Introducción

Las cuatro propuestas analíticas reunidas en este artículo son resultado del contraste de referencias históricas específicas frente a algunos conceptos y premisas bastante difundidos acerca de las economías ilícitas como problema social y la forma cómo estas son gestionadas por los Estados. A través de este trabajo el lector podrá apreciar observaciones referidas a la formación de una economía ilícita y su eventual evolución como estructura de crimen organizado. También el proceso de cooptación del poder es analizado para comprender lo que él representa dentro de este tipo de formaciones económicas. Y luego se expone la manera como el proceso productivo de lo ilegal se va caracterizando según el espacio de operación donde tienen lugar y según la división especializada de las tareas que en él se ejecutan.

En la última tesis se exponen las implicaciones que tiene para la seguridad internacional una economía ilícita mutada en crimen organizado. La sofisticación que inicialmente pudiera haber sido subestimada por los gobiernos separa a las tareas operativas y de gestión en muchos espacios de actuación que sobrepasan las fronteras de los Estados y dan origen a problemas que se relacionan con el ejercicio de competencias territoriales apoyándose en mecanismos de comunicación globalizada.

Economías subterráneas, economías ilícitas y crimen organizado

¿Cuál es la distinción entre una economía ilícita y una lícita? Se pueden tener tantas respuestas como perspectivas de conocimiento disponibles al escoger a los consultados sobre ese tema. En términos iuspositivistas la respuesta se orienta hacia la definición de conductas delictivas a partir de las cuales se obtiene provecho pecuniario. Finaliza la discusión cuando el jurista cierra el tema apelando al tautológico argumento de que delito es “todo lo que la ley penal defina como tal”. No obstante, bajo la orientación iusnaturalista y recurriendo a la racionalidad, otro responderá que la base de una economía ilícita es la explotación de actividades con clara esencia antijurídica. Es decir, que produce beneficios por “injusta causa”.

En cambio desde la perspectiva crítica de un criminólogo si la actividad que proporciona los beneficios es delito, entonces será necesario analizar previamente la naturaleza política del proceso de criminalización de tal conducta. Argumentan algunos autores que tras las economías ilícitas hay opciones de ascenso social como respuesta a estructuras de exclusión que oprimen algunos sectores de la sociedad (Serrano 2005, 34-35; Duncan 2014, 17). Es importante tener claro que cuando una economía opera clandestinamente, hay un tropismo que la lleva a tratar de igualarse a la economía visible para interactuar con ella.

La respuesta política más probable será una prohibición, en lugar de una regulación. Pero en esencia toda economía sumergida o subterránea antes de hacerse ilícita debió ser una economía emergente y luego de haber quedado proscrita el referido tropismo se multiplica casi sin control. Las economías subterráneas que descansan sobre la lógica del mercado negro son una respuesta inevitable a mercados de bienes o servicios que por cualquier motivo o conjunto de razones no satisfacen sus genuinos objetivos dentro del proceso económico. Esto sucede porque una de las formas de relacionamiento humano más institucionalizado es la economía y por esa razón la dialéctica entre necesidades satisfechas e insatisfechas refleja lo sensible de los mercados cuando la población no sabe cómo acceder a bienes y servicios en el mercado formal. Siempre la brecha creada por esta confrontación abre la posibilidad de que sea llenada por un mercado oculto que no está en contacto con los controles y exacciones de la economía formal.

Esto se despeja en la aceptación que las personas hacen con respecto a los compromisos de la economía de mercado, porque les reduce significativa y eficazmente la incertidumbre inherente a no saber cómo satisfacer sus necesidades en un determinado momento y lugar. Pero cuando este mecanismo falla, el respaldo del “indeseable” mercado negro se ocupa de las grandes dosis de ambigüedad en la información que se obtiene del sistema económico y aparece para actuar como un suplente en funciones.

En este punto se podría establecer el debate sobre la legitimidad de esa aparición porque su principal rasgo es la alteración de la formación del precio como resultado de la incertidumbre creada por los riesgos derivados de la informalidad. Un ejemplo de esto es lo que sucedería si el precio de los alimentos cultivados en una región aumenta considerablemente porque las lluvias han dañado gran parte de las cosechas y la oferta disminuye. Entonces se tomarán acciones ya preestablecidas para satisfacer la demanda aunque sea a un costo un poco mayor para el consumidor, pero todo se hará con transparencia y formalidad y no habrá lugar para el mercado negro. En cambio en las economías sumergidas la institucionalidad transaccional no es sólida, prevalece la incertidumbre y los precios aumentan al tratar de hacer frente a los riesgos derivados de no saber sobre cómo se finalizarán los arreglos comerciales.

Observando otro ejemplo, si el valor de uso de las piezas metálicas monetarias de un país llega a superar su valor de cambio, porque los componentes de su aleación tienen alta demanda y alto precio en un país distinto al que las ha acuñado, es muy probable que sean recogidas clandestinamente por grupos organizados para tal fin, para fundirlas y vender el material metálico en un mercado clandestino. Entonces se estará en presencia de un proceso económico anormal que afectaría gravemente el circulante operativo de la economía del país dueño de la moneda, causando grandes ganancias para quienes se ocupan de la recolección, fundición y comercialización. Sobre la ilicitud de todo esto y su comprobación en un juicio tendrían que debatir jueces, fiscales, abogados y policías, antes de emprender alguna acción exitosa de persecución penal.

