¿Cómo se puede combatir el mundo de la economía ilegal que dirige la delincuencia organizada?

La realidad cotidiana plantea la siguiente paradoja: desde los sectores legales de la economía se alienta un Estado no intervencionista, en tanto que para supervisar los sectores ilegales, se promueven políticas diametralmente opuestas, nítidamente intervencionistas. En consecuencia, el hecho de que las economías legales e ilegales estén en mayor o menor medida entretejidas, dificulta sobremanera la adopción de respuestas.

El desarrollo por parte de la delincuencia organizada de una interacción corruptora con los sectores legítimos de poder le permite además, amasar recursos, capitales, información y conocimiento empresarial, hasta alcanzar, siguiendo la clasificación de Lupsha (desarrollada en su trabajo Transnational Organized Crime Versus the Nation-State), la etapa simbiótica. Estadio en el que los sectores políticos y económicos se hacen dependientes de los monopolios y redes delictuales. En esta cúspide evolutiva del poder criminal, es ilusorio discernir las disimilitudes entre Estado y crimen organizado, entre economía legal e ilícita. Representa el peor escenario posible, el que más preocupa y el más difícil de atajar, habida cuenta de la vinculación entre la economía criminal y los poderes públicos. Lo que Roy Godson identifica como el “nexo político-criminal”.

Por consiguiente, toda medida adoptada para limitar los efectos de la corrupción es el primer paso para constreñir la capacidad expansiva de la economía criminal. Las Administraciones Públicas, junto con otras profesiones como la abogacía, los economistas, las asesorías contables y financieras, la banca, las entidades de inversión, entre otras, en connivencia con las organizaciones criminales, desempeñan una función facilitadora para imbricar la faceta ilícita de la economía en su vertiente legal. Bien de forma directa, como parte integrante de la estructura criminal, bien simplemente, haciendo dejación intencionada de sus labores de control y fiscalización.

De igual forma, la protección del sector empresarial resulta igualmente crucial. La penetración de la delincuencia organizada en el tejido empresarial, representa una amenaza al desarrollo industrial de un país. La criminalidad organizada encuentra en este sector productivo, un nicho de protección de sus actividades ilícitas empleando empresas para ocultar su origen ilegal, incluyendo el blanqueo de activos, pero también, la creación de empresas o la cooptación de empresas ya existentes, o incluso la contaminación empresarial sin el conocimiento de sus propietarios, a través de conspiraciones internas con parte de su personal para, por ejemplo, contaminar cargamentos de productos lícitos con tráficos ilícitos. De igual forma, el componente empresarial puede aportar a las organizaciones criminales soporte logístico para la distribución de su mercancía, como por ejemplo a través de la disposición de empresas de transportes con una flota legal de vehículos a su disposición y unas rutas establecidas de transporte, que podrían camuflar sus envíos y distribución bajo una apariencia absolutamente legal. En esta misma línea, el recurso al enmascaramiento legal vía empresarial, permite al crimen organizado operar desde la apariencia de la sujeción al derecho, pero empleando metodologías criminales. Esto es, crear una empresa, por ejemplo de gestión de residuos altamente contaminantes y desempeñar sus funciones con normalidad hasta llegar al paso clave del reciclaje del residuo, momento en el que se producen vertidos ilegales altamente contaminantes. O en otros supuestos de empresas de prestación de servicios o venta de materiales, obligar a otras empresas u operadores comerciales, mediante amenaza y comportamientos extorsivos, a adoptar a estas empresas como proveedores exclusivos a precios desorbitados, que no se ajustan a los mercados competitivos existentes en el sector que corresponda.

Todas ellas, estrategias conducentes al empleo fraudulento del sector empresarial que ha supuesto para muchos países, habida cuenta de la inseguridad, la fuga de capitales, el descenso de la inversión nacional y extranjera, y el que parte de su sector empresarial, haya decidido reubicarse fuera del país en busca de localizaciones donde la economía ilícita sea objeto de un mayor control. Por ello, insistir en la relevancia de la protección del tejido industrial y empresarial con toda la contundencia de la que disponga el Estado. No es, ni más ni menos, que una cuestión de seguridad nacional, para evitar el desmantelamiento de uno de los principales motores de desarrollo de un país: su industria. Debe preocupar por igual, la concepción de muchos operadores económicos para los que el crimen organizado transnacional, no es más que la continuación de los negocios por medios ilícitos.

