Introducción

La migración con origen en Senegal, presente en Argentina desde mediados de la década de los 90, ha sido analizada a partir de diversos aspectos, ya sea su inserción laboral y habitacional o sus prácticas culturales y religiosas. En el presente artículo, nos proponemos analizar las interacciones entre las fuerzas de seguridad y la población senegalesa que tienen lugar en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sistematización de datos cuantitativos provenientes de informes de diversas instituciones, así como de entrevistas realizadas a personas de la comunidad, dado que consideramos relevante recuperar su propia voz y percepción sobre dichas situaciones. Existen distintas aristas que permiten dimensionar las interacciones entre policías y migrantes, especialmente teniendo en cuenta los roles que se les puede atribuir a las detenciones, al modelar una identidad negativa, administrar grupos referenciados como peligrosos y gestionar territorios sociales y morales de control policial (Rodríguez Alzueta 2014; Pita y Pacecca 2017).

Aunque el interés es proporcionar un panorama cuantitativo y espacial de las detenciones, no podemos soslayar que el control policial también se ejerce mediante la proyección simbólica, por ejemplo, a través de amenazas y no a partir de acciones concretas que hagan uso efectivo de la fuerza física (Brodeur 2011). Por tanto, resulta pertinente recurrir, además, a una dimensión cualitativa para abordar el tema.

Las prácticas de detención a las que es sometida la población de origen senegalés por parte de las fuerzas de seguridad, así como la presencia de dichas fuerzas en las inmediaciones de las calles donde se encuentran, el decomiso de su mercadería, y diversas formas de amedrentamiento las entendemos como prácticas de violencia institucional, es decir,

cualquier práctica ilícita aplicada por parte de agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que resulte lesiva para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas; [las cuales] conforman prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad, extensión y masividad afectan la vigencia del Estado democrático de derecho (Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2019, 2).1

En primer lugar, presentamos los antecedentes de la migración senegalesa hacia Argentina, su inserción laboral en la venta ambulante así como diversas políticas gubernamentales para gestionar su presencia. También, un racconto respecto a las prácticas de detención policial, que permite contextualizar el caso. En segundo lugar, fundamentamos el enfoque metodológico seleccionado, destacando las fuentes de datos utilizadas y su tratamiento. En tercer lugar, analizamos los datos a la luz de los conceptos de violencia institucional y territorio, entendido como espacio social de disputas por el control, el poder y la presencia “legítima”, para finalmente presentar las conclusiones.

Antecedentes

La migración senegalesa hacia Argentina inicia a mediados de la década de los 90 y se incrementa hacia la segunda parte de los años 2000, sin verse interrumpida hasta la actualidad. A pesar de no contar con datos estadísticos actualizados, sabemos que constituye una comunidad pequeña, que no supera los 5000 habitantes, asentados en las principales ciudades del país, con mayor presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán (Kleidermacher 2013; Zubrzycki y Sánchez Alvarado 2015; Maffia 2010). Resulta muy visible debido a la histórica invisibilización de la población de origen africano y afrodescendiente en Argentina (Frigerio 2006).

Al igual que en otros países a donde migran, su inserción laboral suele centrarse en la venta ambulante de diversos artículos, entre los que se encuentran bijouterie, bolsos, cinturones, anteojos de sol y ropa deportiva. Entre las múltiples razones para explicar dicho fenómeno, podemos mencionar el desconocimiento del idioma –dado que en Senegal se hablan mayoritariamente el wolof y el francés–, la falta de documentación y de grandes cantidades de capital para invertir, la extensión de la economía informal en Senegal y la importancia de las redes comunitarias, que facilitan al recién llegado mercadería para comercializar, además de información sobre cómo y dónde hacerlo (e.g. Kleidermacher 2013; Zubrzycki 2011).

Este último factor es significativo, dado que son las redes comunitarias (étnicas, nacionales y religiosas) las que ayudan al recién llegado en su inserción habitacional, laboral y social. Ello ha sido interpretado, en ocasiones, como un modus operandi de organizaciones mafiosas o delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral, lo cual ha dado lugar a la realización de megaoperativos policiales donde se ha secuestrado mercadería y detenido a senegaleses, (re)producidos por diversos medios de comunicación masiva.

Debido al desconocimiento sobre dicha migración, se construyen estereotipos y representaciones estigmatizantes y/o victimizantes (Kleidermacher 2018), utilizadas para justificar su expulsión de ciertas calles de la ciudad y/o su detención. En ese sentido, Pacecca, Canelo y Belcic (2017) refieren a una construcción discursiva que relaciona a los “manteros senegaleses” con estructuras delictivas y mafias vinculadas a la venta ilegal.