El anterior ejemplo se refiere a una economía oculta generada por desequilibrios o asimetrías en los valores de la especie monetaria metálica sobre la cual podría eventualmente recaer una prohibición y así sus efectos negativos quedarían potenciados como efecto de la restricción sobrevenida. También las asimetrías acentuadas en los precios de algunos bienes de consumo, como los combustibles de automóviles en las zonas fronterizas de los Estados que producen petróleo, crean condiciones de necesidad, satisfacción y escasez que presionan excesivamente los precios y crean un mercado subterráneo que no rinde cuentas a nadie por su operación. El combustible que se ofrece y se vende a través de estos canales no ha sido producto de una acción delictiva, si no de una reventa muy beneficiosa que hacen los automovilistas entre un país y otro. Por lo tanto, la persecución queda entredicha al momento de buscar tipicidad delictiva, aunque la antijuridicidad sea obvia.

Esto exige pensar con más cuidado sobre la gestión que se le aplica desde la función pública a las economías ilícitas durante sus momentos de formación. Históricamente se pueden reseñar muchos ejemplos más de actividades lucrativas que causaron beneficios “injustos” pero aun así fueron inocuas para la sociedad durante mucho tiempo. Los problemas comienzan cuando se crean presiones extrínsecas sobre el mercado de tales bienes o servicios, por ejemplo, mediante la prohibición. Una actividad económica ilícita puede terminar convirtiéndose en parte de una operación de crimen organizado, pero no bastaría una acción legislativa de criminalización para la transformación. Tampoco el crimen organizado existe porque los bienes y servicios con los cuales se trafica están prohibidos.

El condicionante principal de origen para las manifestaciones de crimen organizado es la voluntad de hacer uso privado de la violencia para lograr el “enforcement” o imposición de las reglas de interacción institucionalizadas dentro de una actividad económica. En las economías lícitas el desacato de los acuerdos entre socios o entre comerciantes, que generan controversias, también tienen formas institucionalizadas de solución. El problema se manifiesta cuando los mecanismos formales no son una opción aceptable y se hace uso privado de una coerción que solo debería ser administrada por el Estado.

Como explica Diego Gambetta (2007, 12), la ausencia de confianza en los otros operadores del mismo mercado es un rasgo común presente en la formación del crimen organizado sobre la base de alguna economía ilícita. Esto coincide con el razonamiento que hace Gustavo Duncan (2014, 39) cuando arguye que el crimen organizado es una empresa de reducción de riesgos porque por efecto de la prohibición debe administrar muchos peligros que afectan sus metas corporativas. Además, es ese riesgo quien crea el típico desequilibrio en los márgenes de ganancia. La incertidumbre de ser capturado, asesinado o confiscado, es lo que obliga a los delincuentes a asumir tareas de protección y resolución de conflictos que en una economía formal son exclusivas del Estado.

Es obvio que cuando un grupo privado asume una parte o la totalidad de la competencia del Estado para administrar la violencia, se incurre en gran cantidad de delitos que caracterizan las prácticas del crimen organizado, tales como secuestros de personas, despojos de propiedades, incursiones armadas y extorsiones, entre otras, que se cometen como medios para ejercer de manera ilegítima la coerción. Un clásico ejemplo de esto fue la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los años 80, cuyo objetivo inicial fue privatizar la defensa de la población rural frente al bandolerismo de los grupos guerrilleros comunistas y terminaron actuando peor que las bandas que sirvieron de argumento motivo para su creación.

En muchos casos alguna organización criminal reconoce que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia y procura transar con sus representantes, bien para que resuelva la controversia a su favor o bien para que le conceda el uso específico de la coerción para resolver determinados asuntos. En el espacio abierto para estas transacciones a espaldas de las leyes del Estado se desarrolla la relación entre la corrupción gubernamental y el crimen organizado. La experiencia mostró como el Cartel de Medellín no tuvo el éxito continuo esperado en las negociaciones con el Estado colombiano para explotar el tráfico de drogas y aun así pretendió administrar la violencia contra otros grupos a sus espaldas, terminando en un sangriento enfrentamiento con él.

En cambio el Cartel de Cali operó en acuerdo con altos funcionarios del gobierno colombiano para explotar la misma economía ilícita y administrar privadamente la violencia sin conflictos directos con el Estado. Aunque Colombia exhibe abundantes ejemplos relacionados con economías subterráneas y economías ilícitas, al igual que con organizaciones de crimen organizado, sería bastante útil estudiar otros casos más remotos que permitan evidenciar que sí existe una secuencia de variable extensión en el tiempo que relaciona evolutivamente a estos tres fenómenos.