Sea como fuere, lo cierto es que los grupos de criminalidad organizada representan una realidad incuestionable. Se han desarrollado en Asia, América Latina, África, Europa y Estados Unidos; ninguna región del mundo y ningún sistema político o régimen económico, ha impedido su surgimiento o logrado un éxito rotundo en su eliminación. Esta imagen refuerza la idea de que la criminalidad organizada fructifica explotando las ventanas de oportunidad económicas abiertas, no solo en los países más desfavorecidos del planeta, prosperando en un estado de caos y conflicto constante, lo que Moisés Naím identifica en su libro Ilícito (2006), como “agujeros negros geopolíticos”, sino que por igual, accede al primer mundo en busca de escenarios y mercados estables en los que implantarse y desarrollar sus actividades lucrativas.

Cualquier intento de explicar la situación en cualquier zona inestable o estable del mundo, exige entender el papel de las redes criminales en la región, su organización, sus estrategias, los mercados criminales activos, sus vínculos internacionales e intereses económicos. En congruencia, internacionalmente habría que prestar especial atención a estos espacios geográficos favorables al surgimiento de manifestaciones ventajosas para la criminalidad organizada, cuyo seguimiento permitiría identificar con antelación las posibles incursiones oportunistas de redes criminales. Cualquier estrategia preventiva, sin lugar a dudas, resulta la herramienta más eficaz para contrarrestar la economía delictiva. Atajarla antes de que fructifique, habida cuenta del daños y costes que implica para los Estados, en términos no solo económicos, sino políticos, sociales, financieros, mercantiles y a nivel empresarial, principalmente. En esta línea, la clave reside en el desarrollo de medios y capacidades en inteligencia criminal y económica, que permitan identificar dichas ventanas de oportunidad con antelación para su interdicción temprana.

Si tenemos en consideración el hecho de que la delincuencia organizada y la explotación de determinados mercados ilícitos (drogas, prostitución, consumo de productos falsificados, contrabando…), representan una modalidad de crimen que se inserta en una matriz en la que la sociedad es al mismo tiempo víctima y beneficiaria de los bienes y servicios de los que la provee, desarrollar medidas de tipo social, estimulando la conciencia social en aras de lograr un rechazo abierto al consumo de bienes y servicios ilícitos, también suma. En consecuencia, implementar campañas de concienciación social para contrarrestar el hecho, de que el escenario en el que se desarrolla la economía criminal hoy es el de una cultura funcional a su expansión.

Como acontece en cualquier otro sector de negocios, el acceso al capital relacional, sumado a la confianza, resultan de vital importancia para el desarrollo de las actividades delictivas. Máxime, en un entorno donde cualquier alteración, diferencia de términos en la prestación del servicio o abastecimiento del producto o incumplimiento respecto de lo pactado, no se dirime precisamente en los juzgados. Si la clave teórica del éxito estriba en generar relaciones interpersonales fiables, sólidas y estables, entonces la respuesta debe ser la identificación de las mismas y su neutralización efectiva para evitar el surgimiento y consolidación de alianzas criminales estratégicas. Además, la identificación de oportunidades de lucro (nichos de negocio fundados en base al cálculo de costos, riesgos y beneficios), implica estar dispuesto a su explotación y contar con la infraestructura, las capacidades y la logística para ello. En consonancia, la estrategia de intervención focalizada selectiva, desarrollada por Felbab-Brown (Disuasión focalizada, acción selectiva, tráfico de drogas y delincuencia organizada: conceptos y prácticas), adquiere un destacado potencial. Estrategia que exige un profundo conocimiento de los mercados ilícitos y, sobre todo, de las estructuras criminales para poder focalizar la acción disruptora del Estado allí donde más daño pueda hacer, bien en la propia infraestructura de la organización, bien en su aparato logístico o incluso, perturbando las relaciones que se establezcan entre proveedores y compradores participantes de la economía criminal, alentando la desconfianza mutua.

Para mejorar nuestra comprensión de la naturaleza de los vínculos de cooperación entre las organizaciones criminales, es recomendable recurrir a la literatura de administración y dirección empresarial. Analizar las formas en que las empresas cooperan y compiten y, en particular, la manera en que se articulan y consolidan las alianzas estratégicas. La gama de tipologías de cooperación es muy variada. Pueden adoptar multiplicidad de formas a lo largo de un espectro que abarca desde alianzas estratégicas en un extremo, hasta relaciones de proveedor a corto plazo. Los vínculos de negocio giran en torno a la cadena mundial de productos (lícitos e ilícitos). Cadena que comprende desde la materia prima hasta el producto final (ciclo criminal). Tales enlaces forman parte integral de la operativa cotidiana de las actividades criminales.