Cabe destacar que gran parte de la población de origen senegalés reside en Argentina de modo irregular. Ello se debe a la falta de representación diplomática entre ambos países, donde puedan solicitar un visado de entrada. Ese constituye el primero de los muchos obstáculos que encuentran para obtener su documentación, ya que el ingreso irregular implica una falta administrativa que dificulta su regularización.

A lo anterior se adiciona el hecho de que la actual legislación migratoria argentina (Ley 25871) no contempla el trabajo informal entre las causas para obtener una residencia (Zubrzycki 2017; Tedesco, Kleidermacher y Noschang 2019). Asimismo, es una de las razones por las cuales se insertan en la venta ambulante. Entre los principales barrios de la CABA, suelen ejercerla en los centros comerciales a cielo abierto de Flores, Balvanera, Constitución y Liniers, aunque en varias oportunidades debieron modificar su lugar de trabajo, debido a las restricciones impuestas por las fuerzas de seguridad.

Debemos destacar en este punto que, a pesar del gran número de personas que se dedican a la venta ambulante, casi no existen formas de reconocimiento institucional de esa actividad como un trabajo, sino más bien un conjunto de regulaciones dispersas que tienden a criminalizar a los/as vendedores/as callejeros/as y a excluirlos/as de la posibilidad de formalizar su trabajo y, por tanto, de acceder a las distintas prestaciones de la seguridad social (Hopp y Maldovan Bonelli 2020).2 A la falta de documentación, se adiciona la imposibilidad de formalizar el trabajo de la venta ambulante, actividad que implica una gran exposición, ya que involucra trabajar prácticamente todos los días de la semana, en jornadas muy extensas, en la vía pública, sin acceso a servicios básicos, y a cambio de ingresos escasos. Asimismo, las personas que se dedican a la actividad y en particular este colectivo, “se encuentra expuesto a la discriminación, los robos y, fundamentalmente los abusos y decomiso de mercadería de las fuerzas de seguridad e inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad” (Hopp y Maldovan Bonelli 2020, 16).

La venta ambulante está regulada por el Código Contravencional de CABA, que reglamenta el uso del espacio urbano y sanciona a las personas que lo infringen a razón de que atentan contra la buena convivencia urbana, pero no se trata de un delito penal. Inicialmente, era la Policía Federal quien intervenía en dichos delitos. Luego fue desplazada de algunas zonas de la ciudad por la Policía Metropolitana, que suele intervenir acompañada por personal del Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, con la función de “controlar y fiscalizar las actividades comerciales del espacio público para que cumplan con el marco normativo” (Pita 2017, 191).

Ello ha redundado en un mayor control policial y un accionar más violento contra los vendedores ambulantes de origen senegalés. Frente a esas situaciones, no se han mantenido pasivos, sino que se agruparon para resistir, en diversas organizaciones como los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), los Vendedores Ambulantes Organizados (VAO) y la rama de Trabajadores y Trabajadoras en Espacios Públicos perteneciente a la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular). Además, luchan dentro de sus propias organizaciones con el Act de senegaleses,3 una rama que se desprende de la organización religiosa Federación de las Dahíras Mourides de Argentina (rama del islam sufí que practican).

Entre las investigaciones que analizan las interacciones entre policías y migrantes a escala local, Rodríguez Alzueta (2014) destaca las intervenciones espaciales dirigidas a ejercer un control territorial que segrega a determinados colectivos de personas, referenciados como grupos peligrosos. Se los criminaliza porque las estrategias económicas y morales que llevan a cabo para resolver sus condiciones materiales o identitarias son definidas como problemáticas.

En el mismo terreno, subrayamos la importancia de las detenciones por averiguación de identidad (DAI), una práctica discrecional, regular y selectiva a través de la cual se definen y componen identidades. Siguiendo a Rodríguez Alzueta (2014), las DAI desempeñan un rol en la gestión territorial: no se detiene para conocer a una persona, sino para asignarle un territorio. La Policía implementa sus DAI, además, para modelar una identidad negativa, en cuyo perfilamiento se definen, clasifican y valorizan determinados grupos poblacionales según los riesgos que presentan y la “sospecha” de amenaza para el orden social.

Otra de las referencias ineludibles acerca de las interacciones entre policías y migrantes es la investigación de Pita (2017), donde se analiza la denuncia realizada en el año 2009 por un grupo de senegaleses en la Justicia Contravencional de CABA, en torno a una serie de prácticas –tildadas de abusivas y violentas– llevadas a cabo por la Policía Federal Argentina. El trabajo de Pacecca, Canelo y Belcic (2017) muestra una serie de intervenciones judiciales y policiales ocurridas durante el año 2014, dirigidas a reprimir y sancionar la venta callejera, que impactaron de modo singular a los manteros senegaleses.