El problema es tan económico como político

Una de las mejores lecciones que la historia ha ofrecido sobre el paralelismo entre economías lícitas e ilícitas fue dada por la derogación de la decimoctava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en 1933 y la subsecuente declaración de inconstitucionalidad de la Ley Volstead. Esta acción legislativa sirvió para poner fin a la condición jurídica que desde 1919 proscribió en todo el territorio estadounidense la actividad económica relacionada con el comercio y consumo de bebidas alcohólicas de contenido superior al 0.5% de alcohol. Philip Kurland (1997, 118) explica que los resultados tan adversos a aquel “noble experimento” causaron tanto daño político que su herencia aún perdura.

En sentido material la explotación de bienes y servicios proscritos es una estructura económica más, por eso existe y por eso soporta las presiones políticas de la prohibición. Como se mencionó en la tesis anterior, la alta capacidad operativa y la alta rentabilidad de una economía sumergida se puede explicar a través de condiciones muy asimétricas que existen para el funcionamiento de las reglas del mercado en comparación con las de la economía visible, ya que dentro de ambas el principio de escasez y de la reducción de incertidumbre juegan un rol relevante. El crecimiento que ha caracterizado a las economías ilícitas a través de la historia se puede entender más fácilmente al observar el proceso de desarrollo transformativo de las estructuras sociales medievales casi hasta la llegada de la revolución industrial. Esa evolución consolidó al capitalismo como solución sistémica a la producción e intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas basándose en la propiedad de los medios de producción y en el valor del trabajo.

Los conflictos y rivalidades no se hicieron esperar entre los señores feudales con propiedad sobre la tierra y la nueva clase media habitante de los “burgos”, que era como se mencionaba a los sectores periféricos de las ciudades fortificadas, porque estos inadvertidamente acumularon demasiado poder económico. El mercantilismo fue la respuesta de las monarquías europeas que estaban en proceso de consolidación de sus dominios como Estados nacionales para contrarrestar el poder de esa clase social que en la época fue apodada de manera despectiva como “burguesía” o “burgueses” (artesanos y mercaderes), por no estar sometidos al vasallaje de algún señor feudal y trabajar independientes en profesiones liberales.

Las sucesivas guerras exigieron cada vez más exacciones para sufragar sus gastos y los burgueses que aun recibían la ojeriza de la nobleza, ahora veían la oportunidad de aportar capitales para el emprendimiento bélico y crear dependencia financiera hacia su estamento. Es curioso apreciar que esta alineación entre los burgueses de los siglos XVI y XVII con la decadente nobleza europea, y la de los señores del crimen organizado actual con la clase política de muchos países del mundo sea el resultado de la misma dialéctica, partiendo de que siempre ha sido peligroso y hasta ilícito pretender acumular mucho poder económico mediante negocios privados a espaldas del estamento político titular del poder. Abundan las evidencias sobre estos contubernios heterotípicos de convivencia entre las clases políticas y los adinerados comerciantes de lo ilícito.

Los ricos mercaderes de la Europa pre-capitalista era reacios a competir comercialmente, eran acomodaticios en asuntos de conciencia y deseaban suscribirse al reparto del poder político (Galbraith 2003, 49-51; Weber 2011, 237), algo muy similar a lo que sucede con los capos del crimen organizado transnacional de hoy. Del mismo modo que se detestaba la libre competencia también eran proclives a la cartelización de precios y al monopolio, lo cual coincide de manera curiosa con rasgos oligopólicos muy conocidos en las economías ilícitas de nuestro tiempo. Es necesario aclarar que estas similitudes de ninguna manera sugieren considerar una posible hipótesis causal entre el capitalismo y la economía ilícita.

Las alianzas entre los funcionarios gubernamentales de algunos Estados con el crimen organizado transnacional han llamado la atención de instancias internacionales. Algunas son presuntas, otras son evidentes, pero de cualquier modo es preocupante. También algunos gobiernos como el estadounidense, promueven reacciones institucionales internacionales contra países calificados como “facilitadores” (Farah 2013, 75-95) o “estados criminales” (Miklaucic y Naim 2013, 149-169), como un esfuerzo discursivo para legitimar las políticas públicas de respuesta contra el crimen organizado y para apoyar la clasificación de los grados de corrupción gubernamental generada por tales alineaciones. La pregunta que aun queda por aclarar es, ¿quién ha cooptado a quién? ¿es el crimen organizado quien capturó al Estado buscando poder político? o ¿fue la élite política quien capturó al crimen organizado buscando el poder del dinero?

El Estado como empresario y acumulador de rentabilidad, a lo largo de la historia, ha mostrado ser mediocre e incapaz, pero sí muy eficaz como guerrero y conquistador. Lo relevante de esto es que el Estado para lograr sometimientos debe hacer uso de poder y ejercer el poder también cuesta dinero. Ejercer soberanía política termina siendo más fácil que producir dinero suficiente como para empujar a la economía del Estado y para mantener los gastos militares. En esto último, tanto el capitalismo de los siglos XVI y XVII como el crimen organizado contemporáneo se han destacado. El modelo simbiótico entre corrupción pública y crimen organizado está en el intercambio de formas de ejercicio del poder. Esto está condicionado por la utilidad del poder que monopoliza el Estado y del que monopoliza el crimen organizado. Los conceptos de John Kenneth Galbraith (2013) acerca cómo se obtiene y se retiene el poder, también dan cuenta de ideas que permiten crear alguna hipótesis explicativa.