En la línea de las estrategias preventivas, resulta igualmente indispensable la articulación de unidades de inteligencia financiera y todo el andamiaje de herramientas e instrumentos destinados a la detección y erradicación del blanqueo de activos. Una unidad de inteligencia financiera (UIF) es una agencia central nacional responsable de recibir, analizar y difundir a las autoridades competentes, las divulgaciones de información financiera: relativas a operaciones sospechosas producto del delito y de potencial financiamiento de la criminalidad organizada y del terrorismo, o requeridos por la legislación nacional o de regulación, a fin de contrarrestar el lavado de dinero y la financiación de la criminalidad organizada e igualmente, del terrorismo.

La lucha contra los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es crucial para la integridad de los sistemas financieros, pero para que tenga éxito es necesario que los métodos tradicionales de aplicación de la ley cuenten con el respaldo del sistema financiero mismo, en especial los principios de diligencia debida (identificación de clientes) y de notificación de transacciones sospechosas. Las UIF se enfrentan en la actualidad a una serie de dificultades especiales. El ámbito de sus responsabilidades se está ampliando a fin de que comprenda el financiamiento de la delincuencia organizada, además del lavado de dinero y los correspondientes delitos determinantes. La gama de organismos notificadores también se está expandiendo a fin de abarcar las profesiones no financieras, como los casinos, abogados, inmobiliarias, entre otros.

La clave reside en potenciar la vulnerabilidad de estas organizaciones a la represión, explotando al máximo sus debilidades. En esta sintonía, cobra capital importancia el blanqueo de dinero. Su relevancia consiste en que además de constituir una importante modalidad de actividad criminal organizada en sí misma, es un mecanismo necesario para el éxito de todo crimen organizado. Si se consiguen atajar adecuadamente los canales de financiación, neutralizando sus estructuras de blanqueo de dinero, se le asestará un golpe letal, no a un aspecto determinado de la red, sino a la red criminal en su esencia, en el mismo núcleo de su capacidad de funcionamiento. No en vano, el objeto último de llevar a cabo una determinada actividad delictiva, es el afán de lucro.

Además, resulta importante incidir en aspectos no directamente ligados al enfrentamiento con la criminalidad organizada, pero si indiscutiblemente conexos, que entran en juego a la hora de hacer frente a las diversas manifestaciones de economías ilícitas. El desarrollo legislativo de normativa que exija transparencia en la gestión de la administración pública, crucial para neutralizar el entramado legal y empresarial que soporta las actividades ilícitas enmascaradas bajo otras de naturaleza legal; y de otra, la implementación de herramientas e instrumentos de control y fiscalización empresarial y mercantil (rendición de cuentas), que evite la penetración criminal en el tejido empresarial, buscando recíprocamente la obtención de beneficios soslayando la legalidad y la ética profesional. Medidas todas ellas, tanto desde la óptica más recia de la seguridad, pasando por el aseguramiento de la sujeción a la normativa imperante de empresarios y emprendedores de actividades de riesgo, hasta potenciación de códigos de comportamiento ético en el ámbito público y privado por igual que, en su conjunto, representan elementos exigibles de calidad democrática aplicables al saneamiento de las actividades económicas y mercantiles, en pos de su desempeño acorde al Estado de Derecho.

El análisis esbozado no pretende ofrecer una explicación omnicomprensiva acerca de las posibles opciones de respuesta frente a la economía ilícita. La intención persigue, simplemente, aportar una reflexión que favorezca la apertura de líneas de investigación al respecto. Resulta crucial ahondar con mayor profundidad en los conocimientos de que disponemos sobre los mercados delictivos y las vinculaciones entre la economía ilícita con la vertiente legal, que proporcionen un marco conceptual de análisis para su estudio y comprensión detallada. Sin olvidar el hecho de que las organizaciones criminales establecen vínculos de diversa naturaleza con gobiernos y con organizaciones terroristas e insurgentes, para la satisfacción de intereses mutuos. Circunstancia, que dificulta aún más el análisis; el resultado: networks criminales compuestas por sujetos y entidades pertenecientes a ámbitos diversos –la política, el mundo empresarial, el sistema financiero, el ámbito de la delincuencia organizada- cuyas sinergias e intereses compartidos, dan vida a potentes conglomerados organizados capaces de condicionar áreas enteras de la vida pública y de controlar espacios geográficos y vastos sectores de determinados mercados legales e ilegales.