En el barrio de Flores de CABA se han descrito las relaciones entre policías y vendedores ambulantes senegaleses en el espacio comercial de la zona de Avellaneda (Kleidermacher 2019). A partir del año 2017, se observa un mayor control policial, un accionar más violento y visible de los operativos, al igual que la presencia y el rol de inspectores o funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público en los allanamientos llevados a cabo.4

Enfoque metodológico

El enfoque seleccionado para abordar la temática fue un diseño multimétodo de tipo complementario, apoyado en la utilización de datos primarios cualitativos y datos secundarios cuantitativos. Dado que uno de los pilares del artículo es sistematizar datos secundarios cuantitativos, es decir, que fueron producidos para otros fines y con objetivos distintos a los aquí propuestos (Cohen y Gómez Rojas 2019), consideramos pertinente destacar cuáles fuentes elegimos y cómo fueron construidos los datos referidos a hechos de violencia institucional y detenciones de población senegalesa.

Si bien existen distintas estadísticas “oficiales” sobre la criminalidad disponibles para consulta,5 en Argentina no hay suficiente información estadística oficial acerca de las detenciones policiales de migrantes (Monclús Masó y Brandariz García 2014). Menos aún de aquellos de origen senegalés.6 Por ende, seleccionamos distintos documentos, informes anuales sobre violencia institucional y el informe Violencia institucional contra senegaleses, todos ellos realizados por el Ministerio Público de la Defensa de CABA. De la Defensoría del Pueblo de CABA (2020), tomamos el informe Comunidad senegalesa en la Ciudad de Buenos Aires: diagnósticos para una política pública integral para el período 2018-2020.

Desde otros ámbitos institucionales, tomamos el Informe de Estadística Criminal 2016-2020 de la Ciudad de Buenos Aires, elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Comunal e Investigación Criminal (2021), los informes anuales del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN 2019), y el Informe Anual 2019 del Ministerio Público de la Defensa. Además, consultamos el capítulo “Discriminación y violencias” del Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020.

Respecto al modo en que se construyeron los datos que proponemos analizar, en el caso de aquellos elaborados por el Ministerio Público de la Defensa (CABA), los hechos sobre violencia institucional fueron registrados a partir de la intervención otorgada por las defensorías de primera y/o segunda instancia, luego de entrevistar a la persona afectada en la sede policial; y mediante la presentación espontánea en las sedes de la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional u otras sedes del Ministerio Público de la Defensa de CABA. Tal como se indica en uno de sus documentos, cada caso del que toma conocimiento la Secretaría constituye una unidad de análisis de la base de datos, clasificada según distintas variables: sexo, edad, situación habitacional, nacionalidad, género, delito o contravención imputada, fuerza de seguridad interviniente y tipo de violencia sufrida.

Por su parte, en el documento Comunidad senegalesa en la Ciudad de Buenos Aires: diagnósticos para una política pública integral para el período 2018-2020, se destaca que los datos relativos a detenciones de personas migrantes han sido elaborados a partir del contacto que la persona, los compañeros y/o organizaciones sociales de la comunidad establecieron con la Defensoría; en concreto, con la Unidad de Aplicación del Mecanismo para la Prevención de la Tortura. Ese contacto involucra la comunicación con la alcaidía donde se encuentra detenida la persona y/o la presentación en el lugar, en el caso de que existan denuncias por hechos de violencia.

Uno de los aspectos más significativos a tener en cuenta cuando trabajamos con información secundaria cuantitativa, con miras a efectuar una rigurosa vigilancia metodológica respecto de ellos, es que los datos construidos por las defensorías son elaborados a partir de intervenciones ante consultas y denuncias, lo cual influye en que los datos se encuentren subrepresentados.7

Pasando a las estadísticas “oficiales” de criminalidad, el Informe de Estadística Criminal 2016-2020 de la Ciudad de Buenos Aires se apoya en diversas fuentes para elaborar y presentar los datos: la totalidad de las áreas de la Policía de la Ciudad que registran hechos delictivos, incluyendo las 15 Comisarías Comunales y las múltiples vías de denuncias del Ministerio Público Fiscal de CABA. Por su parte, el Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020 se basa en la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA), en la que se encuestó de manera virtual a 3114 personas de origen migrante, clasificadas a partir de distintas variables.

El panorama cuantitativo reconstruido a partir de estos materiales es complementado con el uso de datos primarios cualitativos. Nos valemos de tres entrevistas semiestructuradas realizadas a senegaleses residentes en CABA en el año 2021, las cuales fueron organizadas y desarrolladas de manera remota (mediante videollamadas) debido a las condiciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. La selección de los entrevistados se basó en la técnica de “bola de nieve”, considerando que hubieran tenido algún tipo de interacción con las fuerzas de seguridad, o que hubieran experimentado una detención por parte de estas.