Ni la clase política ni la burguesía capitalista pueden mostrar una composición pura o aséptica de mixturas, acerca de como ejercen el poder en la sociedad. Tal pretensión sería apenas una ilusión. Galbraith (2013, 96) habla de que el poder siempre está inmerso en procesos dialécticos o formas de “contra-poder” que tratan de limitarlo o disolverlo y esa interacción es quien le da dinamismo a su ejercicio.

Por ser la expresión del sistema político establecido, el Estado tiene como misión producir decisiones vinculantes para los ciudadanos. Uno de los recursos que utiliza para obtener la obediencia de individuos y de grupos es el “poder condigno”. Este está basado en la coerción como medio de imposición de preferencias políticas de acuerdo a la disponibilidad de alternativas más desagradables o penosas que siguen como consecuencia del desconocimiento de las que son prioridad para el Estado (Galbraith 2013, 31).

En un cambio histórico, la aparición y desarrollo de corporaciones mercantiles e industriales basadas en la propiedad privada trajo consigo la acumulación de capacidades para influir en la sociedad en función de la concentración del capital. La capacidad de proveer bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades humanas es lo que dio al capitalismo el “poder compensatorio” basado en retribuciones afirmativas, para lograr sometimiento a cambio de algo valioso o necesario para el individuo que se somete (Galbraith 2013, 20). Aunque las economías ilícitas se edifican inicialmente sobre las compensaciones que permiten las altísimas ganancias, la aparición de estructuras de crimen organizado crea una elevada y permanente demanda de gestión de riesgos inherentes a sus actividades lucrativas que se traduce en el ejercicio alternado entre el poder condigno y el compensatorio.

Es bien conocido que las economías ilícitas por lo general se establecen en zonas geográficas periféricas donde el poder del Estado no llega. Allí muestran su peor cara, ejercen su poder por medio de la violencia privada, afectan a las comunidades humanas, y muchas veces llegan a inconfesables actos de barbarie, aunque también asumen las responsabilidades sociales del Estado ausente. Pero las grandes movilizaciones y exportaciones de bienes ilícitos, la relación con los grandes clientes distribuidores y las inmensas cantidades de dinero producido, son controladas por los propietarios de tales emprendimientos que por lo general están ausentes de las zonas de producción.

En cambio el manejo de los capitales ilícitos y su legitimación dentro del sistema financiero se manejan a través de redes de corrupción que funcionan en las ciudades, espacio donde cohabitan con el poder económico formal y con los representantes del poder del Estado. Allí el primer recurso a utilizar para ejercer el poder es el soborno y así se mantiene mientras todo funcione bien. La cara visible del emprendimiento ilícito puede intentar confundir sus modales con los de cualquier otro empresario de negocios lícitos. Es la característica del poder compensatorio antes explicado, pero esta vez representado en transacciones donde los funcionarios hacen uso ilegítimo del poder del Estado a espaldas de este, para obtener pingües beneficios de su contraparte a cambio de apoyo gubernamental.

Cuando se declara la existencia de una estructura de crimen organizado bien conformada, se verá el uso intercalado de poder condigno y poder compensatorio. Será complicado hablar de crimen organizado si no hay un uso alternado de afirmaciones positivas y negativas a espaldas del cumplimiento de la Ley y del respeto por la institucionalidad del Estado. La prohibición descargada sobre una economía sumergida para convertirla en ilícita es lo que imprudentemente empuja a este problema económico para situarlo en el cuadrante de lo político. El proceso de movilidad social que germina en la operación de la economía ilícita crea grandes problemas cuando el poder político tradicional se encuentra invadido por elementos que han llegado a posiciones influyentes utilizando rutas alternas para la acumulación de capital.

La división del trabajo criminal

La idea de “economía política del narcotráfico” (Duncan 2014, 40) da cuenta de un planteamiento teórico que se ilustra a través de la diferenciación que las economías ilícitas hacen con respecto a sus espacios de actuación. ¹ Existe una especialización de funciones que dedica una parte a las operaciones de campo y otra a la gestión económica y estratégica de la organización. Ambas forman parte del mismo sistema y son indisolubles. La primera se ocupa de la producción y la movilización de la mercancía, mientras la segunda se ocupa de procurar legitimidad para la entrada del dinero en el circuito financiero formal y de gestionar los inmensos riesgos del emprendimiento.

Retomando algo de la tesis anterior, la percepción de cercanía o de lejanía del Estado determina muchas otras cosas en el comportamiento de los líderes del crimen organizado. Una de las cosas que condiciona esta conducta es el tipo de despliegues de poder que se utiliza para resolver ciertos problemas. El uso del poder en este caso está determinado por la asunción de los riesgos, por eso se afirma que el crimen organizado además de explotar una economía ilícita es una empresa productora de poder, porque lo necesita para protegerse de los peligros que el negocio conlleva.