¿Hasta qué punto el monto global de dinero que hay en juego dentro de las economías ilegales puede comprometer la economía legítima de los países y repercutir directamente en la gobernanza? (corrupción y compra de votos, por ejemplo).

La delincuencia organizada incide perniciosamente sobre la cultura política de los países. Esto es, en el conjunto de valores y actitudes que informan la acción política de los ciudadanos. Afecta sensiblemente al entorno social de las democracias, distorsionando las líneas que separan lo legal de lo ilegal, generando lealtades alternativas al Estado y provocando cambios en la opinión pública, que afectan de manera negativa al funcionamiento del sistema. El crimen organizado puede afectar de manera substancial distorsionando la línea divisoria que separa lo legal de lo ilegal, generando lealtades alternativas a las del Estado y provocando cambios en la opinión pública, que afectan negativamente al funcionamiento del sistema democrático.

La tendencia apunta a que los dirigentes de estas organizaciones criminales traducen la riqueza acumulada en demandas políticas, sociales y económicas. Aspiran a convertirse en miembros de la “élite social y política”, destinando parte de su poder económico a la obtención de legitimidad social. Así se termina produciendo una asimilación social de los dirigentes criminales, entremezclándose con las esferas de poder. El crimen organizado puede igualmente manipular los afectos de poblaciones enteras, generalmente caracterizadas por el retraso económico y las desigualdades sociales, posicionándolas frente al Gobierno central o frente a las instituciones supranacionales. Valiéndose de ardides populistas, presentan las actuaciones gubernamentales contra las organizaciones delictivas como un ataque a tradiciones culturales ancestrales o intereses sociales legítimos, fomentando el rechazo bajo el paraguas de sentimientos nacionalistas o étnicos.

El acceso al poder en definitiva es una salvaguarda de su estatus. Este se cristaliza en el carácter inmovilista de la criminalidad organizada, mayoritariamente de corte conservador y talante reaccionario ante los cambios, especialmente si estos pueden privarle de su situación privilegiada en los estratos del poder. Esto explica que, a priori, las organizaciones criminales transnacionales estén esencialmente a favor del statu quo, siempre que les beneficie, y son notoriamente agnósticas en asuntos de política, excepto cuando se trata de apoyar a aquellos grupos políticos que les permitan llevar a cabo sus programas. De ahí se deduce la “inestabilidad” de sus lealtades políticas, ya que en último término no son más que una instrumentalización pragmática a favor de sus propios intereses.

El sistema electoral tampoco escapa a su esfera de influencia. De facto, en no pocas ocasiones recurren a la manipulación del proceso electivo mediante la postulación de candidatos propios, hacia los que canalizan ingentes recursos económicos e informativos procedentes de sus negocios ilícitos o, en regiones donde el clientelismo es una característica endémica, pueden poner al servicio del candidato “predilecto” el electorado indispensable para la victoria. Su poder económico les permite, llegado el caso, subordinar a partidos políticos preexistentes o crear los suyos propios, para así tener un mejor control sobre toda la estructura de decisiones en las instituciones de representación política. Con ello contribuyen a la deformación y el descrédito de la democracia, reemplazando la auténtica representatividad electa por la mercantilización instrumental de candidatos y electores.

La manifiesta búsqueda del poder ha llevado a la concepción de la delincuencia organizada, en palabras de Louise Shelley en la interesante publicación, ya un clásico en la materia, The Illicit Global Economy and State Power editada por Richard Friman y Peter Andreas, como una “nueva forma de autoritarismo político no estatal”, imperante en aquellos espacios geográficos en los que ha logrado reemplazar al Gobierno legítimo y desplegar un control social alternativo al oficial. A su vez, la conexión entre crimen transnacional organizado y liberalización económica es un tema políticamente sensible al que con demasiada frecuencia se ignora o palia convenientemente, o bien se exagera y tergiversa. Cabe prevenir contra la exageración y la simplificación excesiva de esta conexión causal, postulada desde foros contrarios a la liberalización económica.