Kalidou reside en Argentina desde hace siete años y trabaja como vendedor ambulante. Ibrahima arribó al país hace 15 años y se desempeña como coordinador administrativo de la Fundación Nacional para los Refugiados. Finalmente, Pape lleva 15 años de residencia en el país y es empleado de seguridad en una empresa.8

Las entrevistas fueron elaboradas a partir de una guía compuesta por distintos bloques temáticos: trayectoria biográfica, experiencias de contacto con la Policía y percepciones del colectivo migratorio frente al accionar policial. Recuperando las herramientas básicas y elementales del análisis sociológico de entrevistas (Cohen y Seid 2019), optamos por realizar un análisis temático de estas.

Panorama cuantitativo y cualitativo de las prácticas de detención policial

Adentrándonos en el escenario de las prácticas policiales, a continuación, proponemos una síntesis de los informes y documentos sobre la temática disponibles hasta la fecha (tabla 1).

De la tabla, se desprenden distintos aspectos entre los cuales podemos trazar similitudes. En los informes estadísticos observamos violencia institucional hacia personas de nacionalidad senegalesa y peruana, así como detenciones a senegaleses. Podemos dar cuenta de la intervención mayoritaria de la Policía de la Ciudad. Si bien aparecen identificadas diferentes comunas, hay una centralidad de las Comunas 3 y 7 de CABA, en términos de la espacialidad de hechos de violencia institucional o detenciones en las zonas comerciales emplazadas en ellas. Como tendencia divergente, respecto al delito imputado, entre los documentos de 2018 y 2020 adquiere mayor peso la infracción a la Ley de Marcas; mientras que ocurre lo opuesto con la figura de la resistencia a la autoridad.

Aunque sin referencias a datos cuantitativos, los informes anuales del Programa contra la Violencia Institucional (2017; 2018; 2019; 2020) constituyen otra aproximación posible a las prácticas de detención efectuadas por la Policía. En su informe de 2017, el Programa señala que las detenciones arbitrarias afectan generalmente a colectivos vulnerables: en particular, extranjeros senegaleses, trabajadoras sexuales y adolescentes.

Los informes de 2018 y 2019 amplían dicho panorama, al referir a reiteradas detenciones arbitrarias, llevadas a cabo por la Policía de la Ciudad, hacia vendedores ambulantes en los barrios de Once y Flores. Las detenciones se focalizan en vendedores de origen senegalés, lo cual habilita una sospecha de discriminación racial. También se señala que las detenciones realizadas sobre todo bajo imputaciones por los delitos de atentado o resistencia a la autoridad comenzaron a imputarse como violación a la Ley de Marcas desde la transferencia de estos delitos a la jurisdicción de CABA (marzo de 2018). El informe de 2020 enfatiza que, una vez que se reabrieron los comercios a mediados del año (con posterioridad al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), volvieron a registrarse hechos de violencia policial y detenciones arbitrarias a vendedores de origen senegalés.

Además de los informes producidos por las defensorías, con base en las denuncias realizadas –muchas veces por los propios actores detenidos–, consideramos indispensable recuperar la voz de los residentes senegaleses en CABA. Para ello, recurrimos al Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina (2020). En su doceavo capítulo, aborda una pregunta realizada a la población migrante respecto de experiencias de violencia causadas por fuerzas de seguridad. De un total de 3114 personas migrantes encuestadas de diversas nacionalidades, fueron los senegaleses quienes reportaron en mayor medida haber experimentado situaciones de violencia por parte de fuerzas de seguridad (40 %). De acuerdo con dicho anuario, ello obedece a su mayor presencia en el espacio público, debido a su inserción en la venta ambulante, pero también a una particular persecución que sufre este colectivo, denunciada por diversos organismos.

Otra de las fuentes que utilizamos para darle la voz a los residentes senegaleses respecto a los modos en que interactúan con la Policía son las entrevistas, mediante las cuales buscamos situar en primer plano sus experiencias y complementar cualitativamente el análisis.

Uno de los entrevistados relataba las dificultades propias de la venta ambulante, por la dinámica territorial de los desplazamientos y, de manera interrelacionada, por la posibilidad de “ser levantado” por la Policía.

Es muy complicado. No tienes clientes fijos. Cuando vendes en la calle, tenés buena onda con la gente para vender pero no tenés un puesto fijo, mañana puede llover, mañana te puede levantar la Policía, no tenés un puesto fijo, ese es el problema … [la Policía] A veces me dejan tranquilo para trabajar y a veces no me dejan tranquilo, depende del jefe (entrevista a Kalidou, 31 de agosto de 2021).

Otro de los entrevistados destaca dos aspectos que inciden en que la comunidad senegalesa sea más vulnerable frente al accionar policial que otras colectividades nacionales (incluyendo a los argentinos). Apunta a cierto desconocimiento del “otro” que deviene en estigmatización.