Duncan (2014, 39) lo afirma y lo explica a través de la contradicción económica entre la protección ante los riesgos y el trabajo, no entre el capital y el trabajo como sucede en los sistemas corporativos normales. Eso explica por qué el riesgo se divide en forma similar al trabajo y por qué las formas de utilización del poder son disímiles. El poder en las operaciones de campo se despliega mediante la violencia privada y en las operaciones ejecutivas de crimen organizado mediante la corrupción. Es la separación equilibrada del poder condigno frente al poder compensatorio. Esta separación que contrapone el valor de la protección en lugar del valor del capital, al valor del trabajo, explica las complejidades de las economías ilícitas como negocio muy rentable. En general sus variadas manifestaciones operacionales descansan sobre esa misma lógica aunque tengan sus particularidades.

Los riesgos fundamentales del tráfico de lo ilegal, incorporados a partir de la prohibición, provienen básicamente de la actuación de las instituciones del Estado y de la interferencia procurada por otros delincuentes operadores del mismo negocio (Duncan 2013, 132). Ello genera demanda de funciones de protección para cubrir los riesgos operacionales propios del proceso productivo. Esas actividades giran alrededor del uso privado de la violencia y de la capacidad de condicionar las decisiones tomadas por los funcionarios del Estado. Esta incorporación tiene una importancia muy elevada para el éxito del emprendimiento y su ineficacia puede tener un impacto crítico en el negocio. Ello explica la diferencia tan amplia entre el costo de producción y el precio de venta en los grandes centros de distribución y consumo.

Gustavo Duncan (2013, 133; 2014, 39) insiste en su tesis de que el narcotráfico, y en general todas las expresiones de crimen organizado, además de operadores de negocios ilícitos son empresas productoras de poder y le dan a este más importancia que a los bienes de capital. Además Duncan cita a Ciro Krauthausen en su advertencia acerca de lo hábiles que son para “acumular y ejercer el poder” porque es su más importante medio de producción. Esta afirmación es reveladora porque corresponde con la realidad observable al momento que un capo pierde sus capacidades políticas e inmediatamente sobreviene su ruina económica.

Las interferencias internas por parte de obreros de la organización o las externas por parte de personas ajenas que tratan de obstaculizar algún detalle operativo, normalmente son resueltas por medio de la violencia. Pero no sucede igual cuando se trata de la interacción del poder económico del crimen organizado con el poder político de los representantes del Estado y surge la disyuntiva para el funcionario encargado de hacer cumplir la ley. O recibe un soborno o recibe un ataque armado que puede acabar con su vida. “Plata o Plomo” según la consigna del capo Pablo Escobar Gaviria. Esa consigna que da nombre a la investigación publicada por Gustavo Duncan (2014) explica estructuralmente el ejercicio del poder por parte del crimen organizado. Allí se ve como se configura su utilización entre la compensación y la condignidad. Este equilibrio depende de la división del trabajo criminal entre la operación de campo por una parte y la gestión económica corporativa por la otra.

La excesiva inclinación hacia el uso de la violencia privada se traduce en la probabilidad de hacer ver al crimen organizado como muy parecido al Estado. Cuando esto sucede en lugares donde el poder del Estado está ausente no hay mayor peligro. Pero cuando sí hay alguna presencia política surgen conflictos de alto impacto para la población. Y es peor aún cuanto esto sucede en centros poblados. En contrapartida cuando las afirmaciones positivas abundan más de lo estrictamente necesario en las operaciones de campo alejadas de los centros de poder político y económico, se aumentan el riesgo de deslealtad e incumplimiento de obligaciones porque los individuos involucrados en las operaciones de campo y en la gestión económica empiezan a barajar opciones, y eso abre el espacio a la indeseable competencia comercial que tanto se evita en la operación de economías ilícitas.

El uso de la expresión “división del trabajo criminal” introduce a estas disquisiciones en un análisis que se aproxima al clásico de Émile Durkheim “La División del Trabajo Social” y a su andamiaje teórico que explica el paso adaptativo de la sociedad primitiva a la sociedad moderna. El cultivo y comercio de sustancias alucinógenas de origen natural como el cannabis, la hoja de coca y la goma de amapola, fue una actividad artesanal arraigada ancestralmente en zonas rurales de Suramérica, del Asia Menor y del Sureste asiático, hasta que el peso de la prohibición acabó alterando totalmente su estructura económica y dando paso a operaciones diversificadas estratégicamente para comerciar con lo ilícito a gran escala.

En el caso del narcotráfico, la diferencia es observable desde el ambiente rural en el cual se instala la operación de campo de la economía ilícita conservando sus rasgos arcaicos de relacionamiento, hasta el ambiente urbano donde se instala la gestión corporativa y se exhibe toda la sofisticación de la modernidad empresarial. Ambos subsistemas son interdependientes porque están divididos por sus funciones. Se necesitan mutuamente para lograr sus objetivos ilícitos y aunque dentro de estos dos grandes sectores sea posible encontrar también otras ramificaciones de tareas más especializadas aun, esto no altera el concepto de trabajo divido entre la operación delictiva medular y su gestión corporativa criminal.