Lo que sí es cierto, es el hecho de que la actividad criminal organizada transnacional genera inestabilidad financiera, a la par que distorsiones e ineficacias en los mercados. Provoca disfunciones estructurales en la economía, que afectan negativamente a los ciudadanos y a la estabilidad del sistema democrático. En las décadas precedentes, el extendido desmantelamiento de políticas económicas estatistas y la aceptación de reformas liberales del mercado han transformado en profundidad la economía global. Quizá, de acuerdo con Andreas, una de las consecuencias más drásticas del cambio económico operado de la mano del capitalismo globalizado resulte el que muchos países en desarrollo y otros plenamente desarrollados, destaquen por ser especialmente competitivos en diversos sectores criminalizados de la economía global. Las actividades económicas de las organizaciones criminales transnacionales son en muchos aspectos la quintaesencia del espíritu empresarial del sector privado. La incómoda realidad arroja que en muchas regiones la economía criminalizada ha resultado una fuente decisiva tanto de ingresos como de empleo, contribuyendo incluso a amortiguar las conmociones propias de etapas de reestructuración económica.

Con esto no se está sugiriendo que la globalización, en su vertiente económica, sea la causa fundamental de la delincuencia organizada transnacional, pero sí representa una variable trascendental para explicar su proliferación. A la postre, la liberalización económica ha procurado novedosas expectativas para los que están involucrados en mercados penalizados. Algunas de las mismas iniciativas diseñadas para estimular y facilitar el intercambio económico legal (liberalización comercial y financiera, privatización, desregularización del transporte) benefician el intercambio económico ilegal.

En conjunto, las repercusiones de la inmersión del crimen organizado en el ámbito de la economía son inflación, una distribución ineficiente de rentas, la disolución del libre mercado y la regulación económica estatal, pérdidas substanciales de productividad, una visión utilitarista de la inversión contraproducente con el crecimiento económico prolongado y, en ocasiones, sobrevaluación monetaria. En lo que se refiere al sistema financiero en particular, la volatilidad de los capitales en manos de los grupos criminales dificulta las acciones correctas en materia de política económica y provoca inestabilidad en las instituciones bancarias y en el mercado del dinero en general, lo cual puede desembocar en una crisis económica profunda. En definitiva, el crimen organizado induce a desequilibrios económicos y largos periodos de recesión, perjudicando gravemente la competitividad internacional. Más aún, en países con economías fuertemente dependientes del sistema productivo criminal, cualquier esfuerzo para su erradicación y retorno a un funcionamiento eficiente de los mercados, de la política y de la sociedad en general, provocará efectos recesivos en la economía y la consecuente contestación social.

A modo de colofón, ha de hacerse hincapié en que la peligrosidad de este tipo de organizaciones delictivas radica especialmente en el “reciclaje o blanqueo de las ganancias del delito”, en tanto les confiere la capacidad de perturbar la organización económica de un Estado. La inyección de las ingentes ganancias obtenidas ilícitamente en el mercado financiero legal, alteran la libre competencia, en cuanto han sido logradas sin someterse a las reglas legales que constriñen a los demás competidores. La economía de mercado se basa en el principio de la libre competencia, en la confianza en que todos están sometidos por igual a las normas legales reguladoras del mercado. Este equilibrio quiebra en el momento en el que uno de los competidores, dispone de un inagotable capital de origen ilícito. Todo ello en base a que los costes de los recursos conseguidos de forma delictiva son notablemente inferiores respecto de los derivados para la obtención de fondos lícitos (destaca como objetivo de la criminalidad organizada su afán de infiltración en la economía legal, para tratar de alcanzar posiciones monopolísticas a través de la supresión de competidores).

Dentro de las economías ilícitas hay opciones de ascenso social como respuesta a estructuras de exclusión, ¿qué hay de cierto en esto?