Cuando hay un conflicto, y no es que hay un conflicto, sino la presencia de los inmigrantes y, en particular, de los inmigrantes africanos, senegaleses, por ejemplo, la forma de actuar de las fuerzas de seguridad es distinta de la otra forma de actuar, cuando se trata, por ejemplo, de un nacional argentino. Yo supongo que, tal vez, es por un desconocimiento, y tal vez, por un racismo y una xenofobia. Desconocimiento, ¿por qué lo digo? Porque a veces toman en consideración que es una persona extranjera, que no la conocemos, que tal vez tiene mucha fuerza, o que es muy grande, alto, negro, etc. Y que si es quien debería enfrentar a esa persona, un solo policía, lo enfrentan dos o tres. Entonces la forma de actuar cambia totalmente. Y es lo que estamos viendo con toda la comunidad senegalesa, por ejemplo. Donde debería ir un policía para hablar, o tratar de dialogar con un senegalés, como lo hace con un argentino, suelen venir y directamente actuar, y usar la fuerza física, entre dos o tres personas… Como calculando que esa persona, directamente antes de empezar, se va a resistir (entrevista a Ibrahima, 16 de mayo de 2021).

Como puede observarse, el desconocimiento se basa en rasgos que le son atribuidos a una persona extranjera de nacionalidad senegalesa: que “tiene mucha fuerza” y “se va a resistir”, que es “muy grande”, “alto” y “negro”. Es en ese sentido que podemos leer conceptualmente un fragmento como el recién citado desde la racialización, entendida como el proceso por el cual se identifica a un grupo determinado, sus rasgos o sus acciones, como una colectividad, en virtud de sus características fenotípicas, reales o imaginadas, o “raza” (Murji 2011). Orientar la mirada según este proceso equivale a interesarnos por los modos en que se construyen, conservan y utilizan las ideas sobre “la raza” como fundamento para llevar a cabo distintos tipos de prácticas, entre ellas, las desplegadas por la Policía.

Otro de los aspectos que inciden en que la comunidad senegalesa sea más vulnerable frente al accionar policial se relaciona con su falta de comprensión del idioma español o con dificultades idiomáticas experimentadas frente a lo solicitado o pedido por el agente policial.

Una falta de comprensión del lenguaje, o una falta de comunicación cuando el policía quiere comunicar algo al senegalés, y el senegalés no entiende claramente lo que le está comunicando. O quiere expresar algo, y no llega a expresarlo como quiere. Eso genera como cierta angustia, y puede hacer que el otro, digamos, la fuerza de seguridad, crea que es un tipo violento o que no quiera acatar la decisión de la fuerza de seguridad. Y eso genera varios problemas, porque muchos de los compatriotas son acusados de resistencia a la autoridad, o violencia contra los policías o las autoridades que sean de la municipalidad. Esto creo que no es nada más que la falta de comunicación. Para mí, es lo que genera cierto conflicto entre la comunidad senegalesa y la fuerza de seguridad (entrevista a Ibrahima, 16 de mayo de 2021).

Para otro entrevistado, la conflictividad entre policías y senegaleses se explica por el hecho de que ambos ocupan –y se desempeñan laboralmente– en el mismo espacio: las calles. No obstante, cuando preguntamos quién es el que da inicio a la interacción, nos relataba que hay dos casos, interrelacionados entre sí: el de la resistencia y el de la exageración en el accionar policial.

Los casos más frecuentes, que nosotros vemos más en los últimos meses, es la actuación por exageración de la Policía. Si la Policía actúa como corresponde, puede ser que no va a tener resistencia del senegalés, porque el senegalés sabe. Pero si hay resistencia, los casos donde hay resistencia, si vos lo ves al fondo, el chico tenía que resistir. Si vos lo contemplas al fondo, el chico tenía que resistir, ¿por qué? Porque generalmente quieren secuestrar la mercadería, sin dar un acta, por ejemplo. En muchos casos es así, secuestrar la mercadería y dejarte ir. Si le van a hacer pagar una multa, la paga, si le van a secuestrar definitivamente la mercadería por el tema de marca, lo van a hacer, pero la Policía que actúa en la calle tiene que colaborar con la persona que está en la calle para ayudarle a entender lo que es su trabajo. Pero, de ninguna manera, secuestrar la mercadería sin dar un papel y dejarte ir. Ese, el chico senegalés, va a resistir. Sí o sí va a resistir. Otro caso, vos venís, hay un montón de vendedores en la calle, incluidos algunos de otra nacionalidad, por ejemplo, que no son africanos. Vos les decís a los africanos para levantar y a los otros no. Ahí los chicos van a resistir (entrevista a Pape, 17 de agosto de 2021).