El uso alterno de la violencia privada y de las transacciones corruptas también se aproxima al esquema de respuestas ante eventos que alteran la disciplina social y que Durkheim distinguió como “solidaridad mecánica” y “solidaridad orgánica”. En síntesis, el poder administra sus recursos no solo dependiendo de la naturaleza del problema sino también dependiendo de dónde y con quién ha acontecido. No se puede perder de vista que la gestión transnacional del negocio ilícito a gran escala está reservada a sus más altos líderes. La tendencia a la diversificación del trabajo criminal tiene una relevancia geopolítica ya conocida y causada por la interconexión de las grandes localizaciones o espacios de actuación atados a extensiones territoriales y puntos geográficos. Así aparecen entonces las definiciones espaciales de zonas rurales para la producción y empaque, zonas portuarias, aeroportuarias y rutas de tránsito para los arreglos logísticos y zonas urbanas para la gestión estratégica del negocio. Esta distribución rebasa fronteras dándole al fenómeno delictivo su carácter transnacional.

En muchos lugares del mundo lo que hasta hace poco eran solo espacios de operación y rutas para el tráfico de drogas ahora son rutas de “politráficos”, porque las estructuras de gestión estratégica y operativa pueden agregar muchísimo valor dando servicio a otras actividades económicas también prohibidas, como el contrabando de armas, de piedras preciosas y minerales raros, de combustibles, de especies animales exóticas y de trata y tráfico de personas, entre otros (Labrousse 2011, 12). Incluso en muchos casos estas rutas de politráficos operan en ambos sentidos entre los centros de producción y los de consumo de variadas economías ilícitas, sobre todo en espacios territoriales fronterizos. En lo sucesivo la gestión de políticas públicas sobre economías ilícitas no debe perder la visión integral del problema por concentrarse en dar soluciones separadas. La complejidad de los planes de acción frente a esto depende de analizar la esencia antijurídica de cada negocio ilícito para decidir sobre cuál tipo de tratamiento darle.

En toda formación económica una rentabilidad aumentada por el óptimo aprovechamiento de los factores de producción generará mejores condiciones distributivas para los beneficios. A corto plazo será necesario partir del supuesto de que aunque hayan tráficos ilícitos más desarrollados, notorios y rentables que otros, la presión penal de la prohibición y la reacción social doméstica e internacional que esto genera siempre van a empujar hacia una optimización integral del uso del poder político cooptado por medio de la corrupción, con el objetivo de asumir y gestionar riesgos de algunos otros negocios en beneficio de la rentabilidad adquirida mediante el uso de plataformas políticas y operativas ya instaladas y comprobadas.

Economías ilícitas y seguridad internacional

La observación acerca de cómo se relaciona el funcionamiento de algunas economías ilícitas y sus hipercrecidas estructuras de crimen organizado con otros tipos de amenazas, nos permite hacer algunos cuestionamientos que obligan a revisar las tradicionales premisas que conocemos sobre este tema. Esta última tesis se propone revisar cómo y dónde se configura esa relación antes de aparecer dentro de los asuntos seguritarios internacionales. Es preciso ratificar que aunque la distancia entre una economía sumergida y una ilícita es tan solo una prohibición legal decretada por un Estado, sucede que cuando muchos Estados prohíben la misma actividad esta no deja de convertirse en un problema seguritario solo porque a ambos lados de una frontera el mismo hecho sea delito. Las iniciativas de cooperación internacional para combatir ciertos delitos muy extendidos cuya organización operativa criminal amerita una división del trabajo caracterizada por la transnacionalidad siempre aparecen matizadas por tendencias políticas disímiles que afectan la acción colectiva internacional.

Hay regímenes internacionales de prohibición que son aceptados por muchos Estados solo porque llevan una connotación moral muy intensa que acompaña al injusto penal, como por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, la pornografía infantil y la piratería en barcos mercantes en alta mar, entre otros (Nadelmann 1990, 532). Pero los regímenes de procedimientos para la captura y judicialización de quienes operan en estas actividades casi siempre son aceptados con algunas reservas importantes que impiden las acciones conjuntas.

No obstante, como lo analizaremos más adelante, esa no es la razón fundamental que determina por qué las economías ilícitas aun sobreviven a la acción colectiva internacional de persecución. La abstención de cooperar puede tan solo revelar algunos patrones de comportamiento internacional basados en polarización ideológica y en intereses políticos de menor nivel sustentados por precarios argumentos relacionados con la soberanía nacional, que al mismo tiempo que sirven para ocultar sutilmente los intereses corruptos de los funcionarios que se aprovechan de los espacios de discrecionalidad creados por la prohibición transnacional. Esto se resuelve con algunas restricciones económicas que son aprovechadas por los funcionarios castigados para radicalizarse ante las coaliciones internacionales que los señalan.

