. 22 de febrero. https://bit.ly/3EMDyDp 

Max-Neef, Manfred, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn. 1998. Desarrollo a escala humana. Uruguay: Editorial Nordan-Comunidad.

Meneses, Carmen. 2019. “¿Por qué se identifican tan pocas víctimas de trata de seres humanos?”. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 107: 1-23. doi.org/10.14422/icade. i107.y2019.001

Ministerio del Interior. 2021. “Protocolo de Palermo”, https://bit.ly/3k93QGy 

Ministerio Público de la Defensa República de Argentina. 2021. “Declaración de Estocolmo 1996”, https://bit.ly/3k9B5tx 

ONU (Organización de Naciones Unidas). 2021. “Se triplica el número de niños y niñas entre las víctimas de trata de personas a nivel mundial”. 2 de febrero. https://bit.ly/3vGMtSQ 

ONU (Organización de Naciones Unidas). S.F.. “Objetivos de desarrollo sostenible”, https://bit.ly/3rNcyi8 

OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2005. “Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 2005”, https://bit.ly/38j3B9g

OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2021. “Declaración de Río de Janeiro 2008”, https://bit.ly/3Kdyo4I

OXFAM. 2015. “Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe”, https://bit.ly/3NGKrtl

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). s.f. “Guía de aplicación y análisis del índice de capacidad organizacional a las agencias del desarrollo económico local”, https://bit.ly/36LoLMX 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2022. “Informe Nacional de desarrollo humano. Guatemala”, https://bit.ly/3xSCufN 

Rubin, Gayle, 1986. “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo”. Revista Nueva Antropología VIII (30): 95-145.

Semana. 2015. “La trata de personas, un oscuro negocio que mueve cifras millonarias en el mundo”. 18 de agosto. https://bit.ly/3MMlIDF 

Semana. 2020. “Bloqueo Financiero a la Trata de personas”. 10 de marzo. https://bit.ly/3MqCwzK 

Shelley, Louise, 2003. “Trafficking in Women: The business model approach”. The Brown Journal of world affairs X: 119-131.  https://bit.ly/3rPweSy 

Shelley, Louise. 2010. Human trafficking: A global perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Taüchina, Ünãgükü, Nathalia Forero y Carolina Rodríguez, 2021. “Üyeane maûgü: cuerpos femeninos en frontera, territorios de explotación en la Amazonía”. Revista Nómadas 54: 119-133. doi.org/10.30578/nomadas.n54a7 

Unimonserrate. 2021. “Conversatorio, El mercado de la trata: una mirada desde la empresa y la sociedad”, https://bit.ly/3MvZXru 

UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2020. “Global Report on Trafficking in Persons”,  https://bit.ly/3OBP8Wr  

Agradecimientos

Artículo resultado del proyecto de investigación Capacidades de las organizaciones nacionales e internacionales en torno al fenómeno de la Trata con fines de explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes en Bogotá – Región, patrocinado por la Fundación Universitaria Monserrate, en el que han participado docentes y estudiantes de las Escuelas de Ciencias Humanas y Sociales, y Ciencias Administrativas y Económicas. Agradecemos especialmente a Francisco Javier Patiño Prieto; Elberth Rincón Perilla; Jennifer Espitia Rocha; Paula Sofía Martínez Pinzón; Jhon Sebastián Peña Calamba; Yolanda Mata Gutiérrez; Brenda Ochoa Navarro; y Sandra Karina Orjuela Lache.