Este testimonio detalla un repertorio de prácticas frecuentes de la fuerza de seguridad, en términos, por ejemplo, de robo de mercadería. En sintonía con el análisis de los datos secundarios cuantitativos, los entrevistados destacaron la centralidad de Once y Flores, concebidas como “localidades especiales” o “focos de los conflictos”, expresándolo con las propias palabras que utilizó uno de ellos. Incluso, se mencionó la necesidad de desplazarse de esas zonas identificadas por episodios de violencia entre la comunidad senegalesa y la fuerza de seguridad.

Y entonces, tratar de dialogar para ver dónde podemos dejar, o dejar de vender en esos lugares, en ese espacio, y tratar de ocupar otros espacios de una forma mucho más moderada y mucho más prolija, y tratar de no generar una cierta competencia, que es una palabra que siempre utilizan, con los comerciantes que también están en ciertos lugares, como los shopping, o las galerías grandes que están por el Once, también. Evitar que no genere un conflicto entre ellos porque hay que tener en cuenta que, muchas veces, son los mismos comerciantes de las galerías los que presentan denuncias o quejas, ante la Comisaría, o ante la autoridad del Gobierno. Eso hace que tengan que actuar, y lamentablemente actúan de forma violenta (entrevista a Ibrahima, 16 de mayo de 2021).

En otras ocasiones, las prácticas de los policías son concebidas como parte de una estrategia política más amplia, que guía o direcciona el accionar policial.

Las fuerzas de seguridad están siguiendo el lineamiento, la bajada de línea de los políticos, lamentablemente, en ciertos lugares. No creo que haya una acción independiente. Tal vez en algunos lugares, ojalá fuera así, tanto en la justicia como en las fuerzas de seguridad. Pero, lamentablemente, no es casi siempre. Y lo tenés a Larreta, por ejemplo. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. No te digo que haya una acción directa hacia la migración, o hacia los vendedores ambulantes. Pero puede haber una mejoría de las formas de actuar. Un cierto respeto, una cierta estrategia [...] Y no a ir, directamente, a ejercer una suerte de limpieza. Es lo que se ve, por ejemplo, en el centro de Buenos Aires. Quieren hablar de una limpieza. Quieren limpiar y dejar todo prolijo, porque el resto es como una basura, o si no, ensucia la ciudad de Buenos Aires (entrevista a Ibrahima, 16 de mayo de 2021).

Retomando la idea que da inicio al testimonio, resulta fundamental situar los vínculos entre Policía y política en el centro de las interacciones entre migrantes y policías. Su conceptualización no se encuentra libre de controversias o discrepancias entre los autores (para profundizar, ver Brodeur 2011 y Fassin 2016).

En testimonios de los entrevistados, puede señalarse la conciencia respecto a la violencia sufrida por parte de la Policía, con frecuencia debido a desentendimientos idiomáticos. En otros se observa un ensañamiento contra este colectivo nacional, atribuido a una estigmatización de los cuerpos racializados, así como el conocimiento de las prácticas policiales que parecen excederse en las medidas adoptadas.

Detenciones: ¿a quiénes y para qué?

Las detenciones policiales a senegaleses pueden enmarcarse primero en una política de “limpieza de calles” llevada adelante por el partido político Propuesta Republicana (PRO), como ha sido analizado por Pita y Pacecca (2017), y como podemos observar en uno de los testimonios obtenidos en esta investigación, donde se trató de quitar a los vendedores ambulantes de las veredas de los centros comerciales a cielo abierto, como Liniers, Once, Flores, Constitución y Caballito.

En CABA la venta ambulante está sancionada por la Ley 1472/04, que establece el carácter contravencional de las “actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público” (arts. 83 y 84), y por la Ley 451/00, que instituye como “falta” la “venta en la vía pública sin autorización” (sección 4, capítulo 1), y fija multas y el decomiso de la mercadería. Para ello, la Policía debe labrar actas para derivar a la Justicia Contravencional, donde luego se debate, mediante pruebas y declaraciones, si la acción detectada constituye o no una contravención (Pita 2017). En la práctica, las contravenciones devienen “ilegalismos tolerados, esto es actividades que se encuentran legalmente prohibidas, pero sobre las cuales se trazan límites de tolerancia, lo cual habilita la administración y regulación abusiva y discrecional por parte de agencias del Estado” (Pita 2017, 207).