Hoy día, uno de los valores culturales internacionalmente compartido se corresponde con “alcanzar el éxito”; meta socialmente traducida en la adquisición de dinero y bienes materiales, sumado al reconocimiento y prestigio social. Obtenerlo, puede conducir a la ruptura de la norma. Las personas, escogemos entre el camino legal o ilegal para alcanzar el máximo bienestar posible, tanto en situaciones de pura elección racional a favor de quebrantar la norma, como en situaciones de necesidad o de sujetos marginalizados socialmente. Lógicamente, cualquier persona en situación de carestía tendrá, a priori, una motivación mayor para involucrarse en actividades criminales dada su exposición social a la exclusión, que otra en una situación más acomodada. Piénsese en los campesinos cultivadores de hoja de coca. La prevalencia de sembrar plantíos de cocaína o de marihuana, descartando otros factores que puedan entrar en juego como situaciones de amenaza o control social férreo (dominio) de organizaciones criminales, que obligan al campesinado a su plantación, obedece, desde una visión estrictamente económica, a que este tipo de cultivo reporta mayores beneficios, que otros cultivos sustitutivos como el café o determinados cereales.

Por lo tanto, en la trayectoria vital de un sujeto, este puede decidir salirse de la coyuntura social y quebrantar las normas para obtener éxito, bien debido a una socialización carente de apego a los medios legales, bien en base a su adscripción a una subcultura delictiva que lo alienta o impelido por la falta real de oportunidades (exclusión social). Todas funcionan como factores determinantes, que lo empujan a romper con la norma. Esto supone, vinculado a las economías ilícitas, que la consecución del éxito en este ámbito, posibilita al individuo el ascenso social, desde la obtención de un empleo que no lograría en el circuito laboral legal, que le permita una subsistencia digna, hasta el enriquecimiento personal, por lo que la economía ilícita y la criminalidad organizada, ofrecen atractivas opciones de medrar en el escalafón social, en un espectro que abarca tanto los altos niveles empresariales, como las situaciones de marginalidad. Todo aquel dispuesto a quebrantar la norma y asumir los riesgos de la inmersión en la esfera delictiva, tiene la posibilidad de alcanzar el éxito en función de la conjunción de sus limitaciones y aspiraciones.

Son múltiples las teorías criminológicas de fuerte raigambre sociológica, las que han tratado de explicar el por qué la trasgresión de las normas y la participación en y del delito, tiene esa vis atractiva para todos aquellos dispuestos a lograr el mayor éxito posible a su alcance, invirtiendo el menor esfuerzo y en tiempo record. En esta línea explicativa, destaca la propuesta de Merton y su Teoría de la Anomia, a través de la cual se identifica el crimen organizado como una respuesta normal a las presiones que, sobre ciertas personas, ejerce la estructura social. La persecución de objetivos socialmente deseables como el éxito profesional y la prosperidad económica, favorecen la flexibilización, e incluso, la eliminación de los controles sobre los medios empleados para alcanzarlos (inhibición de las normas). La adscripción de los individuos a la delincuencia organizada o su conformidad para constituir una organización para delinquir, se explica al priorizar los fines a conseguir, empleando medios socialmente rechazados para su acceso por ilegales.

De igual forma, Sutherland plantea a través de la Teoría de los contactos diferenciales, que todos los comportamientos sociales son aprendidos, tanto legales como criminales. Lo que se aprende depende de la intensidad, frecuencia y duración de la asociación con otras personas en el curso de un proceso de comunicación. De ahí, que la posibilidad de que un individuo adopte como propio un comportamiento delictivo dependerá de sus contactos y el modo en que éstos se producen con personas pertenecientes a organizaciones criminales. Igualmente, las diversas Teorías de la subcultura y la desorganización social de Sykes y Matza, interpretan el comportamiento delictivo como aprendido. Es el resultado de la pertenencia a una subcultura delictiva, que implica la existencia de valores y pautas de comportamiento, que se apartan y contraponen a los valores sociales dominantes. Circunstancia, que lleva aparejado una neutralización de las normas, que son reflejo de esos valores, por lo que los individuos adecuan su conducta de acuerdo al grupo criminal al cual pertenecen y con el cual se sienten identificados, desarrollando una actitud social y normativa propia. Íntimamente relacionada con esta línea argumental, destaca la Teoría de la sucesión étnica propuesta por Daniel Bell, que sostiene, en líneas generales, que la delincuencia organizada, ha sido un instrumento utilizado por los inmigrantes como medio para mejorar su posición en la escala social.