Por las razones estructurales que han sido explicadas en las tesis anteriores, los recursos tecnológicos de la globalización jamás podrán discriminar entre transacciones comerciales lícitas e ilícitas, y sus operadores aprovechan estos recursos para cerrar acuerdos comerciales, cruzar océanos y pasar fronteras, al igual que lo hacen las sociedades mercantiles formales. Son los Estados quienes tienen la obligación de aplicar los controles para individualizar las transacciones y los movimientos logísticos ilegales que se cuelan casi por los mismos canales de las operaciones legales.

Esto ha servido para argumentar que el crimen organizado sí es una amenaza directa a la seguridad de los Estados. Esto encuentra alguna explicación en la relevancia y el impacto que tiene la división del trabajo criminal. Louise Shelley (1995, 540) profundiza un poco más en esto y le atribuye al crimen organizado transnacional la capacidad de causar serios desarreglos en el ejercicio democrático del poder político y en el desarrollo económico legítimo de las naciones. En este caso la autora pone énfasis en una concepción estado-céntrica de la seguridad nacional. Pero la autora citada no se detiene allí y traza una “trinidad no santa” entre la delincuencia transnacional, la corrupción y el terrorismo, que se aprovecha de ambientes políticos de escasa institucionalidad donde prevalece la incertidumbre en el orden económico, social y jurídico, y juntos los tres elementos de esa trinidad penetran los espacios operativos del Estado (Shelley 2005, 15). El concepto se ha adelantado inclusive para decir que el crimen organizado y sus redes ilícitas obstruyen el ejercicio del poder político soberano dentro de un esquema de Estado de Derecho y en casos extremos llegan a penetrar tan profundamente las estructuras políticas que logran desnaturalizar el legítimo rol del Estado (Sullivan 2013, 171).

Esta asociación es soportada por hipotéticos procesos de fragmentación de mafias denominados por Chris Dishman como “vínculos acéfalos” (2005, 237), en los cuales los pequeños grupos escindidos procuran sobrevivir en el ambiente delictivo internacional involucrándose en actividades ajenas a sus objetivos originales pero mucho más temerarias y lucrativas, como el apoyo a grupos terroristas para aprovechar las vinculaciones delictivas ya construidas. Para esto no cuentan con un líder importante que dirija sus actividades y se limitan a prestar ciertos servicios relacionados con la actividad criminal pero sin asumir compromisos estratégicos. Por consiguiente, esta vinculación solo es táctica y operativa, y se hace para resolver situaciones circunstanciales mientras se reconfiguran las organizaciones delictivas internacionales tras sus verdaderos objetivos, por cierto, casi siempre disímiles con respecto al terrorismo. Esta dinámica se mostró entre las descripciones de la evolución organizacional de los grupos de tráfico de drogas en Colombia, en su asociación con los grupos guerrilleros y paramilitares a partir del desmantelamiento de los dos primeros grandes carteles.

Como observamos, las tesis basadas en la convergencia de las redes ilícitas de terrorismo, crimen organizado y corrupción, están muy bien patrocinadas por reconocidos académicos pero no logran hacer fehacientes comprobaciones empíricas de sus alegaciones. No obstante, ellas han sido útiles para estimular esfuerzos de cooperación internacional y metas compartidas entre Estados poderosos que resultan directamente afectados y Estados menos influyentes localizados en las zonas geográficas en las cuales se originan los tráficos ilícitos.

Una de las razones que mantienen activo el debate sobre estos compromisos estratégicos delictivos convergentes que impactan en la seguridad internacional es la necesidad de recursos financieros que se obtiene a partir de explotación de las economías ilícitas como base para las economías de guerra. En cambio, un análisis más preciso revela que el problema para la seguridad internacional a partir de las economías ilícitas se sintetiza en el intercambio de métodos y medios que ocurren cuando el terrorismo hace transacciones con el crimen organizado con el fin de obtener finanzas para operar. Y del mismo modo el crimen organizado recibe know-how terrorista para ser empleado en sus despliegues de violencia directa frente al Estado y frente a sus competidores.

A partir de algunos argumentos en contra de las tesis basadas en alianzas estratégicas entre ambas amenazas, Phil Williams (2015, 26) descarta que haya una presunta convergencia y alega que sus vinculaciones son el resultado de transacciones hechas en torno a alguna actividad económica ilícita, como drogas, piedras preciosas, combustibles, armas de fuego, etc. Y esto conduce en forma directa a este tema hacia dos ámbitos seguritarios internacionales: los regímenes globales de prohibición y persecución penal y la apremiante necesidad de cooperación. El cuestionamiento a las explicaciones que alegan que la supervivencia de las economías ilícitas a nivel internacional se debe a la débil voluntad política de los Estados porque algunos funcionarios se benefician de sus rentas, o porque existen fuertes barreras para la persecución penal internacional y la incautación de bienes provenientes de delitos, queda ratificada al observarse países con instituciones políticas muy fuertes que tienen problemas de crimen organizado que lucen incontrolables. El negocio de lo ilícito está condicionado por las fuerzas del mercado y por la acumulación de poder para gestionar los riesgos operacionales, mediante los cuales las inversiones delictivas que se hacen bajo prohibición nacional e internacional se convierten en renta.