En ese sentido, constatamos en investigaciones anteriores cómo la Policía fue modificando su accionar hacia los vendedores ambulantes senegaleses, quienes relataban que solían pagar con “coimas” a los agentes de la zona, ya sea en dinero o en mercadería, para que les permitieran vender. Luego, ya no fue posible seguir con ese pacto y comenzaron los desalojos violentos, sobre todo en el barrio de Flores (Kleidermacher 2019). Brenda Canelo, observando los estudios de Pita, encuentra una distribución poco igualitaria de la legalidad, en la que “algunos grupos sociales tendrían más dificultades que otros para entablar ‘acuerdos’ con las fuerzas policiales” (Canelo 2019, 123). Tal como hemos analizado en el apartado anterior, las detenciones no se dirigen de igual forma a todos los vendedores ambulantes; es la población de origen senegalés la que padece mayores y más violentas situaciones con las fuerzas de seguridad.9

Entre los motivos argüidos para las detenciones y los decomisos de mercadería se encuentra una supuesta lucha contra la trata y el tráfico de personas con fines de explotación laboral, investigación que lleva adelante la fiscal Celsa Ramírez. Como ha sido indicado por Pérez Rabasa (2019), se trataría de una causa cuyo fin es apoyar a empresas multinacionales y finalizar la venta ambulante, así como el tráfico de mercadería ingresada al país sin declarar. Sin embargo, esta causa no es suficiente para justificar la persecución selectiva y las detenciones realizadas a vendedores ambulantes de origen senegalés.

Dado que la venta ambulante es una contravención y no puede ser sancionada por el Código Penal, la Policía debe encontrar una excusa para usar la fuerza física y, más aún, para efectuar la detención, como sostienen Zayat y Fernández Oteiza (2019). De algunos relatos y de los informes sobre violencia institucional se desprende que muchas veces los vendedores suelen ser provocados por agentes de civil, quienes les quitan la mercadería sin previo aviso o realizan agresiones verbales, para generar una reacción de su parte y, de ese modo, iniciar una causa por “resistencia a la autoridad”, que sí implica la detención en la Comisaría.

El otro delito que se imputa, tal como hemos visto, es el de la Ley de Marcas, un delito de competencia federal que busca proteger el interés del propietario marcario y del consumidor, para no ser engañado en lo que compra. Como indican Zayat y Fernández Oteiza (2019), en su gran mayoría, las causas por marcas son archivadas por la justicia federal, en el entendimiento de que quien compra mercadería en la vía pública a precio bajo sabe que no es genuina y, por ello, no se está engañando al consumidor ni se le genera una lesión al propietario marcario.

Así, las dos causas por las cuales suelen ser detenidos, en realidad no son suficientes para comprender el alto número de detenciones que sufre este grupo. De ahí el argumento de que se trata de una situación de violencia institucional con un perfil racial, dado que no se detiene ni secuestra la mercadería a cualquier persona por igual, sino con énfasis en población marcada racialmente. Al decir de Trabalón (2021, 18) para el caso de los y las haitianas en Argentina, la raza actúa como un marcador social. Se trata de una “racialización simbólica negativa”, en la que se producen imágenes criminalizantes sobre sus cuerpos, donde su piel, al decir de la autora, actúa como un capital simbólico negativo.

Además del color de la piel, podemos considerar que la distancia lingüística y las limitaciones para regularizar su situación migratoria inciden en la espiral de violencia en la que se ven envueltos, no sin oponer resistencia y organizarse para conocer y hacer valer sus derechos, como ha sido analizado en otros trabajos (Kleidermacher 2019; Voscoboinik y Zubrzycki 2019).

Sin embargo, la falta de entendimiento lingüístico y de documentación no son suficientes para explicar la escalada de violencia sucedida en dos espacios, los barrios de Balvanera y Flores, que detentan los mayores índices de detenciones a población de origen senegalés. En ese sentido, podemos retomar a Massey (2005), quien plantea que el espacio está ligado a lo social. El espacio geográfico es un espacio simbólico; en este caso, se trata de barrios donde históricamente se han instalado migrantes.10 Algunos han logrado establecerse en comercios, mientras que otros siguen ejerciendo la venta ambulante. Es decir, hay una jerarquización de clase, así como una racial.

Las detenciones a senegaleses involucran sobre todo a vendedores ambulantes. No obstante, también se han producido entre quienes poseen locales en galerías comerciales en dichos barrios. Otro aspecto a considerar es que se ha producido un corrimiento hacia arterias laterales en dichos espacios geográficos, producto de la presencia policial (Kleidermacher 2019). Aun en calles secundarias se producen detenciones a personas de origen senegalés que en ocasiones se encuentran transitando sin exhibir mercadería.

La dimensión espacial es fundamental, dado que las detenciones se producen en el lugar donde se concentra la actividad comercial de estos migrantes, cuyo propósito es trabajar para su supervivencia en Argentina, pero también para la de sus familias en Senegal, mediante el envío periódico de remesas. La imposibilidad de vender en dichos espacios así como el decomiso de la mercadería para la venta sin el correspondiente labrado de actas impiden la realización de su proyecto migratorio.