En este mismo contexto de desigualdad (inequidad social), se ubican las teorías que privilegian la idea de la descomposición social como origen de la conducta criminal organizada. Así, en concreto, la Teoría de la carencia relativa, desarrollada por Peter y Judith Blau, expone que la coexistencia cercana de estratos sociales diferenciados por una amplia desigualdad, es un factor determinante para la generación de criminalidad. Evidencian, que la desigualdad económica, más que la pobreza en sí misma, potencia el desarrollo de la delincuencia. Lógicamente, no existe una única teoría explicativa válida de cómo la inmersión en el mundo de la ilegalidad puede facilitar a las personas las oportunidades de enriquecimiento y ascenso social que las diversas vías normativizadas, bien no les ofertan, bien las condiciones estipuladas son excesivamente gravosas o simplemente, no están dispuestas a asumirlas. La tendencia aboga por aglutinar todos los aportes teóricos bajo una única Teoría de la criminalidad organizada, que aún no termina por fructificar. Este planteamiento teórico eminentemente ecléctico, en base a que cualquier aproximación a su estudio debe ser necesariamente transversal y holístico, atendiendo a su naturaleza multicausal y plurifactorial, y a la diversidad de actividades y mercados ilícitos existentes con sus respectivas peculiaridades, representa uno de los mayores retos para la criminología actual y futura.

¿Cuán importante es la gestión de fronteras por parte de cada uno de los Estados-nación para neutralizar los movimientos ilícitos?

Cualquiera con un mínimo de conocimiento sobre economía criminal y tráficos ilícitos es consciente de la existencia inmemorial de estas prácticas. Existen desde el principio de los tiempos; desde el mismo momento en que se instauraron dos unidades políticas limítrofes diferenciadas y cualquier grupo organizado de personas transportaron subrepticiamente mercancías de una a otra sin satisfacer los estipendios estipulados. Desde entonces hasta la actualidad, dentro del ámbito de la seguridad, han sido múltiples las transformaciones sufridas a raíz de los procesos de mundialización. En particular, cabe destacar la reconsideración del papel de los Estados, su permeabilidad territorial a través de sus fronteras y la difuminación de las barreras entre los ámbitos de Política Exterior e Interior, circunstancias que han posibilitado el aumento del radio de acción de grupos no estatales entre los que destacan las organizaciones criminales que, cada vez en mayor medida, comienzan a representar un nocivo papel.

Los procesos de globalización han multiplicado las conexiones transfronterizas e intensificado la interconexión en los ámbitos económico, político y cultural. Inevitablemente, las estructuras criminales también se han hecho globales. Al mismo tiempo, han demostrado que pueden explotar convenientemente las debilidades de los Estados, en su beneficio. De tal forma que, en gran medida, a efectos de economías, tráficos ilícitos y seguridad, las fronteras perviven únicamente sobre el papel. Máxime con la eclosión de la ciberdelincuencia, que rompe con todo el esquema de seguridad fronteriza.

Esto no quiere decir que se asuma un abandono de la protección de los pasos fronterizos reconocidos legalmente y de facto, pero sí asumir que las fronteras son porosas y que no se pueden controlar en su extensión total, siempre y en todo momento, con la misma intensidad, por lo que, a mi juicio, resulta necesario un cambio de estrategia en la lucha contra los tráficos ilícitos y las economías transfronterizas del contrabando, más allá de la mera contención fronteriza. Estrategia que pivota desde la revalorización del trabajo de los servicios de aduanas, dotándolos de medios cada vez más técnicos y de una capacitación especializada para el desempeño de sus funciones, sumado a la inversión en medios y capacidades en inteligencia criminal e investigación policial, que permitan un conocimiento profundo del funcionamiento de los mercados, los flujos y las economías ilícitas, posibilitando la identificación de sus vulnerabilidades y potenciando la intervención focalizada sobre las mismas. Objetivos, que requieren del compromiso institucional con la tarea y la tan necesaria y reiterada desde hace décadas cooperación y colaboración interinstitucional e internacional en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, especialmente entre países limítrofes o regiones que comparten idéntica fenomenología criminal.

En un mundo interconectado, la delincuencia organizada no solo explota las vulnerabilidades en los países más desfavorecidos del planeta, sino que por igual, accede al primer mundo en busca de escenarios y mercados en los que implantarse y desarrollar sus actividades lucrativas, lícitas e ilícitas. Los márgenes de maniobra a nivel estatal son cada vez menores, lo que exige adoptar ineludiblemente medidas de carácter internacional. La magnitud alcanzada por el crimen organizado transnacional, impide per se a los diferentes gobiernos afrontarlo en solitario con eficacia. Hoy, la protección por parte de los Estados del contagio criminal de sus economías y del nutrido y variado conjunto de las actividades ilegales protagonizadas por la delincuencia organizada, requiere de la proyección de nuestras actuaciones, más allá de nuestras fronteras. Alcanzar elevados estándares de seguridad internacional y de seguridad regional, representa la mejor garantía de la preservación de nuestra seguridad nacional.