Tampoco es una opción seguir pensando que con más detenciones e interdicción en las movilizaciones de mercancías bajo prohibición se logrará poner bajo control a las economías ilícitas y derrotar a las mafias que las operan. En cambio, se logrará darles mayor impulso a su rentabilidad, mayor espacio para corromper a los agentes del Estado, y más posibilidades para la acumulación de poder. El ejemplo de la ley seca en Estados Unidos es una muy emblemática experiencia de fracaso aunque la lección no termina de ser bien aprendida. Y así encontramos países en los cuales no se sabe bajo qué orientación legalizan el consumo de cannabis y mantienen la prohibición sobre su comercialización y así terminan favoreciendo a las mafias y a los traficantes locales y de países vecinos. Ya es tiempo de que la cooperación empiece a tener una perspectiva estratégica que vaya de lo económico a lo político, entendiendo las fuerzas del mercado con prioridad antes que a las consideraciones morales. Y desde luego, asegurando que el Estado llegué a las zonas más desatendidas para cumplir su función institucionalizadora dentro del relacionamiento social.

Una reflexión final

La abundancia de mitos y prejuicios sobre las economías ilícitas es el principal enemigo de las estrategias que se diseñan para controlarlas. Por esa razón la cuatro tesis analíticas presentadas han mostrado algunas referencias históricas que demuestran las equivocaciones cometidas en otros momentos y sus nefastas consecuencias. Pero también dan evidencia remota de la evolución estructural de la economía y cómo los patrones socio-económicos se reproducen de algún modo. Sería muy provechoso atender a las lecciones de la historia adaptándolas a la modernidad para no seguir atacando al problema por sus efectos en lugar de hacerlo con sus causas.

La forma como se ha abordado a las economías criminales en este artículo muestra que ellas no aparecen de la nada y también que el descuido sobre su evolución acarrea efectos graves e incontrolables para los gobiernos y para la sociedad. Por esa razón se explica cómo se pasa de una fase a otra, a veces sin que los Estados adviertan en forma correcta sus avances. Además, el problema de la cooptación de poder y su exacta comprensión es esencial para desarticular los nexos entre la economía de lo ilícito y el funcionamiento estatal, al igual que sucede con las disecciones organizacionales que ocultan el verdadero contenido delictivo de estos emprendimientos criminales.

A pesar de los antecedentes citados pertenecen a la historia, las cuatro propuestas anteriores se concatenan a través de una contextualización del problema en las condiciones del mundo actual. El cambio político del mundo ocurrido a raíz de la súbita transformación del orden mundial acontecido al final del siglo XX y la revolución en la informática y las comunicaciones, causaron un vuelco total en los esquemas de vinculación social porque los desarrollos tecnológicos en materia de transporte y la aparición del internet han creado condiciones de cuasi-ubicuidad para los seres humanos y en consecuencia una nueva manera de efectuar transacciones de todo tipo a distancia. Los beneficios fueron apreciados casi de inmediato pero las complejidades de la globalización económica no tardaron en aparecer. Las corporaciones multinacionales se multiplicaron y la virtualidad de los negocios en línea adquirió un alcance mundial inimaginable que traspasa inadvertidamente los controles estatales conocidos hasta el momento. Incluso se ha llegado a decir que con estas demostraciones ya se puede pensar que la globalización es la antítesis del concepto de soberanía del Estado-Nación.

No solo en lo económico llegaron los cambios. En lo político la caída estrepitosa del comunismo demostró que nunca fue una solución real al problema económico sino una opción arbitraria y directa para perpetuarse en el ejercicio del poder. Con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) quedó abierta la puerta para que muchos vicios escondidos salieran a la luz y trataran de adaptarse a un mundo menos controlado desde lo económico y desde lo político. La solución más factible a los problemas derivados de la criminalización de las estructuras económicas subterráneas tiene dos sentidos, uno económico y otro político. Pero ese orden es inalterable, primero es necesario trabajar en lo económico y luego en lo político.

Eso implica poner la atención en la dinámica que origina una economía sumergida y luego mirar la evolución del problema cuando el poder de los operadores ilegales intenta absorber al poder del Estado para usarlo en su beneficio. La principal preocupación de quienes administran políticas públicas en esta materia tendría que ser la mitigación de las perturbaciones severas a la calidad de vida de la población radicada en las regiones geográficas afectadas. El ataque a la base social de las economías ilícitas y de las formaciones de crimen organizado es la estrategia que los Estados pueden asumir para actuar de manera eficaz, más que con detenciones y enjuiciamiento de unos cuantos jefes criminales pero sin efectividad permanente para controlar el problema. El hecho de que los operadores de los mercados negros en las economías que estuvieron bajo control comunista sean hoy algunos de los más reconocidos líderes de organizaciones internacionales muy poderosas que controlan los mercados de la ilegalidad, da cuenta de implicaciones estructuralmente basadas en claras interpretaciones de las leyes del mercado que dejan atrás a quienes se esfuerzan en controlar globalmente el avance del crimen organizado transnacional sólo a través de más represión.

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Notas