El otro aspecto denunciado tanto en los informes como en la voz de los sujetos es la violencia física que atraviesa muchas de las interacciones. El aspecto físico y la procedencia son estigmatizados y se los representa como cuerpos que pueden “soportar” niveles mayores de violencia, o bien que se requiere mayor fuerza para doblegarlos, en un doble propósito: lograr la detención, pero también servir como acto ejemplificador para los espectadores, de modo que estas presencias no deseadas no vuelvan a instalarse en las calles. Se busca, además, mostrar cómo “se limpian” las calles de una ciudad que desea verse blanca y sin pobreza.

Palabras finales

A partir de un diseño multimétodo de tipo complementario (apoyado en el uso conjunto de datos primarios cualitativos y datos secundarios cuantitativos), nos propusimos analizar las interacciones entre las fuerzas de seguridad y la población de origen senegalés que tienen lugar en la vía pública en CABA. De la lectura de esos datos, resulta pertinente destacar el accionar de la Policía de la Ciudad, en sintonía con el desplazamiento de la Policía Federal Argentina y el mayor rol atribuido a la Policía Metropolitana. Asimismo, si bien en los informes analizados aparecen identificadas distintas comunas, destaca la centralidad atribuida a las Comunas 3 y 7 de CABA, en términos de la espacialidad de hechos de violencia institucional o detenciones en las zonas comerciales emplazadas en ellas.

Este último aspecto, relacionado con el ámbito espacial, emergió asimismo en la realización de las entrevistas, por lo cual consideramos significativo leer los testimonios situando el énfasis en la dimensión territorial del control policial. Recuperamos los roles que distintos autores atribuyen a las detenciones efectuadas por la Policía, al modelar una identidad negativa, administrar grupos sociales referenciados como peligrosos, amenazas o productores de riesgo, y gestionar territorios sociales y morales de control policial (Rodríguez Alzueta 2014; Pita y Pacecca 2017).

En tal sentido, hay vínculos estrechos entre la conformación racial, las detenciones policiales producto de la violencia institucional y la dimensión espacial que atraviesa ambas cuestiones, dado que estas últimas se producen en los barrios de Flores y Balvanera, centros comerciales a cielo abierto donde los senegaleses ejercen la venta ambulante, actividad que forma parte de su proyecto migratorio.

Es este aspecto el que nos lleva a considerar las detenciones como una política no solo de control del espacio público, sino migratoria. Con ella, se criminaliza a migrantes de un origen nacional particular, que son representados como amenaza para un “nosotros nacional”, es decir, para esa ficción que llamamos “pueblo-nación”.

Se construye entonces una imagen de la migración senegalesa como amenaza que debe tenerse bajo control, aplicando la fuerza física y armando causas a través de la Ley de Marcas o la figura del atentado y resistencia a la autoridad, ya que no pueden realizarse detenciones por la utilización del espacio público, que es regulado por el Código Contravencional de la CABA. Sin embargo, ninguna de estas detenciones es convalidada luego con prisiones preventivas ni intimaciones por violar la Ley de Marcas, ya que la actividad que desempeñan no cumple los criterios típicos aceptados por la jurisprudencia. Así, las causas son archivadas por inexistencia de delito.

Todo lo antedicho se ve reforzado por las dificultades para acceder a la regularización migratoria, producto de las trabas impuestas por la ley, así como por la imposibilidad de formalizar el trabajo de la venta ambulante. Ello implica una doble vulnerabilidad: por un lado, existe el temor a ser expulsados, mientras que, por el otro, se exponen a mayores intervenciones policiales, sustentadas en la criminalización y persecución, poniendo el foco en los argumentos de “irregularidad” e “informalidad” de la actividad, definida como un acto ilegal, que debe ser reprimido (Perelman 2018; Pita y Pacecca 2017; Hopp y Maldovan Bonelli 2020).

Entendemos que las prácticas de violencia institucional hacia el colectivo senegalés se enmarcan en una política más amplia de producción social del espacio y estratificación de la movilidad. Como parte de ella, ciertos espacios quedan reservados para ciertos perfiles raciales y de clase, mientras que las personas que no cumplen con dichos criterios (de tez oscura, provenientes de un continente estigmatizado con la pobreza y dedicadas a la venta ambulante de mercadería) deben ser “corridas” literal y metafóricamente.

Verse impedidos de circular por determinados espacios que son los que suelen reunirlos resulta en la práctica una forma de impedir/dificultar el asentamiento de senegaleses en el país. Ello se debe a que, en definitiva, el territorio es un espacio social donde se juegan relaciones de poder, y donde ciertos usos son más legítimos que otros, así como ciertos usuarios tienen más derechos que otros.

Notas al pie

1 En términos desagregados, el mismo organismo clasifica y agrupa los tipos de violencia institucional en tres categorías distintas: violencia física, irregularidades procesales y violencia psicológica.