¿Qué características debe reunir una actividad económica ilícita para comenzar su proceso de transformación en crimen organizado?

Actualmente, existe un consenso casi generalizado sobre las vinculaciones existentes entre una economía caracterizada por abundantes nichos de informalidad económica y la aparición de manifestaciones de criminalidad organizada. Lo que inicialmente se identifica como una economía laxa en cuanto a la formalidad de los controles y que, en mayor o menor medida, consiente determinados niveles de economía informal, básicamente asociada a la subsistencia y cuyo impacto, en términos de ilicitud (no económicos) refleja una peligrosidad social de bajo perfil, puede derivar en supuestos de economía ilegal de alto impacto, auspiciadas por manifestaciones de criminalidad organizada.

Generalmente, conductas asociadas al contrabando que representan incumplimiento de legislación administrativa (no penal) por evasión de impuestos, o fraude fiscal a pequeña escala (la no emisión de factura para no declarar impuestos por pequeñas compras o prestación de servicios, retribuir pequeños trabajos sin el correspondiente pago a la seguridad social o sin efectuar los trámites pertinentes de contratación, muy usual en el ámbito del trabajo doméstico o en prestaciones laborales esporádicas de carácter informal), quedan inmersos dentro de la cotidianeidad social. Sin lugar a dudas no es el comportamiento más deseable en términos del saneamiento de una economía, pero tampoco puede hablarse en estos supuestos de una economía ilegal, que lo es, o por lo menos alegal, de criminalidad organizada.

La problemática reside en que, al albur de este ecosistema de economía informal, la criminalidad organizada encuentra un espacio en el que insertarse y operar cómodamente, generando una situación, ahora sí, de elevado riesgo, en términos macro y microeconómicos, para el Estado. Allí donde existían unos comportamientos económicos asociados a la subsistencia, ciertamente tolerable en mayor o menor medida por la Administración, la criminalidad organizada los transforma en una economía ilegal elevándolo a niveles de tipo industrial o empresarial, como por ejemplo, la explotación laboral de mujeres y niños en las industria textil, del calzado o de los complementos/accesorios, mediante la prestación de trabajo en condiciones inhumanas, de flagrante insalubridad y de conculcación de las más básicas normas y derechos laborales, a cambios de salarios paupérrimos. Otro supuesto muy común, mediante la explotación laboral en el ámbito de las explotaciones agrícolas o en el sector de la construcción, donde se recurre a mano de obra, generalmente inmigrantes, indocumentados, sin contrato, sometidos a condiciones de trabajo de extremo desgaste a cambio de una peonada casi testimonial. Y así, pluralidad de ejemplos de explotación laboral, especialmente grave cuando algún menor se ve involucrado.

Para alcanzar este nivel de desarrollo, tan solo se requiere de la existencia del presupuesto de partida -la existencia de economías informales-, sumado a la permisividad social anclada en la costumbre al respecto y la dejadez de la Administración en el ejercicio de su labor de fiscalización y control. Terreno abonado para que la criminalidad organizada se asiente y eleve las oportunidades brindadas por la informalidad económica a expresiones de economía ilícita exponencialmente dañina en términos socioeconómicos, gubernamentales y, a la postre, respecto de la seguridad del Estado.

Por tanto, la peligrosidad intrínseca de la asociación criminal reside en su capacidad de construcción de estructuras racionalmente orientadas a la planificación y comisión del delito, el encubrimiento de sus miembros para evitar la persecución institucional, así como un elevado potencial de penetración económica y política en la sociedad donde se asienta. El crimen organizado transforma la informalidad económica en diferentes modalidades organizadas de economía ilegal, que explota convenientemente con determinación a lograr su consolidación y expansión. De ahí que las economías ilícitas, de tipo informal, representan una preocupación en términos de seguridad, con independencia de su relevancia en términos de supervisión de la Hacienda Pública, en tanto representa una ventana de oportunidad para el desarrollo de actividades de delincuencia organizada.

